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Yamid Amat
23 de diciembre 2017
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, dice que Estado debe encauzar bien los ingresos.
Parece una gran contradicción pero es así: la comisión de 10 miembros que el Gobierno integró para que formulara recomendaciones sobre cómo recortar el gasto público, concluyó, en general, en que más que reducción, el gasto requiere es eficiencia. En esencia: no gastar menos. Gastar mejor.
Uno de los miembros de la comisión, el exdirector del Banco de la República Leonardo Villar dice que “solo mantener el nivel actual del gasto ya es un gran reto”.
Villar explica por qué la comisión recomienda elevar la edad para pensionarse y por qué elevar del 16 por ciento al 18 por ciento la cotización.
¿Usted cómo resumiría las recomendaciones sobre gasto público?
Es un documento que se concentra en ver cómo el gasto público puede ser más eficaz, más eficiente y más redistributivo.
¿Entonces no hubo una propuesta concreta de reducción del gasto?
Es difícil lograr una reducción del gasto público de la magnitud que está planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Gobierno a mediados de este año. El informe de la comisión propone muchos elementos que pueden ayudar a reducirlo en sectores particulares y a evitar que se magnifiquen las presiones de aumento en otros.
¿En el marco fiscal de mediano plazo en cuánto está planteado reducir el gasto?
Bajarlo 1,2 por ciento del producto interno bruto entre el 2017 y el 2021.
¿Y eso no va a ser posible?
No solo es difícil, sino que se ve riesgoso desde el punto de vista del impacto que pueda tener sobre el crecimiento económico, sobre la equidad y sobre las condiciones de la población más vulnerable, al exigir eventualmente recortes en programas sociales importantes.
¿Es decir, no hay manera de reducir el gasto público?
Mantener el gasto público en el próximo cuatrienio en los niveles del 2018, tras los recortes que se han hecho recientemente, ya es un reto muy grande; más cuando hay tantas presiones para aumentarlo.
Mantener el gasto público en el próximo cuatrienio en los niveles del 2018, tras los recortes que se han hecho recientemente, ya es un reto muy grande.
Si yo digo: la recomendación de la Comisión del Gasto Público no es tanto reducir el gasto, sino evitar que crezca, ¿digo la verdad?
Eso es una parte de la verdad pero tiene un elemento adicional que es fundamental: hay que convertir el gasto público en una herramienta que sea mucho más eficaz en mejorar el nivel de vida, en mejorar condiciones para el crecimiento y en redistribuir el ingreso hacia las personas que más lo necesitan.
Pero ¿la esencia del informe es eficacia y no reducción?
Es eficacia, eficiencia y redistribución del ingreso.
¿No reducción?
La búsqueda de recortes inmediatos en el gasto no es el énfasis de la comisión, pero hay una permanente referencia a la necesidad de que el gasto público sea eficiente. La conciencia de todos los miembros de la comisión es que deben mantenerse todos los principios de sostenibilidad fiscal. El país no puede gastar endeudándose para ello de manera insostenible...
Pero endeudarse es indispensable…
Tenemos un déficit fiscal y por ello es necesario endeudarse para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno. Por eso mismo se requiere mucha austeridad para que la deuda no se vuelva insostenible. Hay que ser muy cauteloso con las finanzas y en ese contexto el gasto que se pueda financiar tiene que ser muy eficaz, muy focalizado, muy eficiente y que cumpla la función redistributiva.
Hay que ser muy cauteloso con las finanzas y en ese contexto el gasto que se pueda financiar tiene que ser muy eficaz, muy focalizado.
¿La recomendación central es no gastar sin tener el respaldo de ingresos?
Es una recomendación central y un punto de partida. Un país no puede gastar libremente sin incurrir en los costos que corresponden a ese gasto.
¿Qué llama usted austeridad?
No gastar más allá de lo que es absolutamente indispensable; hay que cuidar mucho los recursos. La comisión considera que se debe avanzar hacia nuevos procesos de presupuesto que se estructuren a través de programas. Los presupuestos por programas permiten medir la eficacia del gasto y evaluar si este cumple con sus objetivos. Esto requiere un manejo integral, coordinado y muy inteligente de la información sobre el impacto y los costos de los programas…
¿De qué programas?
Cualquier programa de gasto del Gobierno. No sabemos ni siquiera cuántas son las personas que trabajan en el Estado. El empleo público está subestimado porque muchas de las personas que trabajan con el Gobierno están vinculadas como contratistas o como prestadores de servicios. No tenemos información sobre los niños para hacer seguimiento de los programas de calidad de la educación. Hay problemas de información en los mecanismos que se usan para focalizar el gasto social, como el Sisbén.
En el sistema de compras públicas, lo que se ha logrado con Colombia Compra Eficiente a nivel del Gobierno Nacional no se ha podido extender a los entes descentralizados. Sabemos de la magnitud de las demandas contra el Estado, pero no podemos identificar si los que demandan reciben apoyos del Estado por diferentes vías. Todo esto hace que muchos programas del Gobierno compitan entre ellos en lugar de complementarse.
No se trata de no gastar lo que se está gastando, sino de gastar bien...
Exactamente.
Pero ¿hay o no hay que recortar el gasto?
Hay que recortar muchos gastos ineficientes y la comisión identificó áreas en las cuales es viable recortar. Hay, por ejemplo, subsidios que se deben racionalizar de una manera muy fuerte con focalización, con evaluación del impacto de cada uno de ellos y con la identificación de sus beneficiarios para evitar duplicidades.
¿Qué tipo de subsidios identifica la comisión?
Hay subsidios que en términos generales son muy positivos, como los de Familias en Acción, pero incluso en ese caso se detectan problemas de focalización en quiénes realmente los deben recibir. Hay subsidios en tarifas de servicios públicos que se reciben dependiendo del estrato del barrio donde viven los beneficiarios, lo cual no siempre es un buen indicador de pobreza o de vulnerabilidad y permite que personas de ingresos relativamente altos reciban aportes del Gobierno o paguen tarifas inferiores a lo que cuesta proveerles los servicios. También se identifican subsidios a empresas a través de apoyos directos o de beneficios tributarios que generan inequidades, tal como sucede con las zonas francas. Lo que se propone es que se evalúen todos esos subsidios y se genere la información requerida para identificar cuáles de ellos vale la pena mantener.
Pero ¿ustedes no hicieron esa evaluación? ¿Para eso no fue que lo nombraron?
Vale la pena decir que esta fue una comisión de nueve personas independientes, que trabajó ‘ad honorem’ sobre un espectro grande de temas. Algunas propuestas son concretas y específicas. En otros casos se trata de lineamientos de política para la actuación del Gobierno.
¿Cuáles son las que usted llama ‘propuestas concretas’?
Sería imposible describirlas en este espacio porque corresponden a temas muy diversos, pero menciono algunas. En materia del proceso presupuestal, se propone unificar en una sola entidad la presupuestación de gastos de funcionamiento e inversión, algo que hoy se hace separadamente en el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
En materia de empleo público se propone un rediseño institucional sobre las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). En materia de compras públicas se propone que las contrataciones con entidades sin ánimo de lucro tengan exactamente los mismos requisitos y procedimientos del resto de la contratación pública. Para el manejo de los litigios contra el Estado se proponen criterios específicos para proceder a reglamentar el Artículo 90 de la Constitución. En lo que tiene que ver con salud y pensiones se hacen recomendaciones sobre la organización de estos sectores, sobre fuentes adicionales de financiación y sobre mecanismos para avanzar en la solución de sus problemas financieros. En fin…
Sobre el tema de pensiones el informe no es claro...
Sí lo es. Hay varias recomendaciones en las cuales hay pleno consenso entre los comisionados. Se parte de que es un sistema pensional que actualmente beneficia apenas al 24 por ciento de los mayores y al cual se dedican casi tres pesos de cada diez pesos que pagan los colombianos en impuestos. Se considera indispensable aumentar la edad de jubilación y vincularla de manera periódica a parámetros demográficos. Se plantea que los porcentajes de cotización deben aumentarse a 18 por ciento y se apoya la idea muchas veces discutida de establecer impuestos a las pensiones altas.
Se considera indispensable aumentar la edad de jubilación y vincularla de manera periódica a parámetros demográficos.
Es decir, aumentar la edad de pensión de cada colombiano que trabaja formalmente...
Se propone que se ajuste periódicamente dependiendo de la expectativa de vida de la población en general. Hoy es 57 años para mujeres y 62 para hombres. Desde que se expidió la Ley 100 hace casi 25 años la esperanza de vida de la población ha aumentado entre 6 y 8 años y la edad de pensión ha aumentado en solo dos años. Esto hace que el sistema sea financieramente insostenible. La comisión plantea que la edad de pensión de hombres y mujeres debe igualarse de manera gradual.
Pero no hay un consenso de la comisión en la propuesta sobre pensiones…
La comisión plantea de manera unánime que debe acabarse la competencia entre el régimen de prima media y los fondos privados porque genera arbitrajes totalmente inconvenientes. Fedesarrollo plantea un esquema de pilares en el que Colpensiones no se debe marchitar sino mantenerse de tal forma que complemente, con un pilar básico, el régimen de capitalización individual de los fondos privados. Colpensiones recibiría la parte de las cotizaciones que corresponden a un salario mínimo y garantizaría pensiones de esa magnitud a quienes cumplan condiciones.
¿Qué se gana con el pilar básico de Colpensiones?
Permite eliminar los subsidios que hoy otorga el régimen de prima media a las personas de altos ingresos, que son subsidios enormes y que hace el régimen pensional regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso.
Gran parte de la población no está teniendo acceso al sistema pensional...
Así es. Por eso se plantea fortalecer programas como el de Colombia Mayor, con un apoyo económico del Estado para las personas mayores que no tienen otro tipo de ingreso y rediseñar el sistema de lo que se conoce como beneficios económicos periódicos o Beps. Este último es un sistema de ahorro con apoyo estatal para las personas que están en la informalidad y no cotizan al sistema pensional. También permite que las personas que cotizan parte de su vida pero no alcanzan los requisitos para obtener una pensión puedan tener un respaldo económico en la vejez, parcialmente subsidiado por el Estado.
¿Cómo resumiría las propuestas que la comisión hace en materia de educación?
Son muchas propuestas. Menciono la necesidad de una reforma a la Ley 715 del 2001 en la cual se definió la forma como se distribuyen los recursos de educación entre los entes territoriales y se definen los usos que les pueden dar. Se busca simplificar esas normas y dar mayor autonomía a las autoridades locales y a los rectores de los colegios. Por otra parte, se propone que el Ministerio de Educación asuma el liderazgo en las políticas educativas en todo el ciclo de vida de los estudiantes. Esto implica que asuma ese papel no solo para los colegios y universidades sino también para la primera infancia, que hoy depende del ICBF, y para la educación técnica y tecnológica. De esta forma, lo que haga el Sena como establecimiento educativo pasaría a ser regido por el Ministerio de Educación.
¿Y eso para qué?
Para que la educación sea integral y con criterios unificados, que hoy no se logran; desde los niños pequeños, hasta la capacitación técnica.
Pero ¿cuál es el problema fundamental de una entidad como el Sena?
Que ha estado desintegrada de las políticas educativas; no significa desmontar al Sena ni mucho menos. Pero la política educativa debe ser integral. Eso puede ser un estímulo grande al desarrollo de la educación técnica y tecnológica en otros establecimientos públicos y privados.
YAMID AMAT
Especial Para EL TIEMPO
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
