8,1 billones atrapados en redes de contrataciones

semana.com/, Por Iván Darío Gómez Lee, 2016/08/20, 

Bien redactada la reforma a la contratación, pero con gente corrupta e incompetente, ¡nada cambiará!

Hace un mes el Procurador General de la Nación señaló en una entrevista que por la corrupción resultan afectados cada año
 cerca de 20 billones de pesos de los presupuestos públicos 
(cinco veces el recaudo de una reforma tributaria). Así mismo, 
que su entidad sancionó cerca de 3.000 funcionarios en las 
regiones en los últimos siete años.

El Auditor General de la República reveló esta semana las 78 redes empresariales que se apoderaron de la mayor parte de los contratos de las alcaldías y gobernaciones.

Es impresionante que 8,1 billones de pesos se hayan adjudicado a contratistas pertenecientes a esa maraña de redes. Cinco grupos empresariales han concentrado 7,5 billones.

Una vez más se evidencia que la principal vena abierta por la cual fluyen los robos y se desangra al Estado es la contratación directa. El 54% de los contratos se adjudica a los amigos, socios o financistas de campañas políticas. Y muy pocas veces a firmas especializadas con reputación y reconocimiento de excelencia.

Este informe es un gran aporte de la Auditoría General de la República. Propongo un censo y un estudio sobre los ordenadores del gasto, acciones que deben contribuir a diferenciar aquellos que están preparados y cualificados, de los que no tienen el nivel de formación ni la ética para asumir esta trascendental responsabilidad.

Con lo que revela el informe del Auditor Carlos Felipe Córdoba, y con la inseguridad jurídica que atrapó a la contratación, los contratos estatales infortunadamente seguirán siendo la gran fuente de prebendas abusivas para los corruptos.

Circula una posible reforma a la contratación que se presentará al Congreso por parte de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Esta iniciativa es un logro que incorpora al país a las buenas prácticas de la OCDE. Pero no lo perfila en asuntos de profesionalización de los ordenadores del gasto ni de sus equipos asesores.

Estoy seguro de que si se omite regular lo esencial de un talento humano especializado, al cabo de unos años se dirá bien redactada la reforma, pero con instituciones débiles y gente corrupta e incompetente, ¡nada cambiará!

Desde la academia la meta es seguir construyendo tejido humano, como lo hacemos en la línea de investigación “Contratación Segura”. Allí se propone una nueva ruta para la seguridad jurídica y las competencias.

Para alcanzar ese objetivo estamos realizando estudios, investigaciones, foros, seminarios y publicaciones. Este mes en el Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad cumplimos diez años en esas tareas. Y no podemos dejar de avanzar en ellas.

En ese propósito vamos a liderar un programa colectivo de gestión del conocimiento para la Buena Ordenación del Gasto, a través de la Academia Interamericana BOG. La iniciativa se destinará a quienes sean gestores y ejecutores de recursos. La finalidad de esta nueva institución es profundizar en: la formación de expertos, la ética, la defensa jurídica y la asistencia legal preventiva; en un marco de seguridad jurídica.

*Abogado administrativista, Ph.D. en sociología jurídica e instituciones políticas y profesor.ivandariogl@yahoo.com - www.gomezlee.com.co

Entre paraísos e infiernos fiscales

ELESPECTADOR.COM, JOSÉ MANUEL RESTREPO 20 AGO 2016 

Con motivo de la Asamblea Nacional de la Andi, se presentó al país lo que significa la “nueva economía”, aquella apuesta macroeconómica del Gobierno con la que se pretende enfrentar los próximos años en materia de crecimiento, minimizar el impacto de los choques internacionales y responder a las dificultades propias del momento actual en cuenta corriente, en materia fiscal, en inflación y empleo.

Aunque el tema merece una columna aparte, dentro de la denominada estrategia 3x3 y nueve prioridades de acción, sobresale el énfasis en el Estatuto Tributario, que se entiende como la reforma tributaria estructural. En ésta en particular se describen compromisos de más progresividad, de eliminación del impuesto a la riqueza, de control de evasión y de un nuevo modelo de impuesto de renta basado en la utilidades calculadas bajo metodología NIIF. Curiosamente, no se dice nada de IVA, aunque se da por descontado que se nos viene un ajuste al mismo de entre dos y tres puntos porcentuales.

Una propuesta alternativa en materia de prioridades en una reforma tributaria verdaderamente estructural es que, con el control efectivo de la evasión y diseñando en simultánea una estructura más competitiva para el sector empresarial en materia tributaria, podría más que duplicarse el monto que necesita el país para los próximos años y cubrir con ello las necesidades de hoy y aquellas que se vienen con el posconflicto. Esta propuesta sería en el frente externo atacar de raíz los paraísos fiscales y en el plano interno dejar de construir un infierno fiscal.

Más de 300 economistas del mundo reunidos recientemente con motivo de la cumbre sobre corrupción, entre quienes se encontraban personas tan diversas como Piketty, Deaton, Blanchard y Sachs, ratificaron lo que han dicho a su manera el papa Francisco y el Consejo Pontificio de Justicia y Paz: “Hoy no hay argumento económico que justifique la continuidad de los paraísos fiscales”. Dichos “paraísos” minan la capacidad recaudatoria de un país y, para el caso colombiano, se estiman que nos podrían robar anualmente ingresos fiscales adicionales de entre 15 y 20 billones de pesos. Dichos montos representarían entre dos y tres reformas tributarias, y con ello tendríamos recursos suficientes para financiar parcialmente lo que viene de los acuerdos de paz.

Sin embargo, como lo reconocen también los expertos, si en el caso colombiano no abordamos el caso de Panamá con la fuerza que se merece y con la prontitud que demanda, poco hacemos para obtener lo que para muchos puede ser el 60 % a 70 % de la evasión total. Mientras sigamos aceptando acuerdos débiles o tibios de intercambio de información con este país, va a ser imposible el recaudo necesario. Acabar con la evasión que se asienta en Panamá es el primer paso de coherencia de discurso para entrar a actuar contra la evasión interna. En simultánea, no se puede seguir tolerando en el interior del país profesiones liberales o pequeños negocios que nunca emiten factura y que se convierten en la vena rota interna de los ingresos fiscales. De pronto para ambos sería conveniente el modelo español de estimaciones de ingresos tributarios con base en el metraje del negocio, para recaudar, con una policía fiscal fuerte y preparada, parte de lo que no se paga.

Pero, en simultánea con lo anterior, es urgente desmontar un sistema tributario que demuestra “ansias confiscatorias” con el sector productivo y que todos los años nos distancia más de los países del mundo con quienes competíamos. Para la muestra el impuesto a la riqueza, el CREE, el 4x1.000 y el incremento excesivo en renta (para no hablar de impuestos locales). Como dijera Karl Marx hace muchos años: “Sólo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos”. Si queremos generar riqueza, es necesario un sistema tributario que coadyuve a la generación productiva y no uno que ayude a todo lo contrario.

Si esos dos propósitos son la médula de la reforma tributaria estructural, podríamos anunciar desde ya que no se necesita más IVA y que tendríamos con qué lograr de nuevo tasas de crecimiento superiores al 5 % en los próximos años.

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Costosos anacronismos ( ENTES Y SU PARAFISCALIDAD)

ELESPECTADOR.COM.CO, ARMANDO MONTENEGRO 20 AGO 2016 -

La economía colombiana mantiene en el siglo XXI algunas instituciones anacrónicas cuya supervivencia es difícil de explicar sin acudir a la identificación de los intereses creados que las sostienen. 

Una de ellas son las licoreras departamentales, monopolios sobre la producción y venta de aguardientes que, a nombre de la financiación de la educación pública, sobreviven como una fuente de corrupción, politiquería, daño a la salud de la población y mal ejemplo para la juventud. Semejante esperpento logró, a punta del eficaz lobby de sus beneficiarios, un lugar en la Constitución de 1991.

Otra institución anacrónica es la llamada parafiscalidad, por medio de la cual los productores de algunos bienes, la gran mayoría agrícolas, están obligados a pagar impuestos sobre sus ingresos, denominados contribuciones, cuyos recaudos se trasladan a ciertos gremios que supuestamente trabajan por su bienestar y progreso. Infortunadamente, la realidad es que, con frecuencia, con estos dineros se engordan, sin mayor control, burocracias y se hacen gastos difíciles de justificar. De esta forma, todos los años se transfieren cientos de miles de millones de pesos a un puñado de gremios, sin que exista una evaluación objetiva que muestre los beneficios de estas costosas exacciones.

Como está diseñada, la parafiscalidad adolece, en la práctica, de dos problemas aparentemente insolubles. Los productores no tienen mecanismos efectivos de control sobre el manejo de los recursos que trasladan a los gremios. Y, asimismo, carecen de instrumentos para exigir la rendición de cuentas por parte de sus dirigentes. En un gremio típico, como consecuencia del manejo de los recursos parafiscales, sus directivos tienen mucho más poder que los afiliados (usualmente atomizados y dispersos).

Muchas de las dificultades de los fondos del fondo del ganado y otros productos, que generan con alguna frecuencia discusiones públicas, se derivan de los problemas estructurales de estos esquemas parafiscales.

Lo que parece obvio, y que pocos se preguntan, es por qué se mantienen estos arreglos que tan pocos beneficios prestan. La mayoría de los productores, sobre todo los más pequeños, estaría mucho mejor si, simplemente, se eliminaran los aportes parafiscales y pudieran ahorrarse las contribuciones que poco o nada les aportan. La realidad es que una variedad de leyes y decretos, contrarios a sus intereses, soportan una institucionalidad cuyos beneficios son altamente dudosos. Mientras subsistan estas normas seguirán apareciendo problemas y conflictos en los distintos gremios, resultado inevitable de los defectos inherentes a los esquemas parafiscales.

En un esquema ideal, las afiliaciones y contribuciones gremiales deberían ser voluntarias. Los productores deberían aportar sus recursos sólo cuando obtengan la certeza de que, a cambio de sus contribuciones, recibirán servicios efectivos. Dentro de este esquema, los dirigentes entenderían que si no producen resultados, perderían a sus afiliados, sus puestos y demás privilegios. En cambio, cuando se obliga a los productores a pagar impuestos para transferirlos incondicionalmente a unos gremios distantes, con escasos controles, se observa que, con frecuencia, no se prestan servicios efectivos a los contribuyentes y, en ocasiones, no se sabe bien qué es lo que sucede con la plata.

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Esto es el subdesarrollo (BONOS DEMOGRÁFICOS)

ELESPECTADOR.COM,.CO, SANTIAGO MONTENEGRO 21 AGO 2016

Casi toda la atención del país está concentrada en las posibles consecuencias del resultado del plebiscito.

Eso, quizá, sea inevitable, pero es un grave error dejar de analizar una serie de problemas estructurales que el país tiene que enfrentar y que no se van a resolver necesariamente con la firma y la implementación de los acuerdos de La Habana. 

Esos problemas son muchos y de variada naturaleza, pero, por brevedad, sólo menciono algunos de los más importantes. En primer lugar, estamos perdiendo el llamado bono demográfico. En teoría, Colombia está gozando de la ventana demográfica, que se expresa en una gran población joven y se visualiza en una relación de diez personas en edad de trabajar por cada adulto mayor de 65 años. Pero, medido así, nuestro bono demográfico no va a durar mucho tiempo, porque se precipita el envejecimiento de la población y, más grave aún, en la dura realidad, dicho bono no ha existido jamás, porque, si lo medimos como los trabajadores que tienen alguna capacidad de ahorro y cotizan a la seguridad social, dicha relación cae de diez a solo dos. Es decir, estamos con una relación semejante a la de un país de población ya muy vieja, como Japón, pero con una fracción de los ingresos por habitante de ese país.

En segundo lugar, Colombia sufre el azote de una inmensa informalidad de sus trabajadores y sus empresas. De unos 22 millones de ocupados, unos diez millones ganan menos de un salario mínimo, solo 7,8 cotizan a la seguridad social y solo 1,8 millones declaran renta. De más de un millón de empresas, solo unas 3.300 pagan un 70% de los impuestos de renta de las personas jurídicas. Precisamente por esta inmensa informalidad, nuestro país está perdiendo el bono demográfico y esta es una de las causas de nuestro tercer problema estructural: la bajísima productividad.

Hay muchas formas de medirla, pero basta la que ofrece la OECD, cuando mide la productividad como la relación del producto por habitante como proporción del de los Estados Unidos. Según estas cifras, la productividad de Colombia es solo un 22 % de la de ese país, mientras el promedio de América Latina está en un 30 %, la de Chile un 55 % y la de Corea del Sur un 65 %. Pero quizá la cifra más angustiante de todas sea: ¡Nuestra productividad de hoy es ocho puntos menos que hace medio siglo! Además de la informalidad, la pésima calidad de la educación y una casi nula capacidad de innovación explican también estos deplorables niveles de productividad.

Muy relacionado con estos problemas, en cuarto lugar, tenemos un Estado precario, con recaudos tributarios del gobierno de un 14 % del PIB, quizá solo dos puntos por encima de los de mediados del siglo XIX. Además, los impuestos y las transferencias no mejoran la distribución del ingreso, la calidad del gasto público es baja y el Estado tiene una pobre capacidad gerencial.

Pero casi nadie habla de estos problemas. Aparte del plebiscito, los temas son las candidaturas presidenciales, los pretendientes a la Procuraduría y hasta la bicicleta de Carlos Vives. Es una ceguera mental que nos impide ver unos problemas que ya se sienten y que van a estallar pronto. Si seguimos así, el Día del Juicio nos va a coger sin estar confesados. Este es otro síntoma de nuestro subdesarrollo.

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Nuestra tendencia a tragar entero

WWW.DINERO.COM/, COLUMNISTAS | 8/18/2016 Pablo Londoño, columnista online.

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El mayor problema de esta sociedad, donde reina la intolerancia, es que nuestro mayor subdesarrollo es mental. No hemos construido, como sí lo han hecho en otras latitudes,
capacidad para controvertir.

Geert Hofstede  es sin duda uno de los grandes estudiosos del tema de cultura.  En su muy estudiado modelo,  explica las 5 dimensiones  que son críticas a la hora de establecer las posibles áreas de tensión entre los seres humanos y que terminan definiendo de alguna manera los diferentes entornos culturales: Distancia de Poder, Individualismo, Masculinidad, Manejo de la incertidumbre y Orientación a largo plazo.

Si bien su tratado ha nutrido por su riqueza innumerables estudios sociológicos, la realidad es que el primero de sus elementos, el de Distancia de Poder, no sólo refleja una de las más importantes características de los Colombianos como sociedad, sino que explica  de alguna manera parte significativa de nuestros problemas.

El indicador de Distancia de Poder (DDP) explica según él en qué medida, los miembros de una cultura, sociedad  u organización, aceptan y esperan que el poder sea repartido de manera" inequitativa". Para ponerlo en otros términos, son aquellas culturas en donde miembros jóvenes, o menos experimentados, aceptan la existencia de estructuras jerárquicas en donde el poder se concentra arriba, en sus mayores. Suena raro pero sí, son los miembros ubicados en la base los que propugnan por ser liderados de esta manera a la espera de que el ciclo alguna vez les llegue a ellos.

En general, simplemente para ejemplificar, las estructuras familiares tradicionales están organizadas de esta manera. Existe un respeto (temor reverencial) por el jerarca de la familia, y se acepta este ejerza ese poder imponiendo normas, estableciendo derroteros o tomando decisiones que los  afectan  a todos en su conjunto, sin derecho a la réplica.

El tema podría pasar inadvertido, de hecho lo hace en el contexto de muchas organizaciones humanas; el problema es cuando esta realidad se vuelve parte indeleble de lo que llevamos en nuestro ADN, trasciende lo organizacional (familia o empresa) y se vuelve parte activa de nuestra realidad cultural con efectos que impactan el largo plazo, a veces a generaciones enteras.

En el entorno familiar y organizacional los efectos no son menores porque el chisme, la crítica tapada, la rebeldía de los menores (tan criticada en nuestro ámbito) o la famosa “falta de respeto” cuando los jóvenes atentan disentir contra el “sistema”, erosionan o destruyen relaciones.

En el contexto empresarial, esta misma situación lleva muchas veces a un “mal clima laboral”, la pérdida constante de talento, a la unión sindical como forma concertada de protesta, y a muchas otras “formas de lucha” como mecanismo para enfrentar el abuso de poder.

El problema cuando lo llevamos a contextos sociales, es que esta realidad deriva en el nefasto caudillismo tan típico nuestro (entregamos nuestras esperanzas a una figura que encarna nuestro descontento), a la rebeldía organizada que en nuestro contexto desafortunadamente siempre ha tenido tintes criminales, y finalmente a la violencia como alternativa de desfogue, de “liberación” que ha marcado tan desafortunadamente la forma en como nosotros los colombianos resolvemos nuestra incapacidad para enfrentar el poder o la injusticia.

Hoy que se discute en este país la “Paz”, las enseñanzas de Hofstede saltan como liebre recordándonos los primitivos que somos. Se nos convirtió el debate, de nuevo, en una guerra entre dos bandos: El sí o el no, Santos o Uribe, La guerra o la Paz, cuando en el medio deberíamos estar revisando y estudiando al menos la información disponible (que la hay en cantidades) y asumiendo posiciones reflexivas. Pero  No, de nuevo es más fácil delegar hacia arriba, hacernos parte de un bando, y seguir como borregos a caudillos de una pobreza moral gigante como son aquellos que se aprovechan de la tan evidente falta de criterio de sus gobernados para arriarlos con mentiras o verdades a medias hacia el precipicio.

El mayor problema de esta sociedad, donde reina la intolerancia, es que nuestro mayor subdesarrollo es mental. No hemos construido, como sí lo han hecho en otras latitudes, capacidad para controvertir. Una gran inmadurez como ciudadanos que en vez de asumirse como adultos y construir criterios propios, endosamos nuestro futuro a liderazgos con agendas ocultas, mentirosas, ciertamente no las nuestras.

ES EL TIEMPO DE LAS PLUSVALÍAS

Redacción El Satélite El Satélite

EJEMPLO A SEGUIR....

El concejo municipal de la Ceja, Antioquia, elevó del 30 al 50 por ciento (lo máximo permitido) la tasa de plusvalía en su jurisdicción con el fin de incrementar los recursos públicos destinados a la vivienda de interés social, servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación, parques, zonas verdes y de esparcimiento; a mejorar el sistema de transporte público y al fomento de la recreación cultural y mantenimiento del patrimonio cultural del municipio.

El solo incremento de la plusvalía no dice nada, si no se acompaña de una acción persistente por parte de la administración local para hacerlo efectivo.

Realmente este recurso de la plusvalía en poder de los municipios está contemplado desde la expedición de las ley 388 de 1997 (hace 19 años), pero por alguna razón que no resulta difícil adivinar, los distintos alcaldes han pasado agachados dejando que las continuas inversiones en obras públicas y las disposiciones urbanísticas que valorizan los predios se queden en manos de los ricos.

El caso de La Ceja es sintomático: desde hace más de 16  viene siendo burlado por alcaldes y concejales, líderes que en este tiempo han preferido quitarle a los pobres para dar a los ricos.

El boletín virtual de La Ceja “Opinando” que dirigen Germán Llano y María Sotera, le dan la bienvenida a la disposición del concejo que quedó vinculada al estatuto de rentas, pero insisten en que ojalá “este si sea EL GOBIERNO DE LA GENTE; que esta administración sea acuciosa  en aplicar este estatuto, y que este consejo haga realidad esta norma que tantísimo podría beneficiar a nuestra comunidad. Muy raro estar pidiendo el cumplimiento de la ley, pero venimos de eternidades de burlas”, agregan y revelan que “a la fecha no se ha recaudado un peso. Solo amagues engañosos para finalmente burlar las necesidades de nuestra comunidad y llenar los bolsillos  de  algunos propietarios codiciosos que tras bambalinas han manejado el poder político en su beneficio  con colaboración y confabulación  de importantes personajes de la vida política local”.

En la misma dirección de La Ceja pudieran ir muchos alcaldes del país, especialmente aquellos de menores ingresos por rentas propias que, de todas maneras, por pequeños que sean, están constantemente adelantando obras de infraestructura urbana y rural y expandiendo sus áreas de vocación urbanística, con lo que los predios pasan de estimar su valor en fanegadas o hectáreas a metros cuadrados.

La plusvalía es un impuesto distinto al de valorización, pues, este último se puede cobrar par y paso con la ejecución de la respectiva obra, y en cambio la plusvalía solo se ejecuta cuando el propietario beneficiado con una obra pública o una decisión administrativa venda o permute el respectivo predio beneficiado.

La plusvalía,  si no se la siguen regalando toda a los propietarios, podría ser el mayor componente del presupuesto municipal y ser una de las mejores herramientas para avanzar hacia la equidad con justicia social.

‘Toca reducir la corrupción a sus justas proporciones’

LAS2ORILLAS, POR : Juan Manuel López | agosto 03, 2016

¿´Hasta dónde y cómo se puede disminuir al mínimo la corrupción´? Una cosa es clara, que aumentar indefinidamente la legislación represiva no produce la solución.

Es probablemente la frase más conocida del presidente Turbay Ayala, y seguramente de la que más se burlaron en su momento.

Vale la pena reflexionar al respecto.

De un lado está la pequeña ‘corrupción’ de quienes simplemente solucionan sus problemas de naturaleza económica por ese camino (ya sea por necesidad o porque prefieren esa vía ‘facilita’).

Pero aquella contra la cual todo el mundo protesta es la ‘de cuello blanco’, la que corresponde solo a la ambición y al abuso de las situaciones de privilegio, ya sea desde los puestos públicos o desde el gran poder económico.

Esa corrupción, y la posibilidad de ceder a la tentación de caer en ella, es algo inherente a la naturaleza humana. Como es natural e inevitable que al nivel de una colectividad algunos de sus miembros se le entreguen. No existe la posibilidad de erradicarla en forma absoluta a niveles de cero, y la pregunta y el objetivo es: ¿cómo se reduce al mínimo y cual es éste? En cierta forma la frase del presidente Turbay es la manera de formalizar ese propósito, lo malo es que no aporta la respuesta a esas preguntas.

Para buscarlas una primera consideración es que parte de las causas del nivel de corrupción se encuentra en las condiciones del medio que se estudia. Hay menos corrupción en un Estado donde se tiene la seguridad que esta será castigada porque las autoridades policiales tienen la capacidad de detectarla y las judiciales de sancionarla, que en uno donde la impunidad es una alta probabilidad; y se da menos en un país donde es vista y castigada drásticamente por ser considerada un atentado contra la colectividad, que en uno en el cual es visto solo como otro de los delitos que puede cometer cualquier particular.

Si en el mundo actual los escándalos giran alrededor de este delito
es en parte porque el ultracapitalismo o neoliberalismo
facilita y casi propende por ello

Una segunda, que el capitalismo, al tener como base el egoísmo individual y el ánimo de lucro como incentivo central, propicia la tendencia del ciudadano a caer en ella. Y en ese sentido entre más radical es el espíritu y la estructura capitalista de una colectividad —y si por razones culturales o de subdesarrollo no tiene la capacidad de satisfacer o controlar esa tendencia— más proclive es a tener altos índices de corrupción; si en el mundo actual los escándalos en tantos países giran alrededor de este delito es en parte porque el ultracapitalismo o neoliberalismo facilita y casi propende por ello. La falta de ‘profesionalización’ en el servicio público, la idea que la intervención del Estado es un obstáculo para una eficiente administración, y la idea de que el éxito en la actividad privada son referentes para pasar al gobierno, no tienen en cuenta que, al igual que esos incentivos son indeseables y contradictorios con el servicio público, los caminos e instrumentos que en el sector privado son normales —como el que como socios o mediante comisiones participen de los beneficios de un negocio quienes pueden incidir sobre de él— son el mayor pecado en la función pública.

Y otra, que en nuestro sistema político los partidos no tienen la naturaleza y características de un partido político; entre ellos no existe controversia ideológica ni confrontación sobre propuestas que encarnen prioridades en la orientación y la administración del Estado; su función se reduce a avalar a los individuos que escogen como camino para el éxito personal el acceder al poder; y para esto es necesario acudir a grandes inversiones en lo electoral y al ‘clientelismo’. La actividad ‘política’ no se acompaña de la noción de ‘servicio público’. En este sistema político están dadas todas las condiciones e incentivos para que se multiplique la corrupción.

Pero el otro aspecto dañino de la ‘corrupción’ (así entre comillas) es que se nos presenta como si solo dependiera de la naturaleza de los individuos, y así sirve de disculpa par no buscar correctivos a esas condiciones que la multiplican. El destacar al máximo el hecho mismo —volviéndolo lo más truculento posible (para aumentar el rating) — en vez de estudiar las circunstancias que lo rodean, impide que sea alrededor de éstas que se busque la respuesta a las preguntas formuladas inicialmente de ¿‘hasta dónde y cómo se puede disminuir al mínimo esta corrupción?’

Lo que sí es claro es que aumentar indefinidamente la legislación represiva no produce la solución. Menos cuando al mismo tiempo las condiciones carcelarias obligan cada vez a medidas de libertades condicionales, casas por cárcel, principios de oportunidad, etc. Si no cambiamos nada nos encontraremos en la famosa situación de que es tonto pretender que con los mismos principios se produzcan resultados diferentes.

Debería ser claro que para disminuir la corrupción son muchos los cambios que se necesitan, diferentes de la simple persecución y el aumento de las fuerzas y las medidas represivas.

Etiquetas: corrupción, disminución corrupción, represión corrupción