domingo, 24 de febrero de 2013

Las propuestas para la reforma pensional

Por: Elespectador.com

El Gobierno socializó la que sería la base de esta reforma que busca, según el mintrabajo, suplir las deficiencias del actual sistema en materia de equidad, cobertura y sostenibilidad. El Espectador presenta las posiciones y recomendaciones de los fondos privados, académicos, trabajadores, pensionados y congresistas.

Una iniciativa de tres pilares

En materia de cobertura, según cifras del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, sólo están cotizando 7,7 millones de personas en los sistemas de ahorro individual y prima media (de un total de 17,2 millones de afiliados). Si esta situación —acompañada por una elevada informalidad laboral— no se corrige con la reforma, el Gobierno estima que 90% de la población en unos años se quedaría sin acceder a pensión.

Pardo manifestó que la reforma no va a tocar la edad de jubilación y busca fortalecer el Régimen de Prima Media (que está en manos de Colpensiones). También, la iniciativa pretende quitarles los subsidios a las pensiones millonarias que se dan en el país.

La cobertura, tema a resolver

Domingo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los líderes del movimiento sindical colombiano, enfatiza en que la presentación del Gobierno es un documento y no existe un proyecto como tal para radicarlo. “La discusión debe ser algo que sea concertado entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. No tenemos por qué discutir con los fondos privados de pensiones”.

Desde la CUT, Tovar propone que la reforma tenga “una política de formalización laboral, porque ese es uno de los temas estructurales en los que se debe trabajar. Una política salarial acorde y digna, porque con esos miserables salarios quedará miserable la pensión. Y ya específicamente en materia de pensión, se debe resolver la cobertura. Debe ser una reforma para el país, no sólo para los trabajadores. Hay que atacar la inequidad. Y, finalmente, se debe planificar la sostenibilidad del sistema, responder cómo sostener ese régimen pensional y a costa de quién. ¿De un ahorro individual de los trabajadores?”

Y recalca que “la mayoría de los trabajadores están en un salario mínimo, entonces, ¿qué capacidad de ahorro tienen? Por eso no estamos de acuerdo con los subsidios para la vejez”. Con estos subsidios tampoco está de acuerdo la Confederación de Pensionados de Colombia, asociación que considera que estos planes del Gobierno no son el camino a seguir.

Deficiencias en el mercado laboral

Aunque no se ha dado a conocer el borrador de la reforma pensional, recientemente el Gobierno expuso sus primeras cartas, enmarcadas en tres principios de un nuevo sistema: equidad, sostenibilidad y cobertura (se pretende que sea de 80% en 2030).

Aparte de incrementar cobertura, el Gobierno busca articular los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), un sistema de cuentas de ahorro voluntario y flexible que da 20% de subsidio sobre lo acumulado. Además, a este esquema se añade un tercer nivel para cobijar a personas mayores de 65 años en Sisbén I y II. En la base de la pirámide, la propuesta del Gobierno quiere cobijar a 1 millón de adultos mayores que no tengan ingresos y tampoco hayan ahorrado en su vida.

‘No elevar edad de jubilación’

Aunque no se conoce el borrador de la reforma pensional, el representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera asegura que, de cara a la transformación que busca hacer el Gobierno al actual sistema, es necesario no elevar la edad de jubilación y tampoco modificar el número de semanas cotizadas para acceder a la mesada como derecho.

“En el Régimen de Prima Media vamos a estar atentos para que no se cambien las condiciones para pensionarse. Hay que confiar en que se hagan buenos aportes en el Congreso para que salga un buen tema”, aseguró el congresista, y añadió que el Legislativo “está preparado” para debatir la propuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, el senador Jorge Enrique Robledo cree que la propuesta del Gobierno “es inaceptable” ya que alterará el proceso de pensión de un millón de colombianos que actualmente devengan dos salarios mínimos al mes. “La reforma es retardataria. El cuento de Santos es que el pobre que no se está muriendo de hambre es sospechoso”.

“El pretexto del Gobierno con la reforma es quitarles a un poco de pobres para darles a más pobres. Un auxilio de $70.000 no es una pensión”, agregó. Recientemente, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que en este momento es más importante encargarse de darle un revolcón al sistema de salud que al de pensiones.

La fórmula de flexibilizar

Antes de que el Gobierno diera a conocer las primeras puntadas de la propuesta de reforma pensional, el presidente de la Asociación Colombiana de Administratores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro Trujillo, dio a conocer una propuesta para incrementar la cobertura pensional en el régimen de ahorro individual (RAI) del 30 al 35%: flexibilización.

Esta fórmula consiste en que por ejemplo una persona de 62 años que no pueda alcanzar las 1.150 semanas cotizadas requeridas, espere un año o dos para poderse jubilar con menos tiempo del exigido. “Eso es voluntariamente y haciendo esa flexibilización podríamos llegar al 35% de los afiliados al RAI”, dijo Montenegro.

Según el directivo, si una persona no alcanza actualmente a pensionarse en el RAI, se le da el doble de recursos que a alguien que no obtenga el derecho a través del régimen de prima media (RPM). “En el RPM no se reconoce tasa de interés real positiva. Sólo le dan aportes corregidos por la inflación”.

Dentro de su propuesta, Asofondos no sugiere aumentar el número de semanas cotizadas para poder para pensionarse en el régimen de prima media (RPM). “Con la regulación actual estamos jubilando un 30% de nuestros afiliados. En el régimen de prima media es menos del 13%”, dijo Montenegro recientemente.

La solución es la productividad

Stéfano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, destaca la conveniencia de “pasar a un solo sistema, de planes múltiples, que no estén en competencia el ahorro individual y el Seguro Social, sino que se complementen”. Y deja claro que “al fin reconocen que este es el mejor sistema”.

Pero el académico va más allá: “En los países desarrollados, en Europa, ¿por qué la cobertura de las pensiones es más alta que en Colombia? Estoy convencido de que este no es un problema de una ley, es una tema fundamental, de estructura. En los países desarrollados los trabajadores son más productivos y tienen ingresos más altos, tienen permanencia en el empleo y disfrutan de un buen ingreso y un buen ahorro. El problema es que seguimos aquí con ingresos bajos e inestables y la gente tiene muy poco para ahorrar. Es más importante comer hoy que tener una pensión mañana”.

A lo que también hace referencia Farné es a que la informalidad influye, pero a su vez es determinada por la baja productividad de la mano de obra. “Es cierto que el mercado de trabajo es muy informal, pero, ¿por qué pasa eso? Porque no se tiene la suficiente productividad para pagar no sólo los salarios decentes, sino todas los prestaciones que van con un buen salario. Podemos cambiar el sistema pensional, pero el problema es que la gente sigue ganando poco”.

sábado, 23 de febrero de 2013

Hacer política

Por: GABRIEL SILVA LUJáN | 10 de Febrero del 2013

Gabriel Silva Luján

Los antipolíticos quieren sustraer de las urnas las decisiones colectivas mediante el expediente de deslegitimar a quienes se han ganado -con mucho trabajo- el respaldo popular.

Tengo un profundo respeto por la política, por mi profesión –politólogo– y por mi experiencia de servidor público. Esa actividad –que, según las encuestas, el 80 por ciento de los colombianos consideran indeseable, sucia, corrupta y costosa– para mí es la esencia de una sociedad civilizada. La política es simultáneamente un arte y un apostolado. Es el espacio donde aflora lo mejor y lo peor de una sociedad.

Esa realidad ineludible, que en la política coexistan los ángeles y los demonios, es propia de todas las actividades humanas. El problema es que de todas ellas la política es la más importante. A través de esta se decide la distribución del poder en la sociedad y la asignación de los recursos colectivos. Mejor dicho, es en esa esfera donde se determina quién manda a quién y quién recibe qué.

No deja de sorprender que algo tan crucial para la sociedad sea tan impopular. Sin duda, mucha de la culpa la tienen los mismos políticos. Con tanto escándalo de corrupción, de ‘parapolítica’, de amiguismo y de personalidades en las cárceles, quién se va a animar a metérsele a eso. Con razón, el 95 por ciento de los jóvenes que van a entrar a la universidad dicen que no tienen ningún interés en la política.

Pero, a pesar de las bestialidades que han hecho los políticos, mucho me temo que detrás de ese deterioro del interés colectivo en la política hay más que el simple desencanto. En esa erosión permanente y desenfrenada del prestigio de esta actividad se esconde algo bastante oscuro.

La antipolítica es una ideología como cualquier otra. Los antipolíticos quieren sustraer de las urnas las decisiones colectivas mediante el expediente de deslegitimar a quienes se han ganado –con mucho trabajo– el respaldo popular. Si en el imaginario colectivo todos los políticos son corruptos y zánganos, pues la conclusión obvia es acabar con el mecanismo que los produce, es decir, la democracia.

Ustedes habrán oído a los poderosos, cada vez con más frecuencia, argumentar en los cocteles que realmente aquí lo que hace falta es una dictadura. Ya hasta tienen candidato para el cargo de dictador benévolo. Y es que la política incomoda a muchos intereses.

La política incomoda a quienes quieren explotar una mina de oro en el páramo de Santurbán, hacer un hotel en el parque Tayrona o vaciar en el mar cientos de toneladas de carbón. Incomoda a quienes se ven obligados a hacer una consulta previa; a lograr que el concejo, la asamblea o el Congreso les aprueben un proyecto. Los funcionarios y los dirigentes, a nombre de la sociedad, han podido frenar tanta cosa inaceptable gracias al debate político.

Desafortunadamente, la ideología de la antipolítica se mete por todas las rendijas. Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, son una permanente caja de resonancia. Además, las redes sociales llenas, de anarquistas auténticos –y otros a sueldo–, con su superficialidad analítica, alimentan la bola de nieve.

La antipolítica se ha vuelto también una cultura institucional. Atacar a los políticos; remover a funcionarios elegidos democráticamente; arrojar sobre la actividad política un manto de duda; abrir procesos a diestra y siniestra, evidentemente es muy popular pero está socavando la credibilidad pública en la democracia.

La gran paradoja es que nadie parecería escaparse a la tentación de hacer política con la antipolítica. Hoy, para llegar al poder, hay que exhibir como trofeos las cabezas de quienes se atrevieron a meterse en la política para servirle al país.

Díctum. Por sus actos los reconoceréis. Ya sabemos que Santos va por la reelección. Uribe, también.
Gabriel Silva Luján

jueves, 21 de febrero de 2013

Cada vez menos en la cama y los demás en el suelo

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 15 de febrero de 2013.

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Es difícil concebir algo peor que la reforma pensional propuesta por Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Porque se propone empeorarles, una vez más, sus derechos de pensión a más de un millón de familias que viven de sueldos superiores a dos salarios mínimos y están vinculadas a empresas privadas, convenciones laborales, el magisterio, el poder judicial, los servicios públicos, los organismos de control y el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías.

Y porque, así lo expresen de forma solapada, la sustentan presentando a los que tienen derechos de pensión en el sistema de prima media casi que como a delincuentes que despojan a la Nación y que son los culpables de que haya muchos colombianos que sufren la informalidad y la pobreza y no pueden pensionarse. Cuando la verdad es que estos apenas son compatriotas que han trabajado por décadas construyendo el país y que han aportado para pensiones lo exigido por unas leyes que no redactaron ni aprobaron ellos.

Las dificultades para pensionarse que campean en Colombia, así como la falta de recursos de lo que hoy es Colpensiones, no son culpa de los trabajadores formales sino de las políticas impuestas por los mismos sectores políticos que hoy impulsan esta reforma pensional en extremo regresiva.

Se sabe que el desempleo, los bajos salarios y la informalidad, que dificultan o impiden pensionarse, tienen como fundamentos el neoliberalismo y el libre comercio, que sustituyen la producción y el trabajo nacional por los de los extranjeros. Y el sistema de pensiones del ISS y las cajas tenía que colapsar por culpa de la Ley 100 de 1993, que trasladó a los que aportaban para pensiones a los fondos privados –hoy con 10,4 millones de afiliados, reservas por $135 billones de pesos y solo 56 mil pensionados–, en tanto 1.3 millones de pensiones quedaron a cargo del Estado. Con este colapso agravado porque los gobiernos desaparecieron aportes pensionales que al 2001 valían 60 billones de pesos.

Que no vengan ahora a poner cara de yo no fui y a traer como falsa solución, al igual que siempre diseñada por el FMI, golpear nuevamente los derechos de los asalariados, mientras mantienen un modelo económico inicuo, que acaba con la industria y el agro, con el empleo y los salarios y por supuesto con el país y la posibilidad de pensionarse, pero que, eso sí, lucra a reventar a cada vez menos, entre ellos a los tiburones de las finanzas que convirtieron en gran negocio privado las pensiones de los colombianos.

Como buena reforma neoliberal que es, no puede faltarle su aspecto “social”, tan propio de los juanmanueles que nos mal gobiernan. Cómo no ponerle al anzuelo una carnada que tape su aguijón de acero. De ahí que se desgañiten con el cuento de que el objetivo de la reforma es aumentar el número de “pensionados”, calificando de esta manera no a quienes recibirán al fin de su vida laboral una pensión digna de ese nombre, sino aquellos a quienes el Estado les otorgará un auxilio de vejez del orden de escasos 75 mil pesos mensuales, que saldrá, no del crecimiento de la economía ni de los mayores impuestos a los magnates –a los que la reforma tributaria santista se los redujo en billones de pesos–, sino de un nuevo recorte del derecho de pensión de más de un millón de colombianos, entre quienes son muy escasos los de las pensiones que escandalizan.

Lo que se discute no es si el Estado debe darles unos pesos a unos ancianos paupérrimos. El debate es si eso puede llamarse pensión –y falsear la estadística– y en quién debe pagarlo: si quienes laboran para las magras pensiones que equivalen al 65 por ciento de sus bajos sueldos promedio de los últimos diez años o si los Carlos Slim y sus pares, que se lucran de sus negocios en el tercer país con la peor desigualdad social de la tierra.

Y en especial se debate si debe apoyarse un modelo económico que destruye el aparato productivo nacional, los empleos, los ingresos y las pensiones, en el que Santos se propone reelegirse con argucias de descarado clientelismo político –como la de las falsas pensiones o las cien mil casitas–, clientelismo que además financian con impuestos que pagan hasta los desempleados –como el IVA– y los trabajadores y las clases medias que logran acceder a la formalidad laboral, así como con el recorte de sus derechos pensionales.

Recorte a las pensiones

Por Rodolfo Valderrama D. , rodovaldi@hotmail.com

LA NACIÓN.com.co, Febrero 20, 2013

A propósito del proyecto de reforma pensional, es importante recordar las principales diferencias entre el régimen de pensiones públicas (Colpensiones) y los fondos privados. El sistema público se fundamenta en la solidaridad, el privado en la capacidad adquisiti-va de cada aportante; en el primer caso la pensión es vitalicia independientemente de los aportes y las fluctuaciones del mercado de valores; en el segundo caso la pensión de-pende del ahorro individual y de las fluctuaciones del mercado, es decir que si una per-sona accedió a una pensión, no se puede garantizar que esta sea vitalicia, pues es muy posible que el disfrute de este servicio se acabe antes de que fallezca el pensionado; muy grave sería el evento en el cual una persona se pensionara a los 65 años y a los 75 se agoten los recursos provenientes del ahorro individual, aportado antes de cumplir los 65 años.

Si bien el proyecto de reforma en mención propone algunos aspectos positivos como el límite a las pensiones altas y ampliar la cobertura, así sea por métodos asistencialistas, el “veneno” del proyecto radica en que le quita el carácter vitalicio a este servicio social y solamente garantiza el salario mínimo, en esto se asemeja al mezquino y egoísta régi-men privado. Para ilustrar esta situación, diremos que si una persona se pensiona con $3.600.000, solamente se le garantiza $600.000 (salario mínimo mensual) en forma vita-licia, mientras que los $3.000.000 se pagarán hasta cuando se acabe el ahorro aportado, es decir que una vez pensionado con $3.600.000, al cabo de algunos años este valor se convierte en $600.000 con el agravante que la persona tiene una edad más avanzada. En el caso anterior si la persona hace aportes durante 25 años, logra una ahorro indivi-dual para obtener la pensión plena por un tiempo de ocho años aproximadamente, asun-to muy grave porque si la persona sobrevive 20 años como pensionado, deberá subsistir con un salario mínimo por espacio de 12 años; con el actual régimen público obtendría pensión plena en forma vitalicia (hasta 80% del salario promedio de los últimos 10 años).

Es sensato y legítimo que el gobierno se preocupe por aumentar cobertura y asegurar sostenibilidad de las pensiones, dado el reducido porcentaje de pensionados, el enveje-cimiento de la población y el aumento de la edad promedio, pero no es cierto que sola-mente se afectarán las pensiones más altas, sino que saldrán perjudicados quienes ga-nan más del mínimo, que es un porcentaje no despreciable. Lo cierto es que el gobierno ha cedido ante la presión de los privados al proponer que las pensiones públicas no sean vitalicias, al igual que lo que ocurre en el régimen privado. Debemos propugnar para que las pensiones al menos las públicas sean vitalicias, equitativas con alta cobertura y que no dependan de las fluctuaciones del mercado.

Pensiones ¡la gran estafa!

Arco Iris, Por: Libardo Sarmiento Anzola, 20.02.2013

El sistema general de pensiones tiene como objetivo garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley. En Colombia operan dos regímenes: i) el solidario de Prima Media con Prestación Definida y ii) el Régimen de Ahorro Individual, negocio operado por el sector financiero.

Al sistema pensional colombiano lo caracteriza la exclusión, las iniquidades, las continuas reformas, la insostenibilidad financiera, los obstáculos casi imposibles de superar para obtener el reconocimiento al derecho de pensión de vejez y las ganancias extraordinarias de la banca privada, todo lo cual configura una gran estafa para los trabajadores que confían sus ahorros de manera “obligada” en cualquiera de los dos regímenes.

Exclusión

El sistema de seguridad social en Colombia tiene origen en los años 1945 y 1946, con la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). En 67 años de existencia, el sistema cubre apenas al 30% de población en edad de reclamar su derecho a la pensión por vejez (62 años los hombres y 57 la mujer). Las proyecciones oficiales de población del DANE, estiman en 47.120.770 el número de habitantes de Colombia, en 2013. De éstos, 4.962.491 es mayor de 60 años (10,5%). El 70% de los adultos mayores no cuenta con ningún ingreso pensional debido a que no cotizaron o no pudieron ahorrar lo suficiente, expresión de una vida laboral precaria, informal y de bajos ingresos.

En Colombia hay 22 millones de trabajadores; de ellos 12,5 millones laboran en el sector informal (esto es, 56% no tiene contrato laboral ni está cubierto por la seguridad social; la mayoría son trabajadores por cuenta propia). Dos terceras partes de los informales devengan ingresos inferiores a un salario mínimo legal.

Un modelo económico reprimarizado desde la década de 1980, dedicado a actividades extractivas y rentísticas (minería, energía, biocombustibles, especulación financiera, comercio, ganadería extensiva), no genera valor agregado y menos aún empleo digno o de calidad. La economía nacional, dependiente de los ciclos internacionales, es además, altamente inestable. En consecuencia, tenemos un mercado de trabajo precario, inestable y de alta desigualdad en la distribución de los ingresos; en las dos últimas décadas el valor del índice de desempleo abierto supera, en promedio, los dos dígitos (gráfico 2). De los 22 millones de trabajadores, sólo 7,7 millones (35%) actualmente está activamente ahorrando en el sistema pensional, privado o público. Pero tan sólo uno de cada diez alcanzará una pensión, cuando cumpla la edad requerida y haya cotizado las 1.300 semanas (un poco más de 27 años de trabajo); el 90% no podrá responder a las exigencias actuales del sistema pensional, perderá sus ahorros “obligatorios” debido a los prolongados períodos de desempleo, bajos ingresos, informalidad e incertidumbre laboral.

Iniquidad

El 98% de los 1,5 millones de adultos mayores a quienes se les ha reconocido el derecho a la pensión de vejez recibe un salario mínimo legal ($589.000, en 2013). Para el dos por ciento restantes (30.000 pensionados), las mesadas mensuales están en un rango entre los 3 y los 30 millones de pesos. Los más privilegiados son altos funcionarios del Gobierno, del Congreso y de las Cortes de Justicia, quienes ejercen su trabajo en el sector público con un interés privado, esto es, son buscadores de rentas (en economía pública, se entiende por rent-seeking la situación que se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político o económico). Los “privilegiados” se apropian del 16% del fondo pensional, el cual le cuesta al país 24 billones del presupuesto Nacional (el 80% de los subsidios que entrega el Estado al sistema pensional es recibido por quienes devengan pensiones superiores a los 15 salarios mínimos). La iniquidad del sistema es evidente y vergonzosa.

Reformas

La Constitución de 1991 elevó a Constitucional el derecho de todo ciudadano colombiano a ser reconocido con una pensión de vejez. Sin embargo, durante las dos últimas décadas el sistema general de pensiones ha sufrido permanentes reformas, para enfrentar los problemas de cobertura, iniquidad e insostenibilidad.

Entre las reformas más importantes se encuentran la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se instauró el sistema dual (público y privado). Posteriormente, la Ley 797 de 2003 buscó recapitalizar el fondo común del Instituto de Seguro Social –ISS- y racionalizar los recursos, con el fin de cumplir en un futuro con la entrega de las mensualidades a los beneficiarios de éste régimen. Luego, con el Acto Legislativo No.1 de 2005 se elevaron a constitucionales las disposiciones referentes al sistema pensional en vigencia, eliminando los regímenes especiales de pensiones (exceptuando el de la Presidencia de la República y el de la Fuerza Pública).

En 2013 el Gobierno impulsa una nueva reforma en el Congreso sobre la base de universalizar el régimen de prima media sobre un salario mínimo legal; quienes coticen por un valor mayor (superior a los $589.000) lo deberán hacer a partir de ese monto en el Régimen de Ahorro Individual que son administrados por los fondos privados de pensión (sector financiero). El Estado se queda con las pensiones de salario mínimo (subsidiadas con presupuesto nacional) y “premia” a la banca privada entregándoles en bandeja el “jugoso negocio” de los clientes de medios y altos ingresos.

Estafa

En la década de 1990 los Gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se propusieron quebrar al Instituto de los Seguros Sociales –ISS- para darle el monopolio del control del ahorro pensional de los trabajadores al sector privado. Así, los ahorros de los trabajadores en el fondo de reservas del ISS se invirtieron obligatoriamente en acciones y bonos del Banco Central Hipotecario (Banco Estatal); los escandalosos autopréstamos que beneficiaron a las directivas del Banco y a funcionarios del Gobierno nunca fueron devueltos, llevando a la quiebra a la entidad financiera pública. De este modo, uno de los grandes damnificados con la liquidación del BCH, en febrero de 2000, fue el ICSS que perdió, de las reservas pensionales, 140 mil millones de pesos (ahorro de los trabajadores).

La reforma pensional de la Ley 100 tenía como fin beneficiar al sector financiero privado. La administración de César Gaviria (1990-1994) estableció el sistema privado de pensiones, pero debido a la resistencia y lucha de los trabajadores se logró mantener también la modalidad de prima media del ISS, configurándose un sistema mixto. Con engaños, la banca privada atrajo a ilusos e ingenuos cotizantes del Seguro Social, mediante una agresiva campaña publicitaria, ofreciéndoles una mesada superior al 75% del ingreso promedio de los salarios devengados en su vida activa laboral (beneficio porcentual que garantizaba el régimen de prima media del ISS). Esta promesa del sector financiero nunca se cumplió, de hecho estudios del Banco Mundial revelan que en América Latina los Fondos Privados de Pensiones garantizan tan sólo una mesada pensional equivalente a la tercera parte de los ingresos promedio que devengaban durante su vida laboral activa.

Un ejemplo de la vida real ilustra mejor esta situación de engaño: una trabajadora colombiana laboró desde los 17 años (inició como profesora de escuela rural) hasta los 64 años de edad (cuatro años se llevó la solicitud de reconocimiento de pensión por vejez, hecha en 2009, con asesoría y pago de abogado). En el año 2000 trasladó su ahorro pensional del ISS a un fondo privado de pensión, seducida por las promesas y engaños del promotor de la banca privada. Antes de lograr el reconocimiento de su derecho a la pensión (noviembre de 2012) percibía un salario de cuatro millones de pesos (el ingreso promedio en los últimos catorce años fue de 2,5 millones de pesos). Al sumar los ahorros pensionales, incluidos los bonos pensionales del sector público, el Fondo Privado le informa a la trabajadora que su ahorro era de 215 millones de pesos, sin ninguna otra explicación ni sustento de cómo calcularon esa cifra. La mesada asignada a partir de enero de 2013 es de 750.000 pesos mensuales, esto es, 18,8% del último salario recibido en su actividad laboral. Con una esperanza de vida de 80 años, el Fondo Privado le devolverá de sus ahorros un total de 156 millones de pesos (13 mesadas anuales de 750.000 pesos durante 16 años); en consecuencia la entidad financiera se queda con una utilidad adicional de 59 millones de pesos al no entregar el saldo a heredero alguno, ya que no lo permite el régimen pensional de ahorro privado.

Otro ejemplo tomado también de la vida real: Un trabajador que laboró entre los años 1971 (inició como técnico de una multinacional judeo-japonesa) y 2012 (entre funcionario público, docente universitario y consultor independiente). En noviembre de 2012 cumplió la edad requerida para pedir el reconocimiento de pensión de vejez y contaba con más de las 1.300 semanas exigidas de cotización). Misteriosamente, en el sistema de Colpensiones solo aparecen registradas 440 semanas. Por un acto de “magia” y la exigencia del pago de 1,5 millones de pesos, un ex funcionario del ISS con vínculos al interior de la institución se ofrece para hacer aparecer las semanas cotizadas borradas en el sistema (como chulos, los intermediarios revolotean a las puertas de las oficinas de pensiones).

Alternativamente, si no quiere caer en las garras de la corrupción, el trabajador debe demostrar, con documentos certificados, cada una de las semanas cotizadas durante sus 41 años de actividad laboral y solicitar, en los casos en que trabajó con el sector público, el trámite de tres tipos diferentes de formularios que pueden tomar un año en ser respondidos. Una “prueba diabólica”. El dilema ético es complejo, ¿cómo evadir la trampa de la ilegalidad que permea las entidades públicas de Colombia? En 2012 se hicieron solicitudes de nuevas pensiones por una cifra de 137.896; 57% de estas fueron negadas.

Quien se acerca a una oficina del régimen privado o público, al iniciar el proceso de reconocimiento de su “derecho” de pensión de vejez, debe recordar la inscripción que aparecía a la entrada del infierno, según cuenta Dante en la Divina Comedia: “Perded toda esperanza quien aquí ingresa”.

*Economista, escritor y periodista.

miércoles, 20 de febrero de 2013

Elecciones y pensiones

Por German Patiño

En mi sentir, la mayoría de los congresistas colombianos se encuentran en riesgo para ser nuevamente elegidos luego de los desmanes cometidos, de los que la fracasada reforma a la Justicia es el mejor ejemplo.

Conozco un buen número de personas que afirman, con profunda convicción, que no volverán a dar un solo voto a nadie que esté ligado, de una u otra forma, al establecimiento. Un amigo, bien informado y reflexivo, me llegó a decir que votaría por cualquiera que estuviera en contra o al margen del establecimiento y de los actuales congresistas, sin importar que tan malo o bueno fuera. En otras palabras, hay una profunda decepción ciudadana con los actuales miembros del Congreso, y aquella circunstancia se reflejará en las próximas elecciones.

Y este rechazo puede potenciarse de acuerdo con lo que se decida sobre las propuestas de reforma pensional que el gobierno prepara para someter a la aprobación del Congreso. Los colombianos sabemos que alrededor de 1.200 personas reciben mesadas de más de $15 millones, pese a que sus aportes están lejos de compensar esa suma. Cada una de esas pensiones está costando hasta 4.000 millones al erario público, por la esperanza de vida promedio de los pensionados, sin incluir los casos en los que ex titulares terminan sus días casados con mujeres mucho más jóvenes.

Las pensiones de congresistas y magistrados se liquidan tomando como base gastos de representación, asignación básica, primas de vivienda, de navidad, de salud y servicios, y teniendo en cuenta el 75% del mejor salario del último año. Por eso algunas superan los 20 millones. Altos magistrados han ganado demandas que les incluyan, por ejemplo, las bonificaciones que reciben cada 4 años.

Toda esta sinvergüencería repugna a la gente trabajadora de Colombia. Y los electores esperarían, con razón, que en el Congreso se alzara una voz honrada que pida el restablecimiento de la equidad consagrada en la Constitución, por la cual cualquier pensión debe ser liquidad en las mismas condiciones, tanto para el ciudadano del común, como para el alto dignatario del Estado. En esta materia los derechos deben ser fruto del trabajo de toda una vida, y no resultado de mangualas, tráfico de influencias y el acto repulsivo de legislar para beneficio particular.

No resulta justo que se recargue sobre los hombros de la clase media la ampliación de la cobertura en las pensiones de hasta 1 salario mínimo. Ni que los altos magistrados consideren como “derecho adquirido” el aberrante sistema de privilegios que ellos mismos establecieron en su interpretación de la ley 4 de 1992. Creo que los colombianos volverían a creer, si hay algún congresista que proponga un artículo del siguiente tenor, “En Colombia, en el régimen de prima media, no puede existir, bajo ninguna circunstancia, una pensión superior a los 10 salarios mínimos legales vigentes”.

Pero esto es mucho pedir en una institución donde la decencia, el altruismo y la honradez son palabras exóticas y donde se confunde el colegaje con la complicidad para defender prebendas injustificadas.

En suma, creo que la reforma pensional que el Congreso apruebe, acortará o ampliará aún más la distancia que existe entre los ciudadanos y los congresistas. Por mi parte, creo que la mayoría de ellos no se merece un solo voto más, para nada

Defensor del Pueblo pide plan de choque pensional al ISS y Colpensiones

Por: Elespectador.com

Jorge Armando Otálora Gómez hizo un llamado a Colpensiones y al ISS para prevenir mayores acciones de tutelas en los despachos judiciales.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, convocó al Presidente deColpensiones, Pedro Nel Ospina, y a la presidenta del ISS en liquidación, Silvia Helena Ramírez, para establecer un plan de choque que permita encontrar una salida definitiva al problema de las pensiones en el país.

La decisión la tomó Otálora ante el gran número de quejas y tutelas en materia pensional que se ha venido registrando desde finales del año pasado por cuenta del tránsito del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) a Colpensiones.

Según informó el defensor del pueblo, actualmente cerca de 200.000 personas se encuentran a la espera de una respuesta a las solicitudes de reconocimiento pensional que venían adelantando ante el ISS y que cinco meses después de la entrada en operaciones de la nueva operadora de pensiones del Estado todavía no han recibido respuesta.

Así mismo, Otálora Gómez señaló que tanto el ISS como Colpensiones, se comprometieron a presentar en 20 días un cronograma de actividades y una respuesta oficial a los ciudadanos, ya que la situación podría empeorar dado que en el último año de las 424.000 tutelas interpuestas en el país 74.000 correspondieron a temas pensiónales.

Sin embargo, el defensor advirtió que de esas 76.000 tutelas cerca de 90% correspondió a derechos de petición de personas que reclaman información, orientación o consulta sobre sus procesos pensiónales, la cual no es suministrada de manera satisfactoria por parte de Colpensiones o del ISS en liquidación. Eso genera congestión tanto a la Rama Judicial como a las entidades que están tramitando las pensiones de aquellos ciudadanos que sí cumplen con los requisitos, agregó el Defensor.

Otálora Gómez agregó que “será necesario establecer prioridad para las personas que tienen derecho a una pensión por invalidez porque automáticamente quedan desamparadas en materia de seguridad social; lo mismo ocurre con las personas que esperan el reconocimiento de las sustitución pensional quienes dependían de un pensionado fallecido; también están las solicitudes de quienes buscan por primera el reconocimiento de su pensión y, por último, quienes están esperando la reliquidación de sus pensiones.

Para finalizar, el Defensor del Pueblo les hizo un llamado a Colpensiones y al ISS en liquidación para trabajar de manera conjunta en la pronta respuesta a los ciudadanos y así prevenir mayores acciones de tutelas en los despachos judiciales. En este sentido, el próximo 12 de marzo dichas entidades se reunirán con el Defensor para presentar revisar los mecanismos de trabajo y cumplir con un cronograma de trabajo que ofrezca una solución final a los problemas de los pensionados.