Destinando 1,2 por ciento del PIB se podría cobijar a todos los colombianos mayores de 65 años.
Para la mayoría de los colombianos, tener la garantía de una pensión cuando se jubile no es tarea fácil. Solo 2 de cada 10 colombianos mayores de 65 años reciben una pensión contributiva, tras haber aportado durante su vida laboral. Este bajo nivel de cobertura pensional es incluso inferior al del promedio de América Latina y el Caribe (ALC), donde 4 de cada 10 ciudadanos las reciben.
Los avances recientes se concentran en la expansión del programa de beneficios no contributivos Colombia Mayor, en línea con la tendencia regional de otorgar una prestación reducida a aquellos que llegan a la edad de retiro sin ahorro formal y en riesgo de pobreza. Sumando ambas prestaciones, la cobertura total en pensiones se eleva por encima del 60 por ciento en Colombia. Este porcentaje es similar al promedio de ALC, pero aun deja a una proporción significativa de ciudadanos sin protección, en especial de ingresos bajos y medios, de modo que el sistema de pensiones no está cumpliendo con sus dos funciones esenciales: erradicar la pobreza en la vejez y mantener el nivel de vida de todos los ciudadanos al retirarse.
En este contexto, no reformar el sistema de pensiones en Colombia no parece una opción responsable. Nuestras proyecciones indican que, incluso en un entorno de crecimiento económico sostenido (2,5 por ciento anual per cápita), dos tercios de los colombianos mayores de 65 años no van a haber acumulado ahorros suficientes en 2050. Dada la transición demográfica en el país, ello supondrá al menos 6 millones de personas desprotegidas, lo que podría poner en riesgo los avances en materia de reducción de la desigualdad y de la pobreza, e introducirá notables retos en materia social y política (al representar más del 20 por ciento del electorado).
Existe consenso entre académicos y responsables de políticas públicas acerca de que el mercado de trabajo se sitúa en el epicentro de esta baja cobertura. En Colombia, solo el 31,5 por ciento de los ocupados está cotizando al sistema de pensiones (tanto al régimen de ahorro individual como al régimen de prima media), de nuevo por debajo del promedio de ALC (44,7 por ciento).
La informalidad se concentra en los trabajadores por cuenta propia, asalariados de pequeñas empresas y trabajadores de ingresos bajos. Pero además, en el caso colombiano la informalidad está muy extendida entre la clase media (definida como aquellos entre los quintiles 2 a 4): solo 3 de cada 10 trabajadores de ingresos medios aportan al sistema general de pensiones.
El desafío es importante, pero el avance hacia la cobertura universal en pensiones en Colombia es posible, y bajo ciertas condiciones es financiable a corto y largo plazo. Los elevados niveles de informalidad vienen determinados por incentivos y reglas que el Estado establece a empresas y trabajadores en el mercado de trabajo y el sistema de protección social, y por la valoración de éstos de los beneficios de la formalidad, y todo puede modificarse. Para ello, las reformas deben ser globales, eficientes, transparentes e innovadoras, luchando contra la pobreza, pero al mismo tiempo apostando por el empleo formal.
En el reciente estudio Mejores Trabajos, Mejores Pensiones se estima que destinando 1,2 por ciento del PIB al año se podría universalizar las pensiones no contributivas a los colombianos mayores de 65 años, y generar más empleo formal por medio de subsidios a los aportes de los trabajadores. Estos recursos se podrían obtener de impuestos al consumo o de ingresos por materias primas.
De hecho, buena parte de los avances recientes en Colombia en materia de política económica, desde la extensión de Colombia Mayor, a la reforma tributaria (que redujo de manera significativa los impuestos al trabajo formal a cambio de impuestos sobre la renta empresarial), pasando por la implementación efectiva del mecanismo de ahorro voluntario de los Beneficios Económicos Periódicos podrían ser componentes importantes de esta reforma.
Además, Colombia vive un momento excelente para apostar por esta reforma profunda del sistema de protección social. En el plano demográfico, el país es joven (con 11 trabajadores potenciales por cada jubilado), lo que facilita la aprobación política de las reformas y disminuye su coste.
Además, la reforma del sistema de pensiones, en especial por su relación con un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, es un elemento central dentro toda estrategia de impulso a la productividad y al crecimiento económico. Por último, desde el punto de vista político, la emergente clase media, que aspira a un trabajo formal para reducir su vulnerabilidad, podría representar una atractiva base socio-económica de las reformas previsionales.
Ángel Melguizo
Especialista Líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo
POR: ALEJANDRO LÓPEZ
ResponderEliminarREITERO, ¿QUE NOS PASO A LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS, NOS ANESTESIARON?
La ley 797 de 2003 que trata el tema, entró en vigencia desde el 29 de Enero de 2003.
Alejandro.