gilberto jaramillo gilberjara3@gmail.com
jueves, 5 de julio de 2012
Revocatoria del Congreso un imperativo
El Espectador.com, Por: Uriel Ortiz Soto
Lo advertimos por esta columna con fecha nueve de Mayo del presente año, que si queríamos una Reforma a la Justicia seria y coherente con la situación actual que vive el País, se hacía indispensable empezar por reformar o revocar el Congreso de la República.-Considero no habernos equivocado-.
Realizar el Referendo revocatorio de la Reforma a la Justicia, sin incluir la revocatoria del Congreso de la República, sería como dejar vivito y coleando el mismo fantasma de la corrupción que tanto daño nos viene causando desde tiempo atrás.
Lo que hay que hacer, es, cortar el mal de raíz, nombrar una pequeña constituyente para que haga la Reforma a la Justicia, revoque el actual Congreso, dé, los primeros pasos para reformarlo, empezando por los Partidos y movimientos políticos, por ser los responsables de tanta corrupción que se presenta en la Administración Pública, y los ejes centrales sobre los cuales gravita el aparato democrático del País, con la consecuente estructura y conformación de nuestro Estado de Derecho.
Sin temor a equívocos, los padres de la corrupción en Colombia son los Partidos Políticos, allí, es donde se originan los Poderes Legislativos, pero, lamentablemente, no ejercen ningún control de responsabilidad sobre sus propias decisiones, cuando ocurren casos tan vergonzosos como el que nos ocupa, hacen como el avestruz, clavan la cabeza en la arena para eludirlas.
Afortunadamente, el País ya está despertando, nunca se había visto unido frente a una sola causa, lo hizo, al unísono, para rechazar el engendro de la reforma a la Justicia, que gracias a la oportuna interpretación que le dio el Presidente Santos, para no sancionarla, se evitó que se abrieran las puertas a la impunidad y a la delincuencia de cuello blanco.
Definitivamente, estamos encartados con el Congreso,-no pasa legislatura sin hechos desagradables que lamentar-, con excepción de unos pocos, está integrado por una guacherna de logreros y traficantes de Leyes en causa propia. No se justifica que los doce conciliadores hubiesen cumplido su tarea a puerta cerrada, todo lo hicieron a espaldas del Gobierno y del Señor Ministro de Justicia. En ese momento fue cuando parieron los micos, que los deben tener colgados del trasero dándoles mordiscos de arrepentimiento.
Valdría la pena que quienes promueven el Referendo Revocatorio, sacaran un mosaico a color de los Senadores y Representantes que la votaron, y lo pasearan por todo el País, para que los electores no vuelvan a cometer el error de votar por estos individuos, que en lugar de agradecimientos, deben recibir el rechazo unánime de los ciudadanos, sobre todo, de las Regiones que los honraron con su voto.
La Reforma a la Justicia de la que tanto se habló y discutió con choque de trenes a bordo, resultó ser todo un engendro peor que la enfermedad, si se empieza a asimilar y aplicarla tan cual fue aprobada, todos los tentáculos de la corrupción se fortalecerían y los tres poderes Públicos, tendrían que arrodillarse como mansos borregos ante los monstruos de la corrupción y el desgobierno; el ciudadano del común quedaría desprotegido, y la justicia privada se dispararía con todas las consecuencias fatales para nuestra sociedad, que ya está hastiada de tanta violencia.
La reforma fue concebida para favorecer a los más poderosos y delincuentes de cuello blanco incrustados en las altas esferas del Estado. ¿Cómo es posible que los señores Congresistas que la votaron, de los cuales existe casi que el 70% con investigaciones pendientes en la Fiscalía y las Altas Cortes, legislen en causa propia? simplemente para zafarse de los procesos penales que cursan en su contra. O, ¿fue que el Gobierno quiso pasar de agache, y el Ministro de Justicia se hizo el de la vista gorda para que en cuestión de horas, le metieran una manada de micos, que con el correr de los días se convertirán en orangutanes? Esto sería muy importante aclararlo.
Querido ciudadano, llegó la hora de revocar el Congreso, lo que acaba de ocurrir con el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, es precisamente la consecuencia de lo mal que funciona el máximo foro de nuestra Democracia, trabajemos por un Congreso Light, unicameral, con un máximo de tres congresistas por Región, donde los Legisladores vayan a laborar en función de Patria, y no ha traficar con los intereses de todos.
¿Sabe querido lector cuánto cuesta mensualmente a los Contribuyentes cada Congresista? La friolera de $120.000.000.oo (ciento veinte millones de pesos) multiplique esto por doce meses y después por cuatro años que es el total de su período y a su vez por 267, total de integrantes entre Senadores y Representantes.
¡Pero por favor, antes de conocer la cifra final, siéntese bien y respire profundo, que de pronto le da un infarto y me quedo con un lector de menos!
¿Saben cuánto le costó al País la frustrada Reforma a la Justicia? $754.560.000.000.oo (setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta millones de pesos).
urielos@telmex.net.co
Gobierno no presentaría proyectos de Reformas tributaria y pensional
Por: Elespectador.com, julio 2
“No estoy urgido de unas reformas digamos estructurales, inmediatas, porque no hay necesidad”, declaró el Jefe de Estado.
El Presidente Juan Manuel Santos afirmó este martes que se está estudiando si se presentan los proyectos legislativos de las reformas tributarias y pensional.
Así lo manifestó en una entrevista con Caracol Noticias, en la que dijo que por el momento las dos reformas están en evaluación.
“Inclusive la pensional ni siquiera se ha comenzado a socializar con los trabajadores, que yo les prometí que si iba a hacer una reforma pensional se comenzaría a socializar con ellos y ese proceso ni siquiera ha comenzado”, expresó.
Indicó que se siente satisfecho, porque todas las reformas propuestas durante su campaña han sido aprobadas por el Congreso.
“Lo que quiero decirle es que las reformas que yo tenía en la cabeza en la campaña y lo que yo prometí, todas han sido aprobadas”, sostuvo en un comunicado de prensa de la Casa de Nariño.
Igualmente añadió que “la legislatura del año pasado y de este año han sido legislaturas sin precedentes en la historia de este país. Con eso yo quedo totalmente tranquilo”, dijo.
Santos aseguró que por el momento no se siente urgido por reformas, pero de todas maneras analizará el ambiente para presentar otras.
“Vamos a medir las aguas, vamos a ver qué ambiente hay y presentaríamos otras. Pero lo que le quiero decir es que no estoy urgido de unas reformas digamos estructurales, inmediatas, porque no hay necesidad”, finalizó.
lunes, 2 de julio de 2012
domingo, 1 de julio de 2012
Entrados en gastos, mejor que se vayan
Por: DANIEL SAMPER PIZANO,
Daniel Samper Pizano
No basta con revocar la reforma judicial; ojalá pudiera revocarse el mandato de los congresistas que aprobaron el adefesio
Me parece bien que se haya convocado a los ciudadanos a estampar el número de firmas necesario para echar atrás la esperpéntica reforma de la justicia, sancocho de impunidades, garito de componendas y asalto armado a los ciudadanos. Todo indica que ya no será necesario, dado que los mismos que metieron la pata decidieron sacarla, aterrados por la indignación popular.
Pero, ya metidos en gastos y en esfuerzos, conviene propiciar desde ahora un cambio mucho más profundo en el Congreso colombiano. El espectáculo de voracidad politiquera que este ofreció -excluidas dos docenas de sus miembros- es manifestación externa de un síntoma más hondo y más grave: el síndrome de la irresponsabilidad y del descaro que aqueja a nuestra clase política (otra vez: con notables excepciones). No hay país en el mundo que afronte una lista tan extensa de parlamentarios investigados o condenados por violar el Código Penal, ni crímenes tan afrentosos como los que ensucian sus manos, pues incluyen complicidad con pandillas de asesinos y entrega de contratos y bienes del Estado a delincuentes.
Pensemos, pues, en una limpieza a fondo a través de los mecanismos constitucionales y legales. Con la reforma o sin ella, en el Congreso siguen los mismos que parieron el monstruo. Es necesario estudiar la revocatoria del mandato de los congresistas que la aprobaron y exigir que, a través de una enmienda de la Carta, se reduzca significativamente el número de parlamentarios y se estudie y dicte una ley de partidos que acabe con las bacong -bandas de congresistas- a fin de construir, en cambio, colectividades políticas sólidas, serias, responsables. Sin ellas, la democracia es imposible y, en vez de legisladores, tendremos bobos profesionales, negociadores de prebendas, embaucadores y mercachifles de la política, como quedó demostrado.
La opaca ley de transparencia
Al tiempo que la anterior, recibió luz verde otra conciliación inquietante, aunque menos nociva. Hablo de la ley de transparencia, aprobada por el Congreso tras ayuntar proyectos de Cámara y Senado. Como señalé en otras columnas, esta ley contiene capítulos positivos y benéficos, que organizan los archivos públicos y las normas de acceso a ellos; no obstante, introduce cargas explosivas, que podrían destrozar el sistema hoy vigente, imperfecto y mejorable, pero de relativa eficacia.
La nueva ley crea una categoría de "sujetos obligados a informar", que abarca a ciertas entidades privadas. Esto pone en peligro, por ejemplo, a las ONG que vigilan los derechos humanos y a las personas vinculadas a ellas. A los periodistas nos salvó un parágrafo introducido a última hora. Además, se instala la idea del "daño a los intereses públicos" como causal para negar datos. Los funcionarios incompetentes o corruptos sabrán tapar con tan patriótica disculpa sus errores o faltas.
Como si fuera poco, se consagra que son secretos "los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos". Los ciudadanos pagamos a los servidores públicos para que piensen, deliberen, resuelvan y actúen, y tenemos derecho a saber cómo se comportan en cada etapa. Los motivos a favor o en contra de una decisión son tan importantes como el acto final. Ampararlos con una injustificable reserva inventa un arma para ocultar actividades no recomendables y niega la esencia del derecho del ciudadano a vigilar a quienes sostiene con sus impuestos.
Otros artículos alargan hasta un plazo de 30 años la reserva de documentos (era de 15) y conmueven de puro ingenuos, como el que obliga a quien cumpla la ley a hacerlo con "una motivación honesta y leal". ¿Habrá que instalar confesionarios en las oficinas?
Confiemos en que la Corte pondrá en su sitio este estatuto absurdo, que viola la Constitución y que, so pretexto de defender el derecho ciudadano a fiscalizar el poder público, se enreda en su ceguera hasta entorpecerlo más.
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