eltiempo.com/,
15 de noviembre 2019
Decir que la reforma se pagará sola, a punta de mayor
crecimiento, es un deseo más que una realidad.
Se ha desatado una carrera global para
ver quién baja más rápido los impuestos a las empresas. El Gobierno de la
India, por ejemplo, acaba de proponer reducir la tarifa a 25 %. A Colombia le
queda prácticamente imposible sustraerse de esta realidad. La pregunta no es si
se debe hacer o no. Es cómo hacerlo bien.
Hay países que se pueden dar el lujo de
sacrificar ingresos públicos y aumentar el déficit fiscal. No es nuestro caso.
Por ejemplo, la pérdida de ingresos fiscales en Estados Unidos –que bajó la
tarifa de renta corporativa de 35 a 21 %– no ha afectado su calificación ni el
costo que tiene que pagar por su deuda.
Más que estar en esta competencia por quién baja más los impuestos, el mundo debería estar concentrado en acelerar el desarrollo. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una carrera cuesta arriba y no cuesta abajo, son unas olimpiadas en las que hay que esforzarse por reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar la educación y la salud, acabar con los conflictos, reducir las emisiones de carbono, y mil cosas más. Todo eso requiere recursos fiscales.
Pero esto es pensar con el deseo. La prioridad hoy es cómo no quedarnos por fuera de la competencia en materia de impuestos.
Más que estar en esta competencia por quién baja más los impuestos, el mundo debería estar concentrado en acelerar el desarrollo. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una carrera cuesta arriba y no cuesta abajo, son unas olimpiadas en las que hay que esforzarse por reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar la educación y la salud, acabar con los conflictos, reducir las emisiones de carbono, y mil cosas más. Todo eso requiere recursos fiscales.
Pero esto es pensar con el deseo. La prioridad hoy es cómo no quedarnos por fuera de la competencia en materia de impuestos.
"Los impuestos empresariales deben bajar con prudencia y responsabilidad
fiscal. Los empresarios serían los primeros en lamentar que se pongan en
peligro la inversión social y la calificación soberana"
El país hasta ahora lo ha hecho bien. La
carga tributaria de las empresas ha bajado sin perder los ingresos fiscales
indispensables para los avances sociales y la modernización de la
infraestructura. El rubro de obras civiles, por ejemplo, ha sido determinante
del mayor crecimiento económico en comparación con nuestros pares regionales.
A lo largo de esta década se eliminó la sobretasa de 20 % que pagaba la industria por el consumo de electricidad, se redujeron en 13,5 % los impuestos sobre la nómina y se abolió el impuesto al patrimonio de las empresas. Si esto no se hubiera hecho, el sector empresarial estaría pagando 20 billones de pesos más por año en impuestos y contribuciones.
Con responsabilidad, se compensó con mayores impuestos al consumo –sin afectar la canasta familiar– y a las personas naturales de mayores ingresos. También ha sido determinante la mejor gestión tributaria, con medidas exitosas como la penalización de la evasión y normalización de activos en el exterior.
El actual proyecto de reforma tributaria propone reducir la carga tributaria empresarial en otros 20 billones de pesos al año. Si se acogen algunas de las propuestas que se están ventilando en el Congreso, como eliminar el impuesto de patrimonio de las personas naturales y permitir que el 4 × 1.000 se utilice para pagar otros impuestos, el faltante que deja esta reforma subiría a 30 billones de pesos por año. Para no hablar de la propuesta de reemplazar el IVA con un impoconsumo del 8 %, que sería ir en contravía de lo que han hecho la mayoría de países del mundo.
El debate político debe concentrarse en cómo financiar lo que propone el Gobierno y evitar que se afecten los programas sociales y la inversión que requieren la infraestructura y el posconflicto. Decir que la reforma se pagará sola, a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad. Expone al país a un riesgo innecesario, cuyas consecuencias las tendrá que enfrentar el próximo gobierno.
Mi recomendación es proceder gradualmente, como se ha hecho hasta ahora, con la reducción del impuesto de renta hasta llegar a 30 % y con el descuento al IVA en la compra de bienes de capital. Es contradictorio que el Gobierno convoque una comisión para reformar los impuestos territoriales y a renglón seguido le alargue la vida al ICA, que es un pésimo impuesto. Más que descontarlo del impuesto de renta, algo que le costará $ 7,4 billones al Gobierno, lo que hay que hacer es sustituir los ingresos de los municipios con otra fuente. Si se trata de mejorar el proyecto de ley, también sería conveniente eliminar el impuesto de 2 % sobre las transacciones inmobiliarias introducido en la ley de financiamiento, que no recaudó casi nada y está haciendo estragos en el sector de edificaciones.
Los impuestos empresariales deben bajar con prudencia y responsabilidad fiscal. Los empresarios serían los primeros en lamentar que se pongan en peligro la inversión social y la calificación soberana.
A lo largo de esta década se eliminó la sobretasa de 20 % que pagaba la industria por el consumo de electricidad, se redujeron en 13,5 % los impuestos sobre la nómina y se abolió el impuesto al patrimonio de las empresas. Si esto no se hubiera hecho, el sector empresarial estaría pagando 20 billones de pesos más por año en impuestos y contribuciones.
Con responsabilidad, se compensó con mayores impuestos al consumo –sin afectar la canasta familiar– y a las personas naturales de mayores ingresos. También ha sido determinante la mejor gestión tributaria, con medidas exitosas como la penalización de la evasión y normalización de activos en el exterior.
El actual proyecto de reforma tributaria propone reducir la carga tributaria empresarial en otros 20 billones de pesos al año. Si se acogen algunas de las propuestas que se están ventilando en el Congreso, como eliminar el impuesto de patrimonio de las personas naturales y permitir que el 4 × 1.000 se utilice para pagar otros impuestos, el faltante que deja esta reforma subiría a 30 billones de pesos por año. Para no hablar de la propuesta de reemplazar el IVA con un impoconsumo del 8 %, que sería ir en contravía de lo que han hecho la mayoría de países del mundo.
El debate político debe concentrarse en cómo financiar lo que propone el Gobierno y evitar que se afecten los programas sociales y la inversión que requieren la infraestructura y el posconflicto. Decir que la reforma se pagará sola, a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad. Expone al país a un riesgo innecesario, cuyas consecuencias las tendrá que enfrentar el próximo gobierno.
Mi recomendación es proceder gradualmente, como se ha hecho hasta ahora, con la reducción del impuesto de renta hasta llegar a 30 % y con el descuento al IVA en la compra de bienes de capital. Es contradictorio que el Gobierno convoque una comisión para reformar los impuestos territoriales y a renglón seguido le alargue la vida al ICA, que es un pésimo impuesto. Más que descontarlo del impuesto de renta, algo que le costará $ 7,4 billones al Gobierno, lo que hay que hacer es sustituir los ingresos de los municipios con otra fuente. Si se trata de mejorar el proyecto de ley, también sería conveniente eliminar el impuesto de 2 % sobre las transacciones inmobiliarias introducido en la ley de financiamiento, que no recaudó casi nada y está haciendo estragos en el sector de edificaciones.
Los impuestos empresariales deben bajar con prudencia y responsabilidad fiscal. Los empresarios serían los primeros en lamentar que se pongan en peligro la inversión social y la calificación soberana.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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