sábado, 12 de mayo de 2018

Pensiones: no basta con reformar el régimen de Colpensiones

razonpublica.com, 
por: Stefano Farné
Stefano Farne
Stefano Farné*

¿Cómo evitar que Colpensiones siga subsidiando a personas de muy altos ingresos?

Dos sistemas y una reforma

El Sistema General de Pensiones en Colombia se compone de dos regímenes excluyentes entre sí: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM).
En el primero los afiliados son titulares de una cuenta de ahorro individual en la cual se depositan sus aportes mensuales con los respectivos rendimientos y que es manejada por unas entidades financieras privadas denominadas administradoras de fondos de pensiones (AFP).
El RPM es un régimen en el que se constituye un fondo común de carácter público, al cual se dirigen las cotizaciones de los afiliados. Este fondo es administrado por Colpensiones, una empresa industrial y comercial del Estado.
En Colombia la atención de los políticos y los comentaristas se ha concentrado en   reducir las pensiones “excesivas” del RPM, pero pocos hablan de mejorar las pensiones tan precarias que entregaría el RAIS.  
Los cotizantes del RPM obtienen una pensión conforme a unos requisitos previamente definidos en la ley, a partir de cierta edad y después de cotizar durante un cierto número de semanas. De ahí que también se denomine régimen con prestaciones definidas.
Por el contrario, el RAIS es un sistema de contribuciones definidas, en donde los aportes de los afiliados se relacionan de forma más directa a los beneficios obtenibles los cuales no son garantizados a priori. De hecho, el otorgamiento de la prestación depende de que la persona logre acumular un ahorro suficiente para financiar una pensión del 110 por ciento del salario mínimo.
Pues bien: en los últimos años se ha hablado mucho de la inequidad que implicaría el RPM porque subsidia a las personas de más altos ingresos –en tanto les garantiza una pensión elevada-. Por lo tanto se propone reformar este sistema para mejorar su equidad y sostenibilidad, mientras que el RAIS seguiría funcionado como está.
¿Hasta dónde es sensata esta propuesta?

Un modelo y un hallazgo

Sistema pensional.
Sistema pensional.  
Foto: Urna de Cristal

En el RPM existiría un subsidio si el valor presente de las pensiones que espera recibir una persona es mayor que el capital acumulado por ese cotizante a lo largo de su vida laboral.
Más precisamente, en los cálculos se supone que durante el periodo de “acumulación” (los años en los cuales los individuos cotizan) Colpensiones opera como si fuera una AFP y reconoce unos rendimientos financieros, y durante el periodo de “desacumulación” (los años en los cuales se recibe una pensión) el RPM opera como si fuera una compañía de seguro que vende rentas vitalicias.
El Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia ha construido un modelo de simulaciones que, además de permitir el cálculo de los subsidios que entrega el RPM, puede ser utilizado para estimar el monto de las pensiones que reconocería el RAIS para esa misma persona. El modelo por lo tanto nos permite saber cómo le iría a la persona bajo uno u otro régimen. 
En este artículo aplico ese modelo para llegar a una conclusión que puede parecer sorprendente: los subsidios elevados que entrega el RPM son el reflejo invertido de las pensiones exiguas que reconoce el RAIS. Por lo tanto no se puede hablar de reformar el primero sin cambios en el segundo.

La clave es la rentabilidad del fondo

Por razones de espacio me limitaré al caso de los hombres. En el caso de las mujeres,  debido a su mayor longevidad y al hecho que se pueden jubilar antes que los hombres, los resultados del modelo son aún  más contundentes. 
Concretamente haré referencia a un hombre, con una esposa o compañera beneficiaria cinco años menor que él, que comenzó a cotizar a los 25 años, que hizo aportes en el  87,1 por ciento de sus años de trabajo y que se jubila a los 62 años después de haber aportado  durante 1300 semanas.
Los altos subsidios en el RPM y las bajas pensiones en el RAIS son caras diferentes de un mismo fenómeno y son la consecuencia de una baja rentabilidad en los mercados financieros.
A continuación el modelo nos muestra cómo le iría a esa persona bajo el supuesto de que los aportes tengan una distinta tasa de rentabilidad:
  • De 6 por ciento real anual; esta tasa corresponde a la rentabilidad real anual promedio de los últimos diez años pagada por las AFP, o
  • De 3 por ciento real anual; esta tasa corresponde a lo que rentó en promedio el fondo “moderado” (el que escoge la mayoría de los cotizantes a las AFP) en los últimos cinco años.
El Gráfico 1 presenta la diferencia porcentual entre el capital acumulado después de 1.300 semanas de cotización y el valor de la reserva actuarial necesaria para pagar una pensión correspondiente a diferentes niveles de ingresos —que se denominan IBC y que son expresados en múltiplos del salario mínimo vigente— sobre los cuales se han hecho los aportes mensuales.  En otras palabras, el Gráfico 1 reporta los porcentajes en los cuales resultan subsidiadas las pensiones en el RPM.
Gráfico 1. Subsidios como proporción de la reserva actuarial.
Hombres a los 62 años y rentabilidades reales del 3 por ciento y 6 por ciento.

Fuente: elaboraciones del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en la Resolución 3099 de 2015.

Los dos ejercicios arrojan resultados bastante diferentes. 
En el caso de un interés real de 6 por ciento, no hay subsidios para las pensiones más altas:
  • Estos subsidios costarían muy poco para una pensión que se obtendría tras cotizar durante 25 años sobre un ingreso de cuatro salarios mínimos (el 2,5 por ciento de la reserva necesaria para financiar la pensión a esa persona). 
  • Para los afiliados de mayores ingresos desaparecerían por completo y quien cotizara durante su vida activa sobre ocho o más salarios mínimos ya no recibiría subsidios de Colpensiones, sino que ayudaría a financiar las mesadas de los demás retirados de menores ingresos. 
  • Quedaría un subsidio de casi el 53 por ciento para pensiones mínimas.
En el caso de la tasa de interés del 3 por ciento, todos los afiliados al RPM recibirían subsidios considerables.  Estos subsidios serían decrecientes como proporción de la reserva actuarial, aunque crecientes en monto absolutos, así:
  • Las pensiones de los hombres que han tenido un salario mínimo resultarían subsidiadas en un 77 por ciento.
  • Si su ingreso hubieran sido cuatro salarios mínimos, el subsidio equivaldría a 53,7 por ciento, y
  • Si hubiera sido de 25 salarios mínimos, el subsidio representaría un 46,1 por ciento de la reserva actuarial necesaria.

La pensión como porcentaje del salario

Como dije antes el modelo de simulaciones permite estimar la tasa de reemplazo implícita – o porcentaje del salario que el jubilado recibe a título de pensión -bajo supuestos diversos sobre la tasa de rendimiento. El Gráfico 2 compara estas tasas bajo los dos regímenes y bajo las dos rentabilidades anteriores: 
Gráfico 2. Comparación tasas de reemplazo efectivas RPM y RAIS.
Hombre a los 62 años y rentabilidades reales del 3 por ciento y 6 por ciento.

 

Fuente: elaboraciones del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en la Resolución 3099 de 2015.
  • Si el rendimiento fuera de 6 por ciento durante los 25 años de cotizaciones obligatorias, en el RAIS se reconocerían tasas de reemplazo superiores al 55 por ciento, aunque inferiores en varios puntos porcentuales a las que la ley establece para el RPM.  A partir de los 20 salarios mínimos las tasas de reemplazo, y por ende las pensiones, serían idénticas en los dos regímenes.
  • Si el rendimiento fuera de 3 por ciento, la tasa de reemplazo para personas que cotizaron toda su vida sobre ocho o más salarios mínimos sería de apenas un 26 por ciento en el RAIS (o sea que la pensión sería apenas un cuarto de los ingresos devengados cuando trabajaban).  Este porcentaje aumentaría a 28,9 por ciento -para un ingreso de cuatro salarios mínimos- y a 57,7 por ciento -para dos salarios mínimos, pero solo si a los titulares de las correspondientes pensiones se les reconoce la garantía de pensión mínima.

El problema que sí es

Edad pensional.
Edad pensional.  
Foto: Colpensiones

Resulta claro entonces que los altos subsidios en el RPM y las bajas pensiones en el RAIS son caras diferentes de un mismo fenómeno y son la consecuencia de una baja rentabilidad en los mercados financieros.
Los subsidios elevados que entrega el RPM son el reflejo invertido de las pensiones exiguas que reconoce el RAIS. 
Y a la inversa: si la rentabilidad fuera alta, no habría subsidios para las pensiones elevadas en el RPM y en el RAIS se reconocerían mejores pensiones. Esto era exactamente lo que ocurría en el pasado.
Y sin embargo en Colombia la atención de los políticos y los comentaristas se ha concentrado en   reducir las pensiones “excesivas” del RPM, pero pocos hablan de mejorar las pensiones tan precarias que entregaría el RAIS.  
Es más: nadie ha reconocido que medidas que se consideran inaplazables para bajar los subsidios en el RPM en realidad son indispensables para aumentar las pensiones en el RAIS.  Es el caso de medidas como el aumento de la edad de jubilación, de las semanas cotizadas y de los porcentajes de aportes. Bajo las condiciones actuales del mercado financiero, estas reformas serían necesarias para mejorar las pensiones en el RAIS –y así el RPM no existiera-.  
Pero además, para aumentar el ahorro y por ende las pensiones bajo el RAIS tendría que
  • Revisarse la figura de la Garantía de Pensión Mínima, y
  • Rebajar los costos administrativos y de los seguros, al igual que los costos de conversión de los saldos ahorrados en pensiones, así como están haciendo otros países de América Latina.
Director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Externado de Colombia.
E-mail: dirobservatorio@uexternado.edu.co. Agradezco la colaboración de Alejandro Nieto, investigador del Observatorio.




Reflexiones al tema pensiones

Fondos privados de pensiones: un sistema inseguro

razonpublica.com, 06 Mayo 2018
por: Flor Esther Salazar


Dinero pensional.

Otra vez se han reportado pérdidas en el ahorro acumulado de muchos colombianos. Y es porque tanto en el corto plazo como en el largo, los fondos privados de pensiones pueden ser mal negocio para el asegurado.
Flor Salazar  Flor Esther Salazar*
Fondos privados versus sistema público
Los sistemas de pensiones administrados por fondos privados son inciertos por naturaleza. En estos sistemas solo están definidos los aportes que hace el cotizante, pero no los beneficios que obtendrá: cada quién sabe exactamente cuanto debe ahorrar mensualmente  la persona pero nadie sabe cuál será realmente el valor de su pensión.  
Los recursos ahorrados son invertidos en los mercados de valores. Suena atractivo suponer que allí los ahorros se están capitalizando y que la rentabilidad será elevada. Pero el sistema por supuesto expone los ahorros a los mismos riesgos del mercado, como decir
  • Los cambios en las tasas de interés;
  • La alzas y las bajas en el valor de la acciones en la bolsa o de otros títulos donde se haga la inversión;
  • Los ciclos económicos que pasan por los auges y las recesiones, y 
  • Los cmabios en las tasas de inflación.
El caso reciente de Porvenir, que en el último trimestre obtuvo un rendimiento negativo, muestra el riesgo de pérdidas en los ahorros de pensión. Esto ya había sucedido en 2006, cuando se perdieron alrededor de 3 billones de pesos, y en 2007, cuando hubo pérdidas de alrededor de 700 mil millones.
Pero los fondos privados no solo implican riesgos en el valor de sus inversiones. También  implican riesgos en el momento de liquidar la pensión, porque esta depende de otros factores, como decir las tablas de mortalidad que se utilicen o las tasas de interés  que se adopten para determinar el flujo de las mesadas respectivas.
Esa es la gran diferencia entre los fondos privados y el sistema público administrado por Colpensiones. En los sistemas públicos, la pensión no está determinada por los recursos acumulados, sino por el cumplimiento de unos requisitos definidos. Por eso se les llama  “sistemas de beneficios definidos” –en contraposición con los “sistemas de contribuciones  definidas” o sea el de los fondos privados de pensiones-  
Vale decir que los sistemas públicos prevalecen en la mayoría de países de la OCDE, que siguen siendo la fuente principal de ingresos de los jubilados.
En Colombia, la inseguridad de los sistemas privados se ha manifestado en la baja probabilidad de pensionarse y en los bajos beneficios pensionales que se otorgan.

Pensiones: no basta con reformar el régimen de Colpensiones

Los afiliados están desprotegidos
El único mecanismo para proteger a los afiliados en los fondos privados es la denominada Garantía de Rentabilidad Mínima (GRM), que estableció el artículo 101 de la Ley 100 de 1993.
Se supone que dicha Garantía consiste en una tasa mínima de  rendimiento que deberían obtener las administradoras de fondos privados. Pero en la práctica este instrumento no garantiza al afiliado ninguna protección frente a rendimientos negativos.
La rentabilidad mínima de la GRM, dada la metodologia empleada para su cálculo, acaba siendo estimada básicamente como el promedio ponderado de las rentabilidades de largo plazo que obtengan los fondos de pensiones, disminuido en un 35 por ciento. Esto significa que si una administradora se comporta igual que las demás en el mercado, estará cumpliendo con la rentabilidad mínima.
Por lo tanto el cálculo de la rentabilidad mínima no asegura a los afiliados una protección real de sus ahorros. La GRM únicamente asegura que el afiliado obtenga la rentabilidad promedio, aunque sea negativa.
La literatura financiera ha encontrado que los fondos que actúan en el mismo mercado tienden a comportarse de manera similar (es el llamado “comportamiento manada”). Si los fondos de pensiones empiezan a obtener rentabilidades negativas, el afiliado podría verse  afectado y desprotegido, a pesar de la mencionada “garantía” de la Ley 100. La legislación  vigente no prevé ninguna sanción para la administradora en estos casos.
En un sistema de ahorro pensional expuesto al comportamiento del mercado, es cierto que los períodos de rentabilidades negativas son inevitables. También es cierto que la rentabilidad debe ser evaluada en períodos de largo plazo, como lo afirmó el Presidente de Asofondos. Sin embargo, si una persona está cerca de pensionarse y se da un bajonazo en sus ahorros, es evidente que no tendrá el tiempo para recuperar lo perdido. Y en todo caso nadie puede asegurar tampoco que esos valores se recuperen “en el largo plazo”.  
Por ejemplo, en la crisis económica de 2008, se estima que muchos afiliados que se acercaban a la jubilación (entre 56 y 65 años) en Estados Unidos tenían exposiciones muy altas a las acciones y sufrieron grandes pérdidas (del orden del 25 por ciento).
Los afiliados salen perdiendo
Como ya he dicho  en esta revista,  y como lo establece la literatura financiera las rentabilidades  en el largo plazo apenas logran compensar la inflación, precisamente porque existen períodos de rentabilidad positiva, pero también hay  períodos de caídas significativas. 
En el caso de Estados Unidos, uno de los países con mercado de capitales más desarrollados, la tasa de rentabilidad de los fondos privados promedio de los últimos 10 años (hasta 2016) había sido 2,2 por ciento (en valores nominales) o de 0,4 por ciento (en términos reales vale decir, descontando la inflación).
En el caso de Colombia, la Superintendencia financiera y los medios de comunicación solo divulgan los datos en términos nominales, de modo que los resultados parecen ser halagüeños: si se mide la rentabilidad acumulada anual desde el inicio del sistema en 1993, los fondos privados han tenido tasas de rendimiento promedio superiores al 10 por ciento anuales. Pero estas cifras se explican por el efecto que arrastra las altas inflaciones que se dieron hasta 2003:
  • Para el período 1994-1998: 19 por ciento, en promedio
  • Para el período 1999-2003: 7, 8 por ciento, en promedio
La verdadera rentabilidad no se mide en términos nominales sino reales, y descontando además las comisiones y otros costos que recaen sobre el afiliado.
Es lo que hace la Gráfica siguiente, donde la línea más alta traza la evolución de las rentabilidades nominales, la del medio descuenta el efecto de la inflación, y la inferior corresponde a la rentabilidad neta y efectiva para los ahorradores:  
Rentabilidad trimestral
Fuente: elaboración propia con datos de la Superintendencia Financiera
Entre el inicio del sistema y 2016 (es decir, en el “largo plazo”), la rentabilidad real neta de comisiones y seguros para los afiliados ha sido muy baja. En estos años los ahorradores prácticamente no han ganado nada.

Reforma pensional: ¿para la gente o para las instituciones financieras?

http://jujogol.blogspot.com.co/2018/05/reforma-pensional-para-la-gente-o-para.html

Importa señalar que los problemas que se indican sobre estos sistemas pensionales resultan tanto de análisis teóricos, como de la realidad que muchos afiliados han tenido que experimentar en carne  propia, en Colombia y en el mundo.
Los fondos privados tienen serias limitaciones para cumplir el fin que se invocó en el momento de crearlos: brindar pensiones adecuadas a sus afiliados. Cualquier reforma al sistema de pensiones debería tener en cuenta lo anterior.
*Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, contadora pública y magíster en Ciencias Económicas, actualmente adelanta estudios de doctorado en Economía.




Reflexiones al tema pensiones

lunes, 7 de mayo de 2018

Cambio de la estructura económica

Por: Eduardo Sarmiento

La economía lleva cuatro años estancada. En el primer trimestre crecerá cerca de 2 % y en el año completo no avanzará mucho más. Queda claro que el mal funcionamiento de la economía no está en la variación coyuntural del precio del petróleo sino en el marco estructural de la economía. La excesiva dependencia del petróleo lleva a crecimientos por debajo de 3 %. Las altas necesidades de capital ocasionadas por la inversión petrolera y la baja demanda por el desbalance macroeconómico dan lugar a un bajo crecimiento.
En las teorías adelantadas en los últimos cien años se encuentra que el crecimiento del producto es determinado por la expansión de los factores y por el mejoramiento y aprovechamiento de los existentes. Durante mucho tiempo se dio por cierto que el primer elemento decae y se elimina por la alta sustitución del mercado, y el segundo aumenta por la innovación, las ventajas comparativas del comercio internacional y la aparición de nuevas ideas. La información histórica de los últimos veinticinco años dice algo muy distinto. El mejoramiento de las condiciones existentes no contribuye ni en 0,7 % al crecimiento de los países de América Latina. El mayor margen de maniobra está en el primer componente, pero no de cualquier manera. Cuando la expansión del capital se realiza en combinación con la educación, el entrenamiento y el aprendizaje en el oficio y se aplica a actividades industriales y agrícolas de alta productividad, su contribución al crecimiento puede ser superior a 3,5 %.
Luego de reconocer que la economía se encuentra en un estado de crecimiento muy inferior a la tendencia histórica, el Consejo de Competitividad propuso un consenso para elevar el segundo término. Se considera que la falla del sistema económico está en la mala utilización del capital y el empleo existente, y plantea una estrategia para elevar la actividad productiva mediante la innovación, el intercambio comercial y acciones administrativas. En el fondo se trata de hacer mejor lo que se hace actualmente con los estímulos del mercado.
El diagnóstico es incorrecto. El bajo crecimiento obedece a una estructura productiva dominada por la minería, los servicios y la deficiencia de la demanda. El predominio de la minería genera una gran inestabilidad. En las épocas de altos precios causa devaluación, inflación y alza de las tasas de interés, tanto que en las épocas de bajos precios genera revaluación que induce la industria a la agricultura. Por lo demás, significa inversiones de baja productividad del capital y escasa generación de empleo. Lo más grave es que en conjunto dan lugar a un crecimiento del salario por debajo del producto nacional per cápita.
La solución al estancamiento de la economía no está en mantener ni profundizar la estructura existente, que resulta de los desaciertos de la apertura comercial y los TLC, la selección de los sectores líderes y el manejo de la demanda. A la luz de la nueva teoría que emerge del incumplimiento de las visiones convencionales, el mayor margen para recuperar el crecimiento se encuentra en la ampliación de los factores y los sectores. Hay que elevar el ahorro del capital, cambiar la estructura productiva en favor de la industria y aplicar una política fiscal y monetaria que asegure la igualdad entre el ingreso nacional y el gasto.
El consejo de competitividad, que surgió en reemplazo de la política industrial, está comprometido desde su iniciación en facilitar el funcionamiento del mercado. Su alcance es limitado y su función está más determinada por factores doctrinarios que científicos. En su lugar, se requiere un marco institucional que le dé cabida al Estado en la forma de la promoción de los sectores líderes, política industrial, protección externa y coordinación fiscal y monetaria.


Reflexiones al tema pensiones

domingo, 6 de mayo de 2018

Faltantes fiscales pensionales: estrategias para enfrentarlos

Jueves, 3 de mayo de 2018
Sergio Clavijo - Anif



El Gobierno Central (GC) de Colombia enfrenta un déficit fiscal estructural cercano al 3% o 3,5% del PIB anualmente. Esto como resultado de tener ingresos tributarios bajos del orden del 14% del PIB e ingresos de capital cercanos al 1%-2% del PIB. Estos ingresos resultan claramente insuficientes para enfrentar unos gastos totales (y bastante inflexibles a la baja) del orden de 19% del PIB.
Dentro de estos gastos presupuestales pesan fuertemente los de carácter pensional, rondando actualmente el 4,1% del PIB, equivalente a casi el 30% de esos ingresos tributarios (arriba señalados). Ahora bien, Colpensiones también viene destinando la totalidad de las contribuciones que recibe de sus futuros pensionados a pagar a sus actuales pensionados, en montos que representan otro 1,3% del PIB anualmente. Así, la totalidad del “hueco fiscal” de Colpensiones y de los regímenes especiales es en realidad del 5,4% del PIB por año (comprometiendo casi una cuarta parte del total del gasto del GC).

Esta situación exige pensar en una estrategia para enfrentar estos faltantes fiscales durante la próxima administración 2018-2022. Anif, Fedesa- rrollo, la Comisión de Gasto Público y las diversas multilaterales (FMI-Banco Mundial) han estado sugiriendo una serie de reformas paramétricas estructurales, pero el grueso de ellas no dará réditos de alivio antes de una década.

Luego, en paralelo, también se requiere analizar cuál será la trayectoria más probable de esas exigencias de caja pensionales. Para este propósito resultan poco útiles modelos de equilibrio general y más bien el foco debe ponerse en modelos actuariales detallados con base en la composición por edades de los actuales cotizantes y las densidades de sus cotizaciones pensionales (ver Comentario Económico del Día 21 de marzo de 2018).
Para tal propósito, Anif ha desarrollado una herramienta de modelaje que nos permite simular el impacto sobre las exigencias presupuestales del GC que tendrían esas reformas paramétricas (incluyendo alzas en las edades de jubilación y recortes en las Tasas de Reemplazo-TR). En el gráfico adjunto se observa que, frente a esos pagos anuales del 4,1% del PIB, una hipotética elevación inmediata de la cobertura pensional del actual 30% hacia un 64% de la población en edad de pensión (que es la media de América Latina) ocasionaría exigencias de caja adicionales cercanas al 1% del PIB. Esto debido a que los pagos pensionales se elevarían hacia el 5,1% del PIB por año (suponiendo que Colpensiones continúa fondeándose también con sus contribuciones a razón del 1,3% del PIB por año y con una participación cercana al 30% dentro del total de cotizantes activos al sistema pensional).
Sin embargo, es útil aclarar que esta simulación no debe interpretarse como si la próxima administración del período 2018-2022 ipso facto se viera abocada a ese pago adicional del 1% del PIB por año como resultado de la implementación de la reforma paramétrica propuesta por Anif. No, esa simulación simplemente permite dimensionar cómo los parámetros de edades (57/62 años Mujer/Hombre) y de beneficios (con TR rondando 60%-80%) son totalmente inconsistentes, fiscalmente hablando, con el deseo de elevar las tasas de cobertura pensional. Dicho de otra manera, si se quiere ganar en cobertura pensional para beneficiar a 2 de cada 3 adultos mayores, en vez de solo a 1 de cada 3, se requiere eliminar de forma drástica los inequitativos subsidios existentes a través de elevar la edad de pensión y de reducir las TR.
Lo más probable es que si se realiza una reforma laboral y ella conduce a mayor formalización (subiendo la relación Pila/PEA del actual 43% al 60% a la altura de 2050), nos tomará cerca de una década empezar a ver leves efectos de dicha mayor formalización sobre la cobertura pensional. Así, al tener en cuenta este hecho de incrementos graduales en la tasa de cobertura y combinarlo con una edad promedio de los cotizantes actuales cercana a los 37 años, se tiene que la trayectoria más probable de las exigencias de caja presupuestales se irá reduciendo del actual 4,1% del PIB hacia un 3,1% del PIB a la vuelta de una década (año 2028).
Solo a partir de allí, uno esperaría que la mayor tasa de cobertura generara mayores obligaciones de caja para el GC. Sin embargo, este efecto se ve relativamente compensado por los beneficios fiscales que traerían los ajustes paramétricos ya mencionados en edad y TR. En efecto, en el gráfico también se puede observar cómo durante el período 2028-2040 el pago pensional presupuestal se estabiliza en cerca del 1% del PIB por año, gracias a que la eliminación de subsidios permite acomodar la mayor cobertura pensional. De hecho, esa reforma pensional y los réditos de una reforma laboral inclusiva a favor de esa mayor tasa de pensionados podrían dejar el sistema cerca del equilibrio hacia el año 2050, con un déficit tan bajo como un 0,5% del PIB por año



Reflexiones al tema pensiones

Sumémonos al pacto productivo..

Por: José Manuel Restrepo

Entregó hace una semana el Consejo Privado de Competitividad las bases de un gran Pacto Nacional por la Productividad. Desde esta columna me sumo a esta cruzada, que posiblemente sea uno de los asuntos centrales en la agenda económica del gobierno que llega. Como lo demuestran estudios diversos, Colombia sufre de estancamiento productivo y competitivo en los últimos 20 años, con el agravante de que en los diez años recientes su aporte al crecimiento ha sido negativo, y que países vecinos y con quienes competimos, como Perú, nos llevan una distancia cercana a un 20 %.
En palabras del BID, Colombia y en general América Latina sufre en la baja productividad una enfermedad crónica que es el resultado de “fallas de mercado y del Estado que distorsionan los incentivos para innovar, impiden la expansión de las compañías eficientes y promueven la supervivencia y el crecimiento de empresas ineficientes”.
Se entiende esto como exceso de subsidios y exenciones tributarias ineficaces, regulaciones excesivas o incompletas, cargas de tributos altas, informalidad (en lo laboral, lo tributario, lo empresarial, en el uso excesivo del efectivo, entre otros), con el agravante de que cuanto más bajamos en el tamaño de las empresas, más baja es la productividad y más alta la informalidad, asunto que no es de poca monta en un país que es mayoritariamente de pymes.
Frente a esta dramática realidad, el Consejo Privado de Competitividad sabiamente ha identificado seis caminos a seguir, que debiesen ser la ruta crítica de las propuestas económicas de nuestros candidatos presidenciales. De un lado, construir confianza en el sector real y estimular las capacidades empresariales; en segundo lugar, hacer una gran apuesta por la formalización en nuestra economía (que no es sólo la formalidad en lo laboral); en tercer lugar, mejorar la coherencia y la articulación en las relaciones público privadas (a lo que yo agregaría también con la academia); en cuarto lugar, generar mercados más eficientes y competitivos; en quinto lugar, cerrar las históricas brechas de capital humano en cantidad, calidad y pertinencia formativa, y finalmente avanzar por fin a ser un país más competitivo en la logística del transporte (y ojalá asumir el costo político que esto implica, con la convicción de que no podemos seguir en el mismo camino).
Este puede ser el propósito más importante para lograr tasas de crecimiento superiores al 6 % en los próximos años, que es la única forma para preservar y construir empleo, seguir reduciendo la pobreza absoluta y relativa, y continuar generando mayores niveles de equidad en la economía. De lo contrario, seguiremos en senda negativa en la tasa de desempleo, deterioraremos los indicadores sociales y redistribuiremos pobreza y no riqueza.
Lograr lo anterior supone, entre otras, estrategias concretas y financiables de innovación, incluyendo el fortalecimiento con recursos para ciencia y tecnología, transformaciones en nuestro sistema de educación terciaria y en el rol del Sena, revisión completa del sistema impositivo para hacerlo sostenible, eficiente y competitivo, incluyendo el rediseño o fortalecimiento de la DIAN, y estrategias concretas para ordenar el sistema de transporte e incentivar la competencia en el transporte de carga.
Sin embargo, supone también la construcción de narrativas y estrategias que generen confianza entre el empresariado y la implementación de prácticas regulatorias que reduzcan el exceso de trámites, flexibilicen los mercados y logren un sistema tributario menos oneroso y sustentado en una base mayor de contribuyentes.
Viendo entonces el debate presidencial, y releyendo las propuestas económicas de cada candidato, afortunadamente se encuentra uno con estrategias, algunas interesantes y novedosas y otras conocidas, que requieren voluntad política para implementarse. No obstante, lo que poco ayuda en la dirección de mejorar la productividad son algunos mensajes que destruyen la confianza del empresariado y que han generado la reacción inmediata de los gremios empresariales al considerarlas peligrosas, así como también algunas iniciativas que van en la dirección de hacer más ineficientes e inflexibles los mercados y en especial en el mercado laboral.
Yo me sumo a este Pacto con la convicción de que para que opere necesitamos también mejorar en nuestra débil e ineficiente capacidad de gestión pública, tema este que por su complejidad requiere ser abordado en la próxima columna.

Reflexiones al tema pensiones

viernes, 4 de mayo de 2018

El dilema pensional

Por: Eduardo Sarmiento

La Ley 100 de 1993, de privatización de las pensiones, se justificó como una forma de elevar la eficiencia y ampliar el sector financiero y se adoptó sin mayor base científica. Sus autores no conocían la teoría de las pensiones.
En los estudios adelantados por las instituciones privadas y públicas se daba por cierto que la privatización elevaría las pensiones y ampliaría la cobertura del sistema. Nada de esto ocurrió. Los afiliados a los fondos privados de pensiones (AFP) reciben pensiones del orden de 25 % del salario, cuando con la modalidad de prima media en el pasado y hoy en día en Colpensiones obtienen el 70 %. Únicamente la cuarta parte de las personas que están en la edad de jubilación acceden a la pensión; el 20 % más alto obtiene el 80 % de la nómina pensional y el 20 % más pobre el 4 %. La estructura de los beneficios pensionales es más desigual que la distribución de ingresos individuales.
Curiosamente, los autores de la Ley 100 han sido los encargados de administrarla, evaluarla, ajustarla y rectificarla. No se ha querido entender que el sistema pensional por su naturaleza solidaria genera un ahorro intergeneracional que da lugar a un rendimiento en las administraciones de pensiones superior al de las instituciones bancarias. 
Así, en los sistemas de prima media, como el de Colpensiones o el antiguo de los Seguros Sociales, las pensiones son mayores que los aportes incrementados por la tasa de interés de mercado. En términos simples, pagan pensiones superiores a las cotizaciones. 
En contraste, los fondos privados obtienen ingresos superiores a las cotizaciones ajustadas por la tasa de interés. La diferencia les significa ganancias desproporcionadas que se colocan en el sector financiero.
Si esta realidad no se reconoce y las soluciones se buscan por los medios convencionales de aumentar la edad pensional y las cotizaciones, los beneficios se reducirían por igual a todos los afiliados y las inequidades se mantendrían e incluso aumentarían.
La solución sustancial para el sistema estaría en corregir las anomalías donde se originan; hay que trasladar el ahorro generacional a los trabajadores. En la práctica se conseguiría regresando al sistema de prima media para los afiliados y en particular para los de menores ingresos. Los individuos tendrían que cotizar para un tercer fondo que opera dentro de la modalidad de prima media hasta un determinado salario. La parte restante quedaría en las AFP.
La propuesta se hizo en esta columna hasta cinco años, se ha aplicado en algunos países y las sustentan algunos de los miembros de la comisión de gasto designada por el Gobierno. El nuevo fondo generaría mesadas de 70 % del salario y se configuraría con traslados de las AFP.
En la actualidad hay dos opciones casi irreconciliables sobre la reforma pensional. Una consiste en marchitar Colpensiones y dejar el sistema privado como exclusivo. La otra opción consiste en regresar a la prima media para los salarios por debajo de un nivel, por ejemplo, un salario mínimo. Así, los grupos de menores ingresos recibirían la mayor parte del ahorro generacional; las AFP sólo captarían la parte correspondiente a las rentas altas.
Sin duda, el sistema pensional de capitalización contribuyó al retroceso de la equidad en los últimos 25 años. Significó una clara transferencia de ingresos del trabajo al capital y una ampliación de la brecha salarial. El retorno parcial a la prima media no evita los daños del pasado, pero contribuiría a revertir la tendencia declinante de la participación del trabajo en el PIB y el deterioro del coeficiente de Gini.

Reflexiones al tema pensiones