Con la ley de formalización y generación de empleo de 2010, y con la reforma tributaria de 2012, la administración Santos hizo un esfuerzo enorme para reducir la informalidad. La reforma tributaria redujo los costos no salariales en un 13,5%, lo que podrá incrementar el empleo formal en un rango entre unos 400 mil y un millón de nuevos empleos, según el Ministerio de Hacienda.
Infortunadamente, en el pasado el país dejó crecer tanto el problema que urgen medidas adicionales de gran calado. Porque, si asumimos que se formalizan un millón de personas por efecto de la tributaria, quedarían aún mas de 13 millones de informales. Hoy en día, la informalidad laboral de corto plazo está en un 67% de los ocupados, pero si tenemos en cuenta sus historias laborales y calculamos el número de trabajadores que podrán cotizar a la seguridad social durante 1.300 semanas, la informalidad es de un 90%. Estas cifras son muy graves y claman por acciones adicionales en el mercado laboral y la seguridad social. Porque, si no hacemos algo, más pronto que tarde Colombia empezará a ver millones de adultos mayores indigentes y sin protección social. Pero también peligran las finanzas públicas y la dinámica de la deuda pública.
Esta última afirmación puede parecer exagerada después de que el Ministerio de Hacienda anunció que el monto de la deuda neta del Gobierno nacional central cayó a un 34% del PIB, una cifra realmente buena, especialmente cuando se la compara con la de Estados Unidos, que se encuentra por encima del 100% del PIB y la de la zona Euro, que es de un 93%. Pero las calificadoras de riesgo, el FMI y todos los colombianos tenemos que prestarle más atención, no solo a las obligaciones explícitas que tiene el Gobierno, sino también a las obligaciones que se derivan de la seguridad social. Según Anif, la deuda pensional es de un 144% del PIB, aunque para el Gobierno es de un 117%.
Para Anif, la deuda de la salud es de un 97% del PIB y no conozco un estimativo por parte del Gobierno. Las deudas contingentes derivadas de los compromisos de las obras públicas pueden representar otro 9% del PIB. Así, la deuda total puede ser mayor a un 250% del PIB. Estas cifras no son teóricas ni académicas. Son cifras reales que implican desembolsos muy grandes del presupuesto nacional. Por dar solo un ejemplo: el costo de las pensiones públicas en el presupuesto de 2014 asciende a $41 billones de pesos, de los cuales todos los colombianos pagamos unos $35 billones, pues las cotizaciones de los afiliados a Colpensiones son tan sólo unos $8 billones anuales. Estos huecos presupuestales no son fáciles de tapar, precisamente por la informalidad laboral. Aunque, en teoría, en Colombia tenemos más de diez personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, en la práctica sólo tenemos dos trabajadores formales, que cotizan a la seguridad social, por cada adulto mayor de 65 años. Así, es imposible tener un sistema de seguridad social sostenible y, menos aún, soñar con crear un Estado de bienestar.
Estas son razones suficientes para argumentar que la informalidad laboral es uno de los problemas más graves del país y, por ello, los ciudadanos tenemos el derecho a conocer cómo piensan resolverlo los candidatos a la Presidencia de la República
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