Los balances y la selección de los personajes del año hacen parte de los rituales de esta época, pero voy a romperlo y propongo en su lugar el antipersonaje de 2013: la justicia.
Nunca antes la percepción sobre el sistema judicial había registrado niveles tan altos de desprestigio y desconfianza. Encuesta tras encuesta, su imagen fue cayendo este año hasta el punto de que el 70% o más de los entrevistados considera que funciona mal. Es el porcentaje más alto de los últimos 25 años: en 1987 solo el 28% tenía una percepción negativa de justicia; en 1992 el 38%; en 2000 el 46%, y en 2005 el 44%. Para el ciudadano del común la justicia no solo no ha mejorado, sino que ha ido de mal en peor.
El descrédito obedece en buena parte a que casos muy mediáticos sobre los cuales se conocen cada día más detalles, no se cierran ni sus máximos responsables son castigados con severidad; a los tejemanejes clientelistas —y los cruceros— de magistrados de las altas cortes, que han perdido la dignidad y han dejado de ejercer un liderazgo confiable y ejemplar para volverse agentes de intereses políticos y personales; a las maniobras de los abogados que dilatan los procesos y a los abogados que litigan por los micrófonos y convierten la justicia en espectáculo; a jueces que trafican con los expedientes; a los choques entre las cabezas de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, y al efecto residual del hundimiento de la reforma de la justicia que dejó al desnudo el venal y vergonzoso intercambio de favores entre magistrados y congresistas.
Sin embargo, esto es apenas lo que salta a la vista, pues lo más grave es la desconfianza generalizada en el sistema. El ciudadano común siente que eso de la eficaz y oportuna justicia es apenas un enunciado que se queda en el papel o que si se aplica es solo para los de ruana, no para aquellos con influencia, billete y buena posición que cometen delitos con consecuencias más graves que un hurto o la venta de unos gramos de coca, pero que pueden pagar sofisticados y costosos abogados que los mantienen lejos de la cárcel. Y aunque esta percepción no es absolutamente cierta, un estudio de 2001 muestra que la posibilidad de que sea condenado un acusado defendido por un abogado de oficio es 80% más alta que la de uno representado por un abogado privado.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (agosto, 2013) indica que siete de cada 10 colombianos creen que la justicia es lenta, que cuatro de cada 10 piensa que es corrupta y que los más pobres son los más afectados por las dificultades de acceso y las fallas del sistema, en comparación con la población en general e incluso con la población discapacitada. Son ellos los que registran un porcentaje más alto de demandas negadas y de necesidades jurídicas no resueltas o decisiones judiciales incumplidas. Y también son ellos quienes con más frecuencia desisten de acudir a la justicia por desconfianza, porque piensan que el sistema es ineficiente y corrupto.
El reforzamiento de la planta de la Fiscalía con más de 3.000 funcionarios por cuenta de la liquidación del DAS y cambios en las estrategias de gestión no se ha traducido en mayor eficiencia (hay más de 1’250.000 procesos represados), el hacinamiento carcelario es dramático y la impunidad campea. El déficit de justicia es alarmante y repugna la forma como la politiquería ha contaminado las altas esferas del poder judicial. El Gobierno cocina una nueva reforma. Es el reto de 2014. ¿Esta vez será?
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