Que pasen al banquillo de los acusados

ELESPECTADOR.COM, CECILIA OROZCO TASCÓN 22 ABR 2014 -

Las Altas Cortes de Colombia, admiradas en el mundo por el progresismo de su Constitución y sus sentencias, y por haberse atrevido a juzgar a congresistas aliados de la autocracia presidida por Álvaro Uribe, ahora son una vergüenza internacional para el país, pese a la decencia de unos cuantos magistrados que aún cumplen período allí.

El gobierno de 2002 que compró su reelección para seguir en 2006 tuvo éxito en su plan maquiavélico: perseguir a los togados apegados a la ley, fortalecer a los que estaban dispuestos a envilecerse y permitir, a cambio de favores judiciales de estos últimos, que ellos manipularan los nombramientos en las sillas vacías. El resultado está a la vista. Hoy los pasillos del Palacio de Justicia huelen mal, y aunque los barnicen, el hedor puede más.

Fernando Alberto Castro Caballero, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, no debería estar en la presidencia de esa encumbrada sección judicial sino en el banquillo de los investigados. Tantos son los hechos turbios que lo rodean en varios casos de escalofrío, que uno no se explica con cuál cara aparece en su despacho. Tras su último escándalo, simplemente se declaró impedido de ser el juez de Iván Moreno, como si fuera una gran concesión de su parte. Pero sólo después de que el columnista Daniel Coronell denunciara que él y sus dos hermanos han hecho negocios que comprometen importantes montos de dinero con los cómplices de los Moreno en el robo a Bogotá, los Nule y Emilio Tapia. La gravedad de las revelaciones de Coronell daba para destitución o renuncia, no para impedimento, si hubiera, claro, sentido del decoro.

Este Castro Caballero tiene historia larga: llegó a la Corte impulsado por el grupillo que sabemos, ése que elige a sus compinches con malabares de billarista y que después se hace nombrar por sus elegidos en otros tribunales desde donde se proyectan, y proyectan a otros del carrusel para no dejar escapar tampoco los puestos de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Así están las cosas. El presidente de la Sala Penal fue, además, ascendido a su actual cargo, aunque su pasado profesional registra entre sus clientes al esmeraldero Víctor Carranza. Es como si el defensor de Al Capone hubiera llegado a sillón prominente de la Suprema de Estados Unidos, sin objeción moral de la Nación.

Este Castro Caballero, en cuya hoja de vida oficial se lee que fue decano y docente de la Universidad Militar a lo largo de 14 años, que ha hecho “curso integral de defensa nacional” en la Escuela Superior de Guerra y, ante todo, que recibió la “Medalla de servicios distinguidos a la justicia penal militar”, es quien acaba de proponer a sus colegas de la Sala, no obstante sus estrechos vínculos con el uniforme, que le rebajen al general (r) Uscátegui en 15 años la condena de 40 que le impuso el Tribunal de Bogotá por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán. El condecorado Castro argumenta en su ponencia, para justificar la rebaja, lo que en derecho militar se llama “error invencible” de Uscátegui (actuar bajo coacción ajena o en la creencia de que su decisión es lícita). Lo raro es que el propio condenado no adujo la causal que su juez sí descubrió. Qué imparcialidad, qué transparencia.

Y la cereza del postre: este Castro Caballero fue escogido con apoyo y estrategia de la camarilla representada en una cumbre judicial del continente, por los mismos y las mismas (Francisco Ricaurte, Luis Gabriel Miranda y Ruth Marina Díaz), para ser integrante, por Colombia, de la ¡Comisión Iberoamericana de Ética Judicial! Como dice el editorial de El Tiempo de ayer cuando retoma la propuesta de Ramiro Bejarano de revocar las cortes, el problema no es menor ni de unos individuos. Todo el Estado de derecho “está en la cuerda floja”.