Por: José Manuel R
Me enseñaron de pequeño el valor del servicio público, la urgencia de darle más y mejores herramientas a una administración pública honesta, eficiente, efectiva y ávida de buenos profesionales dispuestos a poner su granito de arena, a pesar de sacrificar ttunos años con bajos niveles de remuneración, trabajo hasta altas horas de la noche, dificultades familiares, entre otros asuntos. Muchos de los sobresalientes funcionarios públicos que tenemos han ejercido este rol con valentía y entrega sin límite.
Otros, entre tanto, siguen inundando el servicio público con faltas a la ética, con abuso y prebendas, con intereses politiqueros, y como el camino para enriquecerse a costa del erario y de los impuestos que otros pagamos. Esta desagradable forma de ver el servicio público explica carruseles de contratación y pensiones, elefantes blancos, acuerdos tácitos de mediocridad y de corrupción, entre otros temas.
Desafortunadamente, recientes sentencias de la justicia demuestran no sólo la injusticia de la misma, sino que el segundo grupo de funcionarios públicos parece ser el que predominará. Sus decisiones animan a los corruptos a participar en la vida pública y desaniman a los buenos profesionales y buenos funcionarios a decir “paso” a una oferta de servicio. Para quien no roba, ejercer un cargo público eficientemente genera tanto riesgo, que francamente no vale la pena tomarlo; por el contrario, para quien roba sigue siendo racionalmente atractivo el construir riquezas mal habidas. Sumémosle a eso un Estatuto Anticorrupción que lo impide casi todo a la salida del rol público, como si tal severidad alejara al corrupto.
A manera de ejemplo, me refiero al caso de un funcionario como Andrés Camargo, quien en su tarea como director del IDU, fue posiblemente el que más construyó para la ciudad. Lo anterior a diferencia de lustros de desgobierno en la ciudad, de ausencia de ejecución, de falta de visión, de improvisación.
De la gestión de Camargo, y entre los 1.500 kilómetros construidos, $2,6 billones de inversión realizada y más de 1.600 contratos de obras ejecutadas, sobresalen la avenida Ciudad de Cali, las ciclorrutas, la avenida Villavicencio, la 80, la 9ª entre la 106 y la 116, entre otras, que son vivo ejemplo de que a quien ha hecho, ahora la injusticia lo condena.
Quien además escucha los fallos se pregunta por la desproporción de la pena. Curioso, por ejemplo, que quienes participaron en el carrusel de la contratación reciban sanciones iniciales inferiores (habiendo dolo, mala intención y robo del erario), en comparación a los cinco años que se le imponen ahora a Andrés Camargo, exdirector del IDU. Para no ir muy lejos, y ver la diferencia, basta revisar la conducta de unos y otros a la orden de captura. Aquellos del carrusel se quedaron buen tiempo en Miami con orden de captura, mientras Andrés Camargo se presentó de inmediato a la justicia, hace unos años, en el momento que recibió medida de aseguramiento por un caso en el que posteriormente no hubo ni siquiera llamado a juicio porque la propia Fiscalía reconoció que era un asunto netamente técnico. ¿Acaso no es esto una muestra más de gallardía, de alguien que, sabiendo que la medida es injusta, responde con valentía al llamado de la justicia?
El caso en cuestión no tiene más errores porque es imposible. Una Corte que no estudia los argumentos de fondo, que no distingue entre error técnico y corrupción, que poco le importa si la persona no conocía o no tenía decisión directa sobre dicha decisión técnica equivocada, que “penaliza” los errores de gestión y aun los que no son de responsabilidad o decisión directa, que hace responder en dinero por los efectos de dicho error técnico en cabeza de otros. Sorprendentemente de los constructores, interventores y proveedores de dicha obra, nada se dice y, por el contrario, saldrán impunes.
Pueda ser que este caso haga recapacitar a la justicia y a los hacedores de política judicial, que se necesita un cambio de mentalidad para que muchos y mejores funcionarios y jóvenes honestos apuesten de nuevo por el servicio público. No sigamos construyendo el mejor caldo de cultivo para que el corrupto haga de las suyas.
*JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
@jrestrep / jrestrep@gmail.com
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¡He ahí la Justicia de bolsillo de nuestro país!...
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