Por: Julia Alegre Barrientos
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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
A estas alturas, afirmar que la corrupción es un mal que afecta a todos los países en mayor o menor medida es irrefutable. Muchos expertos hablan ya de un fenómeno mundial que, en ciertos Estados, se ha incrustado en el imaginario colectivo como una plaga.
Colombia es una muestra: en mayo del año pasado, el 31 por ciento de los colombianos referenciaron la corrupción como su principal preocupación, de acuerdo con la encuesta de Gallup Poll de diciembre.
Ahora, la última edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que recoge la opinión de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, confirma estos recelos de la sociedad y rebaja el indicador para el país de 37 a 36 puntos, en una escala de 100 (siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio).
De esta manera, Colombia retrocede del puesto 96 al 99, entre 180 países evaluados, y regresa a los niveles del 2012, tras seis años de estancamiento.
Más preocupante si se compara con el resto de Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de la que es miembro: ocupa el penúltimo puesto de 36, solo por encima de México.
En la región, Uruguay y Chile son los líderes indiscutibles, muy por delante de Colombia, con una percepción de 70 y 67 puntos, respectivamente.
Para Andrés Hernández, director de Transparencia Colombia, estos números son un claro indicador de que las reformas y la legislación a este respecto en el país son todavía “pañitos de agua tibia” que no resuelven el problema estructural.
Asegura que la consulta anticorrupción, que llevó a las urnas a cerca de 12 millones de colombianos, fue el punto de partida para medir esa indignación ciudadana y que, ahora, el Gobierno y las diferentes fuerzas políticas deben sacar adelante las iniciativas a las que se comprometieron.
¿A qué atribuyen esta caída en la percepción?
Los escándalos de corrupción se han disparado entre 2017 y 2018, y cada vez hay una corrupción más compleja, difícil de atacar y con unos actores más sofisticados. Esta caída de 37 a 36 podría significar que Colombia empiece una tendencia a la baja si no se hacen esfuerzos adicionales.
La percepción es que no se están materializando las sanciones que corresponden, ni en términos de cárcel ni en devolución de los dineros; no hay una reparación del daño. La sensación es que tienes un escándalo y no pasa nada.
Frente a los países de la Ocde, la diferencia es muy grande…
En Transparencia Internacional celebramos la admisión de Colombia porque la organización tiene unas herramientas anticorrupción mucho más fuertes que las nuestras. El índice nos hace poner los pies sobre la tierra si queremos realmente aprovechar las experiencias de buenas prácticas del resto de miembros y tener mejores relaciones comerciales, pero tenemos un obstáculo evidente.
¿Los resultados pueden tener un efecto en la llegada de capital extranjero?
No significa necesariamente que vaya a dejar de llegar inversión extranjera, pero sí que va a ser más costosa y al Gobierno le va a costar más endeudarse cuando busque recursos en el extranjero.
La incertidumbre no ayuda a los inversionistas, y falta mucha seguridad jurídica. Hay estudios que plantean que la caída en el IPC reduce los flujos de inversión extranjera directa entre un 9 y un 15 por ciento.
¿Qué medidas prioritarias se deberían tomar para cambiar esta tendencia a la baja?
Necesitamos que el Ejecutivo sea mucho más preciso en focalizar sus esfuerzos de lucha contra la corrupción en los sectores de la educación, la sanidad e infraestructura, donde la corrupción tiene una incidencia muy grande.
Hay que darle una discusión mucho más técnica y transparente a la asignación del presupuesto nacional. Adicionalmente, se debe trabajar en la contratación pública y el empleo público, dos de las principales vías por las cuales el clientelismo sigue operando. Importantísimo fortalecer el sistema judicial, que sea legítimo, creíble y que sancione. Actualmente, nuestra justicia está muy golpeada por los escándalos de corrupción y por los grandes cuestionamientos al Fiscal.
Hay que introducir instrumentos más fuertes de rendición de cuentas y de prevención de conflicto de interés en los altos funcionarios del Estado (ministros, gobernadores, cortes, etcétera). En cuanto a reformas legislativas prioritarias, la protección a denunciantes de corrupción es una pieza clave que nos falta en el rompecabezas, porque los grandes casos de corrupción que salen a la luz siempre tienen detrás a un denunciante que tiene mucha información, pero tiene miedo.
La consulta anticorrupción sentó las bases para la creación de un gran pacto nacional contra la corrupción, pero este no ha avanzado mucho. ¿Qué opina al respecto?
El problema es que se está entendiendo como un choque de poderes políticos. Nosotros, junto con otras 70 organizaciones, ya le hemos dicho al presidente Duque y al Congreso que, más que tomarse la foto, ahora tienen que sacar el pacto adelante.
La agenda terminó convirtiéndose en una maraña de proyectos de ley, cerca de 25, sin focalización ni priorización. Hay un gran desorden, pero creemos que sí hay una oportunidad.
¿Qué ejemplos de buenas prácticas destacan en la región y en cuáles debería fijarse el país?
Chile hizo hace unos años un trabajo muy fuerte alrededor de la regulación de conflictos de intereses. Hoy puedes entrar a una plataforma electrónica y descargar la declaración de conflicto de interés de cualquier funcionario y puedes cruzar esa información con las decisiones que están tomando. Brasil hizo un trabajo muy importante sobre el principio de oportunidad y para generar incentivos a la delación. Así se logró destapar todo el escándalo de Lava Jato.
El 80 % de los colombianos creen que los gobernantes gobiernan para una élite reducida. Si se cruza esta percepción con la de ustedes, el panorama es bastante desolador…
Sí, y este resultado también coincide con la creencia de que la corrupción es el principal problema para los colombianos. Hay un mensaje dramático: que la corrupción paga.
Se roba mucho, la sanción penal es baja y la devolución de los recursos no existe. Pero el hecho de haber logrado que 12 millones de personas salieran a votar la consulta anticorrupción es un mensaje al Gobierno de la gran indignación ciudadana.
El presidente Iván Duque ha sido muy directo a la hora de decir que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades, así que el año que viene veremos los resultados.
Actos corruptos le cuestan a Colombia $ 50 billones al año
Más de 50 billones de pesos se pierden cada año en Colombia por la corrupción. La cifra es un estimativo hecho por la Contraloría General en el 2017. Precisamente son los tres entes de control -Procuraduría, Contraloría y Fiscalía- los que vienen desarrollando una guerra frontal contra este delito que permea todas las instancias en los ámbitos estatal y privado.
La Fiscalía, dentro de su plan Bolsillos de Cristal –en cabeza de Néstor Humberto Martínez–, ha detectado la pérdida de cerca de 5 billones de pesos por el accionar de funcionarios corruptos. Tiene en curso 2.780 investigaciones. De estas, 960 contra funcionarios del Estado y 183 de la rama Judicial.
Por su parte, la Procuraduría ha sancionado a 21 gobernadores, 550 alcaldes y 662 ediles, concejales y diputados por desviar los recursos asignados para sus regiones.
Casos que han sacudido el país
Reficar y los procesos por millonarios sobrecostos
La Fiscalía ha calificado como el mayor escándalo de corrupción el caso por las presuntas irregularidades en la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar).
La Contraloría ha encontrado hallazgos fiscales por más de 17 billones de pesos en el proyecto, el cual pasó de costar US$ 3.440 millones a 8.016 millones en su entrega. Por este caso, la Fiscalía ya imputó cargos a varios exdirectivos de Ecopetrol y exmiembros de la junta directiva de Reficar, así como a algunas de las empresas asociadas.
Odebrecht ya deja 91 personas investigadas
Los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht se han convertido en uno de los más grandes casos de corrupción en el país. Según las investigaciones de la Fiscalía, se habrían pagado coimas por más de 32,5 millones de dólares para quedarse con grandes contratos de infraestructura. Por este caso hay en total 91 personas investigadas penalmente, de las cuales ocho ya fueron condenadas, entre ellas el exviceministro de Transporte Gabriel García y el excongresita Otto Bula.
‘Carrusel’ de la contratación
A través de un ‘carrusel’ para repartir contratos, que estalló en el 2010, contratistas e, incluso, el entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, se quedaron con dineros para las obras viales, hospitales, el contrato de las ambulancias, entre otros millonarios negocios.
Por este escándalo se habrían perdido más de 2 billones de pesos; las investigaciones por el caso, que llevan ocho años, han logrado más de 20 condenas, entre ellas la de Moreno y los contratistas del Grupo Nule.
Juegos Nacionales del 2015 dejaron saldo en rojo
Ibagué fue elegida como sede de los Juegos Nacionales de 2015 porque era una de las capitales con mayores escenarios deportivos, pero los encargados de organizar los juegos derribaron varios escenarios para construir un gran parque deportivo. Cuando llegó la hora de inaugurar los juegos, la mayoría de escenarios tenían problemas, estaban en escombros y no se pudieron utilizar.
Finalmente, los juegos terminaron realizándose en Chocó porque no pudieron terminarse las obras a tiempo. En esos escenarios inconclusos se perdieron por lo menos 40.000 millones de pesos, según investigaciones de la Contraloría.
Escándalo de contratación del PAE
Luego de revisar los resultados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el que se distribuyen alimentos diariamente a unos 5 millones de niños en colegios del país, la Contraloría abrió más de 100 procesos que involucraban pérdidas por $ 84.000 millones. Por la entrega de alimentos de mala calidad, sobrecostos en la contratación y otras irregularidades con este programa, la Contraloría investiga fiscalmente a 5 gobernadores, 2 alcaldes, 3 congresistas, 6 exgobernadores y 52 exalcaldes, además de adelantar procesos penales en 8 departamentos que dejan 26 capturas y 31 audiencias de imputación de cargos.
JULIA ALEGRE BARRIENTOS
Redacción Domingo
En Twitter: @JuliaAlegre1
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