miércoles, 28 de noviembre de 2012

Y ahora, impuesto a las pensiones ?


lasillavacia.com, Por Vivian Newman
Cuando el Ministro Cárdenas propone cobrar impuestos a las pensiones, a uno se le arruga el corazón.  Se imagina colas interminables de personas mayores, cobrando su mensualidad  en los azarosos últimos días de su vida.  Y para colmo, ahora los obligarían a pagar impuestos sobre lo ahorrado con el sudor de su frente.
Pero no. La propuesta es otra: se trata de un cobro del 5% sobre pensiones de 10 millones de pesos mensuales en adelante. La intención es invertir la actual regresividad del sistema pensional, en el cual hay, en no pocas oportunidadades, gran diferencia entre lo que se aporta como trabajador(a) y lo que se recibe como pensionado(a).  
El problema es que la regresividad varía según el régimen pensional y para atacar las desproporciones que denuncia el gobierno, habría que establecer un esquema tributario diferenciado.  Para ello habría que distinguir no sólo el valor de las pensiones superiores a 10 millones, sino sus tipos y causas.
Las pensiones pueden dividirse en tres grupos según el hecho que las causa:
- Las de vejez que antes se llamaban de jubilación y que se causan por la edad en la que se deja de ser económicamente activo;
- Las pensiones de sobrevivientes que se causan por la muerte del afiliado; y
- Las de invalidez y riesgos profesionales que se generan cuando sobreviene  la incapacidad definida por la ley, causada por un accidente o una enfermedad.
También pueden dividirse en dos grupos según se trate del régimen de prima media (público) y el de ahorro individual (privado obligatorio y voluntario).
-En el primer caso, se trata de reunir un número de semanas cotizadas y una edad.
-En el segundo caso, la pensión es el valor del capital ahorrado, durante los años en que el  trabajador esté económicamente activo.
En el marco de estas diversas categorías, el caso de la prima media es el más desproporcionado de todos.  Casi que el pensionado se gana una lotería a costa del Estado y en últimas, del contribuyente. Para garantizar estas pensiones, el Estado paga o subvenciona un alto porcentaje de las pensiones  de los que más tienen, o sea que el dinero  de trabajadores de salarios bajos, por vía de impuestos, sirve para cubrir el retiro de la capa de ingresos más altos de la población.
El caso de régimen privado es menos grave.  En este régimen, quien gracias a su ahorro individual, logra una pensión de 10 millones de pesos mensuales, desea legítimamente gastarse la mesada que adquirió con el  esfuerzo de su ahorro durante muchos años. El aporte tributario se justificaría entonces, no porque el Estado subvencione para garantizar una mensualidad, sino por solidaridad con la población más pobre.
La tasa a pagar por concepto de impuestos, debería ser menos alta en el régimen de ahorro individual que en el régimen de prima media, pero en todo caso, debería haber un aporte por parte de los que más tienen, para redistribuir entre los que poco tienen. La razón del pago del impuesto varía, pero subsiste y explicaría una tasa menor.
Los otros dos casos serían el de la pensión de sobrevivencia que debería pagar según el régimen privado o público en que se encuentre y la pensión por incapacidad y riesgo profesional.  En esta última, el tamaño de la discapacidad debería definir el nivel del aporte tributario, pues subsiste la solidaridad con aquel que está en peor situación, pero el aporte podría ser menor. Así, una incapacidad muy cercana al 100% podría ser eximida del pago de la tasa tributaria.
Finalmente, y con el fin de que el impuesto sea progresivo, debería aplicarse una tasa creciente según el valor de la pensión que supere los 10 M.
Muchos pondrán el grito en el cielo cuando se habla de gravar pensiones y más aún de manera diferenciada.  Se argumentará que lo ahorrado ya ha pagado impuestos como parte del salario, pero esto no es cierto porque el aporte de pensión obligatoria es ingreso no constitutivo de renta y la voluntaria tiene un tratamiento muy benéfico. Se dirá también que se desincentiva el ahorro.  Pero esto tampoco es tan cierto pues cuando el ahorro se hace por otros medios como en CDT´s o se convierte en inversiones, también hay impuesto a pagar. Se alegará que en conquistas sociales como las pensionales no debe haber regresividad, pero esto no es absoluto, sobre todo cuando consulta parámetros de justicia y equidad, como en este caso. Por último, se pensará que se podría violar el principio a la igualdad gravando diferenciadamente, pero todo impuesto se basa en la solidaridad y debe ser progresivo.  Además, si en el caso de la prima media, el Estado  subvenciona más a los más ricos, con mayor razón éstos deben pagar impuesto sobre su pensión.
Es verdad que la reforma tributaria debería atacar muy fuertemente otros desequilibrios graves como los carruseles de pensiones judiciales y algunos regímenes especiales o gravar más el capital que el trabajo.  Sin embargo, la propuesta del gobierno de gravar las pensiones también es necesaria.
La máquina estatal debe tragar inequidades y generar redistribución. Y el gobierno, los congresistas y los magistrados que manejan la máquina  tienen una oportunidad importante para aportar en la corrección de  los desequilibrios entre los que nada tienen y los privilegiados.  Se trata de que 200,000 personas que en Colombia tienen pensiones superiores a 10 M y que no se arrastran en colas interminables para cobrar su pensión, sin dejar de descansar en su periodo de jubilación, contribuyan a que Colombia deje de ser el país más desigual de la región más desigual del mundo.

Mintrabajo pule propuesta de reforma a sistema de pensiones


PORTAFOLIO.CON, noviembre 27 de 2012 



La iniciativa plantea una reducción de las restricciones de acceso de los usuarios al Fondo de Garantías de Pensión Mínima.

El ministro de Trabajo, Rafael Pardo presentó un dramático escenario del sistema pensional colombiano, e indicó que este solo tiene 16,9 millones de afiliados, de los cuales 9,3 millones son inactivos y 7,6 millones son activos.
Y peor aún: apenas uno de cada tres personas mayores de 65 años tiene acceso a una pensión de vejez.
Al insistir en la inequidad del sistema actual Pardo señaló que “el 20 por ciento de la población más pobre recibe solo el 0,1 por ciento de los subsidios de pensiones, mientras que el 20 por ciento de la población más rica recibe el 86,3 por ciento de los subsidios de pensiones”.
Pardo dijo que, en la actualidad, el 24 por ciento del Presupuesto de la Nación se destina al gasto pensional y la deuda asciende a 116,2 por ciento del PIB.
Así mismo, explicó las opciones de reforma pensional en la que viene trabajado el Gobierno.
Estas consisten en modificación de parámetros del sistema actual; marchitamiento del Régimen de Prima Media, flexibilización del acceso al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, y protección para la vejez.
De acerado con lo planteado por el Gobierno, en la primera opción busca reducir el pasivo pensional del Estado que hoy el 116 por ciento del PIB, y que si todos los afiliados a los fondos privados se trasladan al Régimen de Prima Media, faltando 10 años, ascendería al 129,4 por ciento del PIB.
Los estudios realizados por el Ministerio de Trabajo indican que para disminuir el pasivo pensional sería necesario tomar medidas como reducir la tasa de reemplazo del 65 al 49 por ciento; hacer la liquidación con el promedio de los últimos 20 años de cotización; aumentar la edad a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. De esta manera, el pasivo se reduciría en 19,5 por ciento del PIB.
En lo relacionado con la reducción de las restricciones al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, el Ministerio de Trabajo plantea dos vías: disminución de las semanas requeridas para la pensión, de acuerdo con la edad.
Esto significa que más años, es necesario cotizar menos de las 1.150 semanas que rigen en la actualidad, y cuya cifra es fija.
Otra vía sería ampliar el acceso a afiliados que tengan un monto ahorrado, aún sin semanas requeridas para la pensión.
El Gobierno también plantea la opción de un esquema de protección para la vejez.

martes, 27 de noviembre de 2012

Doble vía.....Increíble...


Dinero.Com, NOVIEMBRE 21 DE 2012

“Si bien la aplicación de la reforma empezaría en 2015, hay que iniciar el debate. La propuesta se presentará próximamente a la comisión tripartita”, afirmó Pardo
Con la reforma pensional, el Gobierno busca acabar la competencia entre el régimen público y privado, al obligar a todo el mundo a cotizar en ambos. Pero aún no es claro cómo funcionaría.

El país aún no conoce la suerte de la reforma tributaria y Rafael Pardo, ministro de Trabajo, ya tendría lista su reforma pensional para empezar la discusión en las próximas semanas.

Luego de examinar varias opciones como el cambio de los parámetros, el marchitamiento del régimen público, la flexibilización del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), Pardo ha diseñado lo que él denomina “un sistema de pilares”. En este, el Régimen de Prima Media (RPM) –cuyo manejo ha pasado del Seguro Social a Colpensiones– y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) –administrado por los Fondos Privados de Pensiones– dejarían de ser sustitutos para volverse complementarios. 

La idea de Pardo es que todo el mundo cotice en el sistema público hasta su primer salario mínimo y por encima de este lo haga en los fondos privados, así los dos regímenes dejarían de competir por los afiliados como lo hacen en la actualidad, para compartirlos. Para la gente de menos de un salario mínimo estarían los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) y para los mayores de 65 años sin ingresos el programa de Colombia Mayor.

Con esto, según Pardo, no solo se ampliaría la cobertura del sistema sino se permitiría que el sistema público se centre en los estratos más bajos y no en los más ricos, como sucede hoy, lo cual haría más sostenible el sistema pensional. “Es un giro hacia un sistema más parecido al americano que, además, impulsaría el deprimido mercado de las rentas vitalicias”, agrega el Ministro.

La reforma pensional de Pardo no se mete con temas sensibles como el aumento de la edad de pensión, la reducción de las pensiones o en limitar el régimen público, políticamente muy complicados pero que expertos en temas pensionales vienen reclamando insistentemente. Además, el cambio propuesto crea un riesgo gigantesco, pues en la discusión podría subirse la obligación de cotizar al sistema público de un salario mínimo a dos o cuatro salarios mínimos, donde está el grueso de la población, lo cual equivaldría a devolver al país a un sistema pensional totalmente público con enormes repercusiones fiscales.

Por último, no es claro desde el punto de vista operativo cómo funcionaría, pues parece complicado que la gente cotice en dos regímenes, lo cual puede resultar en mayores costos para el sistema.

Debate urgente 

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de visitar el país, insistió en la necesidad de una reforma pensional. ¿Las razones?

Con el actual sistema no solo se ha pensionado muy poca gente sino que muy poca se pensionará, dados los pocos afiliados activos ante la elevada informalidad laboral. Solo una tercera parte de las personas mayores de 65 años tiene hoy una pensión y menos de 10% de los cotizantes al RPM se pensionarán, según cálculos del experto Hugo López.

No obstante, el gobierno nacional tiene que dedicar alrededor de 24% de su presupuesto para subsidiar estas pensiones. Con un agravante, 86,3% de estos recursos se está yendo a financiar las pensiones del 20% más rico de la población (el 20% más pobre solo recibe 0,1%). En contraste, el sistema público tiene que devolverles sus aportes prácticamente sin intereses reales a las personas que no cumplieron los requisitos para pensionarse. Las devoluciones pensionales, como se denomina este procedimiento, supera los 45.000 casos cada año. Esto significa que no solo tenemos un sistema público que solo sirve para pensionar a los ricos de este país, otorgándoles altos subsidios, sino que, además, excluye a los más pobres.

Para acabar con esto, Pardo propone paradójicamente fortalecer el RPM donde se generan las mayores distorsiones incorporando en este a todo el mundo hasta en un salario mínimo. Con esto pretende evitar que el Gobierno siga otorgando pensiones altas a unos pocos y que quienes tienen grandes salarios ahorren y financien su propia pensión.

Sin embargo, no es claro cómo la medida conseguirá esto, dado que los grandes costos del sistema ya están dados. A pesar de los topes a las pensiones públicas y la eliminación de los regímenes especiales, se siguen otorgando pensiones excesivas vía sentencias judiciales y ante el largo régimen de transición que se dejó. Según el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de estos fallos judiciales podría estar entre los $11,7 billones y $20,1 billones. El impuesto a las pensiones altas que se dejó en la tributaria, 5% a la parte de la pensión que esté por encima de $10 millones, es insuficiente.

Además, no es claro cómo la medida de Pardo hará que más personas se pensionen con una mejor mesada. La gente de salario mínimo es precisamente la gente que no completa las semanas, ni da grandes saltos salariales. Siempre irían al sistema BEPs el cual se estima alcance más de 7 millones de afiliados.

Por esto, es previsible que muchas entidades, como el Consejo Privado de Competitividad (CPC), insistan en el marchitamiento del RPM o en la modificación de sus parámetros, como el aumento de la edad, bajar la pensión en relación al salario (tasa de reemplazo) o exigir que esta se calcule con el promedio salarial de los últimos 20 años, si se decide mantenerlo. Según el Ministerio de Trabajo, este tipo de medidas –incluso conjuntamente– no tendría un impacto significativo sobre la disminución de la deuda pensional, que alcanzaría hoy alrededor de 116,2% del PIB.

Algo que Pardo tendrá que demostrar, pues otros cálculos como los de Anif hablan de 160% del PIB y de la utilidad de estos cambios. Los analistas insisten en que los actuales parámetros del sistema pensional no recogen los cambios demográficos que ha tenido el país en los últimos años ni el aumento en la expectativa de vida (que pasó de 72 a 76 años) y por eso insisten en modificar la edad de pensión.

Es claro que somos una población cada día más vieja y que vive más. De ahí la importancia del tema. Sin embargo, para algunos podría parecer apresurado iniciar este debate sin conocer el rumbo de la reforma tributaria y cuando no se han reglamentado los BEPs ni ha arrancado en forma Colpensiones. Pero, sin duda, se requiere reformar un sistema público inequitativo, frenar las pensiones excesivas vía judicial, darle mejor información a la gente para que decida en qué sistema debe estar y tomar medidas en el frente laboral para que no seamos un país de jóvenes sin trabajo y viejos sin pensión.

Tatequieto' a onerosas pensiones de excongresistas


Por: Elespectador.com
La Corte Constitucional dará trámite a una demanda que busca liquidar de nuevo las millonarias pensiones.

La Corte Constitucional está estudiando una demanda que busca volver a liquidar las millonarias pensiones de varios excongresistas y exmagistrados del país.
Argumentando que hay un acto legislativo de 2005 que acabó con las onerosas pensiones, ese alto tribunal se apresta a tomar una decisión sobre el tema.

El abogado Germán Calderón, quien interpuso la demanda, explicó que esa reforma impide pensiones de más de 25 salarios mínimos legales vigentes.

"Entre magistrados y congresistas son aproximadamente 800 las personas que se han pensionado con más o menos 45 salarios mínimos legales vigentes", indicó. (Vea más de esta demanda).

Solo una de cada tres personas mayores de 65 años tiene pensión de vejez


Por: Elespectador.com, noviembre 27 de 2012
El sistema pensional sólo tiene 16.9 millones de afiliados, de los cuales 9.3 millones son inactivos y 7.6 millones activos.
El Ministro del Trabajo, Rafael Pardo, presentó a los gremios económicos y las centrales sindicales un diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra el sistema pensional en Colombia.

El diagnóstico se conoció en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde a lo largo de su exposición, el director de la cartera laboral manifestó que la baja cobertura, la inequidad, insostenibilidad, se convierten en las tres problemáticas más importantes que enfrenta el sistema pensional colombiano.

Según el comunicado de prensa, Pardo les recordó a los representantes de los empresarios y a los de los sindicatos que en Colombia sólo 1.645.000 personas reciben pensión, de las cuales 1.321.000 pertenecen al Régimen de Prima Media, 56 mil al Régimen de Ahorro Individual, y 267 mil más a los regímenes especiales (Ecopetrol, Magisterio, Caja de Retiro de las FFMM, y Policía Nacional – CASUR); y que la mayoría de los colombianos que recibe pensión es de rango salarial bajo: el 8.8% recibe un salario mínimo, el 59.7% más de un salario mínimo pero menos de dos, y el 20.9%  entre dos y menos de cuatro SMMV.

Sobre la cobertura, el ministro del Trabajo, explicó que actualmente el sistema pensional sólo tiene 16.9 millones de afiliados, de los cuales 9.3 millones son inactivos y 7.6 millones son activos, y que según un estudio del reconocido investigador del mercado laboral, Hugo López, solo uno de cada tres personas mayores de 65 años tiene acceso a una pensión de vejez, dice el estudio revelado.

“Es muy preocupante que más de la mitad del total de estos afiliados que corresponden a cerca de 9.3 millones de personas, es decir, al 55% de personas afiliadas a cualquiera de los dos sistemas pensionales se encuentran inactivos, es decir, no han cotizado en los últimos seis meses y se reportan como afiliados al sistema pero no tienen una cotización activa”. Pardo advirtió que entre más alta es la pensión es mayor el subsidio que el Estado les otorga.

“El 20% de la población más pobre recibe sólo el 0.1% de los subsidios de pensiones. Mientras que el 20% de la población con más poder adquisitivo recibe el 86.3% de los subsidios de pensiones. Eso es inaceptable”, dijo el ministro, al advertir que esta problemática se ha reducido parcialmente gracias a jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a través de sus sentencias ha establecido topes pensionales.

La tercera dificultad que enfrenta el sistema pensional colombiano, consiste en los altos costos fiscales que le representan a la Nación. En la actualidad, el 24% del Presupuesto General de la Nación, se destina al gasto pensional y la deuda asciende a 116.2% del Producto Interno Bruto.
El Ministerio del Trabajo seguirá socializando con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el estado en el que se encuentra el sistema pensional colombiano.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Las gabelas que reciben los trabajadores de la Rama Judicial



Juez que menos gana recibe $4 millones al mes de salario base. Miles llevan 45 días en paro.

Nueve tipos de primas y seis de bonificaciones y auxilios extralegales que pueden subir el sueldo mensual hasta en un 35 por ciento. Y tres días de permiso al mes, que pueden ser cinco si se dicta cátedra en una universidad.

Esos son algunos de los beneficios que reciben los magistrados, jueces, fiscales y empleados de la Rama Judicial del país, miles de los cuales completan este domingo 45 días sin trabajar, en medio del paro que busca el cumplimiento de una nivelación salarial prometida e incumplida por el Estado hace 20 años.

Gracias a ese régimen, que muchos empleados oficiales y privados envidiarían, los jueces que menos salario gana en el país -los promiscuos o municipales- reciben una base de 4,2 millones de pesos, que elevan hasta a 6,9 gracias a las primas y bonificaciones.

Estudios de posgrado o la publicación de algún trabajo académico les reporta un incentivo individual de hasta el 5 por ciento del sueldo. Y tienen una 'prima especial de recreación' que equivale a la paga de dos días y que, sin falta, debe pagarse "una semana antes del inicio de vacaciones".

Según la Judicatura, el 70 por ciento de los 2,4 billones de pesos del presupuesto de la Rama Judicial (que no incluye la plata de la Fiscalía) se destina al pago de cerca de 23 mil magistrados, jueces y empleados. Esa proporción ha crecido diez puntos en la última década.
2 millones a un notificador

Gobierno, ONG y analistas coinciden en que el reclamo de los jueces y fiscales por la nivelación salarial es justo: hay un abismo entre los 24 millones de pesos que se gana un magistrado de alta corte y los casi siete que recibe un juez promiscuo. Pero también hay consenso en que los empleados de ese sector están lejos de ser los más desprotegidos por el Estado colombiano, y de allí las críticas a los jueces y fiscales que mantienen el cese de actividades desde octubre pasado. Aunque no son la mayoría, en la práctica han logrado bloquear todo el acceso al sistema en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Voceros de la sociedad civil, como la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señalan que el régimen salarial de los jueces tiene que ser más transparente y estar atado a resultados de eficiencia y productividad: "No nos han dicho toda la verdad. Los sueldos son más competitivos que en el sector privado, y hoy un magistrado auxiliar gana más que un ministro".

Un notificador judicial -que solo tiene que ser bachiller- gana casi dos millones de pesos (1,4 millones de básico más primas); el mismo sueldo que en el sector privado recibe un recién egresado de universidad, reconocen voceros de la Judicatura.

Como en otras actividades, los beneficios aumentan cuando se forma parte de un sindicato. Es el caso de Nelson Cantillo, el copresidente de Asonal que ha liderado la oposición al arreglo firmado el 6 de noviembre con el Gobierno. Lleva más de 37 años en la Rama y actualmente es secretario del juzgado 7 civil de Barranquilla. Por su intensa actividad sindical, y según la ley, sus ausencias pueden durar semanas.

Con el acuerdo con el Gobierno, que destinó 1.2 billones de pesos a la nivelación, los salarios incrementarían entre un 70 y 100 por ciento.
'Al día se trabaja más de 12 horas'

Alfredo de la Hoz, miembro del Colegio de Jueces y Fiscales de Colombia, resalta que un funcionario de la Rama debe cumplir jornadas laborales de más de 12 horas de trabajo. En ciudades como Bogotá, asegura, los jueces penales y laborales realizan más de 10 audiencias cada día.
El régimen especial de jubilación de algunos jueces
El escándalo del 'carrusel' de las pensiones puso en evidencia la posibilidad de algunos funcionarios de jubilarse bajo un régimen especial de pensión. Ellos pueden acceder a la mesada con el salario más alto del último año laboral. A diferencia del resto de colombianos, los servidores pueden hacer aportes con base en un bajo salario, pero con un mes de sueldo equivalente al de magistrado, su jubilación se calcula en ese tope.

Las 'Seis Horas' de los pensionados


Por: Mauricio Botero Caicedo
Utilizar un desfile hipotético como alegoría para ilustrar la monstruosa inequidad del sistema pensional colombiano es oportuno. La alegoría no es cosecha de quien escribe esta nota, sino la creación del recientemente fallecido economista holandés Jan Pen, denominada el Desfile de los enanos.
En nuestro desfile, cuya duración sería seis horas y tendría lugar en el ‘Autódromo de Tocancipá’, asumimos que el colombiano medio mide 1,6 metros y su ingreso promedio anual (de acuerdo con cifras del Economist) es de $13’500.000 (US$7.500). Para resaltar las diferencias de ingresos, en vez de billetes, utilizaremos variaciones en la altura promedio de 1,6 metros; y el tiempo que duren los pensionados desfilando representa el número relativo, de cada grupo, en el total de los participantes.
De las 4’630.100 personas en edad de pensionarse, arrancan el desfile los 3,3 millones de colombianos que no tienen pensión. Los ingresos de estos desdichados no pasan de los $50 mil mensuales, menos de un dólar diario, siendo sus entradas 22,5 veces menores que el colombiano medio. Por ende, su tamaño relativo es de sólo siete centímetros, la mitad de una botella de gaseosa. De las ‘Seis Horas’, este grupo va a desfilar durante cuatro horas y diecinueve minutos.
Los espectadores, extenuados de ver estos diminutos compatriotas, y faltando una hora y 41 minutos para finalizar el evento observan que se une al desfile un grupo de 1’300.000 personas cuya pensión promedio ronda el salario mínimo, es decir, $550 mil mensuales, $6’800.000 al año (US$3.778). Al ser el ingreso de estos pensionados la mitad del ingreso promedio del colombiano, su estatura es sólo 80 centímetros (el tamaño de un niño pequeño).
Quedando sólo dos minutos con 22 segundos, la emoción invade el Autódromo cuando entran en pista los más favorecidos (en su totalidad compuestos por funcionarios de nivel alto del Estado), cuyas pensiones rondan los $3 millones mensuales, o sea $36 millones anuales. Estos afortunados, cuyo número es 27.000, miden cuatro metros y 27 centímetros (la altura de una casa de dos pisos) desfilan durante dos minutos y cinco segundos.
Con sólo 17 segundos para terminar el desfile empiezan a pavonearse, ante los delirantes aplausos de todos los asistentes, los verdaderos privilegiados de esta nación: los exrepresentantes, los exsenadores y los exmagistrados que, indistintamente cuánto tiempo hayan permanecido en sus cargos, disfrutan a los 60 años de jugosas pensiones, cuyo promedio anual es $167 millones, pensión que es 12,4 veces mayor que el ingreso promedio del colombiano. Estos gigantes miden veinte metros cada uno (equivalente a un edificio de ocho pisos) y al ser sólo 3.000 privilegiados, galopan raudos y veloces en escasos 13 segundos.
El plato fuerte (los auténticos ‘cacaos’ del sistema pensional) vienen de último y sólo duran 4,2 segundos recorriendo el trayecto. Su número es cercano a las 100 personas y está compuesto por los expolíticos y exmagistrados que con base en argucias, triquiñuelas y otras oscuras maniobras han logrado elevar sus pensiones a cerca de $30 millones mensuales, $360 millones anuales. Estos ingresos, 26,7 veces mayores que las del colombiano medio (60 veces más que la pensión mínima), los coloca a una altura de 42,7 metros (la altitud de un edificio de 17 pisos).
Los espectadores están anonadados: en seis horas han visto pigmeos de 15 centímetros y gigantes de 43 metros. Para el economista argentino Martin Lousteau, “ahora se entiende por qué a algunos les cuesta tanto ver lo que pasa allá abajo…”. La inequidad para los ‘gigantes’ pasa inadvertida porque desde un piso 17 es casi imposible distinguir un gnomo de 15 centímetros. ¿Habrá, lector, un sistema pensional más inequitativo que el colombiano?