Por: Gustavo Moreno
La corrupción no ha
aumentado porque la humanidad se haya vuelto más mala. El aumento del tamaño
del Estado, que carece de dueño por ser de todos, ha aumentado; sus procesos y
estructura se han vuelto más complejos, y requiere más servidores, muchos de los
cuales tienen objetivos distintos del propósito de la respectiva institución
pública.
Los procesos de la institucionalidad pública, en general, no corresponden a
un diseño apropiado para el mundo actual: no son eficientes, no son
transparentes, y son vulnerables a la influencia de personas con ambición sin
límite, a costa del interés general. Las evidentes deficiencias producen
resultados contrarios a los propósitos. El problema es mundial, pero hay casos
más graves que otros.
El de Colombia es llamativo: el diseño de sus procesos
públicos nació en 1886 con un sistema conservador, que se transformó en liberal
en 1936, asumió sesgo tecnocrático en 1968, y se desarticuló en 1991, cuando se
proclamó una nueva Constitución, centralista para asignar recursos y
desordenada en extremo.
El documento final resultó magnífico en propósitos y pésimo en procesos y
estructura. La manera de escoger el legislador, sin partidos efectivos y con el
peso de financiar campaña en cabeza de cada aspirante, resultó en bajísima probabilidad
de establecer un cuerpo siquiera decoroso para la más importante tarea, como es
hacer las leyes. La formación de las altas cortes también tiene escasa opción
de acertar, y la rama jurisdiccional tiene gravísimas deficiencias en su
operación en general.
No hay verdaderos partidos políticos, pero en cambio campea la hipocresía,
manifiesta en la prohibición a los funcionarios de intervenir en política y la
suspensión de la contratación durante la fase previa a las elecciones. Los
políticos profesionales en general no asumen responsabilidad por la
administración, pero esperan retribución por su respaldo al gobierno vía
contratos o puestos públicos. Como toda Iberoamérica, Colombia mantiene el
absurdo régimen presidencial, aprendido de EE.UU., que concentra mucha
responsabilidad y autoridad en una sola persona.
La Constitución de 1991 se elaboró en una Asamblea impulsada por una
votación discutible, auspiciada por fuerzas oscuras cuyo propósito era la
supresión de la extradición; con el paso del tiempo quedó en evidencia que es
menos mala la perspectiva de cárcel en EE.UU. y la extradición se restauró. La
influencia nefasta del narcotráfico en la sociedad y en las instituciones
públicas del país ha sido evidente en las últimas cuatro décadas, con incidencia
directa en la corrupción, el ejercicio de la ley del más fuerte, la estética
individualista y la fractura del territorio. El narcotráfico introdujo
desmesura hasta en la afición a los animales.
Además, impulsó la catastrófica toma del Palacio de Justicia en 1985 y
otros actos terroristas impensables. Encontró terreno fértil en Colombia, donde
no hay ejercicio del monopolio del poder coercitivo del Estado ni siquiera en
las ciudades, y mucho menos en territorios hostiles a la vida humana.
Es
preciso abordar el asunto a fondo. Esta columna propone contratar un equipo de
académicos norteamericanos de centro derecha para que estudien el costo y el
beneficio de la prohibición al consumo de cocaína en EE.UU., México,
Centroamérica y Colombia en comparación con otras estrategias. El gobierno
tiene la palabra.
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