EDITORIAL
La Corte
Constitucional muy pronto se pronunciará sobre las 20 demandas en contra de la
última reforma tributaria, que de salir en contra del Gobierno podrían frenar
inversiones.
A mediados de este septiembre,
la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre las 20 demandas hechas
por fallas de constitucionalidad de la Ley 1943 de diciembre de 2018, la famosa
Ley de Financiamiento del ministro de Hacienda, Alberto Carraquilla, que quiso
denominar de esta manera a su reforma tributaria; iniciativa a la que juzgan
por tener vicios de forma en varios de los procedimientos en el Congreso, por
ejemplo, en su paso de la Cámara al Senado y el estudio consecutivo por ambas
corporaciones; así como también las publicaciones a las que están obligadas
todas las leyes en la Gaceta del Congreso.
Sea el momento de recordar que
la Cámara de Representantes hizo un buen análisis y una seria discusión de la
iniciativa gubernamental, cosa que no sucedió en el Senado, que no le dio el
tiempo necesario ni a la discusión requerida ni a su votación, pues adhirió su
opinión a lo que había hecho la cámara baja. En cuanto a la socialización y
sensibilización, que debe tener toda nueva ley en sus diferentes pasos por el
legislativo, hay quienes defienden que efectivamente se cumplió ese mandato y
que el Artículo 157 de la Constitución no se precisa que esa tarea deba hacerse
solo en la gaceta tradicional, sino también por los medios de comunicación
masivos o por las páginas web institucionales.
La Corte tendrá que aclarar si
todo proyecto emanado de alguna de las corporaciones del legislativo debe
imprimirse y publicarse en la Gaceta Oficial para homologue los textos
públicos, de tal manera que se eviten interpretaciones distintas ocasionadas
por redacciones, palabras o textos particulares y no generales. Está claro que
el mandato constitucional de tener una sola versión oficial de los textos a
discutir en las distintas corporaciones es necesario y actúa como una garantía
democrática de que todo texto tenga una trazabilidad que no se presten a
diversas lecturas. En pocas palabras, evitar palabras con muchos sentidos.
Allí está el verdadero enredo de
la Ley de Financiamiento, en términos de procedimiento, porque el texto de paso
de Cámara a Senado solo se hizo oficial en la página web de la alta
corporación, no se imprimió como debe ser. Pero los vicios de forma parecen
tener estrictos cumplidores en la Corte, al igual que quienes están revisando
al detalle la inconstitucionalidad de alguna progresión del impuesto a la renta
para el sistema financiero, que es bien discutible.
Ahora bien, qué le pueden pasar
a las arcas nacionales de cara a 2020 si la Corte tumba el grueso de la reforma
tributaria. Esa es la pregunta que recorre al Ministerio de Hacienda que debe
tener un plan B si esto sucede, pues no sería la primera vez que esto sucede en
las historia tributaria colombiana reciente, y que dicho sea de paso, sería una
verdadera catástrofe para el Gobierno Nacional. No se puede pensar de ningún
modo en la declaratoria de emergencia económica, lo que es considerado por los
analistas más ortodoxos como una golpe a la seguridad jurídica, al dar vía
libre a la discrecionalidad del Ejecutivo. El gran peligro ahora es que se
paralicen las inversiones gubernamentales en un momento de elecciones locales y
regionales. La administración Duque ya pasó con buenos resultados económicos
(sin contar con el alto desempleo) el primer año y sería un mal presagio que
tuviera que enfrentar una decisión de la Corte en contra de la reforma
tributaria.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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