elespectador.com/, Economía, 21 Dic 2019
Redacción Economía - Mario Alejandro
Valencia* Director de Cedetrabajo
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda (centro),
durante la aprobación del proyecto en el Congreso. / Gustavo Torrijos
Presentamos las bondades o peligros del proyecto que fue aprobado este viernes: la versión oficial habla de expansión de la economía y creación de empleo, las críticas van por el lado de más desigualdad en favor de los más adinerados.
Un
impulso al crecimiento económico (1° articulo)
Por: Redacción Economía
Para el Gobierno, la Ley de Financiamiento
(tumbada por la Corte Constitucional por vicios de forma en su paso por el
Congreso) ha sido uno de los motores del buen desempeño de la economía en
momentos en que la región no registra buenos indicadores. En las más recientes
mediciones del DANE, el PIB se expandió 3,3 %. Y de acuerdo con Alberto
Carrasquilla, ministro de Hacienda, 2019 cerraría con un crecimiento cercano al
3,6 %.
Esta cifra es interesante, porque para algunos analistas y gremios representa el umbral bajo el cual comenzará a verse un descenso en la tasa de desempleo, que se ha convertido en el gran lunar del desempeño macroeconómico en el país (con un indicador que en buena parte del año ha estado en dos dígitos).
Esta cifra es interesante, porque para algunos analistas y gremios representa el umbral bajo el cual comenzará a verse un descenso en la tasa de desempleo, que se ha convertido en el gran lunar del desempeño macroeconómico en el país (con un indicador que en buena parte del año ha estado en dos dígitos).
Ante la caída de la Ley de Financiamiento
en la Corte Constitucional, el Gobierno tomó la decisión de presentar una
iniciativa que, en principio, contenía el mismo articulado que ya había sido
aprobado por el Congreso. La razón de este proceder fue, justamente, que el
proyecto ya había recibido el visto bueno del Legislativo (lo que a ojos de
algunos analistas era una jugada políticamente sensata). Por otro lado, la
iniciativa (en la visión del Gobierno) ya había comenzado a dar frutos en
materia macroeconómica.
El Gobierno ha repetido a lo largo de
estos meses que su estrategia fiscal ha impulsado una serie de renglones de la
economía que, a la larga, traerán crecimiento y más empleo.
Algunos de los puntos que más ha recalcado
la administración Duque tienen que ver con la entrada de inversión a Colombia,
que creció 25 % en el primer semestre del año. De acuerdo con José Manuel
Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, este indicador se seguirá
expandiendo: “Y lo digo simplemente por el ambiente que percibo en los viajes
internacionales que he realizado y lo que se habla respecto a las posibilidades
de invertir en Colombia. Claro, esto sobre la base de que haya una
competitividad tributaria”.
También hay un mensaje importante en
materia de eficiencia tributaria, si se quiere. En las cifras del Gobierno, la
pasada Ley de Financiamiento (cuya labor debe ser continuada por la reforma
tributaria aprobada el viernes) ha impulsado el recaudo: la DIAN calculaba, a
principios de este mes, que se habían percibido $16 billones más que el año
pasado y proyectaba cumplir su meta de 2019, de $157 billones.
La entrada en vigencia del régimen simple
de tributación, en palabras del Gobierno, ha permitido crecer en formalización,
con más de 8.000 nuevos contribuyentes registrados (poco más de 5.000 empresas
y algo menos de 3.000 personas naturales). En su momento, Carrasquilla aseguró
que “de esos (contribuyentes), 11 % no tenía RUT y 37 % no había siquiera
declarado el ICA”.
Antes del paro nacional, la reforma
tributaria no tenía tres de las propuestas más sonadas ahora que fue aprobada:
la devolución del IVA para casi tres millones de los colombianos de más bajos
ingresos, la baja en cotización a salud para los pensionados de hasta dos
salarios mínimos y la posibilidad de tener tres días al año sin IVA. Estas
medidas, en la visión del Gobierno, impulsan la inversión social y ayudan a
generar más equidad (en especial la primera).
Las dos primeras propuestas han sido
aplaudidas por casi todos los sectores (aunque algunos analistas miran con
temor el costo de su implementación). La devolución del IVA para los más
pobres, especialmente, ha sido celebrada como un buen paso en la dirección de
corregir la regresividad natural de un impuesto como el IVA.
Desconectada
de los reclamos sociales
Por: Mario Alejandro Valencia*
Durante 2019, América Latina fue escenario
del despertar de la juventud, que exige a los gobiernos no arrebatarles sus
sueños de educación, trabajo y bienestar. Al mismo tiempo el gobierno de Iván
Duque, y sus mayorías en el Congreso de la República, aprobó una reforma
tributaria que, según las cifras del propio Ministerio de Hacienda, tendrá un
recaudo adicional negativo a partir de 2021 en $7,6 billones.
Esto significa que se avanza en la tarea
planteada por el Gobierno para que hacia 2030 los ingresos totales del Estado
se reduzcan en un punto porcentual sobre el PIB y los gastos totales en más de
dos puntos. La lógica consiste en que con menos Estado habrá más mercado, bajo
la ilusión de que los menores impuestos que paguen las grandes empresas se
traduzca en inversión, crecimiento y empleo. No obstante, la evidencia
demuestra que no existe tal correlación y que esos recursos que no reciben las
arcas públicas terminan en gastos suntuosos y compras de bienes en el
extranjero. Para la muestra un botón: la reforma tributaria aprobada en 2018
trajo como consecuencia la destrucción de 226.000 puestos de trabajo entre
enero y octubre de 2019. Asimismo, el tan alabado crecimiento está soportado en
un mayor incremento de los créditos de consumo y de las remesas.
El aspecto central de la reforma que se
aprobó son los beneficios tributarios. Se supone que los impuestos son un
mecanismo de distribución de la riqueza, una necesidad del capitalismo en la
búsqueda de mayor capacidad de consumo. Pero en el caso colombiano, según datos
del Banco Mundial, el índice de Gini antes de impuestos es de 0,54 y después de
impuestos es de 0,53. Es decir, la política fiscal colombiana no cumple ningún
papel en corregir la desigualdad, porque el sistema está armado no para
establecer quiénes pagan impuestos, sino para definir políticamente, a dedo,
quiénes no los pagan. Así, la renuncia del Estado cuesta todos los años $17
billones que se requieren para la inversión, y para 2021 costará $12,6 billones
adicionales.
Estas exenciones están soportadas en la
idea de que las empresas deberían pagar menos impuestos para usar esos recursos
en el crecimiento. Algunos dirigentes gremiales afirman que las empresas en
Colombia pagan el 70 % de sus ganancias en impuestos. Este dato induce al
engaño por dos razones: primero, porque incluye los recursos que se pagan en el
bienestar social de la mano de obra, el cual es un costo ineludible de
sostenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, no un impuesto. Segundo,
porque se calcula con la tarifa nominal de impuestos, no con la tarifa efectiva
que, según Garay y Espitia (Desde Abajo, 2019), es de 4,5 % para el 0,1 % de
las empresas que concentran el 75 % del patrimonio bruto. Así se demuestra que
los beneficios son para los megarricos.
El precio de la civilización son los
impuestos, como lo dijo Oliver Wendell Holmes. Mientras en Estados Unidos
Warren Buffett y Bill Gates han pedido al gobierno que les cobren más
impuestos, porque sí entendieron el capitalismo, en Colombia un grupito de
especuladores hacen lobby para no pagar. Sin Estado fuerte y con recursos se
condena al país a la falta de recursos que se necesitan para la infraestructura
con la cual enfrentarse a sus socios comerciales.
Esta reforma tributaria es el resultado
político de la decisión de mantener a Colombia en el atraso productivo y en la
desigualdad social. La buena noticia es que la juventud ya se dio cuenta y es
hoy protagonista de las transformaciones que se requieren.
*Director de Cedetrabajo.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
