El Gobierno cocina una nueva reforma de la justicia y de nuevo afloran asuntos polémicos como las funciones electorales de las altas cortes, contaminadas por el clientelismo que impide la selección transparente de los magistrados por méritos; la inoperancia de la Comisión de Acusaciones; el mal diseño del Consejo Superior de la Judicatura, y el excesivo poder de la Procuraduría, entre otros. Los mismos del fracasado proyecto que el presidente Santos se vio forzado a hundir por el escándalo de las oscuras transacciones entre congresistas y magistrados de los altos tribunales.
Pero ni pío sobre los problemas más sensibles para los de a pie: la dificultad de acceso al sistema, su inequidad y selectividad, y la insuficiente respuesta que da a las demandas de justicia, en especial de los más débiles, problemas detectados por la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (2013) que se reflejan en los altos niveles de impunidad en lo penal y, en general, en la congestión de los despachos judiciales, muchos atiborrados de casos que podrían resolverse mediante conciliación, negociación directa o arbitraje.
En este sentido cabe destacar que cuota muy alta de la congestión la pone el sector financiero, cuyas demandas representan el 50% de los procesos que cursan en los tribunales: 2,5 millones a diciembre de 2011 —según el Consejo Superior de la Judicatura—, cifra que hoy podría acercarse a 2,7 millones. De ese 50% de casos, 800.000 corresponden a procesos hipotecarios que involucran a sólo 15 entidades del sector.
Bancos y financieras prefieren acudir a la justicia ordinaria antes que a los mecanismos alternativos de solución que contemplan las leyes. Sólo entre el 5% y el 7% de los casos se arregla en forma directa, indica información del DANE y el Consejo Superior de la Judicatura. Por eso el sistema judicial debe dedicar buena parte del tiempo y los recursos a demandas entabladas por esas entidades contra ciudadanos endeudados, que según Dejusticia son resueltas a favor de las mismas en el 94% de los casos. Con razón el prestigioso jurista Rodrigo Uprimny sostiene que la justicia civil ha sido colonizada en buena medida por las entidades financieras para el cobro de sus deudas.
Ante este panorama, la solución no necesariamente es destinar mayores recursos al sistema. Parte podría estar en que las entidades financieras acudan más a medios alternativos de solución, pues eso no sólo ayudaría a la descongestión sino que redundaría en beneficios para ellas y para los deudores. Para ellas, porque al negociar o conciliar conservan a los deudores como clientes y se ahorran costosos y lentos procesos judiciales; evitan la acumulación de bienes dados en garantía —inmuebles, carros, maquinaria—, que implican gastos en almacenamiento, mantenimiento y venta; reducen la administración de otros canales de cobranza, y logran recuperar cartera en menos tiempo. Y, además, mejorarían la imagen negativa que tienen entre la mayoría de la gente. Para los deudores, porque evitan la muerte crediticia al no aparecer en las listas de las centrales de riesgo y porque les permite recuperarse económicamente, restablecer su flujo de caja, conservar sus bienes y mantener aceptables condiciones de vida.
Los instrumentos alternativos constituyen un gana-gana para las partes, e incluso para el país. Son una forma de generar la cultura de pago y de responsabilidad frente a las obligaciones adquiridas, y de evitar, en muchos casos, la violencia por procesos de cobro, remate de bienes o lanzamientos. El problema es que eso no será posible mientras las entidades financieras mantengan su depredadora mentalidad de tiburones
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