Ahí lo tienen: ese es el Frankenstein que el establecimiento creó y del que ahora, hipócritamente, se sorprende mientras en privado lo felicita.
El procurador actual es un monstruo que, similar al protagonista de la novela de terror de 1800, desafía el poder de Dios y, cómo no, el del pueblo soberano. Incluso Petro depositó su voto indoctrinado por este representante del oscurantismo que resurge en pleno siglo XXI. Al alcalde debe estarle sabiendo a cacho su pragmatismo que lo hizo apoyar a Ordóñez candidato. Ese pragmatismo que también lo condujo a separarse del Polo para brillar él solo y para tratar de hacer alianzas con el entonces presidente Uribe o para intentar copiar, malamente, el “acuerdo sobre lo fundamental” de Álvaro Gómez Hurtado. ¡Qué sancocho ideológico el de nuestro burgomaestre destituido!
Pero esta columna no trata sobre las incoherencias de Petro, ahora virado de nuevo hacia una especie de extrema izquierda para insubordinar a los beneficiarios de sus programas y sostenerse, por esa vía no jurídica, en el palacio Liévano. Mucho más importante que el estudio del perfil psicológico del aún mandatario, es el análisis del confuso momento que se presenta con su separación definitiva del cargo, toda vez que él es el alcalde más influyente del país. Es relevante, en cambio, que nos centremos en su juez omnipotente, en las excesivas facultades que la Constitución y el Código Disciplinario Único le cedieron a este, y en los fallos que hasta en la Corte Constitucional le dieron soporte legal. En el artículo 277, punto 6 de la Carta, que se refiere a una de las facultades del procurador, se dice que él puede “ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular” y que, así mismo puede “adelantar las investigaciones e imponer las sanciones...” a que haya lugar. En el artículo 278 se establece que debe “desvincular del cargo” a quien incurra en cuatro faltas: infringir la Constitución o la ley, derivar provecho patrimonial indebido de su cargo, obstaculizar procesos, ser negligente en la aplicación de sanciones a sus empleados o en la denuncia de hechos delictivos. Ninguna aplica a Petro, salvo que quien examine el caso del modelo de recolección de las basuras aunque este haya sido desastroso, quiera ajustar esas causales para fregarlo. Los abogados resabiados saben que las interpretaciones jurídicas dan para lo que se requiera. Y Ordóñez es profesor en ese acomodamiento tanto para condenar a un ‘no culpable’ como para premiar a un bandido.
El procurador saca pecho con los 800 mandatarios despojados por él, como si la cantidad les diera, automáticamente, carácter de legalidad a sus actos. Claro, hay otra cuenta que no hace: la de aquellos que salva con sus omisiones o conceptos, entre estos, el grupo de parapolíticos y el de magistrados a los que no solo les da burocracia para sus familiares y novias sino a quienes les tira salvavidas, como el del apoyo a la elección de las bellezas de Ricaurte y Munar en el Consejo de la Judicatura, adonde llegaron con los votos de los togados que ambos eligieron meses antes. Así de elástica es la moral del dios Ordóñez: estrecha para juzgar al alcalde de Bogotá por un acto de gobierno; a Piedad Córdoba, sancionada con una prueba inválida; al alcalde Alonso Salazar de Medellín por supuesta participación en política, cuando el propio procurador hace lo que le da gana en esa materia. Esperemos a que cometa el error de bajar su hacha contra uno de la derecha, si es que llega a esa torpeza, para saber si los que lo aúpan continúan aplaudiéndolo o si, cuando se sientan afectados, gritarán contra él, llamándolo por su nombre: frankenstein
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