larepublica.co, MARTES, 4 DE JULIO DE 2017,
Colombia vive un momento de inflexión marcado por el fin del
conflicto armado con las Farc. Durante décadas el humo de la guerra no dejó ver
la tragedia de la corrupción. En hora buena los gremios, las autoridades
locales y nacionales y los entes de control, con el apoyo del diario económico
La República, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
hemos dado vida a la Declaración por la transparencia y la integridad.
Es un documento histórico que ratifica el compromiso de los firmantes con la
construcción de un país libre del flagelo de la corrupción, que se ha
convertido en un monstruo que amenaza el futuro de la democracia, el modelo
económico, la descentralización y la institucionalidad. La paz no tendrá mañana
si la corrupción se devora el bienestar de la gente y llena de incertidumbre la
generación de riqueza. Esta es, precisamente, una de las principales
preocupaciones de los colombianos, sumidos en el pesimismo, como lo registran
las encuestas, ante los permanentes escándalos, unos más grandes que otros,
como Odebrecht, Reficar, Bioenergy y tantos otros que han lesionado la
confianza colectiva.
La
corrupción es una cultura de apropiación indebida de lo público, mediante un
entramado que incluye trampas jurídicas y entrega de dádivas a funcionarios
públicos por parte de particulares para quedarse con la jugosa contratación
estatal, lo que termina en una mala calidad del servicio y en el debilitamiento
del servicio público.
Puentes
que se caen, carreteras que se hunden, hospitales que matan, refinerías con
sobrecostos descomunales donde ardieron los dineros del Estado. Contratos
hechos a la medida de los corruptos, en una alianza siniestra de políticos y
contratistas. Los elefantes blancos son gigantescos y forman parte de una
cotidianidad macondiana, que muchos ciudadanos aceptaron durante décadas. Por
fortuna ya no es así.
El
rechazo a los corruptos e ilegales crece como espuma. No es tiempo de
permanecer callados o inactivos. Hay que actuar ya y de manera organizada. Si
no ocurre una acción pronta de quienes defienden y creen en la democracia y el
Estado Social de Derecho, el populismo podría emerger como una salida viable
para quienes hoy son la mayoría escéptica y frustrada que muestran las
encuestas.
La
corrupción ha traspasado todas las líneas rojas y el país se ha levantado para
repudiarla y castigarla. Al silenciarse la guerra contra las Farc, se escuchan
otras voces y se construyen diferentes agendas. En los medios emerge una
Colombia asediada por amenazas diferentes a las ya conocidas. Un país que hay
que reconstruir, empezando por una nueva cultura de la legalidad y defensa de
lo público, que incluya la activa participación del sector privado y la
academia.
Para
ganar la guerra contra los corruptos se necesita una nueva institucionalidad,
capaz de diseñar una ruta de progreso, justicia social, equidad y democracia.
Los tiempos que hoy vivimos, marcados por la incertidumbre, la desconfianza y
el escepticismo reclaman mucha imaginación para construir herramientas
efectivas y alianzas invencibles contra el pesimismo.
Hay
esperanza cuando el sector privado asume el papel histórico que le corresponde
y escucha el llamado de la ciudadanía a actuar con altruismo. Gremios como la
Andi, Fenalco, Fasecolda, SAC, Camacol, Andesco, Confecámaras, Asobancaria,
Asofondos, Asopostal, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, la Cámara
Colombiana de Infraestructura y la Cámara de Comercio de Bogotá, dijeron sí y
firmaron sin reticencia alguna la Declaración por la Transparencia y la
Integridad, como un aporte a la construcción de una nueva república en la que
la cultura de la corrupción sea parte del pasado.
Con esta
Declaración, la Procuraduría construye nuevos paradigmas sobre la manera en que
se debe actuar frente a un enemigo tan poderoso como la corrupción. De la mano
del sector privado y las autoridades locales podremos avanzar en la tarea
preventiva que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público, en la
formación de nuevos funcionarios, públicos y privados, dispuestos a denunciar y
castigar comportamientos ilegales, dándole forma a un Estado en el que los
derechos ciudadanos no sean arrebatados por la cultura del más avivato.
Es
evidente que la calidad de lo público depende de la calidad del Estado y de lo
privado. Sin una cultura de transparencia y probidad, millones de compatriotas
estarán condenados al oscurantismo de la violencia. La Constitución Política es
la salida a esta encrucijada histórica. Con claridad se ha señalado la
necesaria coherencia entre las líneas de la Carta Política y los códigos de
ética empresarial e integridad pública.
Ahora
sigue lo más importante, y lo más difícil: la puesta en marcha de la
Declaración, para que sus objetivos se cumplan y los resultados sean tangibles,
en el corto plazo, para los ciudadanos. Finalmente, sin corrupción se elevará
la calidad de vida de la gente, se disminuirá la violencia, aumentará el
bienestar y será más cierta la carta de derechos que nos cobija sin distingo
alguno. Para ello, el Ministerio Público creará un equipo interdisciplinario
que trabajará con un enfoque territorial en el diseño de una estrategia de
aplicación de la Declaración, vinculando a las universidades, en la
capacitación de las autoridades locales, los empresarios y los medios de
comunicación. El Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP, será
esencial en esa tarea. Y, además, se gestionará que los gremios y la
cooperación internacional asignen recursos para esa tarea.
La lucha
contra la corrupción necesita unidad y la suma de muchos esfuerzos. Una sola
entidad o una sola persona no pueden ganar esta batalla. No es una tarea de
súper héroes, sino de líderes terrenales. La Declaración es un llamado al
trabajo conjunto sobre metas claras. La pedagogía de ese trascendental
documento será el primer objetivo de la tarea que nos hemos propuesto, para que
todos los gremios, las cámaras de comercio, alcaldes y gobernadores, académicos
y periodistas lo conozcan y lo promuevan.
La buena
noticia, en medio de la incertidumbre, es que está naciendo una nueva alianza,
en la que empresarios, estado y sociedad civil hemos decidido actuar y romper
el círculo mortal de la corrupción.
NOTA: LO DEMARCADO ES DE REFLEXIONES AL TEMA PENSIONAL..
Reflexiones al tema pensional
