EditorialLR
El tema de las reformas tributarias es una materia en construcción en Colombia y debe ser un asunto tratado con visión de futuro para que nadie se desgaste a las carreras.
Desde 1991 cuando Colombia firmó una nueva Constitución Política se han llevado al Congreso de la República 15 reformas tributarias, una suerte de una cada 20 meses, tradición que da muestra del desorden tributario campante y la falta de voluntad política para dejar establecido, de una vez por todas, un régimen impositivo de largo plazo que brinde seguridad jurídica a las empresas que a la postre son las que más pagan impuestos, pero especialmente para los contribuyentes naturales asalariados sobre quienes recae una buena parte de los impuestos; el resto del país (no declarantes, informales y subsidiados) son los más exigentes al erario pero poco o nada ponen para las arcas nacionales.
Ha sido aprobada otra reforma tributaria, la segunda en menos de 500 días, que deja respirar tranquilo al Gobierno Nacional y especialmente al Ministerio de Hacienda, pero que desde ya enciende las alarmas sobre la necesidad de enfrentar el problema de escasez de recursos del Estado para más allá de 2022, cuando las necesidades de inversión social se hayan multiplicado al mismo ritmo de la ola de exigencias sociales que carecen de conciencia sobre la fuente de los recursos públicos y que siempre han visto a la administración central como un cajero dispensador de dinero del que muchos retiran, pero al que pocos consignan.
Es una asignatura pendiente la bien llamada reforma tributaria estructural que le brinde o dote de un marco moderno al sistema de impuestos en Colombia y se evite el desgaste anual que cada gobierno debe atravesar con los impuestos que a la postre siempre se estudian a finales de diciembre en medio de las fiestas de fin de año. Hay muchos diagnósticos nacionales e internacionales sobre las reformas tributarias, el estatuto tributario, las pobres reglamentaciones de los impuestos y la manera misma como se crean y se eliminan los tributos; además de muchas conclusiones de comisiones y misiones de expertos que bien se deben tener en cuenta para poder avanzar a otra etapa de tributación más moderna.
Obviamente para poder cobrar impuestos, o hacerlo de manera más equitativa, se deben estandarizar muchos conceptos y mediarlos por la tecnología, tales como las rentas, los impuestos al comercio, los tributos regionales, las exenciones y todos ese glosario teórico que se ha convertido en un rompecabezas. El mejor ejemplo es que el estatuto tributario en Colombia cuenta con demasiados capítulos y casi un millar de artículos, muchos sin reglamentar o contradictorios. No deberíamos esperar a que la Ocde analice la situación y nos recomiende hacer reformas. Las mismas comisiones económicas del Congreso, los gremios de la producción y el Ministerio de Hacienda deberían ponerse como meta para los próximos meses dejar dotada a la economía de una estructura tributaria más moderna. El problema es que conciencia no falta, es carencia de voluntad política para poder dar un salto cualitativo que evite más traumatismos a futuro. No podemos dejar de decir que solucionar de una vez por todas el abigarrado asunto tributario dejaría sin negociación a los congresistas que siempre ven en la presentación de una tributaria una manera de negociar y de hacer populismo. Por los senadores y representantes ojalá fuera cada seis meses para poder sacar dividendos y brillar políticamente.
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