viernes, 3 de febrero de 2017

Pobreza, su enfermedad favorita

eltiempo.com, Enrique Santos Molano 2 de febrero de 2017

Enrique Santos Molano

En América Latina, la situación de pobreza y desigualdad, fomentada sin piedad por el neoliberalismo, es aterradora.
Durante años he escrito, en varias columnas y ensayos, que la pobreza no es un fenómeno económico, sino una enfermedad social creada por el interés económico de los poderosos y sostenida a lo largo de los siglos por ese mismo interés codicioso y avariento. La pobreza es la enfermedad favorita de los poderosos, no para sufrirla ellos, sino para aplicarla a los demás como el medio más efectivo de mantener a la humanidad sometida, o esclavizada, al servicio de unos pocos (el uno por ciento) que son dueños del noventa por ciento de la riqueza.
Ahora leo en un artículo de ‘El Espectador’ (2 de febrero, 2017) que la revista ‘The Lancet’, una de las publicaciones científicas más prestigiosas, trae un estudio de treinta investigadores, en el que se revela cómo “la pobreza acorta la vida mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol”. El estudio cuestiona con dureza a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su persistente negativa a incluir el factor de la desigualdad social y económica (la pobreza), pues su eliminación sí sería “determinante para mejorar la salud de la población”.

Pero la OMS no está interesada en mejorar la salud de la población. Como lo demuestra Daniel Estulin (‘El Club Bilderberg’), la OMS es un organismo entre los muchos controlados por el club de poderosos, y su acción se contrae a favorecer a un segmento de la población mundial, no a la población mundial. No figura en las intenciones de la OMS adoptar políticas que tiendan a combatir la pobreza ni la desigualdad que hoy imperan en el 90 por ciento de la población, incluidos los Estados Unidos, donde dichos males son particularmente graves y explican, además, el porqué de la elección de Donald Trump como presidente contra los deseos del establecimiento global y del Club Bilderberg.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad, como la guerra contra la corrupción, ha sido el potrico de batalla de esos mentirosos de profesión, los políticos logreros, que buscan el voto de los ciudadanos crédulos, para después incumplirles lo que les prometieron y ponerse a las órdenes de los amos. Estamos tan acostumbrados al engaño y a la farsa que nos tiene escandalizados el hecho de que el presidente Trump esté haciendo lo que dijo que haría si lo elegían. Nos guste o no su política, debemos reconocer que Trump no está engañando a nadie.
La pobreza y la desigualdad en el mundo, y también la corrupción, tienen sus propias causas y sus propios remedios, como los tiene cualquier enfermedad. Las causas de la pobreza y de la desigualdad residen, desde el principio de los tiempos, en la concentración de la riqueza por unos pocos y en la explotación del trabajo de la mayoría, que son los productores de riqueza, por esos mismos pocos. Esto explica que todas las campañas que hemos visto para reducir el desempleo, mejorar el salario de los trabajadores y acabar con la pobreza fracasen una y otra vez. Tal factor de morbilidad y de muerte, la pobreza, que registra el estudio de ‘The Lancet’, está hoy peor que hace cien años. Es una buena noticia para el Club Bilderberg, pero es francamente pésima para el resto de la humanidad.
En América Latina, la situación de pobreza y desigualdad, fomentada sin piedad por el neoliberalismo, es aterradora. Ha llegado el momento de imitar el ejemplo del presidente Trump y proclamar ante el mundo: “América Latina primero”. Tenemos que combatir la pobreza y la desigualdad a nivel del continente, no de un país. Somos cuatrocientos millones de seres humanos dispersos y desinformados; cuatrocientos millones de liliputienses que si nos juntamos, haremos un gigante poderoso, no para enfrentarlo a Gulliver, sino para vencer la pobreza, la desigualdad y la corrupción que nos esclavizan. “América Latina primero”, para dar protección y dignidad a sus trabajadores, recuperar su inmenso mercado interno, rescatar el manejo de sus recursos naturales, explotados hoy por compañías extranjeras, y utilizar su riqueza en beneficio de los latinoamericanos.
No más neoliberalismo. Proteccionismo sí, un proteccionismo constructivo, no limitado a las tarifas arancelarias, que alejen la competencia, sino a políticas de creatividad e ingenio que nos permitan competir en términos de equidad e intercambio con los otros continentes. “América Latina primero”, soberana, no excluyente. Fue el legado que nos plantearon nuestros padres libertadores, Francisco de Miranda, Antonio Nariño y el inmortal Simón Bolívar. Ha llegado la hora de poner en práctica ese legado de grandeza. De otro modo, nos aguardan nuevos siglos de esclavitud y de degradación, de corrupción y de miseria.

Enrique Santos Molano

Reflexiones al tema pensional

El nuevo mal del siglo...

eltiempo.com, Plinio Apuleyo Mendoza2 de febrero de 2017

Plinio Apuleyo Mendoza

La nueva e inquietante sorpresa es la aparición de un populismo de derecha que amenaza con cambiar el panorama político, económico y social de los EE. UU. y de Europa.
Durante mucho tiempo se creyó que el populismo era un fenómeno exclusivo de América Latina. De Perón a Chávez, su recorrido en el continente fue largo y tumultuoso. Venezuela es hoy su último y desastroso bastión. Como lo hemos visto allí, la lucha contra el hambre –su bandera predilecta para llegar al poder– termina en hambre.

Contra lo que podía vaticinar este último desastre, un populismo de signo marxista haría por primera vez su aparición al otro lado del Atlántico con el partido Podemos en España. Su líder, Pablo Iglesias, fiel discípulo de Hugo Chávez, logró, como él, ganar a su favor el descontento del ciudadano del común con el mundo político tradicional. Al Partido Socialista le ha sustraído muchos adeptos. Marchas, denuncias, pronunciamientos y propuestas inmediatas de cambio son parte de los efectos mediáticos que atraen a favor suyo al desengañado elector.

Pero la nueva e inquietante sorpresa que nos trae este tiempo es la aparición de un populismo de derecha que amenaza con cambiar el panorama político, económico y social de los Estados Unidos, con el triunfo de Trump, y de Europa, con el avance significativo de movimientos y partidos como los de Marie Le Pen en Francia, el de Geert Wilders en los Países Bajos, Harold Vilimsky en Austria, Matteo Salvini en Italia y de Frauke Petry en Alemania. Todos ellos representan un candente renacimiento del nacionalismo de otros tiempos, contrario a la globalización, a los compromisos de la Unión Europea, a toda competencia impuesta por el libre mercado y al ingreso de inmigrantes musulmanes de Irak, Siria, Libia, Irán y otros países del Medio Oriente. La islamofobia, que domina estas corrientes políticas, ve en todo musulmán un posible agente o cómplice del terrorismo.

Según el analista chileno Axel Káiser y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, autores de un libro sobre este tema tan actual, las cinco desviaciones que se advierten en el populismo son, en primer término, un desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado. La segunda desviación es el complejo de víctima, según el cual los males que nos aquejan provienen de voraces oligarquías políticas ligadas al poder; la tercera es la paranoia antiliberal; la cuarta, el disfraz democrático que visten los regímenes populistas; y la quinta, la falsa obsesión igualitaria que solo consigue –una vez se hacen dueños del poder– extender la pobreza a todos los niveles de la sociedad, con la sola excepción de ellos.

En suma, el populismo impone un Estado que todo lo controla y que pretende realizar de manera autocrática un manejo de la economía apoyándose en viejos y falsos diagnósticos sobre la pobreza, el atraso, la dependencia de intereses foráneos, las carencias educativas y un discurso político más propenso a suscitar emociones e ilusiones que a enfrentar y modificar la realidad. Bastan una coyuntura propicia como el descrédito de la clase política tradicional, la burocracia y una corrupción ligada al poder para que a favor de estos factores atávicos el espectro populista vuelva a surgir.

No olvidemos que buena parte de América Latina ha sufrido el embate del populismo. A la sombra de Fidel Castro y con la engañosa fábula de imponer un nuevo modelo de sociedad, Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet intentaron consolidar en sus países el socialismo del siglo XXI. Podría decirse que esta experiencia fracasó, pero de este engaño no está exenta Colombia. Valiéndose del descontento con la clase política, las elecciones del 2018 pueden abrir la puerta a una alternativa de cambio muy próxima a esta corriente. Entre tanto, Trump sorprende al mundo entero con sus abruptas medidas nacionalistas. El suyo es, ciertamente, un populismo de derecha de impredecibles consecuencias.

Plinio Apuleyo Mendoza
Reflexiones al tema pensional


Corrupción, política y Estado: retos del cambio al sistema electoral

eltiempo.com,  Por:  JOHN SUDARSKY*, 1 de febrero de 2017 

La crisis del modelo de democracia está generando cada vez más apatía del elector.

La crisis del modelo de democracia está generando cada vez más apatía del elector.
Foto: Archivo / EL TIEMPO

A la democracia representativa le falta relación entre los ciudadanos y sus representantes. 

La corrupción y el clientelismo y la penetración de estos flagelos en la actividad pública son algunas de las fuentes de mayor descontento de la ciudadanía con el régimen político actual. Así, la posibilidad de que el acuerdo con las Farc se implemente con una gobernabilidad basada en ellas, es impensable.

La corrupción afecta desde las actividades del Gobierno central hasta los municipios más periféricos. Las Farc y el Gobierno, conscientes de esta situación, incluyeron mecanismos para buscar reformas políticas en el punto 2 de los acuerdos. Para ellos, es evidente que las reglas electorales vigentes –como los votos depositados se vuelven curules en la democracia representativa– tienen significativos problemas.

La ciudadanía no sabe qué hacer, toma el camino de desentenderse de la política o clamar por castigos ejemplares, sin comprender que es el sistema electoral el que genera continuamente corrupción e ilegitimidad.

El Congreso y los partidos políticos son las instituciones que despiertan menor confianza internamente (Mediciones del Capital Social –MCS– 1997, 2005, 2011) y ocupan últimas posiciones en las comparaciones internacionales (World Values Survey, sexta ola, 2010).

El régimen actual de elección de cuerpos legislativos es el de voto preferente o lista cerrada, adoptado en la reforma electoral del 2003, la cual también introdujo la cifra repartidora y el requisito de un umbral de votos para la supervivencia de un partido.

Entre las dos alternativas de elección, la lista cerrada es un mecanismo mucho menos eficiente de conseguir votos, a menos que el partido tenga un ‘líder natural’ con considerable capital político propio. El voto preferente consigue más votos porque el partido se limita a dar avales por el número total de curules disponibles en el distrito electoral (departamento, en el caso de la Cámara; Nación, en Senado).

Los resultados de cada candidato individual termina trayendo unos ‘voticos’.Estos votos se vuelven del partido y se acumulan cuando se aplica la cifra repartidora que determina cuántos de cada partido tienen curul según el número de votos que sacó.

Estos se escogen en orden descendente por el número personal de votos obtenidos. Cada candidato de un partido se consigue unos votos regados en su circunscripción electoral, a gran costo y en competencia feroz aun con sus compañeros de partido.

Al final salen elegidos unos pocos de la lista; los perdedores quedan endeudados y no quieren volver a saber de la política. Los ganadores deben ahora pensar en cómo pagar sus deudas y favores de campaña; entran a su cuerpo legislativo, se acomodan en la comisión parlamentaria correspondiente y comienzan a buscar el nicho para su reelección, normalmente entrando a la coalición de gobierno y con ello acceso a cupos indicativos o ‘mermelada’, a la contratación y los puestos públicos, y con ello la corrupción sistémica.

Como decía un líder partidista: “Tener un ministro con mucha contratación”.

Las reglas electorales dejan a la ciudadanía sin saber quién es su representante ni a quién llamar a cuentas. El tamaño de la circunscripción electoral agrava el problema; por ejemplo, en el Senado, 102 congresistas representan a la Nación.

En el caso del Concejo de Bogotá (MCS, 2011), se encontró que solo el uno por ciento de los cinco millones de potenciales votantes (50.000) considera que alguno de los 45 concejales los representa mejor: solo 1.111 votos por concejal, dispersos en toda la ciudad, la clientela personal de cada uno de ellos.

El clientelismo tiene como contraparte a la “fracasomanía”, que crea obstáculos nucleares a la capacidad del Estado de implementar lo que pretende hacer; por ejemplo, con los acuerdos.

En ella, el capital político del Ejecutivo se multiplica nombrando con frecuencia a ministros o su equivalente en departamentos y municipios. Los nombrados, para apropiarse de la burocracia o ponerla a disposición de sus patrones, rotulan como fracaso lo que se ha hecho, y fijan criterios de evaluación absolutos, despiden a los funcionarios y, como lo que se estaba haciendo era un fracaso, generan nuevos programas que eventualmente son sometidos al mismo tratamiento.

Esto crea un Estado que aunque quiera hacer algo, no puede; un Estado que no ha podido impedir que el agua que se bebe en Santa Marta enferme a la gente.

El diseño de un sistema electoral tiene dos ejes para considerar: la proporcionalidad entre votos y curules, y la representación de núcleos de ciudadanos de manera explícita para que ellos sepan a quién llamar a cuentas.

En Colombia, la proporcionalidad se resolvió en buena medida con la introducción de la cifra repartidora, con la cual en un distrito electoral se elige a cada uno de los aspirantes con un número semejante de votos. Con ello se superó el anterior sistema de cocientes y residuos.

Se hace evidente, entonces, que el problema central de la democracia representativa es la ausencia de relación principal-agente, es decir, entre ciudadanos y sus representantes.

Esta concepción implica un principal formado por una colectividad de electores, y un agente que los representa. La relación es contractual, pública y colectiva, en contraposición al clientelismo, en el que la relación es individual, jerárquica, informal y privada, y se alimenta de favores del patrón a su clientela.

Lo opuesto al clientelismo es la representación pública y colectiva de los habitantes de un territorio, cuyo representante es identificado por sus electores y donde éste sabe qué debe hacer ante ellos y sobre qué les rinde cuentas.

Por esto, el diseño de un sistema electoral debe utilizar distritos electorales uninominales (DUN), como en Inglaterra o Estados Unidos.

En estos distritos, cada partido inscribe un candidato, y quien saque más votos representa a la totalidad de los habitantes de un territorio. Este explícito agente tiene algunas dificultades para agenciar a su principal (electorado). 

Por ejemplo: la falta de coordinación entre los electores y que el representante no sabe lo que estos quieren.

Para ello, la democracia participativa, con la planeación y los presupuestos participativos, permite a la ciudadanía priorizar qué es lo que quiere, y con ello saber sobre qué llamar a cuentas. Los participantes en estos procesos constituyen la audiencia específica de la rendición de cuentas y no simplemente rendirle cuentas al espacio digital, donde se compite por la atención del público con ofertas mucho más atractivas.

Estas instancias de coordinación entre la ciudadanía distan mucho de estar maduras, incluso 25 años después de la Constituyente. No en vano, en los acuerdos hay un compromiso en el sentido de reformular la Ley 152, la cual rige la planeación participativa en Colombia.

Ahora bien, un régimen basado exclusivamente en los DUN tiene el problema de que en ellos el ganador se lleva todo, pues los votos de sus contendientes se pierden atentando contra la proporción entre votos y curules por partido.
Por ello es necesario introducir elementos compensatorios que recojan y hagan útiles los votos de los perdedores en los DUN y los utilicen como agregado de partidos para llenar otras curules.

Esto es lo que hacen los sistemas mixtos. Desde su invención en Alemania, se hicieron para eso. Por medio de variadas fórmulas (la mía está enwww.sistemaelectoralmixto.com) y de listas diferentes sobre las cuales se puede o no votar, se logra compensar la proporcionalidad.

En el caso colombiano, la fórmula capitalizaría las ganancias que se han hecho con la cifra repartidora y la lista cerrada para conformar este tramo dirigido a maximizar la proporcionalidad y permitir el surgimiento y supervivencia de partidos minoritarios.

En el punto 2 del acuerdo se establecieron compromisos de revisar el sistema electoral, sujetos a la Comisión de Verificación, compuesta por Gobierno y Farc. Se estableció que se conformaría la Misión Electoral Especial (MEE), la cual, luego de la consulta con los partidos y la sociedad civil, presentaría una propuesta de reforma al Gobierno. Este procesaría la propuesta y la presentaría al Congreso para su aprobación mediante el fast track o por el proceso ordinario, que se extenderían todo el 2017 sin reglas claras para las elecciones del 2018.

Lamentablemente se le redujo el tiempo de operación a la MEE a tres meses, lapso corto para consensos. Se hace evidente que se deben desde ya ir estableciendo los debates con los partidos para llegar a un acuerdo con ellos, pues de otra manera lo más fácil será negar las propuestas.

No está claro si esta comisión tiene dentro de su agenda la revisión de la fórmula electoral actual y por ello se dedique a reformas más ‘externas’ al núcleo descrito, de tal manera que con los temas de justicia e institucionalidad electoral, lo que se hará es proteger todo el proceso para asegurarse que los candidatos entran en igualdad de condiciones a un sistema electoral que es la fuente de la corrupción y el clientelismo.

Por otro lado, el Gobierno convocó desde el 2016 a la Mesa Interpartidista, que se ha ocupado principalmente del Estatuto de la Oposición y el régimen de partidos. El sistema electoral aún no se ha debatido.

Está en juego la relación de la sociedad con la política y el Estado, consuetudinariamente clientelista. Si esto no se cambia, las Farc serán engullidas por el clientelismo y la corrupción, y todo el esfuerzo de purificar la política de estos elementos, lo negociado en los acuerdos para crear una nueva Colombia, acabarían en lo mismo.

¿Se imaginan qué sucederá con la implementación de los programas para el posconflicto cuando la glotona clase política intente apropiarse de los programas para financiar sus campañas? La Mesa de Verificación se encontrará con hechos cumplidos y la reflexión de La Habana se diluirá en el torbellino de la cotidianidad.

JOHN SUDARSKY*
Especial para EL TIEMPO
*Dirección Nacional de la Alianza Verde, Corporación para el Control Social (Contrial)

Reflexiones al tema pensional

jueves, 2 de febrero de 2017

COMUNICADO A LA CIUDADANIA DEL QUINDIO...

AMENIA, FEBRERO 2 DE 2017

No hay texto alternativo automático disponible.
 A raíz de los comentarios del periodista Juan diego Lozano J.,  en su noticiero en R.C.N., Quindío,  hace figurar a mi nombre Juan José Orrego López,  como el actor principal y fuente de informaciones divulgadas, el cual me permito hacer la siguiente aclaración:

A título profesional y como un ciudadano del común, de nacionalidad Colombiana, que tengo derecho a defenderme y a que se me respete, a cuidar nuestra patria,  que unido a los millones de colombianos que clamamos por la defensa de nuestra Democracia,  Protección De Nuestras Instituciones, De Los Bienes y Los Dineros Públicos  y fin a ese Derroche, Malversación y Rapiña,  que hacen con los dineros públicos, protección que pregono y  divulgo desde hace varios años, donde son testigos miles de ciudadanos de Colombia y el mundo, que leen estas notas que coloco en los medios que dispongo a mi nombre,  como en el Facebook, entre otros, pensamiento y lucha que es de esperar, no es del agrado de muchos, Calificándonos en muchas veces, De Indeseables y Estorbo Para La Democracia.

Como pregonero  de esa campaña y lucha contra la Corrupción y Defensor De Los Dineros Públicos, información que me llegue por cualquier medio del tema de la Lucha Contra La Corrupción,  la divulgo y envió a mis contactos para que se enteren y conozcan más a fondo la realidad de esa Disputa y Piñata con los dineros públicos.

Prueba de las divulgaciones, en mi Facebook, el fin de semana, incluí tres (3) notas de diferentes medios relacionadas en la lucha contra la corrupción, para que la ciudadanía se entere, apoye y divulgue estas, en defensa de nuestra patria.

El día lunes 30 de enero  me envían a mi Wasatch, un audio del periodista Juan Diego Lozano J., tomando como soporte las publicaciones de mi Facebook del fin de semana. 

El día martes 31, recibo otro audio donde hace unas afirmaciones y comentarios De Mal Gusto,  Riesgosos y Peligrosos, donde da a entender y suponer que Juan José Orrego L, es la fuente de la información.

Ante este hecho y con el fin de dejar muy en claro mi nombre y responsabilidad, con las declaraciones del periodista Juan Diego Lozano J., a la fecha Juan José Orrego López, no he dialogado con él periodista,  por ningún medio telefónico o en forma personal, ni soy la fuente de datos e información que el manifiesta en sus declaraciones.

Soy respetuoso de las leyes, que lucho y pregono en forma masiva, para que se cumplan estas y no sean abusadas ni manipuladas por terceras personas, que a unos,  no les interesa el daño generado, Sino El Beneficio Personal A Imagen De Otros.

Ante la Ausencia y Vacío que hoy se vive y se siente en Colombia, de la NO existencia de una verdadera Justicia, la que reclamamos los millones de colombianos que nos sentimos Indignados y No Representados Éticamente, dejo a mi DIOS Y VERDADERO JUEZ, como el único encargado de calificar nuestros actos Públicos y Privados....

Cordial saludo,
 
JUAN JOSE ORREGO LOPEZ

Desde este miércoles es obligatorio el IVA de 19%


dinero.com,  1/31/2017 

123RF
Aunque la reforma tributaria empezó a regir desde el pasado primero de enero, por ley de transición la tarifa general del IVA al 16% podía seguir aplicándose durante el primer mes del año.
Desde la medianoche de este miércoles empezó a regir por obligación la tarifa general de IVA en 19%, tal como lo establece la reforma tributaria que el Congreso aprobó en diciembre.
Por norma de transición, todos los comercios tenían el mes de enero como plazo para vender todos los productos que tuvieran en bodega y exhibición desde diciembre con el IVA de 16%, en caso de que se tratara de productos gravados con la tarifa general, o etiquetar nuevamente su mercancía aplicando a los precios el ajuste por el nuevo IVA.
En el caso de las tiendas virtuales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional indicó que también están sujetos a la norma de transición, de modo que sus productos podían venderse con el IVA del 16% durante el primer mes de este año.
Tanto para las grandes superficies como para los negocios digitales y pequeños comercios, la declaración del IVA que deben presentar ante la Dian será una sola, aunque en el plazo establecido se encuentre el mes de enero y en este las ventas se hayan regido por la tarifa de IVA de 16%.
Sin embargo, la norma tiene algunas excepciones. La Dian explicó que en el caso de los contratos con entidades públicas, estos mantienen la tarifa de IVA que estaba vigente al momento de la adjudicación, suscripción o resolución del contrato.
Es decir que los contratos firmados con entidades públicas hasta el 31 de diciembre del año pasado mantendrán la tarifa de IVA de 16%, pese a la reforma tributaria. Pero si el contrato recibe adiciones o modificaciones, se les aplicará la nueva tarifa, es decir el 19% de impuesto.
Otra excepción son los servicios prestados hasta el 31 de diciembre del año anterior. Para estos servicios, incluso si la factura se expide después del primero de enero, se aplicará la tarifa de 16% ya que la prestación del servicio se dio antes de que empezara a regir el nuevo régimen tributario.
Sin embargo, para las mercancías o bienes que se comercialicen entre privados, se aplicará la tarifa del impuesto que esté vigente al momento de expedir la factura, según la Dian.
Todos los comerciantes y trabajadores independientes que prestan algún servicio o comercializan bienes y productos deben recordar además que la reforma tributaria estableció condenas de cárcel de entre cuatro y nueve años para aquellos que ofrezcan a sus clientes no expedir factura para evadir el IVA, así como a quienes no recauden y declaren este impuesto.
Los exentos del IVA
La reforma tributaria mantuvo por fuera del impuesto a las ventas (IVA) a una gran parte de los productos que conforman la canasta básica familiar. Entre ellos los medicamentos, frutas y verduras, servicios médicos, leche, útiles escolares, pollo, carne, huevos, cereales, pescado y servicios educativos.
Otros productos por fuera de la tarifa general son los insumos agrícolas, los planes de datos móviles inferiores a 1,5 UVT, es decir cerca de $45.000, los celulares de hasta 22 UVT, es decir cerca de $700.000, las tabletas inferiores a $900.000 y los computadores cuyo precio sea inferior a $1,2 millones.
A la tarifa de 5% del IVA pasaron las toallas higiénicas, tampones y pañales, luego de que todas las senadoras acordaran votar para que estos productos dejaran de estar en la lista de gravados por la tarifa general del IVA y la conciliación de la reforma tributaria incluyera dicha modificación.
Si quiere saber más sobre el IVA, dé clic en la siguiente imagen
 


Reflexiones al tema pensional

miércoles, 1 de febrero de 2017

¿Quiénes lograrán jubilarse en Colombia?

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¿Quiénes lograrán jubilarse en Colombia?
 
Al mes de enero Colpensiones reportó 1.212.888 jubilados, los fondos de pensiones tenían unos 91.072, a noviembre del 2015, y hay otros 300.000 pensionados con regímenes especiales. Archivo Elpaís.com.co
En Colombia hay un poco de más de 1,6 millones de pensionados.   Un selecto ‘club’ al que cada día será más difícil de ingresar.  Por lo menos así lo aseguran analistas, gremios y Gobierno.

Colpensiones (régimen público de prima media) tiene a la fecha 2,3 millones de afiliados y de estos se estima que solo 230.000 alcanzarían su jubilación; el régimen  privado de ahorro individual (Rais) tiene 13,2 millones de afiliados -no todos activos-, pero solo 3,3 millones lograrían su pensión.

¿Qué pasará con el resto? Todo parece indicar que están sentenciados a trabajar indefinidamente. Un reciente informe de Fedesarrollo señaló que hoy menos de la tercera parte de la población mayor de 60 años puede acceder a una pensión, situación que afecta más a las mujeres mayores, pues  solo una de cada cinco lograría jubilarse.

Si el sistema pensional colombiano sigue  como hasta ahora, “solo el 10 % de las personas que actualmente  trabajan y cotizan para pensionarse reunirán las condiciones suficientes para poder hacerlo (en cualquiera de los dos regímenes)”, dice el estudio.  

Hay tres fallas básicas que afectan el sistema pensional del país, según los expertos: cobertura - muy pocos tendrán el beneficio de jubilarse; equidad (los subsidios del Gobierno se quedan entre las pensiones más altas) y sostenibilidad. Hoy las pensiones le valen al Estado US$35 billones, más que el presupuesto que se destinó este año al sector educativo del país y muy cerca de la totalidad de recursos de inversión que la Nación destinará este año en las regiones ($40 billones).

Marcelo Duque, investigador en el tema pensional, considera que  una reforma al sector  debe ser de alta prioridad para el país por el alto costo de las jubilaciones y por  la ineficiencia e inequidad  del sistema, que lo hace  inviable.
“La anunciaron (la reforma) el año pasado y no pasó nada, ojalá que este año no se tranque porque con el actual panorama el sistema es inviable”, dice.

Para este analista, tanto Colpensiones como los fondos privados tienen grandes retos. En el primer caso, “hay que cambiar la forma de otorgar subsidios y buscar que con esa misma plata el Estado llegue a más personas, menos  monto de pensión, pero más gente. 

En el segundo caso, explicó que se tienen retos de cara a la esperanza de vida de los colombianos y  a la forma de  cálculo de  la pensión para llegar a más personas.  “No soy amigo de aumentar las edades porque  cuando no hay estabilidad laboral como en nuestro  país, es difícil hacer esto”. 

Al respecto, el abogado experto en pensiones José Siloney Navia, dice que hay dos elementos claves que frenan que más personas logren su pensión: la falta de información, “los jóvenes creen que no deben cotizar porque nunca van a jubilarse y no piensan que estar cubiertos es importante por una eventual pensión de invalidez o sobrevivencia”.  
15 años cotizan en promedio los colombianos al sistema de pensiones, de los 25 requeridos para jubilarse.
El segundo punto es la informalidad, por esta razón la gran mayoría de colombianos no logran las semanas necesarias para una mesada. “En el país hay mucha inestabilidad laboral  y eso hace imposible que la gente se jubile”, afirmó.  

Las propuestas

El Gobierno Nacional viene tejiendo  la próxima  reforma pensional, pero aún no se han dado las bases finales  de la misma, sin embargo, entidades multilaterales e investigadores han hecho sus propuestas: 

Anif: esta asociación considera que  la  mejor reforma pensional es una que formalice el mercado laboral para que más personas salgan de la informalidad y coticen al sistema.  Esto se debe acompañar de un incremento  en la edad de jubilación y en las  tasas de cotización -hoy los trabajadores aportan el 4 % de su salario mes y las empresas el 12 %-.
No más informalidad
Para Jorge Llano,  director de Estudios Económicos de Asofondos, postergar una reforma pensional implica mantener un sistema público costoso, inequitativo y con baja cobertura. 

Por ejemplo,  explica que  alguien que cotiza por 25 salarios mínimos durante los últimos 10 años laborados, según cifras del Ministerio de Trabajo, tiene un subsidio equivalente a $1000 millones. Mientras tanto, la gran mayoría que no se pensiona se les devuelven sus aportes ajustados a inflación y sin ningún interés real.

Asofondos  considera que una prioridad para el país es combatir la informalidad laboral, pues  de los cerca de 22 millones de ocupados solo 7,8 millones cotizan a la seguridad social, razón por la cual la probabilidad de lograr una pensión de los informales es casi nula. “Hay que iniciar  no solo una reforma pensional sino también una laboral”.
Fedesarrollo: este centro de análisis  coincide en que se deben ajustar los parámetros con los que se calculan las mesadas en  Colpensiones y las edades de jubilación, de acuerdo con el proceso de envejecimiento.

Además reducir las diferencias de género en las edades para pensionarse, reconociendo que las mujeres tienen más interrupciones en su vida laboral. También  moderar los incentivos que tienen los cotizantes de mayores ingresos para trasladarse a Colpensiones cuando están cerca de la jubilación.
  • 694 mil 596 vallecaucanos están afiliados en Colpensiones.
  • 184 mil 307 vallecaucanos están jubilados con Colpensiones.
  • 118 mil 824 caleños han logrado una pensión con Colpensiones, según la entidad.
  • 5,3 millones de colombianos tienen más 
    de 60 años
BID. Según esta entidad multilateral, la reforma pensional debe modificar la posibilidad de traslados entre regímenes antes de la jubilación de 10 años a 15 años;  prolongar la permanencia mínima en un régimen de 5 a 8 años; y elevar la edad actual  de pensión de    57 y 62  años para mujeres y hombres, respectivamente  a 62 y 65 años.  Esto ahorraría al sistema pensional un 0,5 % del PIB ($4 billones).

La entidad introduce un punto adicional y es una reforma al régimen privado de ahorro individual (Rais), relacionado con cambiar el sistema de comisiones de las administradoras, buscar nuevos  competidores y estimular la participación  de más empresas. Hoy los fondos de pensiones manejan $165 billones de cotizaciones de los colombianos.

Adicionalmente, hay otras recomendaciones como ampliar el tiempo que se utiliza para fijar el monto de la mesada. Hoy se tiene en cuenta el promedio del 10 años atrás y la idea es que se tomen 15 o 20 años, como lo hacen en otros países. Esto acompañado de una reducción en el monto de la pensión.  Las personas que logran una mesada obtienen hoy entre el 55 % y el 80 % de su salario promedio.

Enrique Chaverra, vicepresidente de Tg Consultores, opina que es urgente la reforma, pues al reconocer una  mesada  teniendo en cuenta el promedio salarial de los últimos 10 años y no el promedio de toda la vida laboral, se  genera un gran  déficit fiscal. “Se esperaría que la pensión, con la reforma, se reconozca con el promedio salarial de la vida laboral de una persona o de acuerdo al ahorro pensional”, afirmó. 

Con o sin reforma, no es claro cuántos más colombianos lograrán una pensión en el futuro. Hoy en el país  3,8 millones de personas de  más de 60 años no reciben pensión y  según cálculos de Fedesarrollo,  para el 2050 esta cifra podría incrementarse a 12 millones.
El sistema  general de pensiones en Colombia se compone de 2 regímenes: -Privado de ahorro individual (Rais). La pensión se obtiene cuando  se logra el capital necesario. -Colpensiones (régimen público). Se  requieren  1300  semanas cotizadas y 57 años para mujeres o 62 años para hombres.

Reflexiones al tema pensional

¿Aumentará la edad para pensionarse en Colombia?

elpais.com.co, Autor:

¿Aumentará la edad para pensionarse en Colombia?
 
Otra propuesta que se ha planteado es aumentar el porcentaje de la cotización a pensión. Hoy es del 16%. El empleado aporta el 4% y la empresa el 12%.
Foto: Elpais.com.co | Archivo
Hoy, en nuestro país, el hombre se pensiona a los 62 años y la mujer a los 57 en el sistema que administra Colpensiones. Asimismo, el promedio sobre el cual se  liquida la pensión es de diez años.    Lea también: ¿Quiénes lograrán jubilarse en Colombia?

Estas dos variables podrían cambiar si la futura reforma pensional, de la que tanto se ha hablado en los últimos años, adopta los cambios que han sugerido analistas y  estudiosos del tema.

Se ha hablado de aumentar la edad y unificarla para hombres y mujeres en 65 años. También se ha planteado en algunos foros académicos el cambio de la fórmula de cálculo de la pensión en el sistema público. Este punto implicaría que los colombianos que se vayan a pensionar con mesadas altas (superiores a los $10 millones) reciban una pensión menor con el ánimo de utilizar esos recursos para ampliar la cobertura a personas pobres que difícilmente  se pensionarían. 

Hasta el momento no hay propuestas oficiales sobre los ajustes al sistema pensional, pero lo cierto es que esta semana, en París, el presidente de Asofondos (gremio que agrupa a los fondos privados), Santiago Montenegro y el secretario general de la Ocde (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),  José Angel Gurría, analizan el futuro de los sistemas pensionales.

 Las  conversaciones entre  dirigentes y el máximo representante de la Ocde se dan cuando Colombia está en la última fase del proceso de acceso a este organismo, considerado el ‘club de los países ricos’. Para ingresar a ese club, la Ocde ha recomendado que Colombia haga una reforma pensional, ya que la  alta informalidad laboral conduce a que una gran proporción de colombianos llegue a la vejez sin un ingreso.

Solo en Cali, por ejemplo, 458.000 personas trabajan por cuenta propia y buena parte de ellos no cotiza para pensión, informó  Colpensiones.
Por su parte, Marcelo Duque, experto en pensiones, dijo que “el 30% de la población dispone de una pensión. De 100 personas que están en edad de pensión, solo 30 reciben una mesada”.

 La Ocde ha propuesto   reducir la pensión mínima a menos de un salario mínimo, pero eso implicaría hacer una reforma constitucional, pues una sentencia de la Corte Constitucional impide que una persona se pensione con menos del salario mínimo en Colombia.

Para la mayoría de analistas la  reforma del sistema pensional es clave  porque están en ‘juego’ los recursos que se necesitan para pagar las mesadas de 1,6 millones de colombianos. Y cada año la situación es preocupante, pues el presupuesto de la Nación para atender esas obligaciones es de $37 billones, dijo Duque Ospina.

Reflexiones al tema pensional