miércoles, 10 de enero de 2018

¿Cuál fue la variable económica de 2017?

Una dura decisión en un año con un crecimiento económico débil, pero en el que se destacaron el recaudo tributario, las tasas de interés del Banco de la República y las exportaciones.
No es fácil ver el vaso medio lleno cuando todos lo ven vacío. La economía en 2017 tuvo un bajo desempeño, con un crecimiento que estará por debajo de 2%. En el Gallup Poll, el 80 % de los encuestados aseguran que la economía va por mal camino. Estas situaciones hacen muy difícil hablar bien de la novia el día del matrimonio.
Hay varias candidatas a ser la variable del año, como la tentadora reducción de la inflación, las tasas de interés del Banco de la República, el recaudo tributario del Gobierno Nacional o las exportaciones, pero todas tienen lados débiles para llegar al final de la recta.
En los últimos años, Raddar y El Espectador se han unido para resaltar la variable económica del año: el comercio (2010), empleo (2011), el déficit fiscal (2012), la racionalidad en las compras (2013), el dólar (2014), el consumo de hogares (2015), y el empleo de nuevo en 2016. Este año, la decisión es mucho más difícil.
¿Cuánto debe crecer nuestra economía? Algunos dicen que el crecimiento potencial es cercano al 4 % y que, por esto, crecer por debajo del 2 % es ir a media marcha. Pero una cosa es tener el potencial y otra poder hacerlo. Algunos analistas afirman que si la economía crece por encima de su potencial, entonces se “recalienta” y después pasa la cuenta de cobro. Así nos ocurrió en 2010-2014, cuando crecimos cinco años por encima del potencial, debido al precio del petróleo y en 2015-2017 lo pagamos.
El PIB colombiano no debe crecer por debajo del 1,15 %, que es lo que crece nuestra población, porque el ingreso per cápita de los colombianos caería y eso sí sería malo: muchos creen que si el PIB decrece es malo, pero si no crece por lo menos al mismo ritmo de la población, entonces se perdió el año.
¿Qué nos detuvo? Muchas cosas, pero el grueso del problema estuvo en la demanda. Debido a los precios del petróleo, el peso se revaluó y permitió que pudiéramos comprar muchas cosas importadas, aumentando la demanda interna, pero sacrificando la externa porque exportamos menos cosas, a excepción de petróleo; cuando el precio del crudo cae, la devaluación nos devuelve a la realidad y la demanda se frena.
En 2017 la demanda interna creció poco debido al aumento de la tasa general del IVA, el bajo crecimiento del ingreso de los hogares y la incertidumbre política, que hizo que la confianza del consumidor se mantuviera en terreno negativo, lo que dio como resultado que dejara de comprar bienes durables como carros y se dedicara a buscar productos más baratos en el mercado. Esto afectó el valor de las ventas de muchas compañías, desvalorizando mercados y frenando la economía. La estrategia de los hogares fue simple: comprar barato es la mejor opción en este momento; y esto lo entendieron las tiendas de hard discount y pocas marcas, como Cerveza Águila, que han mantenido el precio de manera continua.
Así, definir la variable económica del año es difícil. La inflación se redujo mayormente por la caída de precios de productos, como la papa y la guerra de precios en el mercado. La reducción de las tasas del Banco de la República fue muy profunda durante el año, porque en 2016 no pudieron hacerlo para evitar una fuga de capitales en el mercado y profundizar la devaluación. El cumplimiento de la meta de recaudo fiscal fue a costa de la demanda interna. Y las exportaciones, si bien han repuntado en el segundo semestre, aún dependen mucho del petróleo.
¿Eso nos deja con que en 2017 no hay una variable que se destaque? En las cuentas nacionales hay que resaltar el sector agrícola, pero éste creció en 2017 porque el año anterior El Niño le pegó muy duró. Ahora, revisando en detalle, se cuenta una historia agridulce: el consumo del Gobierno fue el que más creció en la demanda y los impuestos en la oferta, en particular el IVA, que terminaría siendo el gran “villano” y “héroe del año”, porque su aumento de tasa causó que los hogares gastarán 0,5 % más de su bolsillo para pagarlo y eso pudo haber salvado a la economía de una caída enorme.
El aumento del IVA no será la variable económica del año, porque causó un serio problema en la demanda interna y seguramente incrementó la informalidad en el comercio, pero el dinero recaudado con éste sí permitió que, pese a todos los escándalos de corrupción que se destaparon en 2017, los gobiernos pudieron expandir su consumo para que el PIB no se frenara más.
Así, inesperadamente, con los datos que se tienen hasta el cierre de 2017, en un año en el que el presupuesto nacional fue prudentemente moderado y los escándalos de corrupción afectaron seriamente la ejecución, la variable del año es “el consumo final del Gobierno”, porque fue el que más ayudó a que la economía creciera.
* Fundador de Raddar Consumer Knowledge Group.


Reflexiones al tema pensiones

Comisión del Gasto: informe positivo, pero...


Por: José Manuel Restrepo



Con claridad describe el Banco Mundial la débil situación fiscal como una de las grandes encrucijadas de América Latina que nos ponen “entre la espada y la pared” de cara a un mayor crecimiento. 
Los datos del banco indican que la media para la región es de un déficit de -3,2 % del PIB y para el caso de Suramérica el resultado es peor: -6 % del PIB.
La consecuencia directa son incrementos sustantivos de la deuda pública en relación con el PIB que superan el 50 %. Las razones para llegar a este resultado son la incapacidad para ahorrar en el momento atractivo del ciclo económico, impactos en el recaudo tributario de la desaceleración económica derivada de choques internacionales (entiéndase, en Colombia, precios de petróleo a la baja) y gastos permanentes que se financiaban con ingresos tributarios temporales (entiéndase, en Colombia, el nefasto impuesto a la riqueza, el 4 x 1.000, las sobretasas de renta, entre otros). Concluye el banco con la necesidad de hacer un ajuste fiscal que, desafortunadamente, en casos como el nuestro se enfrenta a dificultades por inflexibilidad a la baja del gasto (casi un 60 % del gasto fiscal) e inflexibilidad al alza de los impuestos (así a algunos en Colombia, que ahora discuten las tasas efectivas de tributación casi confiscatorias, les parezca que cobrar el doble de los países vecinos es una eficaz estrategia competitiva).
Todo lo anterior nos hacía esperar con optimismo las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público que acertadamente organizó el Gobierno Nacional el año pasado. Un documento que seguramente será insumo de la necesaria reforma fiscal estructural que quedó pendiente y que anticipo se presentará al país en el año 2019, por el gobierno que tengamos, sea de izquierda, centro o derecha. Ninguno de ellos tiene hoy los recursos garantizados para lo que viene, tanto en los planes en curso como los que propongan.
El informe en cuestión deja en evidencia que se necesita un esfuerzo fiscal a la baja en el gasto superior al 1,2 % del PIB, que algunos llevan más allá de 2 %. El optimismo con el que recibimos el inicio de la comisión continúa, pero subsiste la preocupación de que son numerosas y complejas las recomendaciones que la comisión hace, de tal modo que, si nadie asume los retos descritos, todo el informe puede convertirse en letra muerta, mucho más ahora que se aproxima un año electoral en el que hablar de eficiencia, eficacia, equidad o control en el gasto puede no ser políticamente sexy.
La comisión pone el dedo en la llaga y deja tareas por hacer: evitar la fragmentación y ausencia de accountability de los presupuestos nacionales y territoriales; cambiar drásticamente el sistema de regalías para evitar su ineficiencia y politización; identificar el tamaño de la burocracia pública que se enreda en contrataciones escondidas o provisionales con débil aplicación del mérito; transformar los diez billones en subsidios no focalizados o capturados políticamente que no redistribuyen, no incentivan a producir más o no son eficaces; extender experiencias exitosas en mejoramiento de compras públicas (como Colombia Compra Eficiente) a las entidades territoriales donde hay desorden, limitantes a la competencia y complejidades; reglamentar la Constitución Política para enfrentar casi $3 billones en sentencias no canceladas y más de $18 billones en pretensiones con impagables demandas al Estado, y hacer esfuerzos aparte en los temas de educación y salud donde existe poca eficacia en gastos con recursos del sistema general de participación, en especial en las entidades territoriales.
Posiblemente se quedó corta la comisión en una estrategia concreta para acabar con un gasto desbordado que en 1989 era el 8,5 % del PIB y hoy es el 18,9 % del PIB. Piénselo como si en su familia, en 25 años, y a pesar de recibir más ingresos, hubiese duplicado lo que en proporción dedicaba a gastarse en vestido, regalos y comida. Tampoco dice algo sobre la urgencia de acabar con la corrupción, que para muchos representa más de dos puntos porcentuales del PIB.
De mucho sirve el informe de la Comisión del Gasto, pero de nada sirve si se queda en los anaqueles del Gobierno. ¿Habrá alguien que se encargue de implementarlo?

Reflexiones al tema pensiones

jueves, 21 de diciembre de 2017

¿Dónde están las víctimas del conflicto?

Por: Óscar Sevillano

En todo este lío en que se ha convertido la creación de 16 curules paras las víctimas del conflicto, poco se han escuchado las voces de esta población, que desde el mismo punto de vista debería estar marchando en las principales avenidas de las ciudades, pidiendo respeto por el derecho a la participación política que les brinda los Acuerdos de Paz.
Es lamentable que la creación de 16 curules para las víctimas del conflicto en el Congreso de la República, hecho que puede servir como acto de reconciliación y reconocimiento político entre esta población y el Estado, se haya convertido en una pelea de honor entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia, acudiendo a argumentos poco creíbles como el respeto por la separación de poderes, cuando todos sabemos que estas dos ramas públicas se encuentran íntimamente ligadas.
En este choque de trenes lo que más ha sorprendido es la manera como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que apoyó los Acuerdos de Paz, ahora se resista a darle vía libre a la posibilidad de que la población víctima del conflicto tenga representación en el Legislativo a partir de asociaciones y comunidades en sus territorios, sin la intermediación de un partido político.
¿Será esta la mayor demostración del poco interés que tiene el Legislativo en permitirle el acceso al ciudadano del común a los espacios donde se toman las decisiones en el país?; ¿es acaso esta la mayor prueba de que la clase política se resiste a un cambio que permita que las voces de los diferentes territorios en Colombia se pronuncien?; ¿será acaso que a los congresistas que se oponen a esta iniciativa lo que les preocupa es no poder capturar políticamente a esta población?
El Congreso de la República en cabeza de Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos liberales como Viviane Morales se están llevando por delante a las víctimas del conflicto, las mismas a las que acuden con sonrisa de oreja a oreja, demostrando lo hipócritas que pueden llegar a ser cuando de buscar apoyo en las urnas se trata, para pedirles el voto, bien sea para reelegirse en el cargo o para colocar a su heredero político.
Hay que recordar que muchos de ellos, especialmente del Centro Democrático y Cambio Radical, celebraron gozosos de alegría el momento en que el secretario del Senado anunció el hundimiento de la conciliación que creaba las 16 curules. 
Qué bueno sería que las víctimas del conflicto les pasen factura evitando su reelección o la llegada al cargo de sus herederos. Solo así el país podrá tomar conciencia de la necesidad que existe de escoger a candaditos al Congreso con verdadera vocación de servicio al ciudadano, enviando el mensaje al resto de los colombianos de que no se puede seguir  permitiendo la llegada al cargo de personas que poco le han servido a este país y que son toda una vergüenza nacional, no solo porque pueden estar ligados a hechos de corrupción, sino además porque hay también casos como el de Rodrigo Lara Restrepo, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien todos los días demuestra que su único mérito en la vida es ser hijo de Rodrigo Lara Bonilla.
¿En donde está la sociedad civil que hizo sentir su voz, luego de la derrota del Sí en el plebiscito?; ¿qué sucede con esas organizaciones que no salen a marchar pidiéndole al Legislativo cumplir con la implementación de los Acuerdos de Paz?; ¿es que acaso se dejaron amedrentar por los opositores de derecha y acudieron a la comodidad del silencio?; ¿qué pasó con las comunidades de víctimas del conflicto, quienes deberían ser las más interesadas en que este punto se convierta en realidad?; ¿permitirán que alguna ficha de Uribe o de Germán Vargas Lleras ocupe el lugar que les corresponde?
En estos momentos la sociedad colombiana, en este caso las organizaciones que votaron Sí en el plebiscito, deberían estar marchando en las calles exigiéndole al Congreso de la República la debida implementación legislativa de los Acuerdos de Paz y, sobre todo, tener un poco de beneplácito con la población víctima del conflicto que durante décadas enteras ha sido excluida de las grandes discusiones de carácter nacional, y por decencia con ellas, mostrarse abiertos a la posibilidad de que tengan representación en el Legislativo, sin que exista el menor riesgo de que sus curules sean manoseadas por la clase politiquera y corrupta que se tomó los asientos de Senado y Cámara.

Reflexiones al tema pensiones

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Desde los ojos de la academia

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUTUROS LÍDERES PRESIDENCIALES
Tres directivos de reconocidas universidades colombianas dan su opinión sobre el perfil que debe tener el próximo líder presidencial del país.
El liderazgo es determinante para construir sociedades que se caractericen por el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la construcción social.
Colombia, de cara a elecciones presidenciales, tiene en sus manos la responsabilidad de elegir un candidato que trabaje en equipo, que piense en el bien común, que transite en la legalidad y que se fundamente en los valores, tan necesarios en estos tiempos cuando la corrupción es protagonista.
Un mal que no sólo afecta a Colombia, sino a la región. Cambiar esta realidad depende, en gran parte, de los líderes que asuman el poder. Por eso hablamos con la academia para conocer cuáles son las características que ellos creen deben tener estos representantes.
Alberto Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, considera: “Se necesita una persona con un manejo muy independiente y muy firme para generarle a Colombia confianza, al inversionista confianza y al cimiento del país confianza. Un líder de muy fuerte marca, con carácter, que tenga muy claro que la educación es esencial para que el país pueda llegar a tener un mejor índice de desarrollo”.
Otros directivos comparten su punto de vista.

Padre Jorge Humberto Peláez, rector Universidad Javeriana

Más allá de las características del liderazgo, ¿qué debe tener claro quien llega a ejercerlo?
Desde el líder más pequeñito al más grande debe tener en primer lugar claridad interior sobre su proyecto de vida. Segundo: su propuesta de valores para ponerla sobre la mesa y convocar a otras personas para que compartan un sueño común. Eso supone una capacidad de reflexión y de interiorización que en Colombia no existe hoy.
¿A qué nos debe llevar la crisis de liderazgo?
Eso nos lleva a un tema muy bello que es la importancia de los valores. Una persona, para que pueda construir su proyecto de vida que la satisfaga, que la haga sentir plena, necesita tener respuestas a interrogantes como cuál es el sentido de la vida y a qué le apostamos: a la plata, el sexo, el poder o le estoy apostando a qué.

John Branch, vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín

¿Cuáles son las características que debería tener el próximo líder presidencial?
Además de tener al país en la dimensión de estadista, debe tener las dimensiones geopolítica y geoestratégica de lo que somos a nivel planetario y las dinámicas que actualmente viven América y Suramérica, y muy particularmente lo que significa la educación, especialmente la pública, para la equidad, el salto social y fundamentalmente entrar en la ruta de lo que significan las sociedades del conocimiento en el Siglo XXI.
En la sociedad estamos viendo una crisis de valores, ¿cuál es la estrategia de la academia para volcar su mirada a este tema?
Esencialmente retomar el valor de la ética. La estrategia está orientada a trabajar de la mano con la comunidad universitaria para apropiar raíces socio-antropológicas de lo que somos como sujetos históricos en términos de una formación socio-humanística integrada a los saberes técnicos y científicos.

Rafael Sánchez, rector de la Universidad El Bosque

¿Cuáles son las características que debería tener el próximo líder presidencial?
Es fundamental que tenga un propósito de servicio, que quiera trascender y entender que su tiempo en la Presidencia es el inicio de un período en el que debemos trabajar juntos por mejorar la calidad de vida de todos, sin olvidar que la deuda más grande que hay en el país, además de la inequidad, es hacernos más competitivos.
¿Cómo entiende el liderazgo íntegro?
Un líder es el que tiene propósito y capacidad de convencer a otros de unirse para un objetivo determinado. Una vez tiene seguidores, debe generar las condiciones para llevar a cabo su cometido, generar una estrategia para que eso ocurra. Después debe tener la capacidad de aprender y mejorar lo que ya hizo, siempre pensando en un fin que debe ser generar impacto en quienes le rodean.
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La nefasta propuesta pensional de los banqueros

dinero.com,  | 2017/11/24 

POR: MARIO VALENCIA

La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado que la Ley 100 fue un fracaso.

Otra vez ANIF ha lanzado una propuesta para reformar el sistema pensional colombiano, y otra vez su contenido tiene el propósito de lesionar la calidad de vida. La sugerencia es marchitar el sistema público de pensiones, cerrando la opción de nuevos afiliados a Colpensiones, lo que por supuesto beneficiaría a las administradoras privadas de pensiones. También piden subir la edad de pensión en 5 años, a 62 para las mujeres y 67 para los hombres.

La situación pensional de Colombia es dramática. De cada 10 trabajadores solo cotizan 3 y de estos solo 1 se pensiona. Según Fedesarrollo, de quienes lo logran, el 57% hacen parte del 30% más rico de la población y tan solo el 9% de los pensionados están en el 30% más pobre. Pensionarse en el régimen privado creado en la Ley 100 de 1993 es casi imposible; para hacerlo con una mesada de $ 1‘000.000 mensuales debe ahorrar $200 millones durante 1.300 semanas. Llegar a este monto implica ganarse $1.500.000 mensuales y aproximadamente el 74% de los ocupados ganan menos que esto. Esto explica porqué el 40% de quienes están en los fondos privados no tienen una renta vitalicia sino un retiro programado.

Mientras esto ocurre, los fondos privados acumulan a septiembre de este año $218,4 billones de ahorros pensionales de los cuales 69,9 billones corresponden a préstamos al mismo Estado que montó el negocio privado. El sistema público se quedó sin los cotizantes y la población con la deuda, a unos fondos en donde tan solo 3 grupos económicos concentran el 94% del ahorro pensional y el 60% de los activos financieros del país. ¿Puede una nación funcionar adecuadamente con semejante nivel de concentración de riqueza y poder político y judicial?

La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado que la Ley 100 fue un fracaso. Pero si se reforma en el sentido que propone la institución financiera, provocará que el disfrute de la pensión promedio de un colombiano pase de 14,7 años a 9,7 años, cuando en algunos países de la OCDE es en promedio de 18 años. Parafraseando al finado Fabio Echeverry: a los trabajadores les va mal, pero a los banqueros les va bien, muy bien.

El sistema pensional debe cambiarse, pero en otra dirección. El próximo gobierno y Congreso deben, primero, definir la naturaleza política del nuevo sistema, teniendo en cuenta como aspecto fundamental su condición social: no debe ser un sistema de ahorro individual sino de solidaridad intergeneracional. El logro de la pensión debe ser un derecho de los trabajadores y no una fórmula matemática.

En segundo lugar se debe buscar la solución financiera, pero no al revés como propone ANIF. Una propuesta sería que hasta ingresos de 4 salarios mínimos sea obligación afiliarse el régimen público y de ahí en adelante sea opcional hacerlo en el privado. Una de las causas por las cuales el sistema colapsó es que en el régimen privado hay 47 cotizantes por cada pensionado y en el público apenas 1,8 cotizantes por cada pensionado. Esto debe cambiar.


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