El Colombiano, JUAN JOSÉ PERFETTI DEL CORRAL , mayo 17 de 2013
Mientras se avanza en la firma y puesta en
marcha de nuevos TLC, como los de Corea del Sur y la Unión Europea, al tiempo
que el Acuerdo con Estados Unidos cumple su primer año de ejecución, el
Gobierno continúa otorgando, a manos llenas, subsidios y apoyos a distintas
actividades agropecuarias.
No hace poco fueron los cafeteros los beneficiados con tales subsidios. Luego los cacaoteros y los arroceros recibieron su cuota de apoyos y beneficios económicos. Ahora le ha tocado el turno a los paperos.
A todas estas, y como se señaló en la anterior columna, antes que promover la diversificación de la producción y de las exportaciones sectoriales, la política comercial agrícola mantiene la protección a las actividades sustitutas de importaciones y, vaya ironía, a las exportables que no los deberían demandar.
Nada más contradictorio que, mientras en virtud de los acuerdos derivados de los distintos TLC la agricultura tiende a un mayor grado de apertura, la política agrícola siga defendiendo una estructura productiva que se mantiene gracias a las protecciones y a los subsidios.
La conjunción de ambas actuaciones está propiciando que, hacia adelante, la agricultura entre en una compleja crisis, pues, en un momento dado, los recursos fiscales serán insuficientes para financiar las crecientes demandas de subsidios y apoyos agrícolas y, cuando ello ocurra, la competencia con la oferta externa será más feroz porque ésta entrará al país en condiciones cada vez más favorables.
Dicha oferta se enfrentará a una producción nacional debilitada y poco productiva, pues está visto que los subsidios, antes que generar incentivos a la incorporación de mejoras que lleven a las unidades productivas a ser más eficientes y productivas, promueven la captura de rentas y la ineficiencia en los procesos productivos.
Creyendo favorecer a los sectores agropecuarios, la política agrícola, al mantener los postulados propios de una época pasada ya superada, lo que está creando son las semillas de una lamentable crisis económica y social en los territorios rurales.
Infortunadamente, la política agrícola ha sido incapaz de organizar un programa coherente de restructuración y promoción de la productividad y la competitividad de la agricultura colombiana.
En diversas publicaciones, tanto los expertos como la propia dirigencia gremial y algunos productores líderes, han mostrado cómo en el país se cuenta con el conocimiento, la tecnología y las capacidades de gestión y gerencia suficientes para competir en igualdad de condiciones con la oferta foránea.
Esto ocurre en actividades que según los profetas del desastre son las más amenazadas, como el arroz, el maíz y la leche.
Es de esperar que, ante la crisis de crecimiento que enfrenta la agricultura colombiana y las reales amenazas que penden sobre el sector, derivadas estas de una política agrícola equivocada y que hace caso omiso de la apertura comercial a la que están sujetas dichas actividades, se le dé un giro radical a dicha política de tal forma que se creen las bases de un sector agropecuario pujante y próspero. Sin duda, ello constituiría la mejor garantía para alcanzar un posconflicto exitoso.
No hace poco fueron los cafeteros los beneficiados con tales subsidios. Luego los cacaoteros y los arroceros recibieron su cuota de apoyos y beneficios económicos. Ahora le ha tocado el turno a los paperos.
A todas estas, y como se señaló en la anterior columna, antes que promover la diversificación de la producción y de las exportaciones sectoriales, la política comercial agrícola mantiene la protección a las actividades sustitutas de importaciones y, vaya ironía, a las exportables que no los deberían demandar.
Nada más contradictorio que, mientras en virtud de los acuerdos derivados de los distintos TLC la agricultura tiende a un mayor grado de apertura, la política agrícola siga defendiendo una estructura productiva que se mantiene gracias a las protecciones y a los subsidios.
La conjunción de ambas actuaciones está propiciando que, hacia adelante, la agricultura entre en una compleja crisis, pues, en un momento dado, los recursos fiscales serán insuficientes para financiar las crecientes demandas de subsidios y apoyos agrícolas y, cuando ello ocurra, la competencia con la oferta externa será más feroz porque ésta entrará al país en condiciones cada vez más favorables.
Dicha oferta se enfrentará a una producción nacional debilitada y poco productiva, pues está visto que los subsidios, antes que generar incentivos a la incorporación de mejoras que lleven a las unidades productivas a ser más eficientes y productivas, promueven la captura de rentas y la ineficiencia en los procesos productivos.
Creyendo favorecer a los sectores agropecuarios, la política agrícola, al mantener los postulados propios de una época pasada ya superada, lo que está creando son las semillas de una lamentable crisis económica y social en los territorios rurales.
Infortunadamente, la política agrícola ha sido incapaz de organizar un programa coherente de restructuración y promoción de la productividad y la competitividad de la agricultura colombiana.
En diversas publicaciones, tanto los expertos como la propia dirigencia gremial y algunos productores líderes, han mostrado cómo en el país se cuenta con el conocimiento, la tecnología y las capacidades de gestión y gerencia suficientes para competir en igualdad de condiciones con la oferta foránea.
Esto ocurre en actividades que según los profetas del desastre son las más amenazadas, como el arroz, el maíz y la leche.
Es de esperar que, ante la crisis de crecimiento que enfrenta la agricultura colombiana y las reales amenazas que penden sobre el sector, derivadas estas de una política agrícola equivocada y que hace caso omiso de la apertura comercial a la que están sujetas dichas actividades, se le dé un giro radical a dicha política de tal forma que se creen las bases de un sector agropecuario pujante y próspero. Sin duda, ello constituiría la mejor garantía para alcanzar un posconflicto exitoso.
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