eltiempo.com, Por: Carlos Caballero Argáez
26 de octubre 2018 .
Las cifras del Dane son insumo indispensable para el diseño de la política económica.
Cuando inicié mi vida profesional, hace más de cuarenta años, entendí que el Departamento Nacional de Estadística, el Dane, era una institución fundamental para el buen manejo de la economía colombiana. Y que, como tal, debería ser una entidad técnica, con un recurso humano altamente calificado y la más avanzada tecnología.
Aprendí también un principio muy elemental: hay que confiar en el Dane y creer en sus estadísticas. Las cifras del Dane son insumo indispensable para el diseño de la política económica y de las políticas públicas en general. Si no hay estadísticas confiables, no hay políticas bien orientadas. Por lo mismo, un funcionario público de alto nivel, como el director del Dane, tiene que ser muy cuidadoso en sus declaraciones a los medios para que las gentes no pongan en duda ni la capacidad ni la credibilidad de esta entidad.
El censo de población es una herramienta crucial para formular la estrategia de desarrollo del país. Según las normas internacionales, los censos deben realizarse cada 10 años. En Colombia no cumplimos con esta referencia, y el Gobierno anterior no hizo el censo de 2015. Solo este año vino a efectuarlo, y se prevé que la próxima semana terminará el conteo. Por tanto, la cifra de la población con la cual se trabaja en el país es una proyección realizada con base en los índices demográficos del censo de 2005.
Forzosamente, el dato del censo va a ser distinto de la cifra proyectada. Pero, si hoy en día no fuéramos 50 millones los habitantes de “nuestro lindo país colombiano”, sino 48, 45, o los que sean, eso no implicaría que el censo haya quedado mal hecho, sino que la población creció a un menor ritmo que el proyectado. Es decir que se registraron unos cambios en la demografía –incluyendo los fenómenos migratorios– y que el nuevo censo confirmará que la estructura de la población es bien diferente de la de 2005.
El resultado del censo es fundamental para la formulación del Plan de Desarrollo y el programa de inversión pública de la próxima década. Están naciendo menos niños, lo que tendrá implicaciones en la demanda futura de educación en todos los niveles, y, de otro lado, el envejecimiento de la población va a generar enormes desafíos para la política de salud pública y la política fiscal.
A estas alturas del siglo, es ya sabido que las personas van a sufrir cada día más infartos, accidentes cardiovasculares, cáncer, diabetes, alzhéimer, etc., cuyo tratamiento va a ser muy costoso, en parte por la longevidad y en parte por los avances tecnológicos de la medicina. Esta tendencia va a impactar todo el sistema de aseguramiento, la prestación de servicios de salud y, desde luego, las finanzas públicas.
Y ¿qué tal el desafío pensional? ¿Con qué ingresos va a contar esa población vieja, mayor de 65 años, que va a vivir 20 o 25 años más? ¿Existirán los ahorros para mantener dignamente a esa población? Estos interrogantes señalan no solamente la necesidad de que la economía crezca a tasas más altas, sino la urgencia de la reforma pensional. Y, aunque a los políticos les moleste, la de subir la edad de jubilación de hombres y mujeres.
Las implicaciones del cambio demográfico y del cambio en la distribución espacial de la población son muy variadas y muy profundas. He mencionado solo aquellas sobre la salud y las pensiones, pero, obviamente que las habrá sobre el tamaño de las ciudades, el despoblamiento del campo, las finanzas regionales y muchos otros aspectos.
Lo preocupante es que mientras esto está pasando, los políticos están en la luna, dedicados a legislar sobre la unificación de los períodos electorales, y los tiene sin cuidado el estudio de los verdaderos problemas del país.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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