www.cronicadelquindio.com, NOV 26 2020
Por: Juan José Orrego López
La expectativa del aumento del salario mínimo para el 2021 es una meta difícil de alcanzar. Generar consenso es una utopía por la magnitud y diversidad de problemas que la misma encarna en varios sectores, muchos de ellos sin cuantificar. Por medio de la ley 278 de 1996, el salario mínimo en Colombia se negocia en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, grupo que perdió importancia pues en su ya larga trayectoria son más las labores deficientes que buenas. Reunirse, para repetir los mismos errores o silencios guardados de años anteriores, donde se limitan a la aceptación del porcentaje de aumento del SMMLV, con claros beneficios para unos, dejando pérdidas económicas y violando sentencias —C815-99 y C531-05— privilegiando el poder adquisitivo, sin planear ni calcular el costo del pasivo laboral a futuro por el aumento, dejando al olvido y sin solución alguna a pensionados, la informalidad y el campo, lo que obligaría eliminar o corregir la ley, para así poder beneficiar al país y generar a futuro una mayor demanda agregada.
Mantener el IPC, como indicador de aumento y la mesa de concertación laboral, es un escudo para evadir la realidad laboral, pero no para atraer a unos y poder controlarlos. La ley es clara y variar el artículo 14 de la ley 100 no es tarea de la mesa, de eso se debe ocupar el Congreso, que no la ha hecho, ni lo hará pronto, porque sabe que al corregirla —ya sean igualarlas, bajarlas o subir— no les conviene a los funcionarios públicos porque quieren lograr mayor salario para cuando se retiren. Quieren seguir ganando más, para no sufrir esa pérdida económica como la que viven hoy los ya pensionados, el 96 % o más de los que ganan menos de 4 o 5 SMMLV.
Esta pereza de años en las mesas es una forma clara de cómo se han privilegiado con ellas pactando aumentos pagados con dineros públicos, quizás en forma ilegal, vestidos y socorridos por la ley 278, que se debe acabar por ser inoperante y culpable de pérdida de recursos al país.
Es incomprensible que, con tantos años de reclamos para modificar lo del IPC, en la ley 100 no haya solución todavía. ¿Si eran delegados de los trabajadores y pensionados porque esa quietud o es que valía más el silencio y era más importante aprobar el acuerdo para beneficiarse, que el reclamo de millones de colombianos?
Un gobierno en caída y próximo a terminar, un futuro político en duda, en crisis fiscal y en plena campaña electoral, sin controles y con el impedimento jurídico en la ley 278 de 1996, motiva aún más rápido a ese audaz arte de abusar con los dineros públicos que aprovecharán al máximo, antes de que estos se acaben.
Es lamentable, triste y normal, en el inicio de la recta final de los gobiernos, que no haya existido interés y voluntad por corregir la ley. Quieren beneficiarse ellos y sus amigos, terminar y entregar bien, pero bien cargaditos con esos subsidios gratis, que regala el gobierno sin control alguno. ¿Hasta cuándo con esa burla?
