ESPECIAL 1:..La cruzada para que no se sigan robando el país con corrupción..

eltiempo.com, UNIDAD INVESTIGATIVA,  26 de febrero de 2017

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Cifras conservadoras estiman que cada año, el país pierde 50 billones de pesos por la corr

Colombia pierde $ 50 billones al año. Hay que ajustar desde educación hasta colados en TransMilenio.

General Flavio Buitrago, condenado a nueve años por enriquecimiento y lavado de activos; Carlos Albornoz, procesado por la entrega irregular de decenas de bienes de la mafia; Orlando Parada, concejal vinculado al saqueo a Bogotá; Otto Bula, confeso receptor de sobornos de Odebrecht...

Además de ser los protagonistas de escandalosas investigaciones judiciales que han sacudido al país, estos cuatro personajes tienen más en común. Comparten un bloque de modernas habitaciones en el Centro Social de la Policía Nacional de Bogotá (Cespo), donde cumplen su encierro y la mayoría asiste a misa cada semana con el padre Silverio.

Una vegana, que perteneció a la Policía, les suministra alimentación balanceada, y varios auxiliares policiales los acompañan a trotar por los alrededores, que cuenta con campo de golf y establos.

Una investigación realizada por un equipo de EL TIEMPO concluyó que los privilegios carcelarios para condenados por corrupción y las rebajas de penas por aceptación de cargos son dos de los motores que llevan a delincuentes de cuello blanco a desafiar la ley y a saquear las arcas del Estado.

Cifras conservadoras estiman que cada año, el país pierde 50 billones de pesos por la corrupción, lo que serviría para construir más de un millón de casas de interés social, conjurando para siempre el déficit de vivienda en Colombia.

No es gratuito que ocupemos el puesto 90 entre 176 naciones evaluadas por Transparencia Internacional. Ni tampoco que en los últimos siete años, más de 19.000 personas hayan sido sancionadas por actos de corrupción.

De hecho, el 80 por ciento de los empresarios colombianos que respondieron la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, de Ernst & Young, admitieron que en sus negocios hay corrupción. Y lo que es peor, el 30 por ciento está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos por un contrato.

De eso el país ya no tiene duda. En el escándalo más fresco, el de pago de sobornos de Odebrecht, están involucrados desde senadores activos, como el cordobés Bernardo Elías, uno de los máximos electores del Congreso, hasta reputados empresarios y precandidatos.

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, estima que el sector privado se embolsilla 60 billones de pesos al año con conductas corruptas. Los atajos que toman para saquear al país incluyen la evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos y el fraude contable

Las salidas

¿Se identifica usted con alguna de estas conductas?

Según la investigación de EL TIEMPO, hay factores biológicos que en determinados casos pueden inclinar al individuo a quebrar las normas y la ley. Una sociedad tolerante y un entorno marcado por la cultura del dinero fácil (heredado del narcotráfico) potencian este comportamiento y forman delincuentes de cuello blanco.

Científicos y expertos en anticorrupción coinciden en que si bien no hay una fórmula mágica para acabar con este flagelo, parte de la solución está en la educación y formación de ciudadanos éticos que no sean proclives al delito.También, en levantar diques legales para que los pillos no se cuelen ni en TransMilenio ni en la política, estos últimos mediante avales y fraude electoral. A eso se une la urgente reforma a la financiación de las campañas para evitar el ingreso de dineros sucios, estilo Proceso 8.000.

Aunque en Colombia hay penas severas para esas conductas, no sirven si los delincuentes obtienen beneficios y no devuelven el dinero esquilmado ni entregan cómplices. De hecho, más del 50 por ciento de los corruptos condenados no pagan siquiera un solo día de cárcel o lo hacen en cabañas al aire libre en los cerros capitalinos. Este es el caso de Samuel Moreno, ex alcalde de Bogotá condenado por el ‘carrusel de la contratación’.

En contraste, en Estados Unidos el uniforme naranja, los grilletes y el régimen carcelario, que limita incluso las horas de sol y de visitas, atemorizan a criminales de todo nivel y nacionalidad.

El triunvirato que formaron el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el contralor, Edgardo Maya, y el procurador, Fernando Carrillo, unido a la colaboración entre países, será clave para que en los próximos años, Colombia gane la cruzada para evitar que se roben el país y se repitan raponazos al erario como el de los sobrecostos en la refinería de Cartagena (Reficar), el cartel de la hemofilia y la repartija de dineros de las regalías, en la mira del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(Lea también: )

El gobierno prepara, vía ‘fast track’, normas que reglamentan el lobby, visibilizan a los dueños de los entramados de la contratación y condicionan los beneficios judiciales a corruptos, acabando con la prisión domiciliaria y exigiéndoles el reintegro del dinero robado. Además, se busca transparencia en la inversión del posconflicto.

En los próximos días habrá nuevas capturas de dignatarios regionales, con las que los corruptos empezarán a entender que el dinero público es sagrado. Este informe es un aporte desde las orillas científica, educativa, judicial y política para acabar con el desangre.

¿Qué pasó con los protagonistas de los casos más sonados?

Fabio Puyo Vasco

Caso: El Guavio

Año: 1993

Costo: $ 15.000 millones

Puyo, exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá, fue el único condenado por los sobrecostos

y se probó su incremento patrimonial. Nunca lo detuvieron y en el 2007 prescribieron las órdenes de captura. Ha vivido en España, donde lo vincularon a ventas de obras de arte falsas.

Luis Hernando Rodríguez

Caso: Foncolpuertos

Año: 1995

Costo: $ 2,5 billones

Rodríguez fue gerente liquidador de Puertos de Colombia. A través de Foncolpuertos, y con la complicidad de jueces, se pagaron millonarias pensiones de manera irregular. Fueron condenadas 825 personas. Rodríguez, sentenciado a 13 años de prisión en el 2007, es pensionado del Congreso, pues es viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels.

Carlos Albornoz Guerrero

Caso: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)

Año: 2011

Costo: $ 30.000 millones

Cuando era jefe de la DNE se denunciaron entregas irregulares de narcobienes. El escándalo salpicó a congresistas y abogados, y la DNE fue liquidada. Albornoz está imputado, capturado y espera sentencia en una cárcel especial: Cespo, el club de formación de la Policía.

Tomás Jaramillo

Caso: Interbolsa

Año: 2011

Costo: $ 300.000 millones

Jaramillo montó un entramado con el que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptó el delito y en marzo se conocerá su condena. Sus abogados pidieron casa por cárcel (de la que goza su padre), pero sigue en La Picota.

Hermanos Moreno Rojas

Caso: Carrusel de la contratación en Bogotá

Año: 2010

Costo: $ 2,2 billones

¿Qué pasó?

El alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno lideraban una red de contratistas, políticos, abogados para atribuir irregularmente grandes obras a nivel distrital y nacional. Iván fue condenado a 14 años de cárcel y Samuel a 18 años. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.

Carlos Palacino

Caso: Saludcoop

Año: 2011

Costo: $ 1,4 billones

¿Qué pasó?

Palacino, presidente de Saludcoop, es investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes, inversiones en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros responsables sigue.

Luis Bedoya

Escándalo: Fifagate

Año: 2015

Cantidad: $ 1.500 millones

¿Qué pasó?

Bedoya, como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue uno de los 20 directivos latinoamericanos que recibieron 28 millones de dólares para contratos de transmisión y comercialización de torneos en Amé. Bedoya negocia desde 2015 con la justicia de Estados Unidos por soborno y fraude en transferencia bancaria. Busca no pagar un solo día de cárcel a cambio de información. En 2017 le dictarían sentencia.

Víctor Pacheco

Escándalo: Fidupetrol

Año: 2015

Cantidad: $ 500 millones

¿Qué pasó?

Víctor Pacheco fue el abogado de la empresa Fidupetrol, que entregó 500 millones a magistrados de la Corte Constitucional para que le dictaran un fallo de tutela favorable. Tanto él como Hélber Otero, gerente de esa sociedad, fueron condenados a dos años de prisión. Y el magistrado Jorge Pretelt, quien habría recibido la coima, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia.

UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com

* Este informe especial fue coordinado por Andrés Mompotes, subdirector de Información y Martha Elvira Soto, editora de la Unidad Investigativa. Equipo de redacción: Nathan Jaccard, Edulfo Peña, Jhon Torres, Sair Buitrago, Sandra Ramírez, Carlos Francisco Fernández, Martha Morales, Francisco Valbuena, Carlos García, Rafael Quintero, Angy Alvarado, Milena Sarralde, Eliana Mejía, Gustavo Castrillón, Carolina Rincón, Laura Sepúlveda y Simón Granja. Diseño: Sandra Carranza y Juan Soriano. Infógrafos: Luis Jiménez y Giovanny Ariza.

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La corrupción también es su culpa

las2orillas.co, Por: Carlo Humberto Salas Cardona | Febrero 28, 2017

“¿Cómo visibilizar al diablo? ¿Cómo mostrar a la gente que conductas aparentemente inofensivas alimentan ese demonio y nos están matando?”

En ésta cruzada contra la corrupción he notado que la mayoría de las personas la perciben como algo que sucede lejos, por allá en la Guajira o en el Magdalena Medio; que se limita al pago de coimas por obtención de un beneficio o a la pérdida de una platica que igual no le iba a tocar. Hablan de ella con la misma distancia que se habla del diablo ¡Eso nunca nos tocará!

Pero el diablo nos respira en el cuello, para unos más visible que para otros. ¿Cómo visibilizar al diablo? ¿Cómo mostrar a la gente que conductas aparentemente inofensivas alimentan ese demonio y nos están matando? Sí! MATANDO, en mayúsculas. Colombianos muriendo, muerte de morir, de perder seres queridos, de enterrar difuntos; de madres, hermanos, vecinos y amigos tomando tinto mientras lloran el trágico destino que pudo correr un ser querido. De perder para siempre a alguien que amamos profundamente. Lugar común hablar de los guajiritos muertos por inanición, de Odebretch, Reficar o Isagen, de eso ya se ha hablado mucho.

Hablemos de la reunión que organiza el líder de su barrio para apoyar un candidato al concejo de su ciudad; esa reunión normal en la que se reparte pastel de pollo con juguito de caja y se habla de tapar los huecos de la esquina o pintar la cancha de los pelaos. Esa reunión inofensiva en la que coinciden los vecinos de toda la vida para charlar las mismas historias de siempre ¿Qué hay detrás? Por lo general, para no maltratar a uno que otro candidato decente, ese concejal está pagando unos 30 millones de pesos en una campaña que exige publicidad impresa, medios de comunicación, tamalito, gasolina y mal-tapar esos huecos de la esquina. 30 millones que en campañas electorales parecen monedas con relación al nivel de gasto que alcanzan aquellas a cargos de elección popular de mayor rango, pero que para un colombiano promedio significan 40.7 salarios mínimos legales vigentes; que el concejal no recuperará en menos de un año si dedica todo su salario a ese fin.

NO PASA, todos tenemos obligaciones familiares, financieras y personales. Entonces ¿Cómo lo recupera? En contra de sus deberes constitucionales. Los concejales establecen alianzas con las alcaldías para que se les otorguen cuotas políticas dentro de las administraciones y así poder influenciar sobre el presupuesto del municipio, empieza la rosca política; los proyectos propuestos por el alcalde ya tienen aprobación en el concejo y el nuevo concejal tiene personas que pueden influenciar y destinar presupuesto del municipio. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar los 30 milloncitos y uno que otro más para apoyar la candidatura de algún congresista para hacer lo mismo en el gobierno central e influenciar sobre los proyectos de la nación que obviamente son más popochos; congresistas que se venden al presidente a cambio de cuotas políticas en los ministerios, como el MinTic por ejemplo, y manosear mega proyectos y seguir engordando la marrana de la corrupción. ¿Sabe cuánto tiempo duró en el congreso el debate y votación del proyecto de ley del gobierno que aumentó el IVA del 16% al 19%? ¡58 segundos! Eso le importamos a estos hampones.

¿Qué hizo usted? ¡Aparentemente nada! Comerse un pastelito de pollo y un juguito de caja mientras charla con sus vecinos, ¿Que causó? El año pasado murieron 4100 guajiros y en lo corrido de 2017 nos acercamos a los 1000. ¡PIÉNSELO!

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Etiquetas: Colombia, corrupción, denuncia, Elecciones

La estafa de los fondos privados de pensión

elespectador.com, Por: María del Rosario Vázquez Piñeros,  28 Feb 2017 

Siempre he creído que las grandes obras literarias constituyen un metarelato histórico, en la medida en que sus autores logran captar y plasmar el espíritu de una época y las problemáticas de un pueblo –a veces, incluso, con intuición profética–. Y eso es exactamente lo que ocurre con las víctimas hasta ahora invisibles de los fondos privados de pensiones, que traen a la memoria la situación de pobreza y abandono del protagonista de la novela de García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, quien esperó durante años una pensión que nunca recibió, y quien, además, a lo largo de la obra –tal como las víctimas anónimas de estos fondos–, no tiene un nombre propio que lo identifique.

Fueron muchos los colombianos que abandonaron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se trasladaron a los fondos privados ante la promesa de recibir una pensión considerablemente mejor.

En Colombia existen dos sistemas de pensiones. Por una parte, el Gobierno administra en Colpensiones el “régimen de prima media”. Con éste, Colpensiones, para liquidar la pensión de vejez, realiza un promedio de los salarios cotizados al Sistema General de Pensiones en los últimos diez años y le entrega al beneficiario un 65% sobre dicho promedio, cada mes, durante el resto de su vida. Si el promedio fue de cinco millones, el adulto mayor recibirá al momento de pensionarse, unos 3’250.000 pesos, gracias a que a la suma de sus cotizaciones se agregará un subsidio del gobierno.

En cambio, el fondo privado es un sistema de ahorro individual, con el cual el adulto mayor solo obtendrá la suma del dinero que alcanzó a ahorrar con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral, sin ningún subsidio adicional. Por lo menos podrá acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo. Pero, al no tener subsidio del Estado, no recibirá los 3’250.000 pesos que le hubieran correspondido con el régimen de prima media –si volvemos al ejemplo arriba mencionado–. Y dependiendo del tipo de contrato firmado con el fondo pensional, tampoco recibiría pensión hasta el final de sus días; lo que sería muy grave, en caso de alcanzar más de los años calculados como promedio de vida, por el Fondo.

Es así que, a muchos cotizantes de la clase media (que superan el salario mínimo, pero que no alcanzan a cotizar grandes sumas para su edad pensional, como sí ocurre con los ultra mega salarios de reducidos sectores de la élite), les habría convenido quedarse en el régimen de prima media. Pero debido al engaño de algunos de los asesores de los fondos privados, terminan por pensionarse con una suma mucho menor. Mientras tanto, con sus cotizaciones, dichos fondos han podido invertir el dinero en transacciones en los circuitos financieros internacionales, obteniendo jugosas ganancias. La asimetría de esta situación resulta escandalosa.

Ante esta situación, son muchos los adultos mayores que acuden a las instancias judiciales, con todo el desgaste que esto conlleva. Ahí se ven abocados a enfrentar a los abogados de dichos fondos, empeñados en negar un engaño tan obvio y en probar lo absurdo: que con información veraz y suficiente, la persona voluntariamente decidió dejar el régimen de prima media y trasladarse a un fondo privado, a sabiendas de los beneficios que perdería y de los perjuicios que esto implicaba.

Por lo visto, a dichos abogados y a sus jefes, no les importa el grave perjuicio que ocasionan a aquellos colombianos de clase media que anhelan poder regresar a Colpensiones, y cuyo único pecado fue: trabajar honradamente a lo largo de su vida, por un salario, tras pagar una costosa educación; contar con una baja capacidad de ahorro y recurrir al endeudamiento con los bancos, pagando altas tasas de interés, para poder afrontar el alto costo de vida; cotizar su pensión; y contribuir con los impuestos que los sectores más pobres no pueden pagar por su indigencia, y los más ricos tampoco quieren costear.

Cabe preguntarse si en éste, el país de El coronel no tiene quien le escriba, ahora que por fin empezamos a desvelar la corrupción que beneficia a unos pocos y empobrece a tantos, aparecerá quién investigue y denuncie la tragedia de estos colombianos. Lo primero, es reconocer en estos adultos mayores su calidad de víctimas de un engaño sistemático por parte de algunos asesores inescrupulosos de los fondos privados de pensiones; y tras ello, se les reconozca, a su vez, su derecho a una pensión proporcional y por tanto justa a través de su regreso a Colpensiones.

Asimismo, ojalá cuando por fin se destape esta olla podrida, los intereses que los fondos privados obtuvieron con el dinero de estas víctimas, sea resarcido a Colpensiones, que por ser del Estado, es de todos. Y de paso, que se indemnice a las víctimas, pues no es poco el sufrimiento, la angustia, las horas de insomnio, la vergüenza, la impotencia, la indiferencia y la necesidad que han tenido que padecer. Pero desde luego, que las indemnicen dichos fondos, no el Estado, para que no terminen siendo ellas, con sus impuestos, las que paguen su propia indemnización, como suele ocurrir.

Pero lo más preocupante de esta situación es que, en lugar de dicho resarcimiento, lo que proponen los fondos privados desde finales del 2016, ante el masivo desplazamiento de usuarios hacia el sistema de prima media y las demandas de los estafados, es la privatización de Colpensiones. Tal propuesta beneficiaría a los fondos privados con un negocio redondo al entregarles el manejo de todo el dinero de los cotizantes del país y frenar las demandas de las víctimas.

Dicha proposición está siendo acompañada por una campaña de desprestigio de Colpensiones, a través de algunos medios de comunicación, cuando se avecina la discusión en el Congreso sobre la próxima reforma pensional. Y a dicha campaña se suma el argumento falaz de la falta de recursos para los pensionados, lo que resulta paradójico, al lado de los constantes escándalos de corrupción y las provechosas utilidades del sector financiero del país. Bien decía Goebbels, el ministro de propaganda Nazi, que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”.

Por lo tanto, es hora de que la academia y los medios de comunicación inicien la investigación sobre el tema con base en los testimonios para reconstruir la memoria de este dolo; y de que las víctimas se unan para no actuar como individuos, pues su drama no es particular: es un problema social. Asimismo, es necesario que políticos honestos y con responsabilidad social defiendan la causa de estos adultos mayores, que es de todos los colombianos; y sobre todo, que ante este secreto a voces, el gobierno deje de lado la indiferencia. Pues quien calla ante esta injusticia, se convierte en su cómplice.  

*Profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Universidad de La Sabana

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Colpensiones se compromete a fortalecerse a cero costo

elespectador.com, Economía 28 Feb 2017 

Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones. Archivo

De acuerdo con el presidente de la entidad, Mauricio Olivera, con la reorganización de Colpensiones, la entidad le ahorrará $15.000 millones anuales al Estado.

El fondo de pensiones del Gobierno Nacional, Colpensiones, mostró su nueva cara y con esta fortalece sus procesos internos y externos para otorgar pensiones más rápido y en menor tiempo. De la mano con Ministerio de Trabajo, la entidad espera cambiar 67 años de dificultades de corrupción e ineficiencia para facilitar las pensiones a más de 1´200.000 afiliados que tiene actualmente.

Hasta la fecha se han resuelto 260.000 tutelas, que representa el 99,8% del cumplimiento de la entidad. Así mismo, Colpensiones asegura haber resuelto 1´700.000 solicitudes de reconocimiento de pensión. 

El proyecto parte a través del auto 259 de 2014 aprobado por la Corte Constitucional y con el que espera fortalecer el Régimen de Prima Media, la cual tiene a varios gremios en contra y por el cual piden una reforma pensional en el país.

“Haremos más con menos, con el mismo presupuesto y con menos personal. Colpensiones ha logrado en 4,5 años lo que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) habría hecho en 7 años", indicó la cabeza de Colpensiones, Mauricio Olivera

Hoy por hoy, la planta de Colpensiones es de 1.271, y la meta es llegar a 1.789 empleados para cumplir con los lineamientos de la Corte Constitucional de dotar a la empresa con la capacidad suficiente para atender los requerimientos de los ciudadanos. De acuerdo con los estudios técnicos, de cargas de trabajo y volúmenes de trámites que tiene la operación, la entidad debe tener una planta de 2.494 servidores públicos.

Por su parte, la ministra de Trabajo , Clara López, afirmó que "los sueldos no han sido modificados. Esta reforma conserva los mismos salarios desde 2011. Era muy necesaria para Colpensiones que además está formalizado a más 1.200 empleados, que se han incorporado a nómina, con previo concurso y que han sacado a la entidad de la postración a la que estaba".

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reorganización

reducción de costos

En 10 meses, nueve 'sabios' plantearán revolcón del gasto..

 eltiempo.com, Por:  MARTHA MORALES MANCHEGO 17 de febrero de 2017, 

Foto: Archivo particular

Comisión estará integrada por 9 expertos, 7 de los cuales fueron seleccionados y ya aceptaron.

Falta elegir dos miembros de nueve. Análisis de aspectos que el grupo deberá revisar para reformar.

El gasto público colombiano, que representa el 29,4 por ciento del total de la producción (PIB), si bien no es tan alto como el de países desarrollados como Alemania (44,1 % del PIB), tampoco es tan bajo, como para no mostrar resultados más visibles en términos de reducción de la desigualdad.

El Estado en Colombia gasta a partir de un nivel de ingresos que no tiene, dijo el año pasado la firma calificadora Standard & Poors y, adicionalmente, los recursos los maneja de manera ineficiente, indicó la Contraloría General.

Conceptos como esos llevaron a que, finalmente, después de muchas alertas, se incluyera en la reforma tributaria del 2016 la decisión de crear una comisión de expertos, similar a la que se conformó para que evaluara y recomendara los cambios necesarios que podían mejorar el estatuto tributario.

EL TIEMPO conoció que dicha comisión estará integrada por nueve expertos, siete de los cuales ya fueron seleccionados y aceptaron, mientras que dos más están por definirse, toda vez que, para que el equipo sea integral, se le agregarán dos abogados con experiencia en asuntos constitucionales.

En 10 meses, periodo que podría extenderse más, como sucedió con la Comisión Tributaria, los expertos estarán encargados de una misión gruesa. Esto implica que, al menos en el 2017, la situación continuará tal cual viene dándose: con una ‘austeridad inteligente’, según la definió el Gobierno.

En medio de ese panorama, la nueva misión para el gasto público tendrá la tarea que le fue señalada por la reforma tributaria y es poner el foco en temas como “programas de subsidios y asistencia pública, criterios de priorización de la inversión, inflexibilidades presupuestales (pago de pensiones y deuda) y rentas de destinación específica”.

Al final, lo clave será establecer “qué tantos efectos tiene el gasto público sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto”, según la ley de reforma tributaria, lo que por ahora no se da a los ojos de comentaristas como Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria, quien afirma que “el Estado no gasta mucho en impulsar la economía, sino que el 57 por ciento (promedio de 4 años) se lo gasta el Gobierno; por lo tanto, los recursos no alcanzan para fomentar la equidad”.

Durante los últimos años, la Contraloría General ha sido una de las que más han insistido en la urgencia de priorizar el gasto público y la calidad del mismo para que genere mejores resultados para la gente.

Largo debate

No obstante, hay que recordar que desde hace más de una década se viene hablando de lo mismo. En el 2002, por ejemplo, Planeación Nacional elaboró un informe que sustentó ‘¿por qué evaluar el gasto público?’.

En esa oportunidad ya se hablaba de que “el gasto público, si no se hace bien, no tiene absolutamente ningún efecto en términos de equidad, de distribución del ingreso y de justicia social”.

Las cifras en ese sentido muestran qué tan bien se está haciendo dicho gasto. Durante el 2016 el gasto corriente –es decir, el que se usa para proporcionar servicios públicos, salarios y comprar bienes y servicios– ascendió a 144 billones de pesos, mientras que para este año será de 154,3 billones.

El crecimiento del mismo no cesa, porque, según análisis realizados por el Centro de Pensamiento Económico Anif, en el país el gasto es inflexible, como lo es el de la seguridad social, lo que implica que, en el caso de las pensiones, cuyo monto sobrepasa los 30 billones de pesos y en general son para financiar jubilaciones exorbitantes de unos pocos, o se pagan o se pagan. A ello se le agrega el alto costo que implica el pago del personal en el sector público: 33,6 billones de pesos, casi tanto como lo que se llevan las pensiones, y buena parte de los que le sirven al Estado ni siquiera tienen un contrato formal.

Además, un reciente estudio de Planeación Nacional indicó que los subsidios son otro gasto alto que, en muchos casos, no contribuye a sacar a la gente de la pobreza, sino que la incrusta más en ella, pues no estimula la búsqueda de alternativas de crecimiento con tal de seguir siendo beneficiario del apoyo económico. Solo en el 2016 se requirieron 13 billones de pesos para los ocho principales programas sociales, alrededor de los cuales se cuelan beneficiarios que no tienen derecho.

Costo de la deuda

La red de justicia tributaria destaca también el alto costo de la deuda, cuya destinación sobrepasa el 20 por ciento del Presupuesto anual, lo que está por encima de sectores claves, como educación (13,6 % del presupuesto) y trabajo (12,3 %).

Con todo esto, el gasto colombiano es inefectivo; en general, de ocho dimensiones, en seis están por debajo de los promedios de resultados de los países latinoamericanos, señala la red.

De ahí la importancia de la escogencia de una comisión idónea y del revolcón que logre proponer al gasto público.

El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó un camino posible en materia de gasto público. “El reto más importante es proponer un mecanismo que, en el tiempo y de manera creíble, vaya reduciendo las enormes rigideces presupuestales”.

El exministro propuso: “Podría ser una fórmula parecida a lo que ya se ha hecho con el SGP: se comprometen recursos para los próximos años, pero se hace buscando reducir su participación, más o menos rápidamente, en el presupuesto general de la nación a niveles sostenibles”.

MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios

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