“(Entre los delitos electorales se encuentra) la corrupción a periodistas, sobre todo en los municipios medianos y pequeños del país profundo”. / Foto: Moisés Carrillo
Históricamente, ¿en cuáles elecciones hay más corrupción: presidenciales, legislativas o locales (cuando se vota por alcaldes y gobernadores)?
Entre más local es la elección, más se incrementa la corrupción política. En su orden, hay un nivel superior de corrupción en los comicios regionales - incluidos los de Cámara- , seguidos por los de Senado y, luego, los presidenciales. Es decir, hay más corrupción para elegir alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas.
¿Por qué?
Porque en las elecciones locales la participación en política de contratistas, la influencia de las organizaciones criminales y la profunda debilidad de los partidos y del Estado hacen más difícil controlar el funcionamiento del sistema electoral, y evitar que se induzca indebidamente a los ciudadanos a votar por algún candidato específico.
No comprendo por qué no podría controlarse si hubiera voluntad política ¿Tal vez se debe a que los alcaldes, sus secretarios y concejales, igual que los gobernadores y sus asambleas están, ellos mismos, corrompidos?
Muchos de los funcionarios del Estado y agentes públicos participan directa o indirectamente en las expresiones de corrupción. Otros guardan silencio o son permisivos y no falta quienes, por proteger su propia seguridad profesional y no verse involucrados en situaciones incómodas, prefieren continuar con sus actividades a pesar de que estén faltando a sus responsabilidades públicas.
Para usted, ¿es cierto o no que con la modernización tecnológica de la Registraduría se ha dificultado el fraude electoral en todas sus expresiones?
No. Se han reducido algunas manifestaciones de corrupción por el uso de los instrumentos biométricos, sobre todo las que son marginales porcentualmente, como la suplantación. Pero el resto de prácticas continúa, en extensión e intensidad. Algunas infracciones y delitos electorales se encuentran al alza, como la trashumancia electoral. Y mientras unos desaparecen, surgen otros.
Deme, por favor, ejemplos.
Como le decía, la trashumancia electoral es un delito creciente: según datos de la Misión de Observación Electoral (Moe) reconocidos por las autoridades, hay más de 150 municipios con niveles de registro de votantes completamente atípicos. Envigado (Ant.), una ciudad importante por su ubicación geográfica y sus condiciones, cuenta con un censo electoral de 225 mil electores cuando la población proyectada por el Dane para este año es de 207 mil habitantes. Otro tipo de delitos se mantiene: la compraventa directa o indirecta del voto; la compra de candidatos, el financiamiento ilegal o no legal de campañas y candidatos, la utilización de los recursos y obras del Estado para beneficiar campañas, la violación abierta de la regulación sobre publicidad en espacios públicos y en medios locales y regionales de comunicación, y la corrupción a periodistas, sobre todo en los municipios medianos y pequeños del país profundo, que son cerca de mil.
¿De qué manera se corrompe a los periodistas y medios?
Entregándoles directamente dinero para que favorezcan en tiempo y espacio, las pautas publicitarias de ciertos candidatos; para que ayuden a transmitir en noticieros o en programas no políticos, información sobre candidatos que no tienen pauta publicitaria autorizada por el Consejo Electoral y para que limiten o restrinjan la publicidad y la presencia de candidatos en los medios si estos no les han pagado o si son adversarios de quienes son apoyados por la administración pública de turno.
En sus investigaciones, ¿qué relación ha encontrado entre la corrupción del voto para forzar el triunfo de un determinado candidato local, y el presupuesto público que maneja cada municipio y departamento?
La relación puede ser directa: la corrupción del voto y la oferta de candidatos postulados y financiados por terceros, por organizaciones ilegales, por contratistas y por numerosos legisladores, se hace, claramente, como contraprestación a la entrega del presupuesto público y de los contratos a quienes financian ilegal o no legalmente las campañas.
Es decir, quienes dan dinero para apoyar a unos candidatos a alcaldías y concejos, ¿lo hacen porque han negociado con el posible ganador la contratación pública y los puestos?
Exactamente. Eso sucede de manera cada vez más frecuente en Colombia. Recuerde: entre más pequeño y alejado del centro político sea el municipio, más objeto de captura hay por parte de los financiadores ilegales.
Significa que aunque la descentralización de las decisiones públicas es, en principio, democrática y sana, ¿resultó ser un factor de corrupción en Colombia porque dejó sin control central el manejo del presupuesto de los mil 123 municipios del país?
Sí. Sin lugar a dudas la descentralización política desde 1986, fortalecida con la Constitución de 1991, entregó, casi desde el principio, la democracia local a las organizaciones criminales e ilegales, a la corrupción y a dirigentes políticos irresponsables y sin escrúpulos que han capturado políticamente todos los territorios, de manera total o parcial. No se escapa un solo municipio de Colombia.
¡No lo puedo creer! Partimos de la base de que hay corrupción pero, ¿se puede afirmar que el 100% de los municipios colombianos fue capturado por los corruptos?
No significa que esté capturado el 100% de cada uno de los municipios sino que hay una penetración de actividades ilícitas en el proceso electoral en todos ellos, aunque en diferentes proporciones, y se incluye la capital de la República. Hay que señalar que la compra de un solo voto es grave si tenemos en cuenta que, en democracia, las decisiones se toman por mayoría y que la mayoría se puede constituir con un voto.
¿Por qué sucede que una sola persona se “adueñe” del voto mayoritario de uno o varios municipios por encima del poder de los partidos?
Porque las elecciones se prestan para que los políticos locales accedan al control de los presupuestos públicos. En cambio, la relación directa de los ciudadanos con los partidos y con el Estado nacional es dispendiosa y difícil, haciendo, de esta manera, que se incremente el costo y la especulación política de quienes tienen el monopolio de la intermediación (entre el individuo y el gobierno central). Es un método perverso porque se usa para sojuzgar la voluntad y las libertades ciudadanas.
En consecuencia, los liberales de tradición, los conservadores de toda la vida etc., que votan fielmente por alguien solo porque es avalado por sus partidos, ¿están siendo engañados puesto que predomina el candidato sobre la colectividad política?
En realidad, los militantes tradicionales y leales obran bien cuando votan por el candidato de su partido a pesar del cuestionamiento que tengan porque las responsabilidades recaen en los partidos y una de ellas es la escogencia correcta de candidatos por quienes deben responder. Cuando un gobernante o un representante partidista actúan indebidamente, su mala reputación se traslada al partido lo cual significa que debería ser de su interés la escogencia de buenos candidatos no solo para mantener su propio prestigio sino, a su vez y recíprocamente, para ser leal con sus electores. Su pregunta me hace pensar que nuestros partidos tienen ciudadanos más coherentes y disciplinados que sus dirigentes.
¿Cuáles son los departamentos y regiones más críticos en materia de corrupción electoral y en cuáles es menor ese fenómeno?
Sería más fácil decir en cuáles departamentos hay manifestaciones menores de corrupción. En realidad, esta es una calamidad política. Quizás donde existe menos corrupción electoral es en Bogotá. Y donde al parecer es más grave es en la costa Atlántica, en Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Boyacá, Eje Cafetero y Cundinamarca.
Entonces, las elecciones locales en Colombia son corruptas en un abrumador porcentaje…
Si bien es muy difícil medir estos fenómenos porcentualmente, se puede afirmar que son discretamente libres, muy poco transparentes y más que eso, que son inequitativas. Están colonizadas severamente, en alto porcentaje, por los vicios, irregularidades, infracciones y delitos electorales que socaban la voluntad política de los electores. Y cuando la autoridad electoral competente declara públicamente los resultados, legitima automáticamente el fraude y el delito.
Usted es oriundo de Cartago, cuyo candidato a la alcaldía en 2007 y quien fue elegido, recibió dinero y apoyo político de la congresista Dilian Francisca Toro. Poco después él fue procesado por celebración de contratos sin requisitos legales. Allá mismo fue asesinado el enigmático abogado Ignacio Londoño siendo aspirante a la alcaldía para este año ¿Su ciudad sigue tomada por la mafia y por el poder político tradicional?
El narcotráfico aisló a Cartago del departamento y de la nación para controlarlo. La primera tarea y estrategia materializada casi en su totalidad, fue someter el sistema político y social local. Ahí están las consecuencias: la destrucción de la ciudad.
En uno de sus escritos usted dijo que Cartago sería muy pronto “un ente territorial fallido” ¿Resultó cierta su predicción?
Absolutamente pues están capturados la política, los partidos, el Estado departamental y local, así como la mayoría de los dirigentes y líderes locales que se someten, o se someten. No tienen otra opción sino pertenecer a las redes ‘clientelares’ que actúan como estructuras piramidales de corrupción política. En otros municipios vallecaucanos sucede algo similar.
¿Por qué cree que el gobierno nacional no ha entrado a combatir ese fenómeno, primero en Cartago y luego en el Valle del Cauca siendo evidente el control ilegal de los entes públicos?
Hay demasiados cálculos políticos en todos estos temas. Sospecharía que el gobierno nacional está tan amarrado en sus actuaciones públicas y políticas que no puede atender todos los requerimientos que, en justicia, debería acometer. Y aunque pueda parecer una justificación, y a pesar de que los gobiernos deben garantizar seguridad y transparencia en la actividad pública y combatir cualquier manifestación de ilegalidad, Cartago y el Valle del Cauca no están en un lugar prioritario de su agenda.
¿Es posible que en 2015 una persona, más que un partido, maneje el voto popular en varios municipios simultáneamente y que pueda controlar todos o algunos puestos clave del sector público y de la contratación local?
No sólo es posible sino que ha venido ocurriendo y tiende a incrementarse en estas elecciones. Una vez más, un ejemplo de ello es la red de salud en el Valle del Cauca: es sabido, para la mayoría de los usuarios del departamento, que el sistema ha colapsado, en parte, porque las instituciones que prestan el servicio están controladas políticamente, y son canteras electorales. Varios de las entidades de salud - como el hospital de Buenaventura, de Cartago y el Universitario del Valle - han entrado en iliquidez por malos manejos administrativos y porque los dirigentes políticos y los gobernantes solo las utilizan para capturar votos y para exprimirles sus recursos.
¿Qué podría hacer un gobierno limpio que quisiera purificar las elecciones locales y, en consecuencia, modernizar la participación política de los habitantes de provincia?
Lo primero que habría que hacer es suspender indefinidamente las elecciones locales y territoriales, al menos en la mayor parte del territorio nacional para los cargos uninominales (alcaldes y gobernadores) hasta tanto el Estado pueda otorgar mínimas garantías y ofrezca seguridad y libertad real a los ciudadanos para participar en elecciones. Se requieren al menos tres cosas: 1. que el Estado garantice un control electoral a nivel institucional y político que les sustraiga el proceso electoral a los delincuentes; 2. que los partidos se reordenen, se disciplinen, sean responsables y tengan el monopolio de las candidaturas; y 3. que se adelante una reforma de la organización electoral para que funcione de acuerdo con la Constitución de 1991 que reconoce el multipartidismo y no siguiendo la Constitución de 1886 que se ajustaba al bipartidismo excluyente de liberales y conservadores.
* * *
“Los partidos, controlados por ambiciones desmedidas”
El politólogo Fernando Giraldo, profesor universitario, investigador del sistema electoral colombiano y autor de varios libros sobre el tema, analiza la situación política del país actual que incidirá en los comicios regionales de octubre cuando se escogerán nuevos alcaldes y gobernadores. Predice mayor decadencia partidista e incremento del poder personal de los caciques electorales locales.
Los actores políticos de las regiones con poder corruptor, ¿encuentran complicidad y soporte en los partidos cuando estos los avalan para nuevos cargos, o son los partidos los que se ven obligados a apoyarse en ellos para obtener alguna influencia local?
Los candidatos y los dirigentes son los dueños de los partidos y no son los partidos los que seleccionan a quienes quieren que los representen. Los partidos en Colombia son una federación de facciones y fracciones locales, como colectividades de segundo piso que son controladas, en numerosísimos casos, por poderes difusos o por dirigentes que tiene ambiciones desmedidas y excesivas. Cuando los partidos apoyan candidatos, a nivel local, para nuevos cargos, buscan obtener beneficios materiales y, realmente, no pretenden mejorar su influencia política. Recuerde que los ciudadanos, cada vez, votan más por personas que por partidos.
“En política no existen acciones sin intencionalidad”
Recientemente se encontraron varios pagarés en que constaban préstamos de dinero de una congresista en ejercicio –Dilian Francisca Toro, hoy aspirante por la U a la gobernación del Valle del Cauca -, a nueve candidatos a alcaldías del mismo número de municipios de ese departamento, en las elecciones de 2007. Simultáneamente, la senadora Toro les dio respaldo político, en campaña. Esa mezcla de apoyo (financiero y electoral) ¿puede resultar sospechosa?
Sí, porque se buscaría alterar la voluntad ciudadana. Además, es susceptible de sospecha pues es extraña y no institucional. En política no existen acciones sin intencionalidades y mediante esa intervención se trataría de controlar, indebidamente, el proceso electoral con el fin de llegar al poder público por un camino torcido, para obtener beneficios materiales a favor de personas y grupos de interés. Este fenómeno se soporta en la capacidad material que tienen individuos o grupos de economía formal e informal. Su método consiste en financiar campañas compitiéndole al Estado que tiene establecido el anticipo legal (de financiación). El pago se hará – al prestamista - posteriormente, y con creces, utilizando recursos públicos cuando estos sean administrados por quienes recibieron ese raro apoyo.
