Resucitan el millonario saqueo a la vieja Cajanal

ELTIEMPO.COM,   UNIDAD INVESTIGATIVA,  6 de julio de 2014

Una oficina adscrita al Ministerio de Hacienda está pagando de nuevo pensiones irregulares.

El país creyó que el saqueo de más de 600.000 millones de pesos del erario, a través de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), había cesado el 12 de junio del 2009, cuando el Gobierno sepultó a ese nefasto ente.

Hasta ese momento, una red de jueces, funcionarios y abogados estaba dedicada a obtener millonarias pensiones gracia (adicional) para maestros de todo el país que no reunían requisitos y que estaban quebrando al sistema.

Para frenar el desangre, el Gobierno le trasladó el reconocimiento pensional a una oficina con un nombre complejo pero con mucho poder: la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP).

Además, le recomendó que ninguna de esas pensiones –que van en contravía de disposiciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado– fuera pagada hasta tanto culminaran las acciones legales que se emprendieron para tumbarlas.
Sin embargo, EL TIEMPO tiene evidencia de que la UGPP viene pagando este tipo de pensiones, a pesar de que reconoce que hay algunas contrarias a la ley. Además, que funcionarios de ese organismo, en cabeza de la economista Gloria Inés Cortés Arango, han, incluso, amonestado a los empleados que se niegan a hacer los desembolsos.

A la fecha, ya han girado más de 31.000 millones de pesos en mesadas atrasadas a 152 maestros. Y se calcula que hay en camino desembolsos por cerca de cien mil millones de pesos más.

Los pagos se han hecho atendiendo peticiones de abogados para que se hagan efectivas tutelas falladas hace ocho años por juzgados de Buenaventura, Honda, Ciénaga y Cartagena, que el Gobierno ordenó congelar. Algunos de ellos han iniciado incidentes de desacato con los que obtienen los pagos.

“Verbal y por escrito se le ha advertido a la gerente de la UGPP que esa entidad no puede ser condenada a pagar dentro de un proceso en el que ni siquiera es parte, pero han desatendido las órdenes y pueden poner en peligro al erario, ocasionando un millonario detrimento patrimonial”, le dijo a este diario un funcionario del Ministerio de Hacienda, cartera que detectó los millonarios desembolsos.

El dinero sale del llamado Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep), cuyo comité asesor –compuesto por el Ministro del Trabajo o su delegado, el Ministro de Hacienda o su delegado, un representante de los pensionados y otro de Fiduprevisora–, le ha enviado cartas a la gerente de la UGPP, en la que se le insiste en que frene los pagos.

Devolución de aportes

En marzo, el propio ministro del Trabajo, Rafael Pardo, le envió una comunicación a la Contraloría General en la que le narra lo que está sucediendo con las pensiones gracia y advierte que hay un nuevo peligro: abogados de los maestros también están pidiendo, a través de tutelas, que la Nación les devuelva los aportes al sistema de salud, aduciendo que ellos tienen su propio sistema.

“La devolución de esos recursos podría ascender a 103.000 millones de pesos sobre los fallos ya emitidos. Pero, de continuar en esa línea, dejarían de ingresar al Sistema de Salud 360.000 millones al año”, dice Pardo.

Y agrega que la mayoría de esos fallos en contra de la Nación se concentran en el Casanare y que está rompiendo el principio de solidaridad que rige el sistema, tema del que ya hay jurisprudencia en las altas cortes.

Por eso, le pidió a la contralora Sandra Morelli que revise el tema y que intervenga ante la Corte Constitucional para que se seleccioné alguna de las 72 tutelas que obligan a esa devolución de aportes y que ponen en riesgo al Sistema.

“Yo tengo que acatar los fallos judiciales y esa es una orden presidencial”, le dijo a EL TIEMPO la gerente de la UGPP. Y agregó que la decisión de pagar es tanto de su comité asesor jurídico como de su consejo directivo, en el que también tienen asiento las carteras de Hacienda y Trabajo.

Mientras la Corte Constitucional o la Contraloría se pronuncian sobre estos temas, la Nación sigue siendo demandada y desangrada por cuenta de la herencia negra de Cajanal y de la disparidad de criterios jurídicos que hay en el Gobierno.

‘Yo estoy aplicando la ley’

La gerente de la UGPP, Gloria Inés Cortés, le aseguró a EL TIEMPO que los polémicos desembolsos que ha autorizado se han hecho acatando fallos judiciales que deben cumplir todos los servidores públicos.

“La decisión de pagar no es individual. Tanto el comité jurídico de la entidad como nuestro consejo directivo –en el que tienen asiento la Dian y las carteras de Hacienda y Trabajo– nos han respaldado en esa decisión para no incurrir en un fraude a resolución judicial”, explicó. Y agregó que quienes le han recomendado no pagar, no deben responder ante las autoridades. En todo caso, advirtió que, una vez girada la plata, su oficina jurídica ha iniciado acciones para tumbar dicho fallos. 

“Heredamos de Cajanal sus funciones y su representación judicial en 10.000 procesos en los que seguimos ejerciendo la defensa. No es cierto que podamos ignorar esos fallos”, insistió. Y agregó que ya han entutelado varias de las decisiones que, efectivamente, son contrarias a la ley. De hecho, han identificado 464 casos demandables, de los cuales ya hay 289 en curso ante lo contencioso. 

Finalmente, dijo que le pidió a la sala de consulta del Consejo de Estado que rinda un concepto sobre si deben o no devolver los aportes a salud que están pidiendo algunos pensionados vía tutela. “En mis 23 años de carrera pública siempre he protegido el patrimonio público” puntualizó Cortés y lamentó del hecho de que exista en el propio Gobierno divergencia en la interpretación de cómo enfrentar estos casos.

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