martes, 24 de enero de 2017

La ANDI denuncia (y lamenta) la tolerancia de Colombia con la corrupción

confidencialcolombia.com, Por: Francisco Prada - 
@franchoprada | Enero 23, 2017 


En una encuesta nacional que ha venido realizando la Asociación Nacional de Industriales sobre percepción de corrupción, que compiló las respuestas de 89 grandes industrias del país sobre un cuestionario que fue diseñado para visibilizar la afectación que ha sufrido este sector de la economía, reveló varias cifras que ponen al descubierto la grave situación por la que atraviesa el país en esta materia.
Durante el periodo 2014-2015 el gremio de los industriales realizó la encuesta denominada “Impacto de la corrupción en la actividad empresarial”,  y encontró que, por ejemplo, el sector de la salud es el peor reputado en porcentaje comparativamente con la cifra regional. De acuerdo con los resultados preliminares, los sectores que han sido más afectados por la corrupción a nivel nacional son: Salud (74,7%), Aduanas (70,1%), Impuestos (58,6%), Transporte (51,7%), Minería (39,1%), Ambiental (37,9%) y Educación (28,7%).

La estadística cobra particular relevancia dada la diametral diferencia frente a la región, pues la media en latinoamericana es de 37.9% en el sector de la salud, ubicando a Colombia en una escandalosa cifra que supera con creces la tendencia del hemisferio sur del continente.

En la encuesta, además, los empresarios afirmaron que durante 2016, en promedio entraron en contacto con 10,4 entidades estatales.

Se les preguntó si durante un trámite o solicitud de trámite ante entidades públicas nacionales o territoriales, habían recibido alguna insinuación de favorecimiento o pago para que se agilizara o se hiciera efectivo el requerimiento. El 78% afirmó no haber recibido la insinuación, mientras que para el 21,4% la situación sí se presentó.

De acuerdo con el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, estos resultados podrían afectar el clima de negocios en Colombia. “En este país hemos sido tolerantes con la corrupción (…) esta encuesta es importante porque demuestra que la corrupción se presenta de lado y lado (es decir, hay uno que pide y otro que da) y en la medida que exista tolerancia a la corrupción nunca vamos a ser capaces como país de salir y superar este flagelo”, afirmó.

De acuerdo con la experiencia de los empresarios los departamentos en donde más se presenta corrupción son: La Guajira (50%), Chocó (45%), Atlántico (42,5%), Bolívar y Bogotá (37,5%), Cundinamarca (23,8%), Magdalena (17,5%), Córdoba (16,3%) y Valle del Cauca (15%).

El jefe gremial afirma que la justicia debe ser clave para atacar de manera eficiente este flagelo y asegura que “mientras la rama judicial acompañe los procesos y sea contundente será un estímulo para evitarla, pero si no la acompaña estaríamos arando en el desierto”.

Finalmente Bruce Mac Master lanza un mensaje a todos los sectores productivos del país, a políticos y a la ciudadanía. El vocero de los industriales asegura que debe haber un gran pacto por la ética pública y esto es un llamado a la sociedad como un todo, “no puede pasar que, como sucede, se dejen de oír estos escándalos recientes y volvamos a la normalidad indeseada, tolerante con la corrupción”. 


Reflexiones al tema pensional

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Los entresijos de la corrupción ...

ELESPECTADOR.COM, 
Piedad Bonnett 21 Ene 2017 

Piedad Bonnett
Resulta que en Colombia la palabra corrupción está moda, como si fuera una novedad.

Tal vez porque el caso de Odebrecht fue la gota que rebasó la copa, o porque el fiscal y  el actual procurador enarbolaron la bandera anticorrupción como meta de su gestión, o porque, como aduce Claudia López, le llegó la hora a este tema “ahora que ya Colombia no tiene como prioridad ni las Farc ni la paz”, como si los problemas nacionales tuvieran que evacuarse de uno en uno. En buena hora el  tema pareciera prioritario, y ojalá desemboque en campañas agresivas y generadoras de un cambio. 

Desafortunadamente, así como es más fácil empezar una guerra que terminarla, según escribió García Márquez, es más sencillo que un país entero se corrompa que regresar a sus gentes al cauce de la decencia y el trabajo limpio. Porque, como dijo Aldo Cívico en columna reciente, en Colombia la corrupción se convirtió en un sistema. 

Pero no sólo en Colombia. El capitalismo salvaje, aplicado sin barreras y escrúpulos, es culpable de la corrupción generalizada, porque propicia el contubernio entre el sector privado y los políticos, como bien lo ilustra el caso de Odebrecht, donde Bula ofrece “utilizar sus relaciones en las comisiones tercera cuarta y sexta para presionar a funcionarios que tenían que ver con la adjudicación”. Los más ricos en todo el mundo se encargan de presionar gobiernos, de cambiar las reglas en favor propio, y de financiar campañas a cambio de favores, como bien lo explica en artículo reciente el premio Nobel de Economía Angus Deaton, quien pone de ejemplo a las farmacéuticas, a los banqueros y a los magnates inmobiliarios. Y los políticos se encargan de mimar a grupos de interés para obtener poder. Agro Ingreso Seguro, el elefante de Samper, las mafias de los contratistas en alimentación y salud son sólo algunos ejemplos. O, de otro modo, la politiquería de Vargas Lleras, que desde un cargo gubernamental y apoyado en la propaganda sistemática, usa su fiebre constructora para crear alianzas locales y catapultarse como candidato a la Presidencia.

No es sólo afinando los sistemas de control como se combate la corrupción. Debe haber, como propone el contralor Maya, una política de Estado que implique prevención, campañas, incentivos a la delación y duras sanciones. Pero es también una tarea de todos, pues la desviación moral de parte de una sociedad puede llegar a convertirse en una verdadera mentalidad extendida. En países como Colombia, donde la inequidad social es la regla, y donde la justicia funciona mal, es fácil que florezca la corrupción. Muchos excluidos quieren participar de la torta que enriquece a los gobiernos y un grupo de privilegiados. Así se explica, en parte, la aparición de la cultura traqueta y sicarial, que se sustenta en la ambición, el resentimiento, la falta de escrúpulos y el deseo de revancha. Y en la certeza de impunidad y de que los mismos cuerpos policiales son corruptos. Parte de culpa le cabe también a la educación, en su sentido más amplio —hogar, escuela, medios— por no fundar en niños y adolescentes principios éticos inamovibles. De ahí se deduce, tristemente, que acabar con la corrupción es una tarea lenta y a mediano plazo. Y liderada, además, por alguien que no sea corrupto.

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Corrupción ...

ELESPECTADOR.COM, Rodolfo Arango 22 Ene 2017 

Rodolfo Arango
La desaparición de las Farc hace visible la magnitud de la corrupción en Colombia. Antes, los bombazos y atentados copaban la atención ciudadana.

La violencia guerrillera creaba condiciones óptimas para el aprovechamiento ilegal de recursos públicos por camarillas de poder. Con el descenso en el número de víctimas ha caído el árbol que no dejaba ver el bosque. DNE, AIS, Saludcoop, Caprecom, Glencore, Reficar, Panama Papers, Odebrecht, Banco Agrario y otros escándalos muestran la descomposición de empresarios y servidores públicos en toda su magnitud.

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, reza el dicho. Cuando los grupos económicos con posiciones hegemónicas se enmaridan con el poder político, se configuran las condiciones propicias para una tormenta perfecta que, de acaecer, tiene consecuencias devastadoras sobre los esfuerzos de varias generaciones. Hoy, grandes obras de infraestructura necesarias para el país no gozan de un futuro despejado. Constructores responsables de su ejecución son beneficiarios de sobornos y préstamos con dudoso respaldo, así como de la violación de las reglas de sana competencia, con la complicidad directa de altos funcionarios del Estado.

Más preocupante resulta que el fenómeno de corrupción no parece ser episódico sino estructural. Charles Ferguson, en el documental Inside Job (https://vimeo.com/27159349), alertó de la complicidad del sistema financiero, pseudocientíficos y empresarios corruptos en la búsqueda de enriquecimiento rápido con desconocimiento de estándares de seguridad y manuales de buenas prácticas, en una carrera enloquecida por acceder y controlar recursos económicos y poder político. En nuestro medio, el extendido desconocimiento de la ley y la debilidad de las virtudes ciudadanas en élites gobernantes son caldo de cultivo ideal para el aprovechamiento ilícito y el abuso.

La doctrina del mal menor hace finalmente metástasis. La colusión de algunos empresarios y políticos, antes tolerada como medio necesario para adelantar la guerra, hoy amenaza con devorar los avances en la construcción de una sociedad más democrática. Desde el Frente Nacional la población ha estado sometida a chantaje: los pactos de élites desplazan la apertura política y niegan la igualdad de oportunidades políticas. La modalidad más sofisticada del contubernio entre dinero y poder es la apropiación de los medios de comunicación por parte de grupos económicos. La costumbre de dar noticiero a hijos de expresidentes mutó en algo peor: medios partisanos con candidatos propios y tergiversación de los hechos, más parecidos a órganos de propaganda política que a difusores objetivos e imparciales de información.

La extendida captura de rentas públicas ha dejado al descubierto que la corrupción no es exclusiva de lo público, como pretendían convencernos los adalides de la desregulación y enemigos de la intervención del Estado en la economía, sino que anida a lo largo y ancho del sector privado. Algunas asociaciones público-privadas en infraestructura ya evidencian la extensión de la devastación luego de décadas de manguala torticera de empresarios y políticos. El país tendrá que llegar al fondo, duela lo que duela, cueste lo que cueste, en el desenmascaramiento de los responsables, ello si queremos darle una oportunidad efectiva a la paz.

Sabemos que el problema es más profundo, cultural, y su solución tardará tiempo. Bien lo decía Carlos Gaviria Díaz al referirse a la corrupción, como recordara un colega suyo: la tragedia que vivimos en Colombia se origina ante todo en una falta de ética que, en el fondo y siguiendo a Wittgenstein, no es más que una falta de estética, “ordinariez humana”.

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lunes, 23 de enero de 2017

'La corrupción nos está expropiando la democracia': Fiscal

ELTIEMPO.COM, Por:  YAMID AMAT| 22 de enero de 2017

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez

Néstor H. Martínez confía en la capacidad de las instituciones para 'rescatar' la ética colectiva.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en diálogo con EL TIEMPO y el ‘Noticiero CM&’, dijo que solamente unidos todos podemos acabar con la corrupción y la impunidad.

“La corrupción nos está expropiando la democracia; estamos advirtiendo una precariedad desde la perspectiva de la ética pública enorme; en Córdoba, con la hemofilia, hay más de 70.000 millones de pesos perdidos; pasa lo mismo con los recursos de los niños en los programas de alimentación; los programas que tienen que ver con los megacolegios enfrentan unas dificultades enormes en las regiones y esto está generando escepticismo entre la ciudadanía sobre la capacidad de la institucionalidad para enfrentar la corrupción. La única manera es que nosotros tres mostremos que, unidos, podemos doblegar la corrupción”.

Entonces, llegó el momento de la acción de estas tres entidades.
¿Esta corrupción es tanto del sector público como del privado?
Claro, esto no se le puede atribuir solamente al sector público; de hecho, hay actos ya, contrarios a la ética, que están encapsulados exclusivamente en el sector privado. Tenemos que volver a la cultura de la legalidad, y la verdad es que a través del poder disuasivo del ejercicio de las funciones de estas tres entidades podemos rescatar mucho esa ética colectiva. Esa es una prioridad fundamental.
¿En qué sectores de la empresa privada hay corrupción?
Lo estamos viendo en la contratación pública, y en una modalidad muy sofisticada de corrupción que ha surgido: lo que los americanos llaman ‘rent-seeking’, que es cuando los particulares obtienen riqueza a través de regulaciones privilegiadas; el trámite de los POT, forma de corrupción que se esté elaborando en Colombia a la luz del día; alcaldes y concejales cambian las normas de uso de suelos de sus municipio en beneficio de determinados proyectos, y eso vale una plata importante. ¿Quién la pone? El sector privado.
Quiero invitar a quienes hayan sido víctimas o quienes hayan estado comprometidos en esos casos de corrupción que acudan a la Fiscalía y pueden tener el beneficio de la inmunidad, pero destapamos la olla de la corrupción y entre todos podemos, por esa vía, romper el problema de la impunidad.
¿Y la responsabilidad de la clase política?
El problema es sistémico y está asociado definitivamente al sistema político y el sistema electoral. Hay que decirlo con claridad: hay una nueva dirigencia política, una dirigencia emergente que no tiene un ideario, que no le propone a la ciudadanía un concepto de Estado y su ideario es la apropiación del patrimonio público. A la vuelta de la esquina, si las cosas siguen como van, la dirigencia pública nacional va a estar en las manos de toda esta clase emergente que está haciendo fiestas en medio de la corrupción.
¿Qué es la corrupción?
La falta de pertenencia que tenemos los colombianos sobre lo público. Yo menciono mucho algo que me conmovió. Fue un grafiti que encontré en una universidad en Caldas: “Lo público es lo privado de los políticos”.
¿Está corrupta la clase política en Colombia?
Quiero ser muy claro: la política seguirá oliendo a podrido si no es el ejercicio de la dialéctica, de las ideas al servicio de una sociedad; y si la política es el afán de tener poder para alcanzar contratos para enriquecerse personalmente y donde se adquieren compromisos de reciprocidad que es la degradación de la ética pública.
¿Hasta dónde la misma Fiscalía ha sido penetrada por la corrupción?
La Fiscalía tiene que ganar mucha legitimidad moral para combatir la corrupción. El último año, por ejemplo, capturamos a 36 funcionarios, fiscales y funcionarios de investigación de la propia Fiscalía, pero eso es un cáncer que nosotros tenemos que extirpar y eso se hace con la devoción en el ejercicio de la función pública y con el imperio de la ley. Los corruptos no pueden terminar en la casa por cárcel. Eso es un muy mal ejemplo. La probabilidad de que a un corrupto lo pesquemos es muy baja si no actuamos coordinadamente las tres entidades. Lo que necesitamos son políticas unívocas que realmente endurezcan la acción del Estado frente a la corrupción; es que francamente si uno ve al corrupto en la casa por cárcel, o en la calle pavoneándose, el ciudadano ve que el camino es la corrupción. Ese es el estado de cosas que hay que acabar.
¿Y su opinión, señor Fiscal, sobre el código único que rebaja penas por faltas disciplinarias gravísimas?
Creo que deberíamos reestablecer también el principio de que las sanciones deben ser más eficaces y tienen que ser de verdad grandes e importantes; si uno disminuye el poder punitivo del Estado, así mismo se van generando beneficios para la criminalidad, para la corrupción, para la delincuencia.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
Reflexiones al tema pensional

'La corrupción es un problema estructural y no coyuntural': Contralor

ELTIEMPO.COM, Por:  YAMID AMAT  21 de enero de 2017

El contralor general, Edgardo Maya.

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO 
El contralor general, Edgardo Maya.

En entrevista con EL TIEMPO, E. Maya dice que a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.

El contralor general de la Nación, Edgardo Maya, sostiene que a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.
Destaca la importación de la comisión anticorrupción que instala mañana el presidente Santos.

Maya afirma que la corrupción no es coyuntural sino estructural: “Lacorrupción que existe en el país es de total gravedad. Debe asumirse como un problema estructural y no coyuntural del Estado. La corrupción hace un daño irreparable, ya que multiplica la pobreza, se edifica sobre los recursos destinados a erradicarla, nos aleja del desarrollo y destruye nuestra democracia, pues es el medio para poner los dineros públicos al servicio de intereses particulares. Para mí, uno de los mayores factores de corrupción es el incumplimiento de los deberes que tienen los servidores públicos. Si estos cumplieran con ellos, garantizo que no existiría la corrupción”.
¿Cómo combatir la corrupción?
A la corrupción no hay que combatirla sino destruirla. Es un asunto no solo del Gobierno, sino de todos los poderes públicos, de los organismos de control y de todos los estamentos de nuestra sociedad, que requieren soluciones estructurales.
¿Como por ejemplo...?
Debe haber un sistema único nacional de selección de contratistas, un pliego tipo de condiciones, y sobre todo la imposición de la muerte para siempre de las personas jurídicas y naturales que incurran en actos de corrupción, que les impida cualquier vínculo con el Estado. Tengo la certeza de que con solo normas legales no se acaba con este fenómeno. Es más importante la actitud y la decisión que debemos tener los que estamos llamados a derrotarla.
¿Usted, señor Contralor, es partidario de que se cancelen todos los contratos con la firma Odebrecht?
Como ya lo dije, quien incurre en delitos de semejante magnitud debe ser proscrito de toda actividad y relación con el Estado. Y creo en la regla del derecho romano conforme a la cual de lo ilícito no puede generarse ningún provecho.
En todos los países se ha obligado a esa empresa a devolver los contratos e indemnizar al Estado por los sobornos que fueron pagados. ¿Aquí también?
Desde luego. Quien cause daño a otro debe resarcirlo. Con mayor razón si lo causa al patrimonio de todos los colombianos. A los corruptos hay que imponerles todas las sanciones penales, fiscales, disciplinarias, y sobre todo la más importante: las sanciones sociales.
En el área relativa a la infraestructura, van ya tres grandes escándalos: Conalvías, el de los Nule y ahora el de la firma brasileña Odebrecht. ¿Está amenazado todo el programa en esa materia?
Sí, está en peligro si tenemos en cuenta que unas mismas empresas participan en la ejecución de diferentes proyectos, con lo que existe el riesgo de un efecto dominó.
Este lunes se realizará la primera reunión de la comisión de alto nivel contra la corrupción. ¿Qué debería hacer?
Es un escenario fundamental, pues está presidido por el jefe del Estado, quien ha resuelto respaldar y encabezar estos propósitos. Desde allí se puede realizar un trabajo armónico y conjunto con los órganos de control, de la justicia y del Gobierno Nacional, desde el cual se pueden reafirmar y crear nuevas iniciativas para luchar contra este fenómeno. Desde ahí es que se puede construir una verdadera política de Estado para acabar con la cultura de la corrupción.
¿Hasta dónde están comprometidos sectores privados con la corrupción?
Debe hacerse la diferencia entre el sector privado, cuya actividad gira en torno a la contratación pública, de aquel otro que no participa en estas materias. En ese sentido, la existencia de carteles de la contratación, para solo poner ese ejemplo, evidencia que algunos frentes de la empresa privada se han puesto al servicio de la malversación de los recursos públicos. Sobrecostos, desvíos, mala calidad en los bienes, servicios u obras, soborno, se consolidan con la presencia y acción de contratistas que tienen a su cargo el manejo de recursos públicos. No es un secreto que la “ingeniería societaria” es usada por los corruptos para el lavado y el ocultamiento de sus acciones. La corrupción en lo público es de doble vía: una propone y otra dispone. Ahí es donde se amanguala lo público con lo privado.
¿Usted es partidario de eliminar, como lo propuso el presidente Santos hace poco, la financiación privada de las campañas electorales?
Es una buena iniciativa, pero no es suficiente en relación con la veracidad de la rendición de cuentas que las campañas políticas hacen ante el Consejo Nacional Electoral, pues en tales balances no se registra la totalidad de los aportes recibidos.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO



Reflexiones al tema pensional


2017: ¿temblarán los corruptos?

elcolombiano.com,



La toma de conciencia de que el país está devorado por la corrupción parece ser el proceso sociopolítico que se abre paso en 2017. Hablamos de toma de conciencia porque el conocimiento directo del problema, como lo reflejan las encuestas, lo tienen los colombianos hace mucho tiempo. La diferencia ahora es que de forma seria puede abrirse un proceso de reflexión y de verdadera exigencia de responsabilidades por parte de la ciudadanía.

Es tan inabarcable la manifestación corrupta de múltiples comportamientos que dinamitan la democracia y el funcionamiento del Estado que se hace preciso dividir su tratamiento. Hoy nos referiremos a su manifestación público-estatal, y en siguientes editoriales al papel del sector privado y el de la sociedad.

La corrupción está diagnosticada. El sistema político colombiano se fundamenta en un entramado clientelista que captura para sí las rentas y el patrimonio público. Engrasar toda la maquinaria es una práctica tolerada por los gobiernos, que de puertas para afuera pronuncian discursos contra la corrupción y promulgan leyes y normas, pero en la práctica permiten, incluso animan, que la red clientelista cope todo el manejo de la cosa pública.

El año pasado el entonces procurador, Alejandro Ordóñez, cifró el costo anual de la corrupción entre 20 y 22 billones de pesos. Hace menos de una semana el contralor general, Edgardo Maya, duplicó la cifra: entre 40 y 50 billones de pesos.

En 1993, decía ante las cámaras de televisión el fiscal general Gustavo De Greiff: “Que tiemblen los corruptos”. En 1998, dijo en su posesión el presidente Andrés Pastrana: “en mi administración no habrá espacio para la corrupción, y no será tolerada ni perdonada”. En 2002, Álvaro Uribe al asumir el mando denunció: “el Estado es ineficaz frente a la corrupción que maltrata las costumbres políticas”. En 2006 dijo que “nos llena de pánico la corrupción”, en la única referencia al fenómeno. En 2010 Juan Manuel Santos la mencionó cuatro veces y anunció que la combatiría sin contemplaciones. En 2014, al asumir su segundo mandato, no la mencionó ni una sola vez. Ni siquiera habló de transparencia.

Mientras tanto, en julio de 2008 el 38 % de los colombianos creían que la corrupción era un gran problema. Hoy es más del 80 % y creen que está empeorando (cifras Gallup Poll). ¿Y qué ven los colombianos? Que quienes deben controlar y castigar la corrupción terminan metidos de lleno en tramas corruptas. Ven a políticos que no sueltan de la boca el discurso anticorrupción, pero tan pronto amigos suyos son sancionados, proceden a nombrarlos nuevamente cuando cumplen el castigo: la corrupción es siempre la de los otros, nunca la de sus protegidos.

Siempre se ha dicho, con razón, que lo que sorprende es que ante el latrocinio sistemático aún se hagan algunas cosas en el país, cuyo nivel de corrupción es propio de repúblicas africanas: la percepción de corrupción nos ubica en el puesto 83 de 168 entre los menos transparentes (medición 2015 de Transparencia Internacional).

Todas las palabras están dichas, todos los diagnósticos, los discursos son vacuos por completo. Falta que quien pueda hacer algo lo haga: la justicia, los organismos de control, los medios de comunicación en lo que les corresponde. Y por supuesto la sociedad, tantas veces permisiva. Por lo menos hay cierto consenso en que este es el principal mal que enfrenta el país. Falta pasar a la acción.


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Las otras grandes reformas económicas que le esperan a Colombia

ELPAIS.COM.CO, 
Autor: 




Las otras grandes reformas económicas que le esperan a Colombia

En Colombia, el 18 % de lo recaudado por impuesto de renta proviene de personas naturales, según el Ministerio de Hacienda, dato inferior al 36 % de tributación promedio en Latinoamérica.
Los colombianos ya empezaron a sentir el apretón en sus bolsillos por cuenta de las alzas de comienzo de año. No solo por los ajustes que se derivan de la inflación del año pasado, que fue de 5,75 %, sino por la reforma tributaria, que entró en vigencia el 1 de enero y que, entre otros aspectos, aumentó el IVA del 16 % al 19 %.
 
 Sin embargo, esa  controvertida reforma no es la única que tiene en carpeta el Gobierno Nacional. En los altos círculos del poder se  habla de la necesidad de hacerle cambios al sistema pensional, de modificar la manera de contratar empleados para facilitar la formalización laboral y de ajustar el sector agropecuario para adaptarlo al posconflicto. También se considera que el sistema de salud requiere  cambios para equilibrar las finanzas de las EPS y de hospitales y clínicas. 
 
 Incluso,  voceros de las dos instituciones de análisis económico más importantes del país, Anif y Fedesarrollo, coinciden en señalar que Colombia va a necesitar otra reforma tributaria porque la actual se quedará corta. La que entró en vigencia este año permitirá recaudar alrededor de $6,5 billones anuales, pero el país necesita  mucho más, pues dejó de recibir unos $25 billones por culpa de la caída en los precios del petróleo.
 
Si bien el Gobierno Nacional,  gremios,  empresarios, la academia  y el mismo Congreso de la República son conscientes que el país requiere esas reformas, nadie está dispuesto a hablar del tema a corto plazo.
 
 
Todo porque el 2017 es un año preelectoral y ninguna de las  reformas escapa a los cálculos electorales que se hacen en Casa de Nariño y en  el Congreso. “La reforma pensional es clave para las finanzas del país, pero como es sabido ningún ajuste al sistema está exento de un alto costo político por lo impopular que pueden resultar las medidas que se propongan, como el aumento de la edad o la reducción de la mesada”, expresó Daniel Velandia, jefe de investigaciones económicas de Credicorp Capital.
 
¿Cuál es la más urgente?
 
En el mediano plazo la reforma clave es la del sistema pensional. “Es fundamental porque están en ‘juego’ los recursos que se necesitan para pagar las mesadas de  1,6 millones de colombianos que están en ese selecto ‘club’. Y cada año la situación es preocupante, pues el presupuesto de la Nación para atender esas obligaciones es de $37 billones”, dijo Marcelo Duque Ospina, gerente de la firma Comomepensiono.com.
 
El panorama es aún más crítico porque la expectativa de vida en el mundo es mayor.  Hoy, por ejemplo, las mujeres viven en promedio 79 años, mientras que los hombres, 74; alrededor de 6 años más que desde finales de los años 90, de acuerdo con un estudio del  Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, Estados Unidos.
 
“Con base en ese indicador habrá más colombianos ingresando al  ‘club’ de pensionados, pero los recursos para pagarles no están garantizados”, añadió, Duque Ospina.
 
En ese orden de ideas, las medidas que se deberán adoptar para brindar una solución a las pensiones de los colombianos que están cotizando y que les falta más de diez años para obtener ese beneficio van desde el aumento de la edad hasta la  reducción  de la mesada.
 En nuestro país la pensión de la mujer se alcanza a los 57 años y la del hombre a los 62 años. “Una propuesta podrá ser incrementarla a 65 años, que es la edad promedio en América Latina, y equipararla para ambos sexos”,  dijeron analistas.
 
 
Si bien existen otras propuestas sobre el tema, “es evidente que esta reforma es importante para la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del Gobierno, la competitividad del país y los mismos ciudadanos”, expresó Julio César Alonso, de la Icesi, quien sostuvo que no es claro que esté en la agenda de este Gobierno o del Congreso, en especial con un año electoral al frente.
 
¿Y de las otras reformas?
 
Los cambios en el sector agropecuario y los reajustes en el sistema de salud  se deben poner en marcha en el mediano plazo.
 
Este año es importante por las implicaciones que genera el posconflicto y en ese orden de ideas la sugerencia es que el Gobierno facilite la inversión productiva en el campo. “Las llamadas unidades agrícolas familiares (UAF) son vitales para las familias campesinas, pero tampoco pueden convertirse en obstáculos para grandes procesos productivos”, sostuvo Daniel Velandia, de Credicorp Capital.
 
En cuanto al sistema de  salud, el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, precisó que el 16 de febrero vencerá el plazo para la implementación de la Ley Estatutaria, “lo que quiere decir que su reglamentación está prácticamente lista. Se reducirán los trámites, desaparecerá el POS (Plan Obligatorio de Salud) y habrá un nuevo modelo de atención en salud, entre otros servicios”, dijo.
 
A esos ajustes deberá sumarse la eventual reducción de EPS en el país para hacer más operativo el sistema “y brindarles mas beneficios a los pacientes, porque hay entidades que no están cumpliendo su objetivo”, indicó Memphis Viveros, consultor empresarial y financiero.
 
Es evidente que el país tiene en la mira más ajustes y más reformas para lograr la sostenibilidad económica, pero la pregunta es ¿cuándo se pondrán en marcha?

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