"Calificación de Colombia en riesgo, por recortes tributarios": Mauricio Cárdenas

elespectador.com/, 

6 Dic 2019 -

Matthew Bristow y Oscar Medina-Bloomberg.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Bloomberg.

El economista advierte que la reforma tributaria que se discute en el Congreso reduciría los ingresos del Gobierno en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto en 2022.

La calificación crediticia de Colombia está bajo amenaza por los recortes tributarios que se están debatiendo en el Congreso, dijo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.(También te puede interesar: Salario mínimo para 2020: ¿qué tan posible es que sea concertado?)

La reforma tributaria del Gobierno reduciría sus ingresos en aproximadamente 1% del producto interno bruto en 2022, dijo Cárdenas. La administración del presidente, Iván Duque, corre un riesgo al apostar por un crecimiento más rápido y una menor evasión fiscal para mantener el déficit fiscal bajo control, dijo.

“Pone a Colombia en grave riesgo de una reducción en la calificación y eso es algo que debemos evitar”, dijo Cárdenas el jueves, en una entrevista en Bogotá.

Cárdenas, que se desempeñó como ministro de Hacienda de 2012 a 2018, pidió al Congreso que rechazara algunas de las medidas más costosas, como una propuesta que permitiría a las empresas deducir algunos impuestos municipales de sus pagos de impuestos nacionales. Esto por sí solo privaría a la tesorería de ingresos equivalentes a 0,7% del PIB, sin hacer mucho para impulsar el crecimiento, dijo.

Incluso al bajar de categoría, Cárdenas dijo que el país aún conservaría su calificación de grado de inversión. El Ministerio de Hacienda no respondió a un correo electrónico en búsqueda de comentarios.

El Gobierno necesita reducir el déficit a 2,7% del PIB este año, y 2,3% en 2020, para evitar violar los límites establecidos por la regla fiscal que busca la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Para lograr esto, Duque ha recibido la ayuda de una sorprendente ganancia inesperada de US$2.200 millones del Banco de la República, y al recurrir al saldo en efectivo de la estatal petrolera Ecopetrol SA.

“¿Es esto sostenible? No”, dijo Cárdenas.

“La situación fiscal a mediano plazo de Colombia no se ha resuelto”.

El Gobierno dijo el mes pasado que está buscando un dividendo extraordinario de US$1.100 millones de Ecopetrol, de los cuales recibiría aproximadamente US$920 millones.

Cárdenas dijo que siempre se resistió a la tentación de hacer esto cuando era ministro, incluso en tiempos más difíciles.

Incluyendo el dividendo especial y los dividendos regulares, la compañía pagará más de 80% de sus ganancias de 2018 a los accionistas, según un estudio de la corredora de Itaú en Colombia.

Si el porcentaje de pago de dividendos es rutinariamente superior a 60% de las utilidades, las finanzas y la calificación crediticia de la compañía se deteriorarán, dijo Cárdenas.

¿Recorte de tasas?

Cárdenas, quien como ministro solía presidir el comité de política monetaria, dijo que hay 25% de probabilidad de que el banco central reduzca las tasas de interés el próximo año, si las condiciones externas son débiles y el crecimiento está por debajo del potencial.

Operadores en swaps de tasas de interés pronostican que el banco aumentará su tasa de referencia en medio punto porcentual, a 4,75% el próximo año, pero Cárdenas expresó que no ve “ninguna posibilidad” de que esto suceda.

Desde que dejó el cargo el año pasado, Cárdenas se ha dedicado a la enseñanza de finanzas públicas en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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INCREÍBLE:...Paliza de PISA...

elespectador.com,8 Dic 2019 

Por: Armando Montenegro

Los resultados de las pruebas PISA de 2018 —que comparan la calidad de la educación y miden también su desempeño en cada país a lo largo del tiempo— siguen mostrando que la situación de Colombia es dramática. 

Tres datos lo dicen todo: la mitad de los estudiantes colombianos de 15 años, a punto de salir al mercado de trabajo o de comenzar estudios de educación superior, no pueden entender un texto básico, es decir, son analfabetos funcionales; ese mismo porcentaje del 50 % no ha aprendido los rudimentos de la ciencia y el 65 % no puede hacer las operaciones matemáticas más elementales, necesarias para su desempeño en la vida moderna.

Dado que el objetivo de PISA es precisamente determinar si los jóvenes han adquirido el conocimiento y las capacidades necesarias para participar con éxito en la sociedad, los resultados que hoy lamentamos nos siguen diciendo que más de la mitad de los muchachos colombianos no reciben del sistema educativo la formación mínima para moverse en forma adecuada en el mundo de hoy. Este es un monumental fracaso de la sociedad colombiana.

Cuando se observan los resultados de las cuatro pruebas PISA que han medido la educación en Colombia desde 2006, se observa, sin embargo, que sí se ha producido alguna mejoría, pero no lo suficiente como para poder afirmar que nuestro sistema educativo ha dejado de ser un fiasco.

Uno de los hechos más negativos se encontró en el área de comprensión de lectura, donde se registró una caída absoluta de las calificaciones entre 2015 y 2018: de 425 a 412 puntos (los resultados de 2018, de todas formas, fueron superiores a los de 2006, que apenas llegaron a 385 puntos).

Los análisis de PISA muestran que, en Colombia, al igual que en la gran mayoría de los demás países, los resultados educativos están fuertemente correlacionados con la situación socioeconómica de las familias.

La pobreza es el principal predictor de una educación deficiente, un hecho que contribuye a la reproducción y perpetuación de la misma pobreza (las personas de altos ingresos, y también algunos destacados líderes de la izquierda y ciertos dirigentes sindicales, envían a sus hijos a escuelas privadas de buena calidad y alto rendimiento).

En materia de equidad de género, las niñas colombianas, como en otras latitudes, presentaron mejores resultados que los niños en lectura y ciencia, pero en menor proporción que en los países más avanzados. Por otra parte, tuvieron una mayor desventaja en el área de las matemáticas (en la cual los niños muestran usualmente mejores puntajes).

Aunque se sabe que el sistema educativo de un país no puede mejorarse dramáticamente en cuestión de unos pocos años, el escaso progreso de Colombia a lo largo de casi tres lustros es una poderosa señal de que, a pesar del genuino interés y los esfuerzos de los distintos gobiernos, lo que se ha hecho ha resultado insuficiente y en algunas áreas, probablemente, desenfocado.

Es necesario revisar, a la luz de las experiencias de otros países y las enseñanzas de los mejores estudios académicos, lo que se ha hecho, pero, sobre todo, lo que se ha dejado de hacer en el campo de la formación, selección, evaluación y estímulo de maestros, elementos claves para el mejoramiento de la calidad de la educación. Como siempre se dice cuando se aborda este tema, de esto depende, literalmente, el futuro del país.

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A propósito de la jubilación

eltiempo.com/, 04 de diciembre 2019 

Por: Fernando Sánchez Torres

La jubilación es un disfavor para quienes la reciben y no saben o no pueden ocuparse de algo útil. 

No obstante que los expertos consideran indispensable hacer una reforma pensional, todo hace suponer que este tema no irá a ser tocado en un futuro cercano, menos aún cuando tal reforma estaría basada en un aumento de la edad de jubilación. Para aquellos, si no se tiene en cuenta este requisito, de nada serviría introducir cambios a lo existente. El presidente Iván Duque prometió en campaña no abordar ese asunto.

Sin meterme en los intríngulis de tan delicada decisión, voy a hacer algunos comentarios acerca de las consecuencias que desde el punto de visto médico (por lo menos del mío) apareja la edad de ingreso a la cofradía de los pensionados, de la cual soy miembro.

Para efectos demográficos y de salud, se considera que ‘anciano’ es el individuo que tiene más de 60 años. Dado que la palabra ‘anciano’ tiene connotaciones desfavorables, es lógico que los empleadores tiendan a prescindir de sus trabajadores cuando alcanzan esa cúspide etaria, es decir, cuando han llegado a la tercera edad.

Entre nosotros, laboralmente la edad de jubilación es de 57 años para la mujer y de 62 para el hombre. Pero sucede que, en el mundo actual, el ser humano ha alcanzado una expectativa de vida que supera con creces esos límites, casi siempre en magnífico estado de salud. Con razón se habla hoy de ‘la cuarta edad’ para significar que a los de la tercera no debe encasillárselos en el grupo de los viejos.

En verdad, la mayoría de los ancianos disfrutan hoy de cabal salud, vale decir que no son discapacitados, que no tienen disminución temporal o permanente de la capacidad funcional, biológica, psicológica o social que les impida desempeñar sus actividades cotidianas en forma útil e independiente.

Alcanzar el límite de edad para la jubilación es relativamente fácil. Por eso, desde el punto de vista cuantitativo, la población de jubilados es hoy un fenómeno, además de progresivo, preocupante. El ingreso al grupo de los pensionados es, para muchos, la culminación de una de sus grandes aspiraciones: tener un estipendio fijo, ojalá jugoso, sin hacer nada, y cuanto más pronto, mejor.

Esto, que desprevenidamente parece ser una situación ventajosa, se convierte en un lastre cuando el individuo no se ha preparado para vivir esa etapa de la existencia. Si el jubilado goza aún de aceptable salud y sabe desempeñarse en alguna actividad con demanda en el mercado laboral, probablemente hará rentable el tiempo libre de que disponga. Pero si no sabe hacer nada distinto a lo que siempre hizo, y es muy competido, va a atravesar un período difícil de su vida: el de inactivo sano. Grave cosa es tener tiempo libre y no saber qué hacer con él. Se quedará el día entero viendo televisión, navegando en internet o mirando a través de una ventana.

Este no hacer nada, descansar de corrido, pareciera una gran conquista laboral. Así lo interpretan los sindicalistas, pues siempre pugnan por reducir, hasta donde sea posible, la edad de jubilación. Sin embargo, esta puede llegar a constituirse en un morbo emocional, con graves repercusiones somáticas. Voltaire decía: “No estar ocupado y no existir es lo mismo. Si no queréis suicidaros, procurad tener siempre algo que hacer”.

La jubilación, en especial cuando se comienza a disfrutar tempranamente, más que un beneficio es un disfavor para quienes la reciben y no saben o no pueden ocuparse de algo útil, productivo. Se convierte en una conquista laboral de doble filo, pues al tiempo que se sustrae al empleado o trabajador de la sartén del laborío, se lo lanza al fuego de la desocupación, lo cual puede derivar en un síndrome ominoso caracterizado por estados depresivos o ataques cardiacos. Algunas asociaciones de pensionados han entendido el problema y se ingenian la manera de tener ocupados a sus socios en actividades culturales, que no producen dinero pero que entretienen la mente y hacen gratificante la condición de jubilados.

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El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia

elespectador.com, 5 Dic 2019

Joseph E. Stiglitz *

"Cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente", dice Stiglitz en su análisis y parece coincidir con esta manifestante esta semana en Cali. Ernesto Guzmán jr. / EFE

"Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados", afirma este nobel de Economía, para quien "el neoliberalismo lleva 40 años debilitando la democracia".

Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado “The End of History?” (¿El fin de la historia?), donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.

Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos cuarenta años.

(Puede que le guste esta columna de William Ospina: Estamos cansados)

Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva 40 años debilitando la democracia.

La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados de controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik (de Harvard) explicó con mucha claridad, y como yo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. 

Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.

Incluso en los países ricos, se decía a los ciudadanos: “no es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.

En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.

(Quizás le interese: Del mayo francés al octubre chileno)

Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, 40 años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo.

¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.

Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.

La realidad es que pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcó George Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.

(Puede leer también: Terremoto antineoliberal)

La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades como si fueran inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos tolemaicos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.

Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.

La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.

* Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía, profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Roosevelt Institute.

Traducción: Esteban Flamini.

Project Syndicate 1995–2019

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Soplan aires de cambio en Colombia

elespectador.com/, 5 Dic 2019 -

Por: Juan Manuel Ospina

En Colombia el escenario social y ciudadano está cambiando, y fuertemente. A nivel interno se respira un nuevo aire, resultado de la terminación del conflicto armado con las Farc, que no del fin de la violencia. Se levantó una campana neumática en que había quedado aprisionada y satanizada la protesta ciudadana al asociarla con maniobras de la guerrilla y sus aliados. La voz ciudadana puede volver a expresarse libre y pacíficamente, capaz incluso de neutralizar pretensiones de algunos de volverlas violentas.

Estamos ante una nueva realidad que llegó para quedarse y que habrá de impulsar el cambio de la política como la conocemos, que de años atrás muestra un agotamiento creciente. Van apareciendo temas importantes que estaban relegados a un segundo plano y que los marchantes han puesto sobre la mesa y que expresan un cúmulo de insatisfacciones y reclamos que estaban encajonados y que ahora finalmente pueden salir a la superficie.

En una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, los consultados mayoritariamente dicen tener una imagen positiva y esperanzada de las movilizaciones y acciones de protesta, especialmente los menores de 55 años para los cuales el futuro es una realidad en sus vidas. Consideran igualmente que éstas no deben ser indefinidas y que el gobierno debe atender prontamente unos reclamos que consideran justos. Hay conciencia de que el tema no se reduce a Duque y que se está ante una pesada herencia acumulada de gobiernos anteriores pero que de él depende la salida que se les dé. Ahí se juega su gobernabilidad con “la conversación nacional”, que recuerda a Macron con los chalecos amarillos en Francia.

La Encuesta del CNC muestra que al ciudadano corriente le preocupan más los problemas que tienen que ver con el futuro que con el pasado, sobre todo en lo que este tiene de violento e injusto. Reclaman por una mejor educación y oportunidades y empleo para los jóvenes; contra la corrupción y por la transparencia; por pensiones y condiciones laborales dignas; por una especial atención a la realidad campesina y por una reforma tributaria que genere equidad tributaria y no atropelle a una clase media en proceso de consolidarse y que estuvo bien activa en estos días. Poca mención hacen de los temas que alimentan a la prensa y a muchos analistas y dirigentes políticos: las negociaciones con el ELN, la implementación del Acuerdo de paz, la privatización de empresas estatales, el medio ambiente.

Va quedando claro, y tal como se expresó en las elecciones locales, estamos ante un movimiento social y ciudadano independiente de los partidos y de los dirigentes consagrados –Álvaro Uribe y Gustavo Petro incluidos–. Los ciudadanos se convocan a sí mismos directamente a través de las redes sociales, un medio fundamental y con un poder temible. La correa de transmisión entre el ciudadano y el poder está desgastada. Los políticos y la política de democracia representativa como la conocemos desde el establecimiento de los estados nacionales occidentales, están en una crisis de fondo ligada a la que a su vez viven los estados nacionales decimonónicos con los cuales y para los cuales nació esa forma de democracia.

Hoy los Estados nacionales están amenazados desde arriba por una globalización económica que no política y desde abajo por una ciudadanía que se preocupa ante todo por los problemas y posibilidades que les son más cercanos y cuya atención oportuna no requiere de los engorrosos procesos de la representación, de los políticos profesionales. Es una crisis mundial y por ello el malestar y la protesta se expresan en todas las latitudes, no como fruto de alguna conspiración sino por el agotamiento de sus estados nacionales y de su sistema democrático representativo.

Quedan sobre la mesa grandes y fundamentales temas por analizar. En primer lugar, el futuro del Estado nacional y de su expresión y desdoblamiento regional. En segundo lugar, la definición de la política para compenetrarse con esas nuevas realidades. En tercer lugar, el papel del Estado en las nuevas dinámicas económicas y en la administración de una justicia renovada. Podrían ser los puntos centrales de la agenda de un debate, que debe abrirse una vez resuelta la primera. Podría ser el primer paso hacia una reforma constitucional para perfeccionar la actual; indudablemente como punto de llegada y no de partida de este proceso de transformación que se inicia.

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Las demandas sociales y la tributación

https://www.elespectador.com/, 2 Dic 2019 

Por: Salomón Kalmanovitz

Frente a la movilización de un gran número de organizaciones y personas por un gran pliego de peticiones, Duque se rehúsa a negociar y va tirando caramelos para ver si algunas de ellas se engolosinan. Intenta disfrazar su regresiva reforma tributaria bajo el manto de un “timonazo social”, cuya bandera insignia es la devolución del IVA a los hogares más vulnerables, en montos de $70.000 bimensuales por cada miembro de familia.

Es extraño que se hable de devolución de impuestos al 20 % de las familias más pobres cuando consumen pocos artículos tasados con el IVA, que recae sobre los alimentos procesados y artículos del hogar, y no es cobrado en el sector informal donde mercan estas familias. El Ministerio de Hacienda calcula el costo de la medida en $2,2 billones, repartido, digamos, entre nueve millones de personas, comparado con los $9 billones que se les devuelven a unas 10.000 empresas en la misma reforma.

Se anuncia que el IVA se va a reducir del nivel actual de 19 % al 18 % el año entrante y al 17 % en 2021. Esto es jugar de nuevo con un desfinanciamiento del presupuesto, cuando se mantienen las exenciones para los más ricos. También se reduce gradualmente el aporte a la salud de las pensiones bajas (que son casi todas las del régimen privado), que hoy pesa 12 % del magro ingreso de las personas mayores que tienen suerte en haber obtenido algo de pensión.

La perla del proyecto consiste en los tres días al año en que no se cobrará el IVA, lo cual beneficiará a las personas que tienen capacidad de ahorro y se pueden esperar a que se les descuente el IVA de los artículos que decida el Congreso en su sabiduría y generosidad. Según Leopoldo Fergusson, “es populismo puro: costoso, erosiona la cultura tributaria, reduce el recaudo y encima no beneficia a los más pobres”.

Las demandas de los organizadores de la movilización no son solo económicas: cumplir con el Acuerdo de Paz y proteger la vida de dirigentes indígenas y afros, como también la de los desmovilizados; garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión, y, muy importante, cumplir el pacto contra la corrupción del cual renegó Duque. Las económicas incluyen la generación de empleo, especialmente para los jóvenes, una cuarta parte de los cuales está desempleada; ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad del sistema en todos sus niveles; curar la calidad de la salud que ofrece el sistema y diseñar un régimen pensional justo que aumente la cobertura y garantice condiciones dignas a los pensionados.

Según la exposición de motivos, la reforma de Carrasquilla busca balancear el Presupuesto General de la Nación, aumentar el crecimiento económico, avanzar en progresividad tributaria, simplificar el sistema y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Lo que va a producir es un aumento del déficit fiscal que deberá ser cubierto con endeudamiento adicional, no tiene por qué aumentar el crecimiento, sigue siendo regresiva al devolverles impuestos a los más ricos y pone en riesgo la sostenibilidad del país en el mediano plazo. Se trata de una poderosa bomba fiscal que debe estallar en dos años.

La única forma de comenzar a satisfacer las demandas de la movilización de tantos sectores es con un aumento sustancial de los impuestos. Es lo contrario de lo que buscan el Centro Democrático y el presidente Duque con esta reforma tributaria a la que se le untó tardíamente un tris de mantequilla social.

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Pensiones, una reforma inaplazable

elnuevosiglo.com.co/, Diciembre 01, 2019 

Redacción Economía

    

Foto Mintrabajo

Los expertos insisten en que es necesario hacerla. Señalan que el principal problema del sistema actual es que la mayor parte de los subsidios están dirigidos a las personas de mayores ingresos.

Uno de los elementos más importantes del paquete social que se incluyó en la ponencia de la reforma tributaria, que tendrá esta semana su primer debate en las comisiones terceras conjuntas, es la disminución de manera gradual el aporte en salud del actual 12% a 4% para los pensionados que reciben un salario mínimo.

Este proyecto, al que ya se había comprometido desde 2013 el anterior gobierno, acabó por descartarse por su costo fiscal en 2017. Los beneficiados de la reducción en la cotización al régimen contributivo de salud iban a ser 2,1 millones de personas que están pensionados en el país (entre los de los fondos privados, Colpensiones y regímenes especiales) de los más de 6 millones de adultos mayores que se estima están en edad de jubilación. De ese total, la mayoría recibe al mes entre uno y dos salarios mínimos y solo en el Régimen de Prima Media (RPM) se estima que más de 636.000 jubilados devengan un salario mínimo.

La reducción del aporte se realizaría en un plazo de tres años. “Los pensionados en Colombia van a tener a través de esta Ley de Crecimiento Económico el cumplimiento de un sueño, y es la reducción del aporte a salud, que empezará el año entrante con la reducción del 12% al 8%, seguirá en el 8% y llegará al 4% en 2022. Es un proceso gradual, es un proceso efectivo”, dijo el Presidente el pasado martes cuando anunció las propuestas.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda señalan que el primer bajonazo, hasta el 8%, le implicaría al Estado asumir un costo fiscal de unos $400.000 millones, en tanto que la rebaja hasta el 4% supondría que la Nación pague $900.000 millones cada año por asumir este porcentaje adicional.

Además, como cada año hay más pensionados y va aumentando el salario mínimo, el Gobierno calcula que anualmente esta renta le aumentaría aproximadamente en $100.000 millones. No es gratuito que el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmara que esta medida “ha sido reclamada hace mucho tiempo”, pero “tiene un costo fiscal que puede ser importante”.

El directivo planteó que si el país tiene un espacio adicional para gastar en este frente, “el foco debería estar en el 75% de los adultos mayores que hoy no tienen acceso a una pensión contributiva, por ejemplo aumentando sustancialmente la cobertura de los más vulnerables a través del programa Colombia Mayor”.

El presidente de la Asociación Nacional de Pensionados, John Díaz, destacó como un gesto positivo el planteamiento de reducir los aportes para los pensiones, sin embargo, aseguró que dicha propuesta debería ampliarse para lograr mayor cobertura de ciudadanos. “Nos pareció bien que por lo menos el presidente de la República, Iván Duque, retomó el tema, aspiramos que se tenga en cuenta la propuesta que hicimos el pasado 12 de julio en el sentido de que se descuente el 2% cada año a partir de 2020 hasta 2024, para llegar al 4%, pero para quienes tienen 4.9 salarios mínimos”, dijo Díaz, quien además señaló que “los pensionados en los últimos 25 años hemos perdido el 34.87%, sobre todo los que tenemos un poquito más del salario mínimo, porque a nosotros nos aumentan es por el IPC”.

Cifras del sistema actual

En el pasado lunes en el seminario ‘Elementos para una reforma pensional en Colombia’, organizado por Fedesarrollo, expertos entregaron un panorama del estado del sistema actual. De acuerdo con sus intervenciones se hace necesaria una reforma pensional para solucionar los principales problemas que existen.

El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, manifestó que actualmente el sistema pensional asegura “un ingreso en la vejez únicamente a 20 de cada 100 colombianos” y si no se realiza una reforma “las proyecciones muestran que este número disminuirá con el tiempo”.

El viceministro señaló que uno de los principales problemas del sistema actual es que otorga “grandes subsidios a grupos poblacionales que no los necesitan”. Por lo tanto un pilar de un nuevo sistema debe ser “la focalización de los subsidios a la población más vulnerable y que más requiere de dichos recursos”.

En materia de gasto, de acuerdo con la presentación, el nivel actual del gasto en beneficios a la población mayor, “aunque es alto, es sostenible”. Sin embargo, “no se puede aumentar de manera significativa”.

Colombia actualmente ocupa el quinto puesto entre los países de América Latina con mayor gasto en pensiones, el cual alcanzó 3,4% del PIB en 2018. El país está 15 puntos porcentuales por debajo del promedio de cobertura en el régimen contributivo y en el total.

El Viceministro reiteró que la discusión de la reforma tiene cuatro puntos inamovibles: no se modificará la edad de pensión, se respetará la pensión de sobreviviencia, se respetarán los derechos adquiridos y, como se señaló anteriormente, se focalizarán los subsidios en las personas más vulnerables.

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, manifestó que el país tiene un sistema de protección a la vejez “dividido en dos regímenes contributivos que compiten entre ellos y dos regímenes solidarios que dejan mucho que desear”. Así mismo, tiene “bajísima cobertura y es muy inequitativo e insostenible en su componente público”.

De acuerdo con Asofondos, si no se reforma el sistema pensional, “para 2055 vamos a contar con más de 14 millones de adultos mayores, si no hacemos nada más de 8 millones sin protección en la vejez”.  

El gremio de las aseguradoras de fondos de pensiones señaló que una reforma pensional debe tener en cuenta estos elementos: unificar el régimen contributivo en uno solo. Adicionalmente, el régimen debe ser de ahorro y capitalización: “el envejecimiento de la población y la informalidad hacen inviable el reparto total o un pilar parcial de reparto puro, pero puede tener un fondo de reserva, que se ahorra”.

Además, consideró que la eliminación gradual de los subsidios a las pensiones altas permitirá ampliar la cobertura de los pilares solidarios y se deben respetar los derechos adquiridos de los pensionados y las expectativas legítimas de quienes están a pocos años de pensionarse.

A su turno, el director de Fedesarrollo indicó el sistema actual “solo cubre al 35% de la población activa y al 25% de las personas en edad de pensión”.

En el mismo sentido de los anteriores expositores, Mejía señaló que la mayor parte de los subsidios a las pensiones recaen en las personas con mayores ingresos. Según Fedesarrollo, el 74% de los subsidios son recibidos por el 40% con mayores ingresos.

La organización señaló que una reforma pensional es necesaria, pero no suficiente, ya que se requieren reformas en el mercado laboral. Así mismo, indicó que “no hay que dejar de lado reformas paramétricas, concertadas y diferidas en el tiempo. Son difíciles políticamente, pero más temprano que tarde tendrán que ser implementadas”.

Otro elemento importante para una reforma, de acuerdo con Fedesarrollo, es que es “fundamental incrementar la competencia en el régimen de ahorro privado y revisar barreras a la entrada, concentración”.

Mesa de concertación

El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones las eventuales propuestas de reforma pensional y laboral pasarán antes por la Mesa de Concertación Laboral.

“Es el momento de aclarar que de plantearse unas reformas pensional y laboral, estas pasarán primero por la Mesa de Concertación. Tampoco se acabará Colpensiones. No se le van a acabar los derechos a los trabajadores y mucho menos se le va a bajar el sueldo mínimo a nadie”, sostuvo la ministra de Trabajo, Alicia Arango. La titular de la cartera laboral fue enfática al afirmar que “al hablar de las reformas pensional y laboral, se genera preocupación por parte de los trabajadores y empleadores, sobre qué se va a presentar. Si este es el Gobierno del Diálogo Social, hay que discutir entre todos qué es lo que necesita este país y ponernos en la realidad de lo que hay. Lo primero, es reconocer cómo es el mundo laboral, qué está pasando y cuáles serían las mejores alternativas”.

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