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El proyecto, que sería presentado en tres meses, cambiaría las facultades del Ministerio Público.
La revisión de los llamados ‘superpoderes’ de la Procuraduría avanza dentro del mismo Ministerio Público, que tiene programado presentar en julio próximo un proyecto de ley para modificar sus facultades disciplinarias.
El estudio que está realizando un equipo de la Procuraduría con encuentros académicos ya tiene cinco puntos inamovibles que entrarían en la reforma que será llevada al Congreso.
Así lo confirmaron fuentes en el órgano de control. Explicaron que uno de los cambios contemplados es entregar al Consejo de Estado la facultad de juzgar y decidir en las investigaciones disciplinarias a funcionarios de alto rango, como ministros, generales y el alcalde de Bogotá. En esos casos, la Procuraduría solo se encargaría de investigar.
Actualmente, el Consejo de Estado tiene la potestad de revisar las sanciones disciplinarias cuando el afectado interpone una acción de nulidad. Precisamente, el alto tribunal estudia un recurso llevado por el saliente alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que busca tumbar su destitución e inhabilidad. Su caso revivió el debate alrededor de una reforma a las facultades de la Procuraduría.
Otra de las propuestas es la doble instancia, que, de concretarse, aplicaría solo para funcionarios públicos sin fuero.
1. Dividir funciones
En la investigación a congresistas, generales, ministros y solo al alcalde de Bogotá, se busca que la Procuraduría haga el proceso de acusación y que el Consejo de Estado sea el que juzgue y tome la decisión final. Ese modelo es el que actualmente funciona en investigaciones penales para funcionarios con fuero: un fiscal delegado investiga y la Corte Suprema juzga y falla.
2. Menos de 10 años
El Código Disciplinario Único contempla inhabilidades de 10 a 20 años para desempeñar cargos públicos por faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. Esta se impone conjuntamente con la destitución. La Procuraduría busca que la ley permita aplicar sanciones inferiores a 10 años, dependiendo del caso. Cree que debe haber opciones frente a dichas faltas.
3. La confesión
La Procuraduría busca proponerle al Congreso que en las investigaciones disciplinarias se puedan declarar válidas las confesiones que hagan los servidores públicos acerca de sus conductas, de manera que una confesión a tiempo les pueda reducir la sanción. En este momento, con o sin confesión, las sanciones para los funcionarios públicos no varían.
4. Doble instancia
Para el Ministerio Público, la doble instancia dentro de la Procuraduría solo debe existir para los funcionarios públicos sin fuero. Así, un proceso será llevado por un procurador delegado, quien le aplica la sanción de primera instancia.
En caso de desacuerdo, la revisión se mantendría en la Sala Disciplinaria, como funciona actualmente.
En caso de desacuerdo, la revisión se mantendría en la Sala Disciplinaria, como funciona actualmente.
5. Diferenciar entre corrupción e ineficacia
Hacer una clara distinción entre las sanciones disciplinarias por corrupción y las que se aplican por ineficacia administrativa (como fue caso de Gustavo Petro). De manera que no sea igualmente calificado un acto de corrupción que uno de ineficiencia. Actualmente, gran parte de las faltas de los funcionarios públicos se consideran gravísimas –son 65–, entre las que incluso clasifica el mal manejo de un derecho de petición, por lo que esta propuesta apela más a la proporcionalidad.
REDACCIÓN JUSTICIA
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