Las propuestas del Informe de Movilidad Social deberían ser apoyadas por todas las vertientes políticas, desde las Farc hasta el Centro Democrático.
Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. Peor aún, como demuestra el Informe reciente de la Misión de Movilidad Social, no les brindamos a nuestros niños y jóvenes oportunidades iguales para educarse y tener buena salud y, como consecuencia, nuestra sociedad tiene muy poca movilidad social. En adición, discriminamos abiertamente a las poblaciones minoritarias, indígenas o afroamericanas.
Una sociedad así se está pegando un tiro en el pie. En efecto, la sociedad entera se priva de la contribución potencial de cada joven talentoso que no puede desarrollar plenamente sus capacidades en razón de la desigualdad de oportunidades imperante o de la discriminación abierta. Además, la baja movilidad social desestimula el esfuerzo y la acumulación de capital humano y físico. Como las familias pobres saben que sus hijos tienen poca probabilidad de ascender, invierten menos en su educación que lo que harían bajo otras circunstancias. Y como los hijos de familias ricas saben que tienen asegurado su futuro, tenemos una clase alta poco empresarial y con muchos hijos de papi.
Por estas y otras razones (la alta desigualdad induce violencia y captura de las instituciones políticas), las sociedades con muy alta desigualdad crecen más despacio que las menos desiguales. Igualar oportunidades es, por tanto, no solamente un imperativo ético, sino también un imperativo pragmático.
El Informe demuestra que la condición básica para lograr una sociedad con alta movilidad social es la de brindar a todos los niños atención de calidad durante su primera infancia y acceso a educación básica de calidad. Pero ¿no se supone que es esta una de las tres prioridades de la segunda administración Santos? ¿Y acaso no se ha ido formando un amplio consenso social alrededor de esta agenda? ¿Qué estamos esperando entonces? Tenemos que exigir al Presidente que cumpla lo que prometió en esta materia y apoyarlo con entusiasmo si lo hace.
Otra de las tres prioridades anunciadas por Santos II es la de la equidad. Este objetivo requiere, además, superar la discriminación que existe hoy contra minorías étnicas, regiones atrasadas y el sector rural. Para lo primero, el informe propone acciones afirmativas y crear una superintendencia de equidad y diversidad, que vele por su cumplimiento. Alternativamente, podría asignarse esta función a la Defensoría del Pueblo y a los personeros.
Para lo segundo, se necesita una política inteligente y efectiva de desarrollo regional. El Informe propone crear un departamento administrativo de asuntos regionales con este fin. Quizás sea mejor convertir a Planeación Nacional en lo que se ha ido volviendo a retazos: una institución a cargo de la descentralización. Requiere, sí, un instituto adscrito, dedicado a crear capacidades administrativas y técnicas en los departamentos y municipios atrasados. Para lo tercero esperamos las recomendaciones de la Misión Rural.
Finalmente, el Informe muestra que hemos hecho avances notables en equidad de género, aunque todavía falta camino por andar. Se requiere mayor flexibilidad en los contratos laborales formales y equiparar las prestaciones sociales entre hombres y mujeres (licencias de maternidad y paternidad, edad de retiro), para eliminar los sesgos remanentes en contra de la mujer en el mercado laboral. El tema más difícil de resolver es el del altísimo grado de violencia intrafamiliar que caracteriza a nuestra sociedad.
Esta agenda debería tener el apoyo incondicional de todas las vertientes políticas, desde las Farc hasta el Centro Democrático. En efecto, aun la derecha y la izquierda más recalcitrantes, así tengan posiciones opuestas en otros temas, deberían estar de acuerdo en que todos los niños y jóvenes gocen de las mismas oportunidades y en que no haya discriminación contra nadie en razón de su raza o del lugar donde nació.
Guillermo Perry
