Plan de Desarrollo: estos son los ganadores y los perdedores

eltiempo.com, REDACCIÓN EL TIEMPO, 

03 de mayo 2019 

Reunión entre ponentes y Gobierno sobre el Plan de Desarrollo.

Foto: 

Cortesía Planeación Nacional

Durante tres días de extensas jornadas la Cámara de Representantes resolvió el trámite del complejo proyecto del Plan de Desarrollo que, finalmente, salió transformado, en comparación con la propuesta original del Gobierno, que tenía  183 artículos. Quedó con 336 artículos, tras la eliminación de 12 y la votación negativa de 1.

El Senado acogió el texto aprobado y aquí está lo más sonado, además de los ganadores y perdedores.

1. Pensiones.

Los 10 artículos relacionados con pensiones habían sido eliminados en bloque, de la ponencia en votación, pero algunos fueron revividos, según fuentes del Legislativo, a petición del Gobierno. 

ARTÍCULO 59. Con este quedó incluida la medida que busca eficiencia en administración de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ARTÍCULO 197. El que establece un piso de protección social para quienes tienen ingresos menores que el salario mínimo.

ARTÍCULO 202. Promoción de beneficios económicos periódicos (Beps).

ARTÍCULO 204. El relacionado con la financiación de las obligaciones pensionales con recursos el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet).

Ganó: 

Un alto porcentaje de colombianos que no tienen posibilidad de recibir una pensión y podrán acogerse a los Beps.

Perdió: 

Colpensiones tendrá que dirimir las demandas por traslados de colombianos que dicen que no recibieron información para tomar la decisión.

2. Electricaribe

El salvamento financiero a Electricaribe fue aprobado a través del siguiente paquete de artículos.

Artículos 311, 312, 313, 314, 315 y 316 

Ganó: La población de 8 departamentos de la región Caribe tendrá la posibilidad de continuar recibiendo el servicio de energía.

Perdió: La población colombiana de los estratos 4, 5 y 6 de todo el país tendrá que aportar una cuota para el salvamento de la entidad.

3. IVA de la gasolina

Se mantuvo la reducción al 5 % en la tarifa de IVA para combustibles

líquidos derivados del petróleo y prohibición de descontables planteada en el ARTÍCULO 339. Este artículo no fue incluido en los debates de las comisiones económicas, que son las especializadas en estos temas.

Ganó: El Gobierno se quitaría una enorme carga de subsidios a los combustibles que se otorgan a través del Fondo de Estabilización de Precios, que tiene cuentas deficitarias por 14 billones de pesos.

Perdió: Los consumidores de combustibles esperaban que el precio se redujera ante la aplicación de la medida, pero no será así según analistas.

4. Sin actualización catastral

ARTÍCULO 89. Eliminado del Plan de Desarrollo. Buscaba pedir una contribución catastral a los municipios para actualizar la información que les permite cobrar el impuesto predial.

Ganó: La ganancia es política, pues el Congreso sustentó que le estaban quitando un peso financiero a los entes territoriales. 

Perdió: Los municipios nunca han podido actualizar el catastro que les permitiría mayores ingresos por cuenta de cobrar el impuesto predial acorde con el valor actual de los predios. Solo el 5 % del país tiene la información al día.

5. Industria nacional

ARTÍCULO 274. ARANCEL A LAS IMPORTACIONES. 

Se planteó para proteger a la industria nacional de las ventas baratas de productos que vienen desde el exterior. Consiste en imponer un arancel de 37,9 % a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, es decir, los textiles.

Ganó: Los productores nacionales.

Perdió: El consumidor puede tener precios más altos por menos competencia de productos importados. 

Gremios como Andi y Fenalco se mantuvieron en contra de esta propuesta, por considerar que el tema no debe ser definido en una ley como la del Plan de Desarrollo, sino por intermedio del Ejecutivo.

6. Impuestos o reforma tributaria

Desde varios frentes se habló de que en el Plan de Desarrollo se había incluido toda una reforma pensional. La Andi identificó 30 artículos de los cuales, solo 1 fue eliminado (el 89) y los demás aprobados. Estos son: 

ARTÍCULO 19. Contribuciones especiales a favor de la CREG, CRA y superintendencia de servicios públicos.

ARTÍCULO 66. Rentas exentas de personas naturales a partir del año

gravable 2019.

ARTÍCULO 67. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas

por sociedades nacionales.

ARTÍCULO 71. Declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio en

formulario único.

ARTÍCULO 77. Contribución de la SuperSalud.

ARTÍCULO 116. Contribución de la SuperTransporte.

ARTÍCULO 137. Contribución para laudos arbitrales de contenido económico.

ARTÍCULO 173. Crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación.

ARTÍCULO 175. Deducción por donaciones e inversiones en investigación.

ARTÍCULO 176. Descuento para inversiones y donaciones realizadas en

investigación.

ARTÍCULO 179. Incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes

no convencionales.

ARTÍCULO 195. Becas por impuestos para universidades públicas y privadas.

ARTÍCULO 219. Estampilla para el bienestar del adulto mayor.

ARTÍCULO 232. IVA – Bien excluido pasa a exento (Arroz para consumo

humano)

ARTÍCULO 268. ZESE - Zona económica y social especial para La Guajira,

Norte de Santander y Arauca.

ARTÍCULOS 272 y 273. IVA – Bienes excluidos pasan a exentos (Bicicletas,

Motocicletas y Motocarros) .

ARTÍCULOS 274 y 275. Arancel a las importaciones (Textiles).

ARTÍCULOS 285. Obras por impuestos – Priorizar municipios PDET.

ARTÍCULOS 300. Fondos de estabilización de precios del sector agropecuario.

ARTÍCULOS 311. Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al

fondo empresarial en el territorio nacional.

ARTÍCULOS 312. Sobretasa del 1% a la contribución de la superintendencia

de servicios públicos.

ARTÍCULOS 337. Exoneración de parafiscales y salud para cooperativas.

ARTÍCULOS 338. Tasa por la realización de la consulta previa. 

ARTÍCULO 339. Reducción al 5% en la tarifa de IVA para combustibles

líquidos derivados del petróleo y prohibición de descontables.

7. Facultades para el Presidente

Fue uno de los temas por los cuales, al Gobierno le convenía que el Senado interviniera la ponencia que aprobó la Cámara. En el Senado está la fuerza política del Gobierno (el Centro Democrático). La Cámara le quitó dos de las 5 facultades extraordinarias para que el mandatario del país pudiera hacer transformaciones sin pasar por el Congreso. Estos son los Artículos.

ARTÍCULO 330. Eliminado. Buscaba transformar el Sistema General de Participaciones (SGP).

ARTÍCULO 331. Con esta facultad el primer mandatario podrá fusionar entidades.

​

ARTÍCULO 333. Podrá suprimir o reformar trámites.

ARTÍCULO 334. Eliminado. Con ellas podría suprimir, fusionar o modificar consejos, comités.

ARTÍCULO 335. Podrá hacer modificaciones presupuestales para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión.

Ganó: Desde el punto de vista del Congreso, ganaron las regiones, pues no pierden la autonomía regional para manejar los recursos del SGP

Perdió: Perdió el Gobierno nacional.

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EDITORIAL: Reforma pensional: El debate empezó

Por: Dinero.com02/05/2019 

La reforma pensional pone en jaque al gobierno y molesta a la ciudadanía.

 Foto: Pixabay

A principios de este año el Gobierno anunció su interés de adelantar una de las reformas más impopulares y controvertidas: la pensional. El tema es tan sensible que el primer debate surgió en el propio Gobierno. En efecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha planteado la posibilidad de hacerla este año, mientras la ministra de Trabajo, Alicia Arango, prefiere dejarla para 2020.

Más allá de las fechas, de las coyunturas y coincidencias electorales, y del poco margen de maniobra político del Gobierno en el Congreso, la pensional es una reforma clave para el país.

¿Razones? Primero, porque es necesario buscar un esquema de mayor equidad, que aumente la cobertura: solo 25% de la población se pensiona. De hecho, para el ministro Carrasquilla no se trata de una reforma pensional, sino de una transformación que permita proteger a la vejez.

Segundo, por el cambio en la pirámide poblacional de Colombia y el incremento en la expectativa de vida. Hace unos años, esta iba un poco más allá de los 70 años, pero hoy se habla de alrededor de 90.

Tercero, por la necesidad de focalizar los subsidios estatales en quienes más lo necesitan y no en aumentar los volúmenes de las pensiones de las personas que en su vida laboral tuvieron salarios altos.

Y cuarto, hay que analizar los dos regímenes pensionales que hoy conviven en el país: el de prima media de Colpensiones, donde hay subsidios del Estado, y el privado de los fondos de pensiones.

El tema tiene enormes sensibilidades. La propuesta de facilitar vía Plan de Desarrollo un traslado exprés entre regímenes para aquellos que perdieron la oportunidad fue rechazada y el Gobierno le quitó su respaldo en la discusión del Plan. Luego vino un fallo judicial: la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia accedió a las pretensiones de una ciudadana que argumentó que en su traslado del régimen público al privado no tuvo la información suficiente. Ella argumentó que la administradora de fondos de pensiones omitió explicarle que tal afiliación implicaba renunciar a la transición pensional. Y que tampoco le dijo cuál debía ser el capital mínimo para acceder a la pensión a cargo del fondo. Esta decisión podría tener un impacto directo en más de 15.000 procesos laborales que están a la espera en esta alta corte.

Antes ya había salido otro sobre la destinación a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) de los recursos de las devoluciones a las personas que no lograban pensionarse. Para algunos era una expropiación.

No se trata de un debate puntual sino de toda una decisión estructural. Como ha mencionado Fedesarrollo, no se debe pensar solo en una reforma al sistema general de pensiones, sino también en una reforma al mercado laboral y a la forma como se establece el salario mínimo. Esos temas van a ser claves en debates como la formalidad y la productividad.

Además, ajustar las variables será un tema crucial. Por ejemplo, tocar uno de los inamovibles del Gobierno, la edad de pensión, hoy de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Y aumentar las cotizaciones.

El debate comienza en un momento de gran tensión política por el poco margen de maniobra del Gobierno en el Congreso. Ya han empezado a sonar cambios en el gabinete que le permitirían a la administración Duque ganar respaldo y representación política. Sacar adelante la reforma no será una tarea sencilla: para algunos, si sacar una tributaria es complejo, una pensional es diez veces más difícil.

Pero hay otro tema fundamental de cara al inmediato futuro. Como quedó claro en la edición anterior, esta reforma es el mejor ejemplo de las diferencias entre la política económica y la economía política.

El tema pensional se presta para hacer populismo, pero cualquier medida podría dejar empeñado el futuro fiscal del país. No obstante, si prevalece la disciplina fiscal podría ser una reforma impopular, que se convertiría en un poderoso caballo de batalla para las elecciones de 2022.

Siempre ha sido considerada una reforma clave para el país, pero ningún gobierno recientemente se había dado la pela. Al menos ahora ya empezó la discusión.

Es necesario focalizar los subsidios estatales en quienes más los necesitan.

Le a también: Pensiones ya no habrá traslado express en el Plan de Desarrollo

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Así será la próxima reforma pensional

dinero.com, JUBILACIÓN | 5/2/2019 

La reforma pensional que quiere sacar adelante el gobierno Duque será la más dura de su mandato. Además de la viabilidad fiscal del país, tiene que avanzar en la búsqueda de un modelo con mayor equidad y cobertura.

Arrancó el debate pensional. Si bien el Gobierno anunció que radicaría una reforma solo hasta finales de este año, pasadas las elecciones regionales, la discusión sobre la situación y los cambios que requiere el sistema pensional se adelantó por cuenta de la inclusión de varios cambios en esta materia en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las polémicas decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Dos propuestas en el PND empezaron a agitar el ambiente político y económico.Por un lado, una norma que busca que los ahorros pensionales de quienes no alcanzaban a cumplir los requisitos para pensionarse sirvan para conformar los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y, por el otro, el artículo para facilitar el traslado exprés entre regímenes por un periodo de 4 meses sin importar cuánto tiempo le faltara a un afiliado para pensionarse, y que trató de ser incluido a última hora por un grupo de parlamentarios con el aval del Gobierno, recordaron las fuertes falencias de nuestro sistema pensional.

El tema de los Beps, por default, llegó a ser calificado por la oposición como una “expropiación” de los ahorros pensionales y una reforma pensional por la puerta de atrás. Para el Gobierno, el objetivo es ofrecer un “producto de retiro” para el grueso de la población que no cuenta con una protección para la vejez, dada la baja cobertura de nuestro sistema pensional.

Por su parte, el tema de los traslados exprés fue calificado por los fondos privados de pensiones como un “orangután”, dado su gran impacto fiscal y alta inequidad. Asofondos estima que la medida hubiera costado más de $50 billones y habría beneficiado a tan solo 170.000 personas, en su mayoría de altos ingresos, que se habrían beneficiado de los subsidios –para algunos altos y retrógrados– que entrega el sistema público. Otro gran problema.

Y para completar el panorama, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justiciapuso la lupa sobre los fondos de pensiones al acceder a las pretensiones de una mujer que pedía cambiar de sistema argumentando que había sido engañada para trasladarse del régimen público al privado cuando estaban en el periodo de transición. Esta decisión puso de nuevo en evidencia lo susceptible que es el sistema a las decisiones judiciales.

Todos estos hechos originaron fuertes debates que demostraron no solo el gran interés y sensibilidad que desatan los temas referentes a pensiones, sino la urgencia y el duro camino que le espera a la reforma pensional.

Por qué se requiere una reforma, qué propuestas hay ya sobre la mesa, cuáles son los grandes acuerdos y desacuerdos, qué enseña la experiencia internacional, qué va a hacer el Gobierno y cuál es el camino que le espera a la discusión en el Congreso son algunas de las preguntas que dejaron todas estas controversias. Es necesario ir por partes para entender qué sistema conviene más y cómo una eventual reforma afectará a cada uno.

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¿Reforma por qué?

Para el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la pensional es la reforma más importante que debe sacar adelante el país. Y no se trata solo de enderezar el rumbo de las finanzas públicas en el mediano plazo –tarea ya de por sí titánica–, y evitar la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras internacionales de riesgo, sino porque resulta inadmisible que el sistema pensional se haya convertido en una de las mayores fuentes de inequidad en el país.

Alberto Carrasquilla Ministro de Hacienda. El ajuste al esquema de protección a la vejez es la reforma más importante que debe sacar adelante este país, afirma el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Hoy tenemos un sistema de pensiones que no solo no pensiona y expulsa a la población más vulnerable, sino que entrega grandes subsidios a quienes menos lo necesitan.

En los últimos seis años más de 633.000 colombianos no han alcanzado a cumplir las condiciones para pensionarse y han tenido que recibir de vuelta los recursos que ahorraron para su retiro, un proceso que se denomina indemnización sustitutiva en Colpensiones o devolución de saldos en los fondos privados de pensiones. Mientras que, en este mismo periodo, en estos dos regímenes se han pensionado solo alrededor de 539.000 colombianos. De hecho, en la actualidad solo 1 de cada 5 colombianos mayores de 60 años recibe una pensión. Además, en promedio Colpensiones devuelve cerca de $5 millones a quienes no logran pensionarse, los fondos privados retornan cerca de $35 millones por intereses causados. Independientemente del tamaño de las cifras, no son suficientes para el futuro de estas personas en su vejez.

Esta baja cobertura tiene un agravante. El sistema le devuelve los recursos precisamente a la gente que no pudo completar el número de semanas requeridas para pensionarse –1.300 en Colpensiones o 1.150 en los fondos privados– que son precisamente las más vulnerables. Mientras que pensiona –y en el caso del régimen público otorga millonarios subsidios– a quienes han logrado cotizar activamente, que son generalmente las personas de mayores ingresos. Según el propio Departamento Nacional de Planeación (DNP), 65% de los subsidios pensionales está dirigido a 20% de la población con mayores ingresos.

A pesar de que las pensiones públicas son hoy uno de los mayores gastos del Gobierno, benefician solo a unos pocos. Esto hace que los subsidios pensionales empeoren la distribución del ingreso, pues son altamente regresivos.

Por estas razones, el Ministro de Hacienda y muchos expertos hablan de la necesidad de una “Reforma de Protección a la vejez”, como se ha denominado la reforma pensional. Y no se trata de un asunto semántico. “No hay que pensar únicamente en el 20% de la población que alcanzará los requisitos para pensionarse, sino en ese 80% que no tiene acceso a un ingreso para su retiro… y que hay que focalizar los subsidios en la población más vulnerable”, afirma Carrasquilla al explicar la propuesta de reforzar los Beps en el Plan de Desarrollo.

Es claro que, ante la baja cobertura, alta inequidad e insostenibilidad del sistema, hay un gran consenso sobre el carácter urgente de reformar el sistema pensional y acabar con esa perversa competencia entre el régimen público y el privado (ver recuadro: Así funciona hoy el sistema pensional colombiano, un arbitraje costoso).

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Las propuestas

Si bien hay un amplio consenso en varios temas como la necesidad de fortalecer los programas solidarios (Colombia Mayor y los Beps), el respeto a los derechos adquiridos, que el sistema público no siga otorgando subsidios a las personas de altos ingresos y una nueva arquitectura del sistema para que los regímenes no compitan, sino que se complementen, hay profundas diferencias sobre cómo lograrlo.

Hasta el momento ninguna de las propuestas que hay sobre la mesa ha logrado despertar el entusiasmo colectivo y las mayores diferencias están en el rol específico de Colpensiones en este nuevo modelo.

Fedesarrollo ha propuesto un sistema de “pilares”. Un pilar (el uno) de reparto manejado por el Estado y otro pilar (el dos) de ahorro individual administrado de manera privada. La novedad es que todos los trabajadores formales estarían en ambos regímenes. Se cotizaría por un mínimo en el primer pilar y las contribuciones por encima del mínimo irían a una cuenta individual del pilar dos.“Este diseño garantiza que quien aporta más recibe una mejor pensión y reduce los costos fiscales del sistema a cerca de 0,64% del PIB”, afirma Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo.

Para los expertos, pasar más de la mitad de la población a un régimen de reparto puro es inviable, pues dado el envejecimiento de la población habrá cada vez menos jóvenes cotizando para responder por la jubilación de cada vez más viejos. 66% de los afiliados cotiza sobre un salario mínimo y los que cotizan sobre dos salarios mínimos pesan otro 20%. Además, habría efectos nocivos sobre los niveles de ahorro y los mercados de capitales.

Luis F. Mejía Director de Fedesarrollo. Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la reforma pensional es necesaria pero no suficiente. Se requieren también cambios en materia laboral.

Según Asofondos, el objetivo de la reforma no debe ser reducir el actual déficit fiscal sino buscar la mejor pensión para todos los trabajadores. Por eso, consideran que el nuevo régimen pensional debe ser de ahorro y capitalización. Un sistema que ha demostrado que funciona, pues ha incrementado el ahorro –hoy hay más de $250 billones en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)– y el crecimiento de la economía. Según el gremio de los fondos privados, su propuesta no implica el “marchitamiento” de Colpensiones –como lo ha propuesto Anif– sino su fortalecimiento, pues la administración del sistema puede ser tanto pública como privada. Esto significa que podría crearse una AFP pública que compita bajo las mismas reglas de juego.

Sin embargo, algunos sectores consideran que el Estado no debería gastar recursos en temas diferentes a su rol social y que la propuesta no es solidaria y lo que busca es mantener la administración de los recursos mayoritariamente en manos privadas.

Además, consideran que si el camino es un sistema basado en el ahorro hay que buscar una mayor competencia entre los fondos y flexibilización del régimen de inversiones, así como unas comisiones más transparentes y reactivar el mercado de rentas vitalicias para poder contar con productos de retiro, entre otros temas.

Muchos critican que los fondos privados sean un sistema tan concentrado –donde 2 jugadores que pertenecen a grandes grupos financieros tienen 87% del mercado– y que reciban altas comisiones por invertir en un portafolio totalmente regulado (todos terminan invirtiendo en lo mismo en una especie de “efecto manada”). Además, consideran que cuando empiece su etapa de desacumulación serán más evidentes los problemas de sostenibilidad e inequidad, por ejemplo, en temas como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM).

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Para Asofondos, este es un sistema muy joven y competido, sus comisiones sobre el saldo son bajas y la rentabilidad responde por dos terceras partes del valor del ahorro pensional. No obstante, reconocen que persisten retos para hacer que el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) sea un mejor régimen pensional y que haya incentivos a la diferenciación de las inversiones y a la generación de mayores retornos.

No obstante, es claro que ante la caída de las tasas de interés en el mundo hacia futuro será cada vez más difícil obtener buenos rendimientos, lo cual redundará en menores pensiones, como ha sucedido en otros países con este sistema. Esto hace que los enormes problemas pensionales no sean un tema exclusivo de Colombia.

La experiencia internacional también muestra que, si bien los sistemas de reparto son inviables, ante el envejecimiento de la población, la informalidad, la digitalización, el aumento de la esperanza de vida y la cada vez más escasa disponibilidad de recursos públicos, el Estado siempre tendrá un rol fundamental en los sistemas pensionales. No hay recetas únicas ni fórmulas mágicas.

Por tanto, es claro que la discusión no se puede plantear como un enfrentamiento entre sistema público versus un privado, los dos extremos son malos. Hay que encontrar en lo que cada uno es bueno y el equilibrio podría estar en una buena mezcla de los diferentes regímenes.

Un camino difícil

La discusión para encontrar ese equilibrio no será fácil. El Gobierno ya fijó algunos de sus inamovibles, como que no aumentará la edad de pensión –actualmente en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres– y que no tocará los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes están próximos a pensionarse.

Temas que para muchos expertos es un imposible si se quiere realizar una buena reforma. Algunos consideran que la promesa del gobierno Duque de aumentar la cobertura y bajar los subsidios sin tocar las edades es un imposible. Otros opinan que hay que revisar los impuestos a las altas pensiones y a aquellas jubilaciones excesivas que se obtuvieron con cargo a los recursos públicos.

Sin embargo, para otros expertos, como siempre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si bien desde el punto de vista técnico habría que aumentar la edad, no hacerlo aumenta la factibilidad política de la reforma. Pero la misma no está garantizada. Las dificultades que tuvo el Gobierno para aprobar la Ley de Financiamiento, sumadas a las dificultades en la discusión del Plan de Desarrollo siembran muchas dudas sobre la capacidad política del Gobierno para obtener acuerdos. Habrá que esperar si la salida de Jorge Mario Eastman, de la Secretaría General de la Presidencia, y una eventual recomposición del gabinete mejora los temas de gobernabilidad.

No obstante, es claro que siempre se sabe qué reforma entra al Congreso, pero no cuál sale. Más considerando que hay unos fuertes grupos de poder con influencia en la opinión pública y a quienes les conviene el statu quo.

Expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, consideran que la reforma pensional es necesaria pero no suficiente. Para resolver los problemas estructurales que tenemos, como la baja cobertura, se requieren también cambios en el mercado laboral para atacar la informalidad, modificar el salario mínimo y mayor productividad, entre otros temas.

Ningún sistema pensional funcionará con tan bajos niveles de cotización, solo 43% de la población económicamente activa cotiza regularmente a seguridad social –9,3 de 21,6 millones de ocupados– y, por lo tanto, solo una minoría logrará cumplir con los requisitos para acceder a una pensión. Esta minoría corresponde a las personas de mayores ingresos, quienes típicamente son los que cuentan con trabajos más estables.

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En contraste, los trabajadores informales no alcanzan a cumplir con los requisitos de tiempo o de monto para estar en el sistema o para pensionarse. Se estima que estas personas pasan casi la mitad de la vida laboral sin cotizar: un colombiano cotiza a la Seguridad Social en su vida laboral en promedio solo 754 semanas (14 años). 58% del tiempo total requerido de 1.300 semanas (25 años) para obtener la pensión.

Si no se corrigen estos temas, los jóvenes desempleados serán ancianos desprotegidos. Por tanto, además de una reforma pensional el país requiere medidas en el mercado laboral para crear más y mejor empleo.

Lo que dejó este debate

Las polémicas recientes recordaron no solo la urgencia de la reforma pensional sino las grandes dificultades que enfrentará dicho proceso.

El fuerte ruido y álgido debate generado demuestran la sensibilidad de la opinión pública frente a estos temas. No obstante, el alto desconocimiento de la población y complejidad del sistema hacen que se preste no solo para todo tipo de argumentos sesgados, mentiras y verdades a medias, sino para un gran populismo legislativo y manipulación del electorado.

Por tanto, el Gobierno deberá mejorar la comunicación y hacer una gran pedagogía sobre los cambios que se buscan. Se requiere un debate amplio y técnico, basado en cifras y en la misma realidad. Ante la gran cantidad de intereses y diversidad de actores no será fácil lograr los consensos que se requieren. Valdría la pena empezar por los principios que se deberían perseguir con la reforma.

Para esto, el ejercicio que está haciendo el Gobierno en cabeza de los Ministerios de Trabajo y Hacienda de haber creado una Comisión de Reforma de Protección a la Vejez parece ir por la vía correcta. Después de la discusión del PND, la pensional será la prioridad del Gobierno y tendrá un camino largo y empinado con muchos obstáculos. Pero hay que comenzar a ponerle plazos.

Las reformas estructurales no son fáciles y requieren una gran dosis de responsabilidad y grandeza. Este tipo de ajustes tienen el gran problema de que sus beneficios se ven solo en el largo plazo, pero los costos políticos pueden ser inmediatos dado que, por lo general, requieren medidas impopulares, difíciles de explicar, que pueden ser utilizadas por la oposición.

Alicia Arango Ministra de Trabajo. La Ministra de Trabajo, Alicia Arango, se propuso llevar al Congreso una propuesta lo más consensuada posible y por esto creó una Comisión de Reforma.

Por esto, este tipo de reformas requieren una gran decisión política y liderazgo por parte del Gobierno. Se requerirá también grandeza por parte de todas las partes para pensar no en la siguiente elección sino en la siguiente generación, no en su propio bolsillo sino en el impacto que tendrá esto para sus hijos y nietos.

Si bien es un problema que se viene discutiendo y está diagnosticado desde hace varios años, los últimos gobiernos no han hecho mayores esfuerzos para desactivar esta bomba de tiempo pensional, social y fiscal. Sin embargo, parece que le llegó el momento a la discusión, pues a medida que pase el tiempo será más difícil hacer una buena reforma, afirma Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, quien agrega que esta no es “la reforma de Duque” sino que se requiere construirla entre todos, la requiere el país. No podemos seguir gastando en el pasado sino comenzar a construir el futuro.

Así funciona hoy el sistema pensional colombiano

Cuando se crearon los Fondos de Pensiones Privados en 1993, no se modificaron las condiciones del sistema público. Por eso quedaron coexistiendo y compitiendo dos regímenes con reglas distintas para el acceso a la pensión. Este sistema “dual” de pensiones no solo implica complejidad y desconocimiento entre la población, sino una gran inequidad. El régimen privado está basado en cuentas individuales y la pensión es función del ahorro que hace cada persona durante su vida laboral y los rendimientos que estos generan. Por su parte, en el régimen público o de reparto la pensión no depende del ahorro sino de parámetros como el salario promedio de los últimos 10 años y las semanas cotizadas, por lo que terminan otorgándose altos subsidios con cargo al Presupuesto de la Nación.

Esto ha generado un costoso arbitraje en el que la estrategia “ideal” para muchos se convirtió en ahorrar en los fondos privados y faltando 10 años para pensionarse, cuando debe tomar la decisión del traslado (47 años si es mujer o 52 años si es hombre), pasarse al régimen público donde tendrá altos subsidios si logró completar las 1.300 semanas de cotización.Con esto, según la consultora Mercer, los fondos privados estarían pensionando sin subsidio al grueso de los cotizantes de bajos recursos, y el Régimen público de Prima Media (RPM) estaría pensionando (con subsidio) a los cotizantes de más capacidad económica. Esto es el mundo redistributivo al revés.

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¿Por qué hay que hacer una reforma pensional?

Existe consenso sobre los problemas y la necesidad de realizar un cambio integral al sistema de protección a la vejez

Baja cobertura. De los 6 millones de adultos mayores de 60 años que habría hoy en el país, solo 1,3 millones obtuvieron una pensión por el Sistema General de Pensiones (Colpensiones y Fondos Privados), 1,5 millones reciben un pequeño subsidio mediante el programa de Colombia Mayor y más de 3,1 millones no tienen ningún tipo de ayuda para su vejez. Es decir, que la mayor parte de esta población está totalmente desprotegida por el sistema. Sin una reforma, la situación solo empeorará. Las proyecciones muestran que para 2055 habría alrededor de 8,3 millones de adultos mayores sin un solo peso para su vejez.

Alta Inequidad. El sistema público de pensiones no solo brinda altos subsidios a las personas de mayores ingresos, sino que termina expulsando a los que menos tienen. Por esto, entidades como Anif hablan del sistema como un Robin-Hood al revés.Mientras que alguien que cotice por $8,3 millones puede recibir un subsidio a cargo del estado cercano a $500 millones, el subsidio para una persona que devengue $1,2 millones no será más de $74 millones, lo cual muestra la alta regresividad del sistema. Lo más perverso es que a quienes no logran cumplir las condiciones para pensionarse el sistema público les devuelve los ahorros sin ningún tipo de rendimiento.Insostenible.

El gasto público en pensiones es el más grande que hace hoy el país –este año se destinarán alrededor de $39,4 billones del presupuesto–. El problema es que está concentrado en pocos, alrededor de 2,1 millones de pensionados (como referencia, Colombia Mayor tiene 1,4 millones de beneficiarios y cuesta $1,6 billones). Y esto ha sido así desde que se agotaron las reservas del sistema público en 2004, momento desde el cual se han gastado más de $370 billones. Cada nuevo traslado significa un alivio para las finanzas públicas a corto plazo, pero es un gran costo hacia el futuro.

Así se cocina la próxima reforma pensional

Con el objetivo de lograr un amplio consenso antes de presentar la reforma y no repetir los errores de otras iniciativas, el Gobierno decidió crear una Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, liderada por los Ministerios de Hacienda y Trabajo, para escuchar las propuestas de los diferentes grupos de interés.

Todos los viernes a las 8 de la mañana desde mediados de marzo se reúnen en un auditorio del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Hacienda, todos los actores del sector público que tienen que ver con el tema: DNP, Unidad de Regulación Financiera (URF), Ministerio de Salud, Superintendencia Financiera, UGPP, Colpensiones, URF, así como los delegados del Ministerio del Trabajo y Hacienda.El objetivo: recoger los puntos de vista, preocupaciones y propuestas con respecto al tema pensional de todos los interesados: sindicatos, los pensionados, los gremios, los centros de investigación, la academia, las entidades multilaterales, los partidos políticos y la rama judicial,Las presentaciones de cada audiencia serán de carácter público y se colgarán todas en un sitio web que se lanzará aproximadamente en dos semanas. Encontrar una reforma que deje contento a todo el mundo no será fácil, incluso al interior del mismo Gobierno. Se requerirá gran coordinación.

Reflexiones al tema pensiones
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Plantean subir cuota para ayudar a quienes no completan su pensión

eltiempo.com, 01 de mayo 2019 

Por: Carlos Arturo García M.

 

En Colombia, un alto porcentaje de las personas que está en edad de pensionarse no tiene forma de lograrlo.

Foto: 

Mauricio Moreno/Archivo EL TIEMPO

A febrero, el FGPM manejaba $21 billones. 16.000 pensiones otorgadas por AFP dependen de ese fondo

La posibilidad de que a futuro los recursos que maneja el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) se puedan agotar, por cuenta del mayor pago de mesadas que tendrá que hacer a los afiliados a los fondos privados (AFP) que no alcancen a ahorrar lo suficiente para su jubilación, tiene haciendo cuentas a expertos quienes comienzan a plantear la posibilidad de elevar el aporte que hoy hacen millones de colombianos a dicho fondo.
“Como en cualquier fondo común, el impacto de la transición demográfica va a hacer que la presión sobre los egresos (del FGPM) sea cada vez mayor, por lo que, para asegurar su sostenibilidad, será necesario hacer cambios paramétricos como aumentar el valor destinado a este fondo, aumentar (las) semanas requeridas y/o aumentar (la) edad”, advierte un análisis de un grupo de investigadores encabezado por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que hace parte de los documentos del Cede de la Universidad de los Andes.

Hoy, un trabajador afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) destina el 16 por ciento de su salario al sistema pensional. De ese porcentaje, 11,5 por ciento va directo a su cuenta individual en la AFP; 1,5 por ciento se destina al FGPM, mientras 3 por ciento se dirige al pago del seguro previsional y de la comisión del fondo privado que administra.

Solidaridad, otro aporte

Además, los trabajadores que devengan más de cuatro salarios mínimos hacen un aporte adicional del 1 por ciento, recursos que van al Fondo de Solidaridad, para atender programas como Colombia Mayor, que subsidia a quienes no cuentan con ningún sustento para su vejez.

Para acceder a dichos recursos la persona debe estar afiliada a una AFP, haber completado 1.150 semanas requeridas para su jubilación, cumplido la edad (57 años, mujeres, y 62, hombres) y no tener ingresos superiores a un salario mínimo legal.

El temor de los investigadores radica en que, a la vuelta de un par de décadas, cuando el Rais haya madurado aún más, buena parte de las pensiones (85 %) que se otorguen por vejez en el país correrán por cuenta de las AFP, y de estas el 68 por ciento tendrá que ser subsidiada o completada con recursos del FGPM, dado que las personas no alcanzarán a ahorrar lo suficiente para sus mesadas.

Para la misma época, solo el 18 por ciento se jubilará con ahorros propios y el 14 por ciento se pensionará en el Régimen de Prima Media (Colpensiones).

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“De aquí al año 2055, tendremos que 7 de cada 10 adultos mayores no recibirán una pensión. Para el 2055, más de 8 millones de colombianos en edad de pensionarse no tendrán pensión ni ingreso vitalicio en la vejez (Beps o Colombia Mayor)”, dicen los investigadores.

Hasta diciembre del año pasado, cerca de 16.000 colombianos —25,1 por ciento de los 63.650 jubilados por vejez en las AFP— habían logrado su pensión de salario mínimo, pese a no contar con ahorro suficiente, aunque sí las 1.150 semanas.

Pero cálculos de los investigadores, contenidos en su análisis ‘Un modelo para evaluar el sistema pensional colombiano’, apuntan a que, en un escenario de largo plazo (2055), el número de personas a quienes se les tendrá que completar su mesada de salario mínimo con recursos del FGPM se elevará hasta 2,5 millones.

Así opera el fondo

Hoy, el Fondo de Garantía acumula recursos cercanos a los 21,2 billones de pesos —poco más de 2 % del producto interno bruto (PIB)—, aportados por 15,7 millones de afiliados a los fondos privados, según datos de la Superintendencia Financiera.

Según fuentes oficiales, ese fondo aún está en etapa de acumulación. Se estima que cada año le ingresan entre 1,6 y 2 billones de pesos (164.000 millones cada mes).

Esa etapa de acumulación de recursos, según los autores de la investigación, irá hasta el 2041, cuando alcanzará unos 325 billones de pesos, 5,5 por ciento del PIB. Pero, a partir de ese momento, se iniciará la etapa de desacumulación de recursos, debido a que se tendrá que hacer un mayor número de pagos de pensiones, lo cual lo llevará a un nivel cercano al 2,5 por ciento del PIB.

“Aunque el FGPM no se agota durante los años que se están analizando (a 2055), de mantenerse las fuentes de ingreso inalteradas y la concurrencia asociada al pago de pensiones de salario mínimo, es de esperarse que se agote a mediados de los 60”, advierten los analistas.

Las personas que no alcanzan a reunir el capital suficiente para su pensión, si cumplen con los demás requisitos, pueden ser beneficiarias de la garantía de pensión mínima

Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, gremio que reúne a las AFP que operan en Colombia, explica que a las personas que no alcanzan a reunir el capital suficiente para su pensión, si cumplen con los demás requisitos, pueden ser beneficiarias de la garantía de pensión mínima. Así, se les pagan las mesadas con su ahorro acumulado hasta cuando este se agote y, a partir de allí, la pensión se cancela con cargo a los recursos del FGPM.

De este fondo también salen recursos cuando los afiliados a las AFP deciden trasladarse de régimen. La administradora debe calcular los aportes que la persona ha hecho al FGPM y girar esos recursos a Colpensiones, junto con el ahorro y los rendimientos del afiliado.

El visto bueno para ser beneficiario de la garantía de pensión mínima lo otorga la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, encargada de hacer los cálculos, luego de recibir la información del afiliado.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

EL TIEMPO 

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