Rudolf Hommes
La incapacidad del estado colombiano de controlar el territorio y de efectivamente llegar con sus servicios a la gran mayoría de los habitantes es el talón de Aquiles de nuestro sistema democrático.
Recientemente se ha renovado una discusión sobre descentralización que data de épocas anteriores y que fue objeto de mucha atención durante los debates en la asamblea constituyente de 1991.
Entre los economistas se discute si la descentralización ha sido una de las razones por las cuales hay un exagerado desperdicio de recursos y una mala calidad de las administraciones locales. Los científicos sociales y analistas políticos se preguntan si no peligra la democracia a causa de la descentralización, ya que fue a partir de la constitución de 1991 y de la cesión de recursos del estado central a los gobiernos locales que se les ha dado a estos una relativa autonomía y se han debilitado a los partidos. Recientemente, se ha argumentado también que esto ha facilitado que agentes ajenos al Estado capturen los gobiernos locales y los recursos para sus fines distintos a los del gobierno o de las comunidades.
Sobre las decisiones que condujeron a que en la Constitución de 1991 se le diera entidad a la descentralización hice una presentación en julio del año pasado el foro sobre “El Estado del Estado” organizado por Función Pública, como comentarista de un panel sobre la Constitución de 1991. Entonces estábamos muy motivados por la reciente aprobación de la elección popular de alcaldes, que nos parecía un avance de la democracia, por el deseo de dotar a los gobiernos locales de recursos para que su elección no fuera estéril y contaran con los medios para satisfacer las necesidades básicas de los territorios (educación, salud y servicios básicos), que fue la razón principal por la cual se cedieron los recursos del gobierno central en la Constitución de 1991.
Esa misma semana escribí un artículo en el que decía que “nos impulsaba también el anhelo liberal de darles mayor autonomía a las regiones. Creíamos que surgirían movimientos ciudadanos que forzarían a los partidos a modernizarse, renunciar al clientelismo y dejar de ser federaciones de caciques regionales”, y que la sociedad civil local se encargaría de ejercer control sobre los gobernantes y los políticos, lo que redundaría en administraciones públicas de mejor calidad. Pero “en lugar de que la sociedad civil adquiriera estatura y poder, la descentralización y la sesión de recursos del gobierno central a los gobiernos locales liberó a los gamonales para ejercer mayor poder, hacerlo más insolentemente en beneficio propio, y abrió la puerta para que los políticos corruptos, los grupos irregulares armados o las mafias criminales se apoderaran del estado a nivel local y usurparan funciones y recursos del gobierno recurriendo a la violencia”.
En las ciudades, específicamente en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pasto, Bucaramanga, por ejemplo, con algunos tropiezos, la experiencia ha sido mejor. La descentralización ha contribuido poderosamente al desarrollo de las ciudades y se eligieran gobiernos que han contribuido significativamente al progreso y al bienestar de las comunidades. Pero esto no ha sucedido en todas partes, y aún en las grandes ciudades se han elegido pésimos gobernantes. (“Descentralización”, El Tiempo, julio de 2018).
El debilitamiento de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) no fue necesariamente un mal resultado, pero debería haberles señalado que estaban camino a la extinción. No parece que recibieron el mensaje porque hasta ahora no han dado señales de querer reformarse, y no han aparecido partidos organizados y fuertes para reemplazarlos (el Centro Democrático no ha sido la excepción porque posiblemente no perduraría en ausencia de Uribe; y los verdes tienen que demostrar que lo que ha sucedido en las pasadas elecciones no es un hecho aislado, y ya son un partido).
Más recientemente, el 10 de octubre de 2019, participé en la Universidad Externado de Colombia en un foro en el que se discutían las condiciones de éxito para el programa del gobierno de aplicación del acuerdo de paz con las Farc y los planes de desarrollo territorial (PEDTs), auspiciado por la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, la agencia encargada de esa labor (“Hoja de Ruta: Una planeación de largo plazo de los municipios PDET”).
En dicho foro me referí a la situación de relativo o total abandono por parte del Estado colombiano de vastos territorios y a la necesidad de que obtenga control y plena presencia del gobierno en el territorio con todos sus programas e instituciones como condición necesaria para el éxito a nivel local del proyecto de paz y de los planes de desarrollo territoriales.
Examinando esta situación con mayor reflexión, he llegado a la conclusión de que ese es solamente parte del problema. La incapacidad del estado colombiano de controlar el territorio y de efectivamente llegar con sus servicios a la gran mayoría de los habitantes es el talón de Aquiles de nuestro sistema democrático, y si no lo resolvemos estamos condenados a que continúe inexorablemente la violencia rural y en las regiones menos desarrolladas, y a que se perpetúe el desafío de las organizaciones criminales o subversivas al estado colombiano.
Otras voces de alarma han surgido con la misma preocupación (ver Gabriel Silva, “Estamos Conmocionados”, El Tiempo, 4 de noviembre de 2019). Justamente. porque “cuando hay fuerzas divergentes en la sociedad civil que son poderosas [o grupos armados que desafían la autoridad del estado en el territorio] y son capaces de capturar parte o todo el aparato estatal y sus recursos a nivel local para utilizarlos para sus propios fines, [distintos a los del estado y/o la comunidad], el estado pierde o puede perder su especial contribución” (ver: The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention)
Inexplicablemente, el gobierno y la fuerza pública no tomaron control de los territorios que entregaron las Farc y no han revelado por qué tomaron esa decisión. El vacío que dejaron fue rápidamente ocupado por fuerzas criminales o por guerrillas aliadas con ellas. Ahora, el gobierno tiene que desalojarlos de esas zonas y para ello necesita derrotarlos con la colaboración de las comunidades, algo que no pudo hacer con la guerrilla. Tiene que brindar seguridad y asegurar que la ciudadanía tenga acceso regular a los servicios básicos e ingresos.
En algunos de estos territorios, los pueblos ancestrales y las comunidades afrodescendientes han obtenido control territorial que legítimamente no quieren ceder, y se encuentran amenazadas por las fuerzas irregulares y los criminales que ocuparon los territorios que eran de las Farc.
En la actualidad pretenden defender el territorio sin armas y sin recurrir a la fuerza pública, o peor aun armándose. Esta no es una posición sostenible ni deseable, y posiblemente no es responsable. Ellos no podrán mantener el control territorial si no es con el manto protector y presencia del estado con todos sus servicios y opciones de desarrollo territorial. Si se logra un acuerdo entre las autoridades indígenas y el gobierno, mejora la posibilidad de dominar y expulsar a los grupos criminales y de poner a funcionar los planes de desarrollo territoriales que serían parte de un esfuerzo decidido de parte del gobierno de mejorar la seguridad, las condiciones de vida y la situación económica en estas regiones.
El politólogo Ariel Avila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que muchos de los asesinatos de líderes sociales han estado vinculados a competencia electoral por el poder local en las elecciones que acaban de llevarse a cabo. Esto es cierto, y podría redundar en renovación de dirigentes y debilitamiento del autoritarismo reinante, pero si es una competencia desigual entre comunidades inermes y grupos criminales o subversivos armados al servicio del narcotráfico, es un conflicto estéril que probablemente causaría la pérdida de muchas vidas y el debilitamiento de las autoridades étnicas.
El gobierno debe dominar a los grupos armados irregulares, y educar o someter a los caciques políticos regionales para que traten a los ciudadanos en sus regiones como seres humanos con plenos derechos y atributos. Esto en el tiempo tendrá que resolverse a favor de las comunidades y posiblemente se va a prescindir de caciques locales, como ha ocurrido en las regiones que han tenido mayor y mejor desarrollo político y económico.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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