sábado, 27 de abril de 2013

Desde las 6:00 de la tarde serían reconocidas las horas extras


ELESPECTADOR.COM, 

El desmonte de ese pago se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe.




La comisión séptima de Senado de la República aprobó en primer de cuatro debates un proyecto de ley encaminado a devolverles a los trabajadores el derecho de cobrar horas extras, después de las 6:00 de la tarde.
La iniciativa obligaría igualmente de nuevo a las empresas a pagarles el triple del valor normal de un día, a los empleados que laboren los días festivos.
Según el senador Alexander López, autor de la iniciativa, estos derechos que fueron sustraídos en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no permitieron la generación de más empleo en el país.
Busca en concreto eliminar la ley 189 del 2002, que eliminó el pago de horas para los trabajadores y extendió el día hasta las 10 de la noche, eliminó el cargo nocturno y eliminó el pago de festivos y dominicales a los trabajadores con el pretexto de que se iban a crear 700 mil empleos”, señaló el legislador del Polo Democrático Alternativo.
Dentro de la argumentación para aprobar el proyecto, el senador vallecaucano incluyó estudios de la Universidad de los Andes y otros centros de investigación que demuestran que esta medida no generó más de 30 mil empleos en los tres años.
Los trabajadores han perdido poder adquisitivo y año a año están perdiendo casi dos billones de pesos por el no pago de las horas extras, festivos y recargos nocturnos”, aseguró.
La iniciativa de momento cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de la República. Sin embargo, este proyecto en varias ocasiones ha fracaso en la Cámara de Representantes y el Senado en el trámite en las plenarias.
Por: Elespectador.com

viernes, 26 de abril de 2013

Así será el apoyo a los desempleados


Abril 25 de 2013 - 11:32 pm


El Gobierno quiere llevar la cifra de desempleo a un dígito.

Medio millón de colombianos se beneficiarán de fondo para cesantes. Uso de las cesantías será voluntario.

Cerca de medio millón de colombianos se beneficiarán cada año del Fondo de Fomento para Protección al Desempleo, cuya creación fue aprobada por la Cámara y que está próxima a pasar a sanción presidencial.
La iniciativa –que busca auxiliar a quienes pierden su empleo, hasta por seis meses, para que puedan seguir pagando el acceso a la salud y cotizar en el fondo de pensiones– manejará recursos de hasta 400 mil millones de pesos al año.
Dídier Burgos, representante a la Cámara por el partido de ‘la U’ y uno de los ponentes, afirmó que el fondo se alimentará de tres fuentes.
“Uno, el ahorro voluntario, no obligatorio, de las cesantías; dos, el fondo del desempleo que manejan las cajas de compensación, y tres, un cuarto de punto que venía de las cajas de compensación para prevención y promoción de la salud”, precisó el congresista.
Quienes decidan, de manera voluntaria, destinar una parte de sus cesantías al nuevo fondo, serán los únicos que recibirán un giro mensual (que aún no se ha establecido), durante el tiempo que gocen del auxilio, además del cubrimiento en salud y pensiones.
Para hacer efectivo el auxilio, se debe haber estado inscrito en una caja de compensación durante un año seguido, en los últimos tres años. Y para los independientes, el tiempo aumenta a dos años.
Burgos agregó que el desempleado recibirá, además, un “reentrenamiento que le permitirá mejorar sus capacidades laborales y también accederá el mecanismo público de empleo, para conseguir una nueva ubicación”.
El congresista advirtió que la iniciativa no tiene ningún impacto fiscal. Es una redistribución de recursos que hoy se usan a través de las cajas”.

No jugar con la Constitución


ELTIEMPO.COM,

   25 de Abril del 2013

Rudolf Hommes

En Colombia se ha puesto de moda que cada presidente intente cambiar la Constitución por lo menos una vez durante su período presidencial.
La idea de extender el período presidencial a seis años y la manifiesta intención del presidente del Senado y otros oportunistas de la coalición de gobierno de emprender a la carrera una reforma constitucional para extender sus propios períodos y el del Presidente causó alarma. Pero esta no alcanzó a manifestarse, porque se anticipó el Presidente a posponer la discusión y eventual puesta en marcha de esa idea, y aclaró que cuando la propuso estaba pensando que si él fuera reelegido podría renunciar a los dos años para que de ahí en adelante se aplicara el período de seis años.
Afortunadamente se desmontó a tiempo de esa idea, porque varios congresistas están temerosos de que no los vuelvan a reelegir, entre ellos los que estaban más dispuestos a cambiar la Constitución a toda mecha. Si no los hubiera detenido Santos, el Congreso hubiera votado masivamente a favor de esa reforma con el beneplácito de los alcaldes y gobernadores y hubieran intentado darnos un golpe de Estado a los colombianos.
Esto no ha sido analizado a cabalidad, porque el Presidente desactivó la bomba a tiempo, pero han quedado inquietudes que no tienen por qué esperar hasta después de elecciones para ser discutidas y debatidas.
La primera de ellas es con cuánta facilidad se puede cambiar la Constitución. Esto no es conveniente desde ningún punto de vista. Auspicia una permanente inestabilidad jurídica y política que se traduce en mayor incertidumbre y en pérdida de oportunidades de inversión y de desarrollo económico. Las constituciones no deben cambiarse cada rato, pero en Colombia se ha puesto de moda que cada presidente intente hacerlo por lo menos una vez durante su período presidencial.
No menos inquietante es la disposición de los congresistas a no tener en cuenta sus conflictos de intereses y a votar normas que los favorecen limitando su misión legislativa. Ellos quieren crear leyes o cambiar la Constitución en su propio beneficio, como lo hubieran hecho para concederles a todos los que están en posiciones de poder dos años más en esa capacidad. Esto es claramente inadmisible. En buena hora la Corte tumbó una norma, aprobada por el Congreso, que les permitía a los congresistas votar sin tener en cuenta sus conflictos de intereses.
Ellos, que deberían estar impedidos para votar libremente a su favor, están debatiendo si los ministros pueden proponer proyectos de ley que afectan a grupos económicos para los cuales pudieron haber trabajado antes de ocupar sus cargos. Pretenden impedir que personas calificadas sean nombradas ministro o ministra.
Los únicos que tendrían acceso a esas posiciones serían los políticos que tendrían control directo de los recursos del sector público para hacer lo que hoy les impiden hacer los ministros que no se dejan manejar por ellos. Uno de ellos, refiriéndose a esa situación, dice que a veces está tentado de renunciar a ese cargo y denunciar tanta robadera. Sería mejor que la denunciara sin tener que renunciar.
Es evidente que a esa clase de políticos no se les puede conceder la libertad de cambiar la Constitución cada vez que se les antoja.
Queda por debatir si conviene o no ampliar después de elecciones el período presidencial a seis años y hacer lo mismo con los alcaldes y con los congresistas.
Si se piensa en seis años de Petro o de Roy Barreras, en que el alcalde de Cartagena casi acaba con esa ciudad en menos de cuatro años, o que los de las Farc estarían dichosos mamando gallo en La Habana otros dos o seis años, es mejor dejar así, no cambiar la Constitución y preservar los períodos de cuatro años, con reelección o sin esta, que minimizan el costo de equivocarnos.

Una diminuta mirada literaria a la realidad Pensional.


POR: YOLANDA SALGADO DE VELASCO  

Haciendo un paréntesis literario, basados en la joya del escritor ruso Fedor Dostoievski, “Los hermanos Karamazov”; tendríamos que cada uno de los tres  personajes de la obra, simbolizan metafísicamente el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre.  En este magnífico tomo, se nos devela un discurrido interrogante: “Cómo debe vivir un ser humano y para quién debe hacerlo?”

Si el individuo lo conforman estos 3 elementos, trayéndolo al caso de la realidad pensional colombiana, podemos colegir que Estado y Pueblo convergen así: El Estado (cuerpo), el gobierno (mente) y el espíritu (pueblo), formando un solo ser.  De tal modo, el ser no se autolesiona  en forma voluntaria y permanente.  Por lo que tiene que reorientar sus componentes adversos (conducta irracional, sufrimiento psíquico o desequilibrio mental) y sueños, a alcanzar lo mejor para sí y los demás.
Es allí cuando se proyectan opciones, esquemas, estrategias para el adecuado desarrollo de las condiciones de vida.  En esa medida es ilógico que pueda el Estado-Gobierno, seguir transgrediendo al gremio de pensionados, siendo un mismo ser, a través de la aplicación de normas perversas que fusilan el bienestar de este sector de la población, como la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005, Ley 1250 de 2008, entre otras.
Esta insana situación, pareciera provenir de ideas plasmadas en la obra “La Voluntad de Poder” del Filósofo Idealista Alemán Friedrich Nietzsche, a comienzos del Siglo XX, donde se evidencia una concepción antimasas del pueblo y una inclinación antihumanista, la cual refiere que la fuerza motriz universal de desarrollo es la lucha por la existencia o voluntarismo, teoría que se opone totalmente a la RAZON.
Queda entonces comprometida la reforma pensional 2013, a alcanzar propiamente dicho los fines del Estado, consagrados tan sabiamente en el artículo 2 de la Carta Política de 1991, desplazando cualquier desvío “voluntarista” que pretenda entorpecer el acatamiento de la supranorma.

David Barguil, el defensor de los usuarios bancarios


la sillavacia

El miércoles, el superintendente financiero Gerardo Hernández y el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, entre otros altos funcionarios del gobierno, enfrentaron un debate de control político en la Cámara. Su citante fue el representante conservador David Barguil, quien tiene la bandera de la lucha contra los abusos del sector financiero y se ha convertido en la voz de los usuarios para que los bancos aceptaran reducir las tasas de interés hipotecarias, como anunció el gobierno hace dos semanas.
El debate fue alrededor de los altos cobros del sistema financiero: dijo que una persona de estrato 3 en Bogotá paga más por el costo de una cuenta de ahorros que por impuesto predial. Además, criticó las altas tasas y señaló a Hernández de no tener actualizada la información de los cobros que hacen los bancos en la página web de la Superintendencia.
Barguil empezó su trabajo legislativo pensando en los cobros del sector financiero porque, a su juicio, es un problema que afecta a la mayoría de los colombianos y que no tiene un doliente. En septiembre de 2010, cuando apenas llevaba dos meses como congresista, presentó un proyecto de ley para ponerle techo a los cobros de los bancos. Aunque no era la primera vez que se presentaba esa iniciativa (en 2007 lo había intentado un grupo de representantes y en 2008 lo había hecho el senador conservador Alirio Villamizar), esta vez tuvo el respaldo del gobierno.
En enero de 2011 Juan Carlos Echeverry, entonces ministro de Hacienda y copartidario de Barguil, declaró quelos bancos estaban cobrando en exceso pues una transacción financiera costaba en promedio unos siete dólares. Aunque la presidente de la Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, lo desmintió y dijo que el costo estaba en tres dólares, las declaraciones de Echeverry ayudaron a que el tema entrara a la agenda pública.
Echeverry y el gobierno impulsaron la propuesta de Barguil, que terminó convertida en unas facultades para que el gobierno impusiera topes dentro de la mini reforma tributaria de Echeverry. Eso a pesar de la oposición de Asobancaria, que criticó los topes porque a su juicio obligarían a cobrar más por otros servicios y limitarían la competencia.
El ministro, además, hizo uso casi inmediato de esa posibilidad e impuso topes a varios servicios. Por ejemplo,definió que el cobro por sacar plata en cajeros automáticos de otras redes no podía valer más de 3.965 pesos, además de obligar a los bancos a enviar reportes anuales de todos los cobros que le hicieron a cada cliente. Aunque no se le mencionó mucho, El Universal tituló "David Barguil fue el que puso en cintura los bancos". 
David Barguil ha enfocado su trabajo en las crítias a los cobros de los bancos, una bandera popular con la que ya ha ganado varias grandes batallas.
Foto: tomada de camara.gov.co
Barguil busca posicionarse como el representante de los consumidores financieros frente a las entidades financieras, y especialmente como su defensor ante los altos cobros.
Foto: tomada de www.fna.gov.co
Ese, sin embargo, fue solo el primer round. Barguil siguió adelante y propuso, impulsó y logró que se aprobara la ley que permite que se paguen por anticipado los créditos financieros por hasta 880 salarios mínimos (unos 400 millones de pesos). Hasta ese momento los bancos incluían en la gran mayoría de contratos unas sanciones si el deudor decidía pagar por anticipado. Es decir, Barguil ya lleva dos leyes que le ponen límites a los bancos.
Hace unas semanas abrió un portal en internet,www.defensordetubolsillo.com que presenta los costos de diferentes servicios financieros para que los usuarios puedan compararlos. Ese información, que en principio debía ofrecer la Superintendencia Financiera, sirve para que los usuarios puedan revisar si su banco les está cobrando más que la competencia.
Con esta página, Barguil refuerza su estrategia de posicionarse como el representante de los usuarios del sector financiero, que se complementa con debates como el de esta semana y pequeñas victorias como el compromiso del gobierno de revisar las tarifas del Banco Agrario tras una solicitud suya al gobierno de reducir esos cobros. Eso ayudaría tanto a los usuarios de pequeñas poblaciones donde el Banco Agrario tiene presencia, como a presionar hacia abajo los precios de la competencia.
Curiosamente, Barguil es primo, aunque lejano, de Vivi Barguil, la esposa de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del grupo Aval e hijo mayor deLuis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más poderoso del sistema financiero y más rico del país.

Las conexiones en Bogotá

La carrera política de Barguil empezó en Bogotá y no en Córdoba. Trabajó en el programa de fortalecimiento de Acción Comunal del Ministerio del Interior y de Justicia. Allí estaba otro cordobés, Marcos Daniel Pineda, y juntos conocieron de primera mano cómo la labor desde Bogotá sirve para hacer trabajo político en las regiones, conociendo líderes comunales y estableciendo buenas relaciones.
También conoció el funcionamiento de la política bogotana: fue asesor de David Luna en el Concejo de Bogotá cuando éste era concejal de Por la Bogotá que Soñamos y fue coordinador de la campaña de Luna al Congreso en 2006, por la lista peñalosista de Por el País que Soñamos. Esa amistad con Luna lo llevó incluso a pedirle a su partido apoyar al liberal Luna a la alcaldía de Bogotá en 2011.
Además de esa relación con Luna, Barguil es cercano a Simón Gaviria. Aparte de que es novio de María Paz Gaviria, la hermana de Simón, los dos representantes son contemporáneos y compañeros en la Comisión Tercera. Esa cercanía ha llevado a que se apoyen mutuamente en los proyectos de cada uno (por ejemplo, Gaviria ayudó a que no se hundiera el proyecto de Barguil de ponerle tope a los cobros de los bancos) y a que Barguil tenga relaciones de alto nivel en Bogotá, una ventaja política que tienen muy pocos representantes primíparos.
En todo caso, su futuro político sigue estando ligado a Córdoba.

Los votos en Córdoba

Barguil llegó a la Cámara con los votos de los conservadores de Córdoba, que en 2010 cambiaron de caras en el Congreso. El senador anterior, Julio Manzur, y su cámara, José de los Santos Negrete, perdieron el control del partido en manos del llamado burguismo, que lidera la senadora Nora García Burgos.
Ese cambio de poder dentro del conservatismo de Córdoba fue clave para Barguil. En 2007 el conservador Marcos Daniel Pineda, hijo de la senadora García y con quien Barguil ya había trabajado en el Ministerio de Interior y de Justicia, logró romper la hegemonía liberal en la alcaldía de Montería, mientras que el manzurismo perdió la de Cereté. Eso cambió el equilibrio de poder, sumado a que Negrete fue detenido por parapolítica y Manzur renunció a su curul  ante una investigación por ese mismo motivo. Además, Pineda se convirtió en un alcalde muy popular, como contó La Silla.
La senadora Nora García Burgos es la jefe política de Barguil, aunque probablemente él ahora tenga más notoriedad nacional.
La extracción de níquel en Cerromatoso ha sido otro de los caballitos de batalla de Barguil, y es una de las banderas de Nora García.
Tras esos golpes, Nora García logró consolidar a casi todo el conservatismo cordobés, incluyendo a Manzur y con excepción de los Pretelt Chaljub.
Para la Cámara, García distribuyó su apoyo entre Barguil, que  hizo toda su campaña con ella,y José Luis Abdala, un político con más recorrido, primo de Manzur y que tenía el apoyo de políticos del PIN y se acercó a otros senadores conservadores.
El apoyo a Abdala era un compromiso que García había asumido con Manzur a cambio del apoyo de éste a su candidatura al senado, mientras que Barguil era de su casa.
El hoy representante, que había estudiado en Bogotá, venía de ser jefe de debate y luego asesor del alcalde Marcos Pineda, y eso fue fundamental en su aspiración. Como en la campaña de Pineda en 2007 y la de Luna en 2006, Barguil combinó acuerdos políticos y el uso de estructuras, con un trabajo persona a persona (por ejemplo, subi{endose a los buses y recorriendo los barrios).
En medio de una dura pelea con Abdala, pues solo había votos para un cupo en la Cámara, finalmente le ganó con 48 mil votos contra 36 mil. Más de la mitad de esa diferencia estuvo en Montería, donde Barguil tenía el terreno abonado porque la gente ya lo conocía desde la campaña de Pineda.
En el Congreso, su principal trabajo con Nora García ha sido su posición crítica frente a la explotación de Cerromatoso y las regalías que ha pagado la empresa, una pelea que García heredó de su padre Amaury García Burgos.
En 2011, el burguismo volvió a poner alcalde en Montería, con Carlos Correa, quien le sacó una gran ventaja a los demás candidatos. Aunque aún falta un año y las alianzas políticas no están selladas, los buenos resultados tienen al grupo de Barguil pensando en que pueden lograr más.
García y Barguil no solo están  pensando en la reelección sino que, con los demás conservadores cordobeses, tienen como meta sumar otra curul en la Cámara. Según El Meridiano, el periódico más importante de Córdoba, el ex representante José de los Santos Negrete (que llegó al Congreso como conservador en 2006 y se quemó como liberal en 2010) volvió al conservatismo para ocupar esa otra casilla, lo que muestra que la fuerza del burguismo resulta atractiva para otros grupos políticos.
Esa fuerza electoral de Barguil se suma a que sus logros con los bancos también han tenido despliegue en su región. Por ejemplo, El Universal de Cartagena, que circula en Montería, le dio el crédito por la reducción de las tasas hipotecarias. “David Barguil gana primer round a la banca“, tituló la semana pasada.
Por ahora, Barguil seguirá en la Cámara. Pero es de los pocos representantes que, como Simón Gaviria, Iván CepedaGuillermo RiveraAngela María Robledo o Augusto Posada, ha podido captar la atención de medios nacionales, además de que ha logrado la suficiente visibilidad en su bancada para que ésta lo nombrara su vocero cuando apenas llevaba un año en el Congreso. Si, además, sigue ganándole batallas a los bancos a favor de los usuarios, tendrá garantizada su curul por largo rato.

Lo que viene con el desmonte parafiscal


ELESPECTADOR.COM,


Empleadores ahorrarían un 5% en costos laborales


Desde el próximo 1º de mayo, los empresarios dejarán de aportar parafiscales sobre trabajadores que ganen menos de $5’900.000 al mes. Sin embargo, expertos cuestionan la eliminación parcial de este tributo.


Una de las medidas adoptadas por el Gobierno dentro del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) será el desmonte, desde este 1º de mayo, de los parafiscales, tributos que venían financiando a instituciones como el ICBF y el Sena. De ahora en adelante, personas jurídicas y sociedades declarantes de renta tendrán que pagar el gravamen CREE, con el que se darán recursos a estas entidades, salud y educación pública.
Según se estipuló en la reforma tributaria sancionada en enero de este año, la tarifa del impuesto CREE será del 8%. Sin embargo, durante 2013, 2014 y 2015 el gravamen será del 9%, ya que este punto adicional financiará a las universidades públicas, la salud y la inversión social en el campo.
Además, con la reducción de impuestos a la nómina de las empresas, el Gobierno busca generar entre 400 mil y un millón de puestos de trabajo en los próximos años. Sin embargo, expertos laboralistas como Stefano Farné —catedrático de la Universidad Externado—, cuestionan esta medida y aseguran que no generará más de 100 mil empleos.
Horacio Ayala Vela, consultor tributario, dijo que con esta norma las cosas pueden complicarse en materia administrativa para personas jurídicas y empresas, debido a que desde ahora las sociedades deberán dividir sus nóminas en dos, debido a que no deberán pagar parafiscalidad sobre quienes ganen menos de 10 salarios mínimos ($5’900.000) y sí tendrán que hacerlo sobre aquellos empleados que devenguen un sueldo superior al mencionado.
“Hay que atender a las entidades —Sena, ICBF y universidades públicas— con los recursos del CREE. Los trámites administrativos son más para el Estado que para los contribuyentes”, aseguró el tributarista, quien prevé que probablemente el Pipe del Gobierno disminuirá la informalidad, sin generar grandes cantidades de empleo.
“No hay un impuesto del 33%, sino del 34% para las empresas. Además, a pesar de que toca pagar el CREE en 2013, las compañías tendrán que pagar la parafiscalidad. Con esto hay un incremento en la tasa de tributación para las sociedades”, señaló Pedro Sarmiento, socio director de la División de Impuestos y Asuntos Legales de la firma Deloitte Colombia.
“Si la intención era acabar la parafiscalidad, de 10 salarios mínimos en adelante se debe continuar con este gravamen. Sin embargo, empresas que paguen salarios más bajos sí se verán beneficiadas”, dijo Sarmiento.
Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público, aseguró recientemente que con el desmonte de los parafiscales los empleadores del país tendrán un alivio del 5% en los costos laborales para mejorar los niveles de competitividad.
También, el Gobierno anunció que dentro del Pipe se está alistando un sistema de tarifas de retención en la fuente de carácter preferencial para la industria y la agricultura, con lo cual se aliviaría el flujo de caja de estos sectores de la economía.
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval

martes, 23 de abril de 2013

Calma, señor procurador


Semana.com,  Por Oscar Sevillano

No se si valga la pena que el Gobierno se esfuerce por sacar adelante unos diálogos de paz si luego el procurador general se va a convertir en la piedra en el zapato.

 

Nadie desconoce que en una democracia se requiere de pesos y contrapesos, porque de esta manera se evitan errores que en un futuro podrían causar más de un dolor de cabeza en un país, con una situación de por sí complicada como la de Colombia, por ejemplo. Sin embargo, no es lógico, ni mucho menos normal, que la mayoría de integrantes de este sistema democrático tengan que verse atemorizados por que en él existe un elemento que amenaza con cobrársela si ejecuta alguna acción con la que éste no se encuentre de acuerdo.

Este parece ser el caso del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien parece haberse convertido en una amenaza para la inmensa mayoría de funcionarios, quienes hoy día prefieren que se les califique como “ineptos”, antes que verse destituidos por un fallo del Ministerio Público que acabe de tajo con el esfuerzo que vienen realizando desde mucho años atrás por salir pensionados de alguna de las entidades oficiales.

Se entiende y se acepta que se quieran sanear las entidades públicas de todo el foco de corrupción administrativa que por décadas enteras ha reinado en su interior, pero lo que resulta inaceptable es que con la excusa de que al procurador general de la Nación no existe un verdadero órgano de control que, valga la redundancia, le controle, este pueda atravesársele a cuanta decisión o propuesta exista en el panorama de la vida nacional, no solamente para garantizar los derechos de un grupo de personas como las que pertenecen a la comunidad LGBTI, por ejemplo, sino además también en las ideas que con mucho esfuerzo y dificultad se presentan al país para solucionar los largos años de conflicto armado que ha padecido nuestro territorio.

Soy de los colombianos que poco creen en las intenciones de paz de las FARC, pero si se llega a firmar un acuerdo con el grupo armado y este cambia las armas por la política, estoy dispuesto a dejar atrás los prejuicios que tengo frente a ellos, y vería con buenos ojos el que estos puedan participar en la democracia electoral de nuestro país, así mi voto nunca sea por alguno de sus miembros. Por lo tanto, si en nuestro territorio existen personas que, como yo, podríamos dejar atrás nuestra desconfianza a un lado, con tal de que miles de campesinos y ciudadanos que habitan en las regiones puedan vivir tranquilos, no veo la razón por la que señor procurador, Alejandro Ordóñez, esté dispuesto a permanecer en medio de un radicalismo mal sano para la vida de la nación.

Es posible que las comparaciones sean odiosas, pero no veo diferencia entre el jefe del Ministerio Público y Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo', que con tal de morir en su ley, nunca dio su brazo a torcer.

Por otro lado, no veo en qué le puede afectar al señor procurador que dos personas del mismo sexo unan sus vidas, si al final no le hacen daño a nadie. Por lo tanto, no resultan válidos los argumentos de que “esto atenta contra la moral y el buen comportamiento de la sociedad”, y si así fuera, perdóneme, señor procurador, pero peor no podemos estar porque una sociedad que, por poner tan solo un ejemplo, acepta y aplaude las acciones de una persona como Víctor Carranza, acolitando de paso cuanta fechoría se le ocurría hacer mientras estuvo vivo, sin que nadie se atreviera a decir, “esta boca es mía”, no tiene mucho que defenderle.

Es por esto, señor procurador, que resultó ofensivo para la democracia de un país que enviara una de sus funcionarias a supervisar el cumplimiento de un acuerdo que se hizo bajo la mesa, con senadores que se encuentran bajo su total vigilancia, para tumbar el proyecto que permitía el matrimonio para las personas del mismo sexo. Con esto quedó más que claro, que con tal de que nadie se atreva a contrariar a Alejandro Ordóñez, este es capaz de utilizar su poder atemorizante.

Parece ser que tenían razón quienes opinaron que la fiesta para celebrar el matrimonio de Natalia Ordónez, hija del señor procurador, fue un acto de demostración del poder de este, y es lógico porque a un evento de estos sólo asisten las personas que le son cercanas a la pareja de recién casados, y dudo mucho que la novia sea íntima amiga de Roy Barreras, María Emma Mejía, el presidente Santos y su primera dama, Luis Carlos Sarmiento, los magistrados de las altas cortes, etc.

No sé entonces si valdrá la pena que el gobierno nacional se esfuerce por sacar adelante unos diálogos de paz con los grupos armados si luego de una posible firma el procurador general de la Nación se va a convertir en la piedra en el zapato de las aspiraciones políticas que estos puedan tener. Como también creo que la labor de los activistas de derechos humanos en todos sus matices, seguirá siendo una pérdida de tiempo, porque dentro del sistema de pesos y contrapesos, existe un elemento que a pesar de ser un ferviente servidor de la Iglesia Católica les mira con desprecio.

Colombia necesita de un ánimo constructivo, no destructivo, señor procurador, por tanto, yo le pido el favor de que se calme y no insista en querer mostrarse como “el Coco de la función pública”, ese personaje mítico con que las abuelas y las mamás asustan a sus niños, si no siguen sus órdenes.