Espectador.com, Redacción Judicial
Gobierno cuestionó las pensiones de magistrados y
congresistas; procurador y sectores de la Rama Judicial las defendieron.
Cuatro magistrados de la Corte
Constitucional presidieron la audiencia pública en el Palacio de Justicia.
Se sabe. Fue gracias –entre otras cosas– a fallos de Alejandro Ordóñez
cuando se desempeñaba como magistrado del Consejo de Estado que la justicia
amplió los privilegios pensiónales de los miembros de las altas cortes.
Por su parte fue debido a que el Consejo de Estado, y luego la Corte
Suprema de Justicia, lo nominaron al cargo de Procurador General de la Nación
que su nombre llegó al Congreso de la República y, de allí, al Ministerio
Público. Ahora el procurador Ordóñez se convierte en uno de los defensores de
las millonarias pensiones de congresistas y magistrados que han generado
controversia en los últimos días.
En la audiencia pública a la que convocó la Corte Constitucional para
que se discutiera respecto a si se debe modificar el régimen pensional de
congresistas y magistrados, el procurador salió a defender las cuestionadas
pensiones. Ordóñez fue enfático: “el problema no son las pensiones de mil
personas, sino la ineficacia administrativa y la baja cobertura por cuenta del
desempleo”.
Y agregó que hay que defender los derechos adquiridos y que si hay
pensiones de magistrados o congresistas que se hayan obtenido de forma ilegal,
habría que analizarlas caso por caso y no generalizar. Luego dijo que, a su
juicio, el problema es que “se quiere desmontar el régimen de prima media [es
decir el sistema de pensiones que antes manejaba el Instituto de Seguro Social
y hoy está en manos de Colpensiones]. Qué grave sería para la democracia que se
abriera esa compuerta. Primero es este derecho, después puede ser cualquiera”.
El Palacio de Justicia no daba abasto por cuenta de la cantidad de
asistentes a la audiencia pública en la que se analizó la demanda que
interpusieron los abogados Germán Calderón España y Dionisio Enrique Araújo con
el fin de que se declare inconstitucional el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992,
que creó el régimen especial que cobija las millonarias pensiones, hoy en el
ojo del huracán. Y al final de la participación de Ordóñez varios de los
asistentes a la audiencia mostraron su apoyo a lo dicho por el procurador.
Otro de los que rechazó la demanda fue el nuevo presidente del Consejo
de Estado, el magistrado Alfonso Vargas Rincón, quien en una breve intervención
indicó: “Si llegamos a la tercera edad con una pensión digna seremos unos
viejitos lindos, de lo contrario estaremos condenados a vivir en el cuarto de
los trastos”. Por su parte, la contralora Sandra Morelli pidió que se
clarifique la norma para evitar controversias futuras.
En la otra orilla estuvieron los demandantes Germán Calderón España y
Dionisio Enrique Araujo, quienes fueron los primeros en intervenir en la
audiencia. Calderón España, en una breve intervención, cuestionó los beneficios
que se les dan a magistrados y congresistas, y aseguró: “Mientras el país no
tiene para indemnizar a víctimas, sí para pagar pensiones millonarias. ¿Es esto
un trato igualitario?
Y agregó: “Si una persona devenga toda su vida un sueldo de $3 o $4
millones hace aportes de ese salario y recibe una pensión en ese orden. Pero si
tuvo la fortuna de trabajar como congresista o en las altas cortes recibe una
pensión muy superior a los $17 millones. Estos subsidios superan el 80% de la
mesada recibida”. También mostraron su rechazo a estas millonarias pensiones el
ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y la viceministra de Hacienda, Ana Fernanda
Maiguashca.
Pardo, tímidamente, apuntó que estas millonarias pensiones afectan a la
Nación y recordó que con la reforma pensional de 2005 se intentó subsanar este
problema, pero que aún falta. El jefe de la cartera del Trabajo aprovechó la
oportunidad para lanzarle un dardo al Legislativo. Pardo resaltó que una vez el
Gobierno propuso que se gravara con más fuerza aquellas pensiones superiores a
los $7 millones, pero que el Legislativo nunca aprobó esa medida.
Y con cifras argumentó su rechazo. Por ejemplo, Mientras un pensionado
recibe, en promedio, cerca de $1,3 millones de jubilación, un magistrado o un
congresista puede recibir entre $17 y $20 millones. Aunque la ley prohíbe que
haya pensiones superiores a los $16 millones, estos funcionarios gozan de un
régimen especial que los habilita para recibir esta suma mensualmente.
Por lo menos 600 de los 1.100 pensionados que tienen jubilaciones
superiores a los $16 millones son miembros del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, es decir, vinculados de alguna forma al Legislativo.
Por ley las pensiones adquieren subsidios del Gobierno. Lo increíble es que
entre más elevada la pensión, más subsidios se dan.
En el caso de aquellas personas con una pensión superior a los $16
millones, el subsidio que el Gobierno les da asciende a $900 millones. En el
caso de quienes reciben jubilaciones de entre $600.000 y $1’000.000 el subsidio
es de apenas $76 millones. El director del Fondo de Previsión Social del
Congreso, Francisco Ramírez, indicó que las obligaciones de esa entidad con sus
pensionados asciende a $2 billones. Y que ya en varias ocasiones han acudido a
la justicia para reducir el monto que raya con lo absurdo.
Al respecto, el presidente del
Congreso, el senador Roy Barreras, alertó que se estaba
discutiendo sobre medidas que parlamentarios y congresistas habían hecho en
causa propia y que eso había que revisarlo. Pero concluyó que la gente no
debería sorprenderse porque ese es el “sistema que tenemos”. Al final expresó
que es necesario que se haga una reforma de ley para subsanar estos problemas.
Las opiniones por cuenta de las millonarias pensiones, que por años han
gozado los magistrados, han dividido a las cortes, al Congreso y podría generar
un choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La última decisión la
tienen los magistrados de la Corte Constitucional, y el sentido de su fallo
también terminaría perjudicándolos o favoreciéndolos a ellos. Al margen de lo
que decidan en los próximos meses, está claro que las pensiones millonarias
polarizaron el país.
