martes, 15 de diciembre de 2015

2016, año de desbalance presupuestal para Colombia

La Gran Noticia, Publicado: 13 Diciembre 2015
Por: Jorge Vergara Carbó, economista
El panorama económico y social que pinta para el año 2016, no es nada halagador. Si el año 2015, no fue bueno en términos del crecimiento de la economía debido a que pasaremos de un 4.5%, a un probable crecimiento del 2.5%, durante este año. Para el año entrante esperamos un crecimiento de la economía según estimativo del presupuesto general de la nación del orden del 3.8%, porcentaje a nuestro juicioapartado de la realidad al igual al que utilizaron para calcular el presupuesto de este año, donde preveían un crecimiento del 3.6%. Un menor crecimiento económico implica mayor desempleo.

La realidad económica del país es distinta a la que ven los técnicos del DNP, del Ministerio de Hacienda y por supuesto de la clase política. El país real muestra una tendencia hacia la baja en el crecimiento económico, por ello creemos que durante el año 2016, no creceremos por encima del 2% del PIB.

VARIABLES QUE NO CONCUERDAN CON REALIDAD NACIONAL

Todas las variables que utilizaron para calcular el presupuesto del año 2016, están desfasadas lo que originó un presupuesto inflado, que no se podrá ejecutar porque los ingresos se verán disminuidos y amarrados para darle cumplimiento a la Regla Fiscal (ley 1473 de 2011), que contempla una disminución progresiva del déficit fiscal para llevarlo al 1%, a partir del año 2022 en adelante.

 Estimaron que el precio del petróleo Brent, estaría en promedio durante el año 2015, en unos US$60 dólares el barril y para el año 2016, estaría en US$64.6 dólares el barril. Precios calculados más con el corazón que con la razón, que muestran una desviación significativa que se traduce a su vez en menores ingresos para la nación, debido a que el precio del petróleo Brent hoy está en US$40 dólares, con tendencia a la baja, lo que lo ubicaría el año entrante en un promedio de US$ 35 dólares, lo que significa una diferencia en el 2016, de US$ 29.6 dólares por barril (64.5—35).

Otro desfase significativo, fue el cálculo de la tasa de cambio. Para el año 2015, habían estimado una tasa de $2.480 y hoy la tasa esta en $3.294.02, con una tendencia como lo habíamos expresado en un artículo escrito en enero 12 de este año “QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA APRECIÓN DEL DÓLAR ANTE EL PESO COLOMBIANO”, de que el dólar estaría por encima de los $3.000 pesos, con posibilidades de llegar a $3.500 a finales del año o principios de enero, si la FED decide modificar su tasa de interés que ha tenido congelada durante varios años para buscar la reactivación de la economía Norteamericana. La diferencia de la tasa este año es de $814.02 pesos. Para el año 2016, estimaron una TRM del orden de $2.502 pesos, muy lejos de la posible TRM que estaría oscilando entre $3.300 y $3.600 pesos, o sea una diferencia entre $ 800 y $1.100 pesos por dólar.

Igualmente se estimó una inflación para este año del orden del 4%, y hasta noviembre la inflación está en 6.11%, faltando el mes de diciembre que normalmente presenta un incremento superior al de noviembre, lo que podría terminar la inflación en el 6.6%. Porcentaje alto, que difiere del estimativo para el año 2016, que es del orden del 3%.

CAMINO A LA UNA RECESIÓN

El comportamiento de la inflación como de la tasa de cambio llevó a la Junta directiva del banco de la república, a incrementar la tasa de interés interbancaria hasta ubicarla en el 5.5%, y anunciarle al mercado que está dispuesto a intervenir si la TRM supera la cifra de los $3.300 pesos, vendiendo unos US$500 millones mensual de las reservas internacionales que aproximadamente son US$46.274 millones a noviembre del 2015.

 No compartimos esa decisión, por ello lo comentamos en un documento que titulamos “COMENTARIOS A LAS MEDIDADAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE AUMENTAR LA TASA DE INTERÉS.PERPESCTIVAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL VISTO POR EL BANCO MUNDIAL Y EL FMI”. Tratar de intervenir el mercado del dólar vendiendo nuestras reservas internacionales sería un error que nos podría costar demasiado y, que solo beneficiaría al sector financiero y las empresas extranjeras. La apreciación del dólar, es mundial y ha significado la depreciación del resto de monedas del mundo. No es un problema solo de Colombia, no ganamos nada tratando de intervenir ese mercado.

Tenemos un déficit en la balanza comercial a octubre de este año de US$3.596 millones, producto de una disminución de las exportaciones en lo corrido del año del 35%, a octubre exportamos $30.679 millones, de los cuales el sector minero experto US$15.192 millones, cuando en el 2015 exportamos por ese rubro US$32.518 millones, lo que significa que lograremos exportar este año en productos mineros US$18.230 millones, o sea US$14.288 millones menos, suma que no compensaremos con el valor del dólar, lo que incrementará más el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente que bordea el 6% del PIB. Como contrapeso las importaciones hasta septiembre de este año iban en US$41.140 millones , con la tendencia de finalizar el año en US$55.000 millones, que al comprarlas con el año 2014, que fueron de US$ 64.029 millones, significa una disminución del orden de US$9.029 millones, o sea un 14.1% menos. Dado el precio del dólar, la tendencia es que las importaciones sigan bajando, pero sin resolver o disminuir el déficit en cuenta corriente.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES NO CRECEN

Las exportaciones que supuestamente deberían crecer influenciadas por la tasa de cambio, presentan una disminución superior a la de las importaciones, esto se debe a dos factores: el primero el peso del sector minero que representa aproximadamente el 60% de nuestras exportaciones con una caída fuerte en su precio( a pesar del dólar alto) y, la segunda el sector manufacturero no exporta más , porque los otros países también depreciaron su moneda y nuestra industria se caracteriza por tener una estructura oligopólica con alto proteccionismo lo que no la hace competitiva.

La otra variable afectada por la tasa de cambio es el valor de la deuda tanto del sector privado como del público. A Agosto la deuda privada era de US$44.202 millones y la pública US$63.998 millones, para un total de US$109.199 millones, o sea un 34.5% del PIB. En el presupuesto del 2016, utilizaron para el pago de la deuda un dólar a $2.502 pesos, valor que difiere alrededor de $1.000 por dólar adeudado, lo que implica un mayor volumen de pesos a pagar que el calculado.

UN PRESUPUESTO DE $215.9 BILLONES DIFICL DE CUMPLIR

En síntesis, el presupuesto general de la nación lo aprobaron por $215.9 billones de pesos, distribuido así: gastos en defensa y seguridad $17.9billones; gastos de inversión $43.8 billones, Sistema General de participación $33.2 billones, pago de la deuda $47.7 billones, pago de pensiones $33.9 billones, pagos a las universidades $4.6 billones, y el resto $34.8 billones, en otros sectores.

Como pueden ver, el margen de maniobra para el gobierno central de atender las necesidades de las entidades territoriales son muy estrechas desde el punto de vista presupuestal y, además al tener en cuenta que las prioridades del gobierno estarán centradas a darle cumplimiento al plebiscito y a atender los gastos en que se comprometió en el proceso de paz a firmarse en La Habana, y el cual todos los colombianos respaldaremos en las urnas y fuera de ellas.
Barranquilla, Noviembre 14 de 2015.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

OCDE ve bajo nivel de vida de jubilados tras reformas pensionales

ELTIEMPO.COM,  1 de diciembre de 2015

OCDE llama ahora a sus países miembros a mejorar la sostenibilidad social de sus sistemas de pensiones.


Edad de jubilación se ha elevado de forma sustancial. Algunos países quieren llevarla a los 70 años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió hoy que las reformas pensionales acometidas en la última década en muchos países han mejorado la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales, pero a costa de erosionar la calidad de vida de los jubilados.
"Arreglar los retos financieros de los sistemas de pensiones es sólo una parte de la ecuación. La otra parte está ligada a la sostenibilidad social y a si las pensiones en el futuro serán suficientes para dotar de unas condiciones de vida adecuadas a las personas mayores", resume en su introducción el informe "Pensiones de un vistazo 2015".
El secretario general de la organización, Ángel Gurría, incidió en un comunicado en este asunto, al destacar que si bien los pasos dados en los últimos años fueron acertados, "hay un riesgo creciente en algunos países de que las pensiones en el futuro no sean suficientes".
"El desafío a largo plazo es diseñar políticas hoy que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a las incertidumbres del mundo laboral del mañana a la vez que aseguran un nivel de vida adecuado para los pensionistas", argumentó.
La organización, que agrupa a 34 países y aconseja principalmente en cuestiones económicas, asegura que "la mayoría de los pensionistas de la OCDE disfrutan de un nivel de vida tan bueno como la población media" de sus naciones, pero entiende que la situación está cambiando.
La mayoría de quienes se jubilan ahora, al menos los hombres, ha tenido casi siempre empleos estables, pero el término "un trabajo de por vida" es un activo escaso entre quienes entran en la actualidad en el mercado laboral, argumenta el texto.
La situación es especialmente delicada para los trabajadores más jóvenes por el elevado desempleo en su franja de edad, ya que percibirán menores pensiones cuando se jubilen debido a su prolongada etapa sin trabajo. La OCDE lanza estas advertencias tras destacar los avances generalizados entre sus países miembros y en los del G20 en la mejora de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.
"La última década ha sido un período de intensa actividad reformista en el área de las pensiones", señala la organización, que defendió en los últimos años que era necesario introducir cambios en este pilar clave del sistema de bienestar en nombre de la solvencia de los estados. Entre las medidas clave introducidas, el informe destaca el aumento de la edad teórica de jubilación -y la reducción de la distancia entre el límite legal y la edad real-, así como la limitación de la jubilación anticipada.
La edad de jubilación se ha elevado de "forma sustancial", indica el texto, que recoge que "los 67 se han convertido en los nuevos 65 en muchos países". Algunos estados, agrega el estudio, están planeando mover la edad de jubilación hacia los 70, como la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia y Reino Unido.
Desde el cambio de siglo, la edad efectiva de abandono del mundo laboral "se ha incrementado de forma progresiva, especialmente entre las mujeres", según la OCDE. La tasa de empleo en la franja de edad entre los 55 y los 64 años se ha incrementado de forma "aguda" en muchos países: del 45 al 66 por ciento en Alemania; del 31 al 46  por ciento en Italia; y, de media entre los países de la OCDE, del 52 al 57 por ciento.
Entre los 34 países que conforman la OCDE, España es el noveno -empatado con Canadá, Irlanda y Grecia- con una menor proporción de pobres por encima de los 65 años. La OCDE llama ahora a sus países miembros a mejorar la sostenibilidad social de sus sistemas de pensiones para "asegurar" que los ingresos de todos los pensionistas "sean adecuados", lo que, advierte, "no es sólo prevenir la pobreza".
Asimismo, exige "una coordinación consistente y coherente" de diversas políticas, desde laborales a financieras, "para asegurar que la trayectoria profesional" de las personas vaya acompañada de "las medidas más efectivas para ayudar a maximizar sus oportunidades de retirarse de forma confortable en el futuro". 

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lunes, 30 de noviembre de 2015

¿Por qué Colombia importa alimentos a pesar de su gran potencial agrícola?

GERENCIE.COM,

Posted: 29 Nov 2015 01:05 AM PST

Colombia tiene un gran potencial agrícola. Tiene grandes extensiones de tierra fértil en distintas altitudes y grandes cantidades de agua que facilitan  cultivar casi cualquier producto en grande cantidades, pero a pesar de ese potencial estamos importando una gran cantidad de alimentos, y ello debe tener una explicación que por supuesto no tenemos, pero sí podemos especular respecto a una probable teoría: Importar es un negocio para algunos empresarios bien conectados con las altas esferas de poder en Colombia.
Millones de campesinos que cultivaban granos y cereales se arruinaron y hoy engordan los cinturones de pobreza y delincuencia de las grandes ciudades, y se arruinaron porque lo producido en sus pequeñas parcelas no pudo competir con lo que importan los grandes empresarios.
En Colombia el agricultor es minifundista, no tiene recursos para tecnificar e incrementar la productividad de su tierra y de su trabajo,  los insumos son extremadamente costosos, y para colmo de males, no hay infraestructura vial que haga económicamente viable comercializar lo que se produzca. ¿Cuánto cree que vale el transporte de una carga de plátanos desde un alejado municipio de Putumayo al que se llega en lancha, hasta  Bogotá? Probablemente valga más que lo que pueda costar la carga de plátanos en Bogotá.
Esos problemas estructurales que hacen inviable la agricultura productiva en Colombia pueden ser reversibles, pueden ser solventados, pero en casi 200 años de historia ni un solo gobierno ha intentado superar esos escollos, y en cambio han tomado medidas que acentúan más los problemas de las zonas rurales del país.
Ese absoluto desinterés del gobierno frente a los problemas que envuelven en hambre y miseria al campo colombiano puede obedecer a que hay intereses de por medio, y la razón es sencilla: Existe todo un negocio entorno a la importación de alimentos.
Que un millón de campesinos se quiebre no cuenta más de lo que puede contar que 4 o 5  empresarios hagan multimillonarios negocios importando alimentos.  Si los problemas de los agricultores se solucionan,  irremediablemente los  importadores se quiebran porque ya no tienen nada que importar. ¿Quién cree usted que reciba la ayuda del gobierno?
El poder de lobby y de corrupción que unos cuantos multimillonarios importadores de alimentos tiene,  acaban con toda esperanza de que el gobierno tome las medidas necesarias para solucionar definitivamente los problemas de fondo que nos convierten en un país importador de alimentos.

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lunes, 19 de octubre de 2015

“Hay que repensar subsidios al agua”: Departamento Nacional de Planeación

ELESPECTADOR.COM, ECONOMÍA19 OCT 2015 
Por: María Alejandra Medina C., En Twitter: @alejandra_mdn


Zona rural sería la prioridad.
Planeación Nacional recomienda fusionar empresas prestadoras de servicio de agua cuando sean ineficientes y reestructurar los subsidios en estratos 1, 2 y 3.
“Hay que repensar subsidios al agua”: Departamento Nacional de PlaneaciónEl 43 % del agua en el país se desperdicia por situaciones como tubos rotos o falta de facturación en el sistema. / Archivo
Colombia tiene cerca de 1.100 municipios, pero unos 2.800 prestadores del servicio de acueducto o alcantarillado registrados. Aun así, cerca del 30 % de la población rural no tiene acceso a ellos. Y, a pesar de que el consumo de agua promedio por hogar ha disminuido en los últimos años, al pasar de 30 metros cúbicos mensuales en los 90 a 20 metros cúbicos el año pasado, el desperdicio del líquido sigue siendo exorbitante. El 43 % del agua se pierde en promedio en el país por tubos rotos o falta de facturación. En casos críticos, por ejemplo en algunos municipios de la Costa, la cifra puede llegar al 70 %.
Hallazgos como estos fueron el resultado del estudio sectorial que la consultora Erica Ortiz, de la firma Caltiz, realizó para el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura, que pretende entregar recomendaciones de política pública de largo plazo en sectores como el agua, energía, gas, TIC, entre otros.
Una de las principales conclusiones es que en Colombia siguen siendo preocupantes las brechas de acceso a agua y saneamiento básico entre la zona urbana y la rural, pues mientras en las ciudades hay 97 % de cobertura de acueducto y 91 % de alcantarillado, en el campo esas cifras son 73 % y 70 %, respectivamente. Sin embargo, el censo nacional agropecuario, que cubrió sólo la zona rural dispersa del país, dio cuenta de que 42 % de las viviendas ocupadas tienen acueducto y 6 %, alcantarillado. La incompatibilidad de las cifras podrían deberse, según Ortiz, a diferencias en la metodología y a que la consultora tuvo en cuenta soluciones individuales de abastecimiento.
Ortiz llegó a la conclusión de que en el sector hay muchas empresas atendiendo mercados muy pequeños, pues se calcula que, además de las registradas, podría haber entre 8.000 y 14.000 prestadores no registrados. Por lo tanto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sugirió que los entes competentes, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ejerzan sus facultades para ordenar la fusión de empresas prestadoras e “invitar” a otras a proveer servicios que, cubiertos municipalmente, incumplan las reglas de la CRA. Para lo anterior, es necesaria la elaboración de estudios técnicos que demuestren la necesidad de dar órdenes de ese tipo.
“Comparto que hay que buscar fusiones para ser eficientes”, aseguró el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. En últimas, se apunta a un modelo de acueductos departamentales o regionales. “El 58 % de agua no apta para consumo humano que recibe el campo es consecuencia de pequeños operadores que no tienen los recursos para hacer inversiones en mejorar el tratamiento”, de acuerdo con Simón Gaviria, director del DNP. “Al disminuir el número de operadores no se disminuye la competencia, porque igual cada municipio tiene un acueducto. Se trata de hacer inversiones para mejorar el servicio y de todas formas el costo de éste está regulado”.
Agregó que “hay que pensar redistribuir los subsidios, para que no subsidiemos el desperdicio de agua y mejorar la cobertura en zona rural”. De acuerdo con Gaviria, el subsidio que se les da a los estratos 1, 2 y 3 “es mucho más alto que el consumo promedio y hay que pensar en cómo vamos a tratar la zona rural. El modelo actual va a ser revisado, está sujeto a un estudio que estamos adelantando con la CRA”. Por su parte, Julio César Aguilera, director de la CRA, explicó que “dadas las reducciones de consumo, que han sido grandes, hay que pensar si la estructura de subsidio actual, que cobija hasta 20 metros cúbicos al mes por suscriptor, se requiere así, o si, con la reducción de consumo, se podría tomar otra medida: no subsidiar lo que no lo requiere”.
La meta es que haya cobertura universal de esos servicios públicos en el país en 2019. El objetivo, además de garantizar derechos ciudadanos, es para el ministro de Vivienda “generar incentivos para que la población se quede en el campo”. Para todo lo contemplado, como potabilización, conexiones y tratamiento, de acuerdo con la consultora Ortiz, se necesitan $44 billones en 10 años, de los cuales hay disponibilidad de $35 billones, es decir, hay un déficit de $9 billones. Según el director del DNP, en ese punto “el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) puede jugar un rol importante en el financiamiento”.
Mauricio López, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aseguró que el gremio ve con buenos ojos las recomendaciones del DNP. “Hay que apostar por la regionalización del servicio y además por la protección de las cuencas abastecedoras, porque de nada sirve tener sistemas de acueducto si no hay agua. Asimismo, está el gran reto del tratamiento de las aguas residuales”, agregó, refiriéndose al dato según el cual sólo el 36 % del agua se trata antes de ser vertida a las fuentes receptoras. El fin, en ese sentido, es tratar el 50 % en diez años.

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Tributación, gasto social y pobreza

ELESPECTADOR.COM, SALOMÓN KALMANOVITZ 18 OCT 2015 


Salomón Kalmanovitz
La conclusión de un informe de Nora Lustig sobre incidencia fiscal en la distribución de la riqueza en varios países del tercer mundo es negativa para Colombia.

Acá, “la política fiscal incrementa la pobreza” pues los impuestos son predominantemente indirectos y las trasferencias del Gobierno no son suficientes para neutralizar los efectos negativos del recaudo tributario. Marcela Meléndez hizo el correspondiente análisis para el país.
El gasto social en Colombia alcanza a ser el 12% del PIB, distribuidos en salud (5%), educación (4%), pensiones (3%) y transferencia directas, como familias en acción (0.5%). Todos ellos, incluyendo pensiones que favorecen en especial a políticos y magistrados, logran mejorar ligeramente el coeficiente Gini de distribución de 0.57 a 0.53. El gasto en salud, tipo Sisben, tiene un impacto positivo, al igual que el ejecutado en educación en todos sus rubros, lo que va contra el consenso de este tipo de estudios de que las inversiones en educación terciaria tienen un impacto negativo sobre la distribución y la pobreza pues favorecen a las clases medias.
El recaudo tributario de Colombia alcanza a ser 17% del PIB. Su regresividad surge de la importancia que tienen los impuestos indirectos (tipo IVA y aranceles) que suman el 7% del PIB y 6% de impuestos directos que pagan las empresas más no sus dueños. Las contribuciones a la seguridad social, que abonan patronos y trabajadores, son 2% del PIB y el resto surge de la renta petrolera que en 2014 equivalía a 3% del PIB. Al igual que en Brasil, en Colombia la pobreza aumenta después de considerar el impacto de los pesados impuestos que recaen sobre los bienes que consumen los más pobres.
Lustig resalta el hecho de que las clases medias optan por los sistemas privados de educación y de salud en los países latinoamericanos, lo que conduce al deterioro de su calidad. La razón: las personas más pobres no tienen poder político suficiente para contrarrestar los bajos presupuestos y las malas prácticas de los que capturan el sistema público, mientras que las clases medias se rehúsan a pagar los impuestos requeridos para mejorarlo.
El comportamiento del sector azucarero revela el ápice de la injusticia tributaria y social que reina en Colombia. A este cartel el Estado le ha concedido el control de las importaciones que pueden competir con ellos, lo cual les permite exprimir a todos los consumidores, incluyendo a los más pobres que consumen demasiado azúcar en sus deficientes dietas alimenticias. Se le cobran además pocos impuestos directos, sobre todo a los dueños de los ingenios que controlan muchas otras industrias. Lo que es peor es que el Gobierno les concede subsidios pagados por todos los contribuyentes, al comprarle el etanol a un precio muy superior al que tiene en el mercado internacional ($ 3.500 de subsidio por cada galón), después de que se les han dado subsidios directos para que construyan sus plantas de refinación. Toman mucho más de lo que ponen, constituyendo una especie de socialismo a la colombiana.
Según Marcela Meléndez, “el 10% más rico de la población ve reducido su ingreso en solamente 1.9% por el pago de impuestos directos (donde se incluyen el impuesto de renta y el impuesto predial)”. Esto significa que hay un amplio potencial de este estrato social para que pague mayores impuestos progresivos, como el de los dividendos que hoy está totalmente exento.
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    AGUA: Gobierno anuncia lupa a los subsidios entregados a la población

    ELESPECTADOR.COM, ECONOMÍA 19 OCT 2015 

    Dispersión de empresas de acueducto hace necesaria la fusión de algunas de ellas, dice Planeación Nacional.

    Gobierno anuncia lupa a los subsidios entregados a la población

    Foto: Bloomberg News
    Los subsidios en los diferentes sectores va a ser evaluados por Planeación Nacional.
    Un fuerte revolcón en la función que cumplen los subsidios y la población a los que van dirigidos anunció el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
    Sin ofrecer mayores detalles sobre el tema, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, hizo el anuncio al momento de explicar sobre la situación del suministro de agua potable en el país.
    Teniendo en cuenta que el promedio de pérdidas de agua en el país es del 43 por ciento y que el 58 por ciento de la población atendida por empresas con menos de 2.500 suscriptores no recibe un líquido apto para el consumo humano, es urgente revisar los casos más críticos de coberturas y ordenar la fusión de algunas empresas del sector, dice el informe de Planeación Nacional.
    “Con el fin de garantizar el acceso de toda la población a los servicios de acueducto y alcantarillado, reducir la atomización de las empresas que lo administran y promover la regionalización, es urgente revisar los casos más críticos de coberturas y que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ordene la fusión de algunas empresas del sector”, precisó el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria.
    Indica Planeación Nacional que actualmente están registrados ante la superintendencia de Servicios Públicos 2.763 prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado, que atienden alrededor de 8,7 millones de suscriptores en el país.
    Mientras que la cobertura de acueducto en el área urbana es de 97,2% en rural es de 73,3%; por su parte la cobertura de alcantarillado es de 91,2% y 69,9% respectivamente. Las regiones que presentan coberturas de acueducto en áreas rurales por debajo del promedio nacional son la Caribe (56,3%) y la Pacifica (69,6%), destaca el informe de prensa.
    Precisamente es la CRA quien tiene la facultad de ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren que ello es indispensable para extender la cobertura y por su parte, la Superservicios puede invitar a empresas para que asuman la prestación del servicio cuando un municipio que preste en forma directa incumpla las normas de calidad exigidas por la CRA. Actualmente, el 20 por ciento de los prestadores son Empresas Industriales y Comerciales del Estado o prestan el servicio directamente a través de los municipios, recuerda Planeación.
    Uno de los casos críticos para el sector es el de la pérdida de agua que en el país presenta índice promedio nacional del 43 por ciento.
    “Mientras que apenas el 6 por ciento de la población atendida por empresas con más de 2.500 suscriptores no recibió agua apta para el consumo humano, este porcentaje es del 58% en los prestadores con menos de 2.500 suscriptores”, explicó el director de Planeación.
    Un estudio identificó necesidades de inversión para los próximos 10 años por 44 billones de pesos para financiar la ampliación de coberturas universales en áreas urbanas y rurales, conexiones intradomiciliarias, potabilización de agua, y tratamiento del 50 por ciento de las aguas residuales, dice Planeación Nacional.
    “El Gobierno Nacional debe formular un Plan de Inversión Nacional Sectorial donde se prioricen las necesidades de inversión de acuerdo con el tamaño y condiciones de los municipios y donde el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) puede jugar un rol importante en el financiamiento”, dijo Gaviria Muñoz,
    En este propósito existen recursos públicos que pueden utilizarse para proyectos de agua y saneamiento básico en los próximos 10 años a través de APP, lo que además de calidad asegura la oportunidad del servicio en muchos municipios del país.
    Además del documento de agua y TIC, los estudios restantes de la Estrategia Nacional de infraestructura, elaborados con apoyo del Banco Mundial, se conocerán en los próximos meses y tienen que ver con los sectores de transporte, aseo, energía, gas y minería, entre otros.
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