POR: Marcela Anzola*
La alarma ciudadana
se tradujo en más de cuatro millones de firmas. Pero el análisis de cada una de
las medidas que propone esta consulta muestra que ellas no añaden nada nuevo, o
servirían poco, o son irrealizables, o contraproducentes. La cosa es de más
fondo.
Marcela Anzola*
Una ciudadanía
preocupada
Los planteamientos
de la actual consulta popular contra la corrupción -promovida por la Alianza
Verde y liderada por la senadora Claudia López- permiten resaltar algunos
aspectos interesantes sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.
El punto más
positivo de este proceso consiste en expresar la preocupación de un grupo de
congresistas y de muchos ciudadanos sobre un problema de muy graves
consecuencias, lo cual se puede ver en el número de firmas de quienes han
apoyado la iniciativa (4.312.653); esas firmas probablemente se traducirán en
un alto número de votos al momento de la consulta.
En un país donde la
ciudadanía se ha caracterizado por el escepticismo y la apatía frente a los
temas políticos, el entusiasmo en el proceso para recolectar firmas a través de
las redes sociales, sin propaganda institucional, es una muestra clara de la urgencia
de enfrentar el desafío de la corrupción. Esto resulta muy positivo y es
el primer paso en la lucha por la pulcritud en el manejo de los asuntos
públicos.
Las medidas y los
problemas
A pesar de lo
anterior, no es muy seguro que las medidas propuestas, así como los sectores y
acciones identificadas sean las más adecuadas. En efecto, al observar las siete
medidas que enumera la consulta, se comprueba que ellas están dirigidas a tres
áreas donde la corrupción es más visible: las corporaciones y servidores
públicos de elección popular, la contratación pública y el manejo del
presupuesto.
Contenido
de la consulta popular
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Áreas
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Medidas
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Corporaciones y servidores
públicos de elección popular
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Fijar un tope de 25 Salarios
Mínimos Legales Vigentes como remuneración mensual de los congresistas y
altos funcionarios.
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Rendición anual de cuentas para
los congresistas y demás miembros de corporaciones, con información sobre:
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Publicación obligatoria de las
declaraciones de patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de
interés para todos los electos mediante voto popular como requisito para
posesionarse y ejercer el cargo.
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Iniciar de oficio
investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su
potencial red de testaferros.
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Límite a la permanencia en las
corporaciones de elección popular (máximo de 3 períodos)
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Contratación publica
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Eliminar los beneficios para el
cumplimiento de penas de los condenados por corrupción y delitos contra
la administración pública.
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Autorizar la terminación de los
contratos suscritos con condenados por corrupción y con las personas
jurídicas de las que hagan parte, sin indemnización ni posibilidad de volver
a contratar con el Estado.
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Pliegos tipo para todas las
entidades públicas y territoriales
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Presupuesto
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Audiencias públicas
obligatorias para que la ciudadanía y los miembros de la corporación decidan
sobre las prioridades y el desglose del presupuesto de inversión de la
Nación, los departamentos y los municipios, y sobre la rendición de cuentas
de la contratación y ejecución.
|
Fuente: adaptado
por la autora
Esta clasificación
conlleva varios problemas. En primer lugar, deja por fuera buena parte de la
rama ejecutiva así como la totalidad del órgano jurisdiccional, los cuales han
sido actores importantes en casos recientes de corrupción en el país. En segundo
lugar, las medidas propuestas no son muy novedosas y en algunos casos pueden
resultar polémicas o inocuas, como paso a mostrar con detalle.
- Reducción de salarios. Esta medida no solo
afectaría a los congresistas sino también a los magistrados de las altas Cortes,
al Procurador, al Contralor, a los magistrados, jueces, fiscales y
procuradores judiciales, entre otros funcionarios, hasta llegar tal vez a
los mandos medios de todo el sector público.
El entusiasmo es el primer paso en la lucha por la pulcritud en el
manejo de los asuntos públicos.
Pero aquí importa recordar que la
mejora del nivel salarial de los servidores públicos es una de las
medidas más obvias y más mencionadas por los expertos para desincentivar
los pagos por soborno- o sea para combatir la corrupción-. De esta manera la
reducción de salarios podría ser contraproducente- y aunque la remuneración
actual de los congresistas puede ser excesiva en comparación con el ingreso
medio de los colombianos- no es para nada claro que su reducción garantice
un descenso en los casos de corrupción.
- Rendición anual de cuentas y
publicación de declaraciones de ingresos y patrimonio, pago de impuestos y
conflictos de interés. Sin negar la importancia de la rendición de
cuentas, así como de hacer transparente y visible la información relativa
al patrimonio y conducta de los elegidos, el impacto que puedan tener
estas medidas en la lucha contra la corrupción es bajo si no se cuenta con
los mecanismos adecuados para analizar, procesar y confirmar la veracidad
de la información allí contenida. No solo se requiere de una
infraestructura institucional idónea sino también de una ciudadanía
instruida y organizada para ejercer las funciones de veeduría.
- Límite a la permanencia en
las corporaciones. No se ha probado que exista una relación positiva entre el tiempo
de permanencia o la posibilidad de reelección a un cargo y el aumento de
los casos de corrupción.
En realidad, la reelección de un
representante corrupto depende más del compromiso de los ciudadanos en la lucha
contra la corrupción, que del sistema existente. Un servidor público que sabe
que no tendrá que enfrentar una próxima elección no se preocupa por aparentar
no ser un corrupto, mientras que alguien que está buscando ser reelegido
probablemente se preocupa más de su reputación.
En estos casos parece que es más
eficiente una ciudadanía educada y dispuesta a sancionar a los servidores
públicos que no respondan a las demandas, que simplemente evitar la reelección
de los mismos sin tener en cuenta su comportamiento. Una norma de este tipo
acaba por sancionar y desincentivanr a los servidores eficientes, ya que no
pueden pensar en proyectos de largo plazo.
- Pliegos tipo. La idea de utilizar
pliegos tipo para la contratación pública no es novedosa. Y en todo caso
serviría solo para productos genéricos y claramente definidos en el
mercado porque esos pliegos tipo no son aplicables a la mayor parte de
las contrataciones más sensibles a la corrupción, comenzando por las
grandes obras o proyectos de infraestructura.
También importa mencionar que las
formas de corrupción en la contratación pública son muy variadas, y en muchos
casos se llevan a cabo con el cumplimiento de los requisitos legales, lo que
hace muy difícil detectarlos y por supuesto sancionarlos.
- Audiencias públicas para
decidir sobre prioridades y desglose del presupuesto de inversión. Aunque la
participación de la ciudadanía en decisiones públicas es deseable, no es
tan cierto que ella contribuya a reducir la corrupción o que proteja
mejor el interés general.
En muchos casos las decisiones
trascienden los intereses puramente locales, o necesitan de criterios y
ponderaciones técnicas más allá del alcance del ciudadano común. También
existen tensiones objetivas entre comunidades o entre grupos de personas con intereses
legítimos, como se ven en el trazado de una carretera o en la escogencia
del lugar para la construcción de una escuela.
Pero esto no implica que la
ciudadanía deba estar ausente durante la ejecución de los
proyectos ni que renuncie a exigir el cumplimiento de las metas del
gobierno. Su vigilancia sobre el desarrollo de las obras o tareas y sobre el
balance o resultados objetivos de la administración son esenciales para la
eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión pública y para exigir responsabilidad
política a los elegidos.
Los riesgos
Sin desconocer la
importancia simbólica que tienen iniciativas como la consulta anticorrupción,
la lucha efectiva contra este flagelo necesita de estrategias más novedosas.
Las medidas que han venido repitiéndose desde hace por lo menos treinta
años fueron poco eficaces o han dejado de serlo
Importa recordar
que las medidas que han venido repitiéndose desde hace por lo menos treinta
años fueron poco eficaces o han dejado de serlo porque el contexto y las
características del problema han cambiado.
Debido a la
aparición de nuevos actores en la arena de lo público y la fragmentación del
poder central, hay que incluir en la definición de corrupción otras conductas
que tienen efectos equiparables a las que se incluyen dentro del concepto
tradicional y que van en detrimento de los fines públicos.
Los actos de
corrupción no solo son aquellos que tiene contenido económico, o que se
relacionan con la apropiación indebida de recursos públicos, sino todos
aquellos que violen el principio de la prevalencia del interés general, el cual
orienta la toma decisiones públicas.
No tomar en cuenta
estos aspectos e insistir en mantener medidas que han demostrado ser ineficaces
puede agravar el escepticismo y la futura apatía de los ciudadanos. La
gente en un principio puede mostrar entusiasmo y participar en la consulta,
pero una vez esta sea aprobada y sean tomadas las medidas, es necesario mostrar
resultados favorables. Si esto no ocurre el efecto final sería simplemente el
de agravar el problema.
Este es el riesgo
que se corre cuando las iniciativas se manejan de manera poco responsable,
buscando un efecto momentáneo sin considerar las consecuencias reales. ¡Ojalá
este no sea el caso de la actual iniciativa!
*Abogada, LL.M.,
Lic.Oec.Int., PhD. Se desempeña como consultora internacional en las áreas de
competitividad, inversión extranjera y lucha anticorrupción.
Las Firmas, sus puntos populistas y posible engaño...final
http://jujogol.blogspot.com.
reflexiones al tema pensional
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