El Gobierno alerta por hueco que deja rebaja en aportes de pensionados

POR:

PORTAFOLIO

MAYO 24 DE 2017 

ARCHIVO PORTAFOLIO.CO

Esto supondrá un faltante de entre $2,3 billones y $3,3 billones, dependiente de lo que sea conciliado entre la Cámara y el Senado.

El Gobierno Nacional expresó su preocupación por la aprobación en el Congreso de la República, del proyecto de ley que buscaba reducir los aportes de los pensionados a salud del 12% al 4%. ( ACTUALMENTE LOS PENSIONADOS APORTAN 12%.)

(Lea: El polémico artículo del presupuesto del 2017 sobre recursos para los pensionados) 

El texto que recibió el visto bueno de los senadores difiere de aprobado por la Cámara de Representantes, por lo cual deberá pasar a conciliación antes de ser sancionado como ley.

Sin embargo, el trámite no está definido debido a que los aportes a salud son definidos como parafiscales, que dicho de otra manera son un impuesto, por lo cual lo aprobado por el Congreso sería una “exención tributaria”, según fuentes consultadas por Portafolio.

(Lea: La edad de jubilación no es lo que más preocupa en el debate pensional en Colombia)

El problema para conclusión del proyecto es que de acuerdo con expertos para poder aprobar un proyecto con motivaciones fiscales, este “debe ser de origen gubernamental, o en su defecto, el Gobierno debe dar el aval para que este avance en el legislativo”, manifestó una fuente del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conceptuó negativamente a lo largo del trámites que hizo el proyecto tanto en la Cámara como en el Senado.

PRIMER ESCOLLO

La conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República no será fácil. 

El documento que aprobó la primera, sostiene que la reducción al 4% en lo aportes a salud, cobijará a todos los pensionados del país, es decir, el Ejecutivo dejará de recibir por este concepto alrededor de $3,3 billones; ente tanto, el Senado le dio el visto bueno a la reducción a la cuarta parte de lo que hoy aportan, solamente a aquellos pensionados que reciben mesadas inferiores a las cuatro salarios mínimos legales vigentes, que al día de hoy son cerca de $2.950.000. La diferencia no es menor, lo aprobado en Senado implica $2,3 billones menos en favor del Gobierno. En la conciliación deberán llegar a un acuerdo sobre los beneficiados por la medida, ya que $1 billón separa a las partes en la actualidad.

Una vez concluida la conciliación, pasará a sanción presidencial, aunque por la Corte Constitucional podría pronunciarse antes de que eso suceda ya que fuentes del Gobierno consultadas dicen que el proyecto va en contravía de la Ley 819 del 2013.

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¡600mil por 52 millones!....

cronicadelquindio.com,  Mayo 24 de 2017
Roberto Estefan Chehab. M.D

Bonita cifra, sin duda: es mucho dinero y sin embargo es poco si se compara con la cantidad abrumadora que se pierde mensualmente por cuenta del terrorismo, la horrorosa corrupción, amén del clientelismo y la burocracia, los subsidios y otras “ayudas” que se van para unos cuantos y por ahí mismo dejan a otros sin absolutamente nada.

No me lo inventé yo – me hubiese gustado mucho hacerlo público cuando lo pensé alguna vez, en un rato de elucubraciones que parecían psicóticas; sin embargo, me reí de mí: “uno si piensa bobadas” me debí haber dicho en ese momento.

Ahora resulta que no es tan osado, ni loco; hay ya países que, con base en conceptos de economistas connotados, están caminando seriamente en algo así. Finlandia y Holanda, seguidos por España son un ejemplo de hablar en voz alta acerca del tema y al parecer, no da risa.

Se trata de dar un subsidio mensual a toda persona, desde el momento de su nacimiento y hasta su muerte, por el solo hecho de existir: al fin y al cabo, nadie ha manifestado su deseo de llegar a este mundo y todo ser humano tiene un básico derecho a lo mínimo, aunque sea, no porque votó a favor de este o aquel sino por el solo hecho de existir.

En nuestra patria, habría muchas posibilidades de participar en este experimento, se pierden tantos recursos y se malversan tantos otros por cuenta de unos pocos que, con lo público hacen fiesta.

El comunismo, como fórmula de igualdad, parece haber fracasado ahogada en sentimientos de odio inmerecidos, si miramos la ¿buena intención de su espíritu?, pero, es lo que parece, al acabar con cualquier asomo de progreso:  entonces, esa es una interesante manera de garantizar un mínimo vital a todos y de ahí en adelante, habrá toda una estructura organizativa y productiva, que seguramente será muy dinámica (si las personas se unen, en grupos familiares, por ejemplo) contarán con un poder adquisitivo, ahorrativo, de semilla, para crear industria, estudiar mejor, tener salud, comer, tener vivienda, vestirse.

El que tenga más éxito en su iniciativa, bienvenido sea, sin rencores, sin envidia, con mínima y clara burocracia, sin preferencias ni oscuridad.

La tendencia a la robotización y la tecnología está provocando un gravísimo riesgo de desocupación y desplazamiento del hombre por las maquinas: definitivamente siempre debe primar el hombre y esta fórmula es interesante también en ese sentido.

Los invito a profundizar sobre el tema, es muy fácil de encontrar en la web.

restefan@gmail.com    

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De la política a la politiquería

cronicadelquindio.com,  Mayo 23 de 2017
Jorge Álvarez Villalobos

¿Qué es en esencia la política?, con esa pregunta me sorprendió hace poco un amigo y antes de iniciar mi respuesta, de lo que considero puede acercarse a la definición de política; mi interlocutor reforzó el interrogante, ¿es arte u oficio?.

Es claro que la definición de arte es Universal y se entiende como una actividad e inclusive producto cuyo propósito estético y comunicativo expresa conceptos y genera emociones, aunque puede variar según la cultura, la época y la sociedad que le otorga un determinado sentido.

Sin embargo me vi precisado a consultar al sociólogo alemán Max Weber, quien en su tratado Política y Democracia afirma que, “La política es el arte de mantener la sociedad en funcionamiento a través del bienestar de la comunidad y el mantenimiento de la estructura de poder legítimo”, por lo tanto la política es la influencia sobre la trayectoria y toma de decisiones dentro del Estado, convirtiendo el ejercicio político en la lucha por llegar a participar en el poder o de tener la capacidad de influir en la distribución del mismo.

En ese contexto hemos podido observar que con el paso del tiempo la forma de hacer política y sus protagonistas han mutado notablemente, hasta hace unos años la gran mayoría de hombres y mujeres con sentido cívico hacían de la política un arte vocacional de servicio social, honraban la palabra, las alianzas eran respetadas y se fundamentaban en el bienestar comunitario; las diferencias ideológicas y partidistas se dirimían con decencia, decoro y buenas maneras; había espacio para el disenso y el consenso, eran magnánimos en la derrota y humildes en la victoria, siempre respetuosos de los resultados democráticos.

El sabor amargo de la derrota duraba poco, los partidos y sus principios filosóficos servían para entender que siempre quedaba mucho por hacer, demasiado camino por recorrer en la dinámica política.

La doble militancia era un imposible y menos aún si su fin postrero era lograr escalar un peldaño en las escalas de cargos por elección popular, el militante de un partido lo hacía por convicción y principios más que por las veleidades que el poder ofrece.

Voltearse (entiéndase jugar a la doble sin previamente cambiar de partido o grupo político) era vergonzoso, iba contra el decoro y la dignidad; hoy es común que algunos políticos seudodirigentes den volteretas tan asombrosas que cualquier malabarista del Circo del Sol las envidiaría, pues tienen la virtud de caer parados. 

Anteriormente la mayoría de líderes veían en el ejercicio político el camino propicio para traer progreso y desarrollo a la ciudad y el departamento, las obras eran importantes, mucho más que los beneficios personales, pues no se hablaba de contratación amarrada, ni de “trajes” hechos a la medida, en especial no había espacio para el rufián de barrio, el bravucón del pueblo o el mequetrefe de la comarca que reduce una discrepancia o un punto de vista distinto, a la simplicidad de la amenaza frontal o soslayada, ignorando que el buen político vive para la política y hace de ella su estilo de vida con servicio a la comunidad para construir una estructura social; 

" no así el político perverso que vive de la politiquería, le da solo el valor económico, la convierte en una lucrativa empresa politiquera en búsqueda de poder.

Estos son los que desdibujan la noble tarea esencial de la política, cual es el bienestar general.

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Los jóvenes y la política

 elcolombiano.com, 21 DE MAYO DE 2017

Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), la población joven de Colombia (edades comprendidas entre los 14 y los 28 años) es de 12.757.040 personas: 6.242.436 mujeres y 6.514.604 hombres. 

Aunque los derechos políticos de elegir y ser elegidos pueden ejercerse en nuestro país a partir de los 18 años, ese dato poblacional es muy relevante porque, teniendo en cuenta que el actual censo nacional electoral es de 35.501.580 ciudadanos, ello quiere decir que la población joven apta para votar representa un porcentaje significativo (casi una cuarta parte) de los sufragantes habilitados.

Los espacios de participación de los jóvenes en la vida comunitaria, social, económica, laboral, deportiva, recreativa, cultural, etc., adoptan múltiples formas y manifestaciones propias de ese período vital en el que el inconformismo no siempre choca con las iniciativas y la capacidad de proponer y ejecutar por sí mismos cambios en el rumbo de la sociedad.

Hoy haremos referencia en especial a la participación política. Y de las variadas formas de hacer política, la que más consecuencias tiene no solo para los jóvenes sino para toda la sociedad es la participación electoral, sea como electores o como elegidos. Ha habido hitos de participación de los jóvenes, como cuando en 1990 promovieron el movimiento de la “séptima papeleta” que condujo finalmente a la integración de un proceso constituyente al año siguiente, que se tradujo en la Constitución de 1991 e introdujo normas específicas de políticas públicas en favor de la juventud.

El año pasado hubo un fenómeno similar, más incierto en cuanto a índices de participación y con una capacidad de movilización más bien efímera aun cuando logró hacerse escuchar: el de los jóvenes, principalmente universitarios y de centros urbanos, que marcharon para animar la suscripción de un acuerdo de paz con las Farc, a pesar de que este fue derrotado en las urnas el 2 de octubre. Fue importante la movilización, pero también el cuestionamiento de y a los mismo jóvenes, sobre si era mejor actuar sobre los hechos cumplidos o, siendo consecuentes, votar cuando correspondía para tener capacidad de decisión y no solo de lamento posterior.

Al igual que muchas sociedades contemporáneas, la juventud colombiana siente desencanto, cuando no abierto fastidio, por la política y por quienes la ejercen.

Si a eso se añade la omnipresente corrupción, las vacuas declaraciones gubernamentales sobre ella y las acciones casi siempre inanes sobre los gobernantes corruptos, el alejamiento de los jóvenes de la política y las instituciones públicas será cada vez mayor. Si bien en corporaciones como las acciones comunales, las juntas administradoras locales o los concejos la presencia de jóvenes es destacable y su desempeño es dinámico, en los otros ámbitos se topan con las inercias y mañas de un sistema político montado sobre una concepción corporativista de beneficio propio para quienes la integran, en perjuicio de la sociedad y del interés común.

No es, no debe ser, una minoría pasiva la de los jóvenes colombianos. Pueden y deben participar. Deben votar, deben debatir y proponer ideas. La capacidad electoral les otorga opción tangible de ser protagonistas en la elección de los responsables políticos. Con estudio y preparación pueden elevar el nivel de exigencia pública a los gobernantes y ser también copartícipes del manejo de las administraciones. Las universidades tienen aquí un papel esencial. Un liderazgo juvenil renovado sería una gran noticia para Colombia.

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La escandalosa desigualdad de la propiedad rural en Colombia

razonpublica.com, 15 Mayo 2017 00:00

 Escrito por Carlos Alberto Suescún - Andrés Fuerte Posada

El último Censo Agropecuario demuestra que este problema se ha seguido agravando. Y a pesar del acuerdo de paz, la Ley de Zidres y el proyecto sobre tierras van a aumentar la desigualdad en el campo.   

Carlos Alberto Suescún* - Andrés Fuerte Posada**

Entre chiste y amenaza

Proponer una reforma agraria en Colombia parece ser un chiste o ser una amenaza:

• Para algunos es un chiste proponer una política que consideran obsoleta, porque Colombia dejo de ser rural y es un “país urbano”, o porque los avances tecnológicos han hecho que la tierra importe menos en la “función de producción”  agropecuaria.
• Para otros es una amenaza porque consideran la tierra como un simple patrimonio o una fuente de rentas, cuando es más que eso: es un factor productivo fundamental para cualquier sociedad, además de un elemento trascendental para la cultura campesina.

Pero entre chiste y amenaza, la inexistencia de reformas agrarias de verdad es quizás el mayor lastre que ha impedido el desarrollo de Colombia. La reforma agraria es necesaria para el progreso económico y social, a más de ser la garantía para dejar atrás la violencia como instrumento para resolver los conflictos rurales.  

El Censo Agropecuario

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) llevó a cabo el Censo Nacional Agropecuario 2015 (CNA-2015), que arroja información actualizada y muy valiosa sobre el campo colombiano. A título de ilustración, en este artículo examinamos el tema de la distribución a partir de la unidad de análisis que utilizó el CNA-2015, la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA).

La definición de UPA que empleó el DANE se basa en identificar a la persona que toma las decisiones sobre el uso del suelo o que son responsabilidad del productor, que en este caso no incluye categorías como mayordomo, capataz, etc. Es decir, esta medida se centra en la gerencia de la unidad productiva, y por tanto corresponde a la categoría real de propietario o poseedor efectivo del predio en cuestión.

En efecto: de acuerdo con el CNA-2015, el universo de predios recolectados en el área rural dispersa (distante de los poblados) fue de 3.081.207, de los cuales 737.068 fueron clasificados como predios no agropecuarios. Es decir que como predios agropecuarios se tendrían 2.344.139, un número casi igual al de las UPA: 2.370.099.

Hecha esta aclaración, pasamos a analizar la distribución de las Unidades de Producción Agropecuaria.

Cuadro  1. Formas de tenencia y pertenencia étnica de las UPA

Fuente: Microdatos – CNA-2015. DANE

El Cuadro anterior describe la forma de tenencia de las UPA según la naturaleza -colectiva o no colectiva- de la propiedad. El Cuadro muestra que en la ruralidad dispersa la mayor parte de las UPA son de naturaleza no colectiva (86,3 por ciento). De igual manera, la mayor parte de estas UPA son consideradas propiedad privada por parte de los productores (66 por ciento).

Este cuadro ya es un análisis claro de la realidad rural colombiana. Sin embargo, para efectos de ilustración, vamos a exponer la distribución del área de las UPA que corresponden a la forma de tenencia propia y que no tendrían reconocimiento bajo la categoría de territorios colectivos de grupos étnicos. Las UPA bajo esta clasificación fueron 1.409.193, que corresponden a cerca del 60 por ciento del total del universo del CNA-2015.

Recordemos que el grado de desigualdad en la distribución de un activo suele medirse a través del Índice de Gini, una medida que va de 0,0 (igual absoluta) hasta 1,0 (un solo propietario posee todo el activo).  Pues para las 1.409.193 UPA del Censo de 2015, el Gini resulta ser 0,902. Este sería el grado de concentración de la propiedad de la tierra con uso agropecuario en Colombia en UPA reconocidas como privadas en territorios no colectivos: ¡la propiedad de la tierra en Colombia está muy próxima a la concentración absoluta!

La anterior es una cifra escandalosa, y tanto así que parece exagerada.  Pero resulta que  tiende a coincidir con los datos sobre el uso inadecuado de la tierra en Colombia, con predominio de los pastos como lo muestra el Gráfico siguiente:

Fuente: CNA-2015

En 2010 Ana María Ibáñez y Juan Carlos Muñoz estimaron el Gini de tierras en 0,86 y el Gini de propietarios en 0,88. Y aunque la fuente de sus datos no es comparable exactamente con los del CNA-2015 (por diferencias en las definiciones y los métodos), podríamos inferir que la concentración de la propiedad se está intensificando o – por lo menos- que no está disminuyendo.

La nueva medición confirma que Colombia está entre los países con más concentración de la propiedad rural. Por ejemplo en 2014, la organización internacional Grain publicó  un listado de países con el índice Gini más reciente disponible: entre los 87 países incluidos, Colombia ocupaba el séptimo lugar de concentración de la tierra – y con el nuevo dato del CNA-2015, ascenderíamos al quinto lugar en el escalafón-. 

Cuadro 2. Diez países con mayor concentración de tierras

	País	Gini más reciente
1	Barbados	0,94
2	Paraguay	0,94
3	Czech Rep	0,92
4	Chile	0,91
5	Colombia	0,90
6	Kyrgyzstan	0,90
7	Qatar	0,90
8	Venezuela	0,88
9	Brazil	0,86
10	Nicaragua	0,86

Fuente: Grain y cálculos propios

Santos en contravía del Acuerdo de La Habana

Desigualdad en la propiedad de la tierra en Colombia tiene cifras escandalosas Foto: Ministerio de Agricultura

La política rural del gobierno tiende a agravar en vez de corregir la tendencia a la concentración de la propiedad sobre la tierra.

La agenda del gobierno está enmarcada por el Acuerdo con las FARC pero también por  el Plan de Nacional de Desarrollo y por las recomendaciones de organismos multilaterales sobre el mundo rural. Y aunque “Reforma Rural Integral” es el título del primer punto del Acuerdo de la Habana, su implementación – hasta ahora- no coincide  con el propósito de democratizar la propiedad sobre la tierra.

En efecto: las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia coincidieron en el tiempo con el trámite de la llamada Ley de Zidres, que autoriza la concesión de baldíos a empresarios en determinadas zonas del país y el aporte de predios bajo diferentes modalidades a proyectos agroindustriales sin ningún límite. Las críticas a esa iniciativa fueron abundantes, pero el Congreso aprobó la Ley, que luego fue validada por la Corte Constitucional.

Pero además se conoció una propuesta de decreto-ley de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales (OSPTR), cuyo supuesto objetivo es desarrollar el punto 1 del Acuerdo de La Habana. Este borrador (cuya última versión analiza Juan Carlos Muñoz en esa misma entrega de Razón Pública) dio pie a reacciones muy diversas, pero los medios de comunicación han hecho eco sobre todo a los reparos de Fedegán y del uribismo.  Según estos sectores, el gobierno estaría poniendo en peligro la propiedad privada y promoviendo la expropiación administrativa o arbitraria de las tierras. Pero una lectura seria del proyecto ofrece un panorama muy distinto:  

• En primer término, la versión inicial del proyecto no propone una reforma rural integral – que ya además había sido derogada por la hoy vigente Ley Ley 160 de 1994, desnaturalizando aún más la destinación de baldíos a campesinos sin tierra e insistiendo en figuras que solo permiten proyectos agroindustriales de gran escala, como el derecho real de superficie.

Igualmente el proyecto legaliza acumulaciones indebidas de Unidades Agrícolas Familiares realizadas por grandes grupos económicos nacionales y extranjeros (Cargill, Mónica Semillas, el Grupo Corficolombiana, etc.), casos que han sido recogidos en informes de la Contraloría General de la República desde 2012.

• En segundo lugar -y lejos de promover la expropiación por vía administrativa en casos que violan el principio constitucional de función social de la propiedad- el proyecto hace más lentos los procesos de extinción de dominio y añade procedimientos que hoy no existen. Asimismo, el proyecto otorga derechos de uso en casos de apropiaciones indebidas de tierras.

Por eso puede decirse que las posturas de José Félix Lafourie y Jorge Enrique Vélez resultan infundadas.

Pero después de presentar el proyecto en varias ciudades y debido a las críticas, el gobierno decidió presentarlo al Congreso y tramitar por decreto solo una parte de la iniciativa. El decreto que se presentará a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) no contiene los puntos más problemáticos. Pero aún no se conoce el proyecto de ley definitivo que tramitará el gobierno por la vía de fast track en el Congreso.

Aun así la conclusión es evidente: el modelo agroindustrial de vocación agroexportadora, que implica consolidar grandes extensiones de tierra, se está imponiendo en Colombia. Hoy se sigue la senda de los ajustes legales para mantener o agravar la desigualdad en la distribución de la propiedad e incluso para amnistiar las ilegalidades, a la vez que estas grandes propiedades resultan valorizarse como fruto de las políticas de fomento.

El proceso de concentración de la tierra se mantiene, aunque ya la propiedad no sea lo único determinante: derechos de uso, concesiones, arrendamiento y otras figuras emergen, y en esa misma línea van las Zidres y el OSPTR.

La agricultura campesina no tiene cabida dentro de este escenario, pues el modelo le apuesta exclusivamente a la gran empresa, con un agravante que en el caso colombiano tiene mal sabor histórico: la propiedad de la tierra no se concentra  para producir, sino con fines especulativos o de control territorial.

Que el indicador Gini sea cercano a 1, y a su vez exista una alta correlación en el uso en pastos, es una evidencia más de esta trayectoria histórica que nos revela el Censo Nacional Agropecuario.

Todo esto ocurre mientras nos preparamos para transitar a la esperanza de un cambio histórico en el posconflicto. Vaya paradoja.

   

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID. casuescunb@unal.edu.co

** Economista de la Universidad Nacional de Colombia. andresfuertep@gmail.com

Se agradece el apoyo de la profesora Ángela Kageyama, de la Universidad Estadual de Campinas, quien ha brindado asesoría en desarrollo de este trabajo.

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