El alto tribunal consideró que la inhabilidad impuesta al exalcalde de Medellín fue desproporcionada.
“Ganó la democracia”. Así dijo Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, una vez conoció el fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción de 12 años de inhabilidad que la Procuraduría le había impuesto al exmandatario por supuesta participación en política. Una decisión con muy pocos precedentes y que promete reavivar la controversia que se ha generado alrededor de los superpoderes del procurador Alejandro Ordóñez tras la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En la ecuación política de hoy, este fallo tendrá sus coletazos.
El alto tribunal consideró desproporcionada la sanción impuesta a Alonso Salazar, quien al cierre del telón de la campaña política regional de 2011 denunció el presunto apoyo de los paramilitares al entonces candidato a la Alcaldía de Medellín Luis Pérez Gutiérrez y a varios candidatos al Concejo de esa ciudad. Sus señalamientos los hizo porque en su calidad de primer mandatario tuvo acceso a una información privilegiada. El procurador Ordóñez consideró esto como intervención en política y lo sancionó. Pero el Consejo de Estado entendió que su falta no fue gravísima, sino leve. Por eso le devolvió sus derechos políticos y le hizo un simple llamado de atención por “haber sido imprudente”.
En las próximas horas, Salazar será notificado de esta decisión, que significa ni más ni menos que un tremendo reversazo al fallo proferido por Ordóñez en mayo de 2012. En diálogo con Blu Radio, el exmandatario sostuvo que con este fallo el Consejo de Estado le “regresó el honor”. Señaló que durante su gestión nunca “hubo errores administrativos” y concluyó que “quienes aspiran a ser emperadores acostumbran decir eso de que ‘no hay que hacer dramatismo’, como si no hubiera pasado nada”, en clara referencia a Alejandro Ordóñez, quien manifestó que no había que darle mayor vuelo o interpretaciones al fallo del Consejo de Estado. Salazar, en contraste, lo dijo sin rodeos: Ordóñez está usando su cargo con intereses políticos.
El caso Salazar entrará a jugar en los cálculos judiciales que hoy por hoy hace el destituido alcalde Gustavo Petro, sancionado con 15 años de inhabilidad para hacer política. Está claro que esta decisión sobre el exalcalde de Medellín pone en aprietos a Ordóñez, deja la sensación de persecución política y pone otra vez sobre el tapete la discusión sobre sus superpoderes disciplinarios. Precisamente, el exalcalde Petro dijo ayer que espera que en su caso suceda lo mismo que en el de Salazar. “Este caso demuestra, en un Consejo de Estado que se dividió en mi caso, que el procurador actuó arbitrariamente (…) Felicito a Alonso Salazar por recuperar sus derechos políticos, que son derechos humanos. Alonso es demostración de la arbitrariedad de Ordóñez”, expresó Petro a través de su cuenta de Twitter.
Daniel Prado Albarracín —uno de los abogados del exmandatario Petro— le dijo a este diario que es muy satisfactorio que el Consejo de Estado haya “corregido un acto arbitrario del procurador. La injerencia del señor procurador en las altas cortes es notoria y por ello vemos con muy buenos ojos que esta decisión se haya producido. La misma da esperanzas para la administración de justicia en Colombia”. Se espera que tras este fallo el exmandatario capitalino se decida a presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho similar a la interpuesta por el exalcalde Alonso Salazar.
El mismo procurador Alejandro Ordóñez indicó que no se puede descartar que el Consejo de Estado tome una decisión similar ante una posible demanda por parte del exalcalde Petro. Y agregó que “desde luego todos los actos administrativos tienen control de legalidad y pueden estar incursos en desviación de poder o desconocimiento del derecho de audiencias y defensas. No me extraña la decisión (…) Es frecuente que la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el juez de los actos administrativos, profiera decisiones revocando o modificando las decisiones que en diferente materia se profieran. No es para dramatizar. La Procuraduría recibe y acata plenamente esta decisión”.
El vicepresidente Angelino Garzón también se refirió al fallo del Consejo de Estado. Esta semana, Garzón había dicho que los constituyentes “cometimos el error de darle plenos poderes al jefe del Ministerio Público y a la contralora sin crear la doble instancia. Todos los servidores públicos somos seres humanos y tienen derecho a la defensa y a una segunda instancia, y eso no lo hicimos en la Asamblea Constituyente”. Ayer Garzón arreció sus criticas a los superpoderes del jefe del Ministerio Público y dijo: “Me alegra mucho el fallo del Consejo de Estado, porque Alonso Salazar es un hombre bueno en todo el sentido de la palabra y creo que esta decisión nos permite continuar con la reflexión de que tenemos que diferenciar en los servidores públicos los errores administrativos y los actos criminales. Una cosa es que un servidor público se pueda equivocar administrativamente y otra cosa son aquellos servidores públicos que están comprometidos con actos criminales como son la corrupción y la relación con grupos armados ilegales”.
El abogado Jaime Arrubla fue algo más allá: “Estoy complacido, no solamente por el alcalde Alonso Salazar, al que se le rehabilitan plenamente sus derechos políticos, que nunca le debieron ser cercenados, sino también porque se rehabilita la democracia colombiana. Este fallo demuestra que la democracia funciona”. Y agregó que cree que “el país debe mirar hacia la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que dice claramente que los mandatarios locales sólo pueden ser inhabilitados por un juez penal y no por un funcionario administrativo. Estamos en mora de adaptar nuestro derecho interno a la Carta Interamericana para ser más demócratas”. En su declaración, no obstante, no se refirió a la controversia generada por el no acatamiento por parte del Gobierno de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al exalcalde de Bogotá.
Una larga controversia
Ya lo dijo el mismo procurador Ordóñez: no es la primera vez que el Consejo de Estado tumba un fallo de la Procuraduría. De hecho, esta semana ese alto tribunal dio a conocer una sentencia en la que aseguraba vehementemente que esa corporación podía reducir o anular una sanción interpuesta por la Procuraduría si encontraba evidencias de que la misma había sido desproporcionada. “No hay límites formales para el control judicial contencioso administrativo de los actos proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría”.
En un fallo de diciembre del año pasado, este alto tribunal tumbó la sanción impuesta a la exgerente del Instituto de Vivienda de Tunja, Ana Isabel Gil, pero además condenó a la Procuraduría a indemnizar a la exfuncionaria debido al “profundo impacto psicológico y emocional que se demuestra en las pruebas que obran en el expediente, sin estar obligada a ello, por cuanto la decisión de la Procuraduría de destituirla fue ilegal e injusta”. Hay casos puntuales de reversazos del Consejo de Estado a la Procuraduría (ver recuadros), pero la regla general es que son muy pocas las veces en que esto ocurre.
En la sentencia del caso Salazar, cuyo ponente fue el magistrado Gustavo Gómez, el Consejo de Estado reiteró que “la Procuraduría no es un poder omnímodo ni sujeto a controles, ni es una nueva rama del poder, ni es un nuevo juez creado sobre la marcha en contravía del diseño constitucional; no se puede atribuir, en contra de la Constitución que dice defender, estas funciones, ni puede siquiera sugerir que sus decisiones constituyen sentencias, con todas las garantías que revisten los fallos judiciales. La autonomía e independencia que la Constitución le otorga a la Procuraduría no implican que este organismo no esté, a su turno, sujeto a controles, dentro del sistema de frenos y contrapesos ideado por el Constituyente”.
Lo particular es que este fallo se produce en momentos en los que se discute con ahínco sobre la posibilidad de reformar la Procuraduría. Incluso el presidente del Congreso, el senador
Juan Fernando Cristo, ya ha dicho que hay consenso entre los partidos sobre la necesidad de reformar esta institución, algo con lo que el mismo procurador Ordóñez se ha mostrado de acuerdo. ¿Se resquebrajará aún más el poder del jefe del Ministerio Público?
Otros casos
En abril del año pasado, una sala de conjueces anuló la destitución que en su momento le impuso la Procuraduría al general (r) Álvaro Velandia por su supuesta participación en la desaparición de la militante del M-19 Nidia Érika Bautista. En su criterio, a Velandia se le vulneró el debido proceso y se desconocieron normas del Código Contencioso Administrativo, pues la sanción disciplinaria se impuso después de que se cumplió el término de prescripción de la acción disciplinaria, es decir, por fuera de los términos legales.
En 2005, ese alto tribunal anuló la sanción impuesta al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su presunta responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. De acuerdo con esta corporación, el fallo en su contra fue proferido por fuera de los términos legales.
En octubre de 2010 el Consejo de Estado anuló la destitución impuesta al otrora rector de la Universidad de Sucre Vicente Periñán Petro, porque la misma fue interpuesta por fuera del tiempo establecido. Periñán fue reelegido en el cargo gracias a este ‘salvavidas’.
El caso Santoyo
En 2006, una sala del Consejo de Estado compuesta, entre otros, por el hoy procurador Alejandro Ordóñez anuló la destitución de cinco años de inhabilidad que le había impuesto la Procuraduría al general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Lo hizo porque, en su criterio, ya se habían vencido los términos de la sanción contra Santoyo por irregularidades durante su paso por el Gaula en Medellín. Este 'salvavidas' del Consejo le permitió ascender a coronel y convertirse luego en el edecán del expresidente Álvaro Uribe.
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