Uno de los principales retos del gobierno de Iván Duque está claramente en el escenario económico, pues si bien hay optimismo en algunos actores del mercado, las condiciones estructurales de la economía colombiana pronostican un escenario de gobierno con muchas reformas de ajuste, que serán difíciles de asimilar por parte de los colombianos.
Y es que a pesar de que el crecimiento para 2018 parece estar mostrando una leve recuperación, aún estamos lejos de volver a niveles superiores al 4,5 %, que se dieron en el marco del boom minero-energético. A esto hay que sumarle que los retos en materia fiscal son complejos.
Ante la caída de la renta minera, el país ha aumentado sus niveles de deuda externa y pública. Por ejemplo, para 2013 la deuda del Gobierno, tanto interna como externa, se ubicaba alrededor de 13,5 % del PIB y para comienzos de este año ascendía a 21,5 %.
Este escenario muestra entonces cómo en el país se ha profundizado la dependencia del financiamiento externo y, por lo tanto, muchas de las reformas del gobierno entrante van en la línea de enviar buenas señales al mercado financiero, con signos de austeridad y disciplina fiscal que permitan tener abierto el flujo de recursos hacia el país y garanticen el servicio de la deuda. Vale la pena subrayar que cerca del 30 % de la deuda externa privada corresponde al sector financiero, y para éste es vital mantener los canales de financiamiento abiertos; de allí que muchas reformas también se impulsen desde las agremiaciones de fondos de pensiones y bancos.
Claramente, el equipo económico del presidente electo, en cabeza del ministro Carrasquilla, hará esta tarea siguiendo las recetas tradicionales de privatización de empresas públicas estratégicas y desregulación del mercado laboral. El tema da para una reflexión más profunda: es claro que el costo de mantener la estabilidad fiscal es alto en términos sociales y responde a una estructura macroeconómica de alta dependencia de los inversionistas financieros y sus referentes, las calificadoras de riesgo.
El primer pulso en el Legislativo para el primer año de gobierno será la reforma tributaria, que el mismo Duque ha dicho que radicará el día de su posesión.
La nueva tributaria parte de la idea de impulsar el crecimiento económico con rebajas de impuestos al sector empresarial y seguramente buscando un mayor recaudo a partir de la modificación de los parámetros para la declaración de renta, así como modificaciones a los impuestos al consumo, que finalmente afectan a las personas naturales.
Hay que aclarar que, a todas luces, una simplificación del sistema puede ayudar y la eliminación de algunas exenciones puede ser válida, pero dar generosas dádivas a las grandes empresas sin entrar de lleno en los problemas de distribución de los ingresos y la riqueza es una receta para prolongar inequidades y, de fondo, erosionar la clase media y con ella el fortalecimiento del consumo interno, por sólo mencionar una variable.
Otra de las reformas estructurales que se justifican desde la perspectiva del saneamiento de las finanzas públicas tiene que ver con las pensiones, un tema en el que, si bien no se pueden ocultar algunos problemas distributivos, también hay intereses por parte de inversionistas institucionales como las AFP, que hoy cumplen un papel clave en el financiamiento de la deuda pública. Sin mayor capacidad de clarividencia, este será uno de los temas más álgidos y complejos que enfrentará el gobierno entrante.
En materia de inflación, el panorama es más estable para el gobierno de Duque, puesto que el Banco de la República ha logrado meter nuevamente la cifra en el rango meta con la agresiva política de aumentos en la tasa de intervención entre 2016 y 2017. Ahora bien, no se puede olvidar que el costo de bajar la inflación fue alto y la subida de las tasas para controlarla en un marco de menor crecimiento y bajos precios de commodities aceleró la caída de la economía, aspectos que se reflejan en el 1,8 % que se expandió la economía en 2017.
Finalmente, hay un tema económico que es central al debate de la administración que llega y que no recibió mucha visibilidad durante los días de campaña: el empleo. La senda del desempleo en la última década ha sido a la baja, incluso llegando a una cifra de un dígito en el gobierno saliente.
A pesar del fuerte choque minero-energético, el desempleo se ha mantenido bajo históricamente, lo que ayuda a explicar por qué el asunto pasa de agache en el debate público. Esto parece paradójico, pues la teoría económica plantea una relación inversa entre el crecimiento del PIB y el desempleo, y en Colombia, a pesar de que tuvimos una fuerte caída en el PIB, el desempleo pareciera no ser tan sensible para los datos macroeconómicos. Pero la respuesta está en las altas tasas de informalidad y en la profundización y legitimación de los trabajos precarios, pues los empleos informales se cuentan como empleos en la estadística.
La discusión olvidada es que no sólo importa la cantidad de empleo, sino también la calidad del empleo, y esta debe ser una tarea urgente para el gobierno entrante, pues proliferan por las ciudades vendedores ambulantes, conductores de plataformas digitales precarizados y mensajeros urbanos en moto y bicicleta sin condiciones de seguridad social básicas para un trabajador, pero que ayudan a contener la cifra del desempleo y la invisibilidad del debate.
Los retos del próximo gobierno son múltiples; por eso deberá navegar con habilidad una encrucijada del alma, para citar unas viejas palabras: mantener disciplina fiscal, pero a la vez impulsar la productividad y el crecimiento económico, todo esto sin descuidar la distribución equitativa de los ingresos y la riqueza, a la vez que impulsa el mejoramiento en un país ampliamente informal.
* Profesor Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
Reflexiones al tema pensiones
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