La extrema derecha puede estar al borde de un puntillazo final en los próximos comicios electorales y en los estrados judiciales.
Aunque no le vaya muy bien en la primera vuelta, creo que es probable que Juan Manuel Santos gane las elecciones en la segunda. En ese escenario, sería probable también que prosperaran las investigaciones judiciales contra Álvaro Uribe y contra Oscar Iván Zuluaga. En tal caso, el proceso de paz podría quedar a salvo de sus enemigos más pertinaces.
La segunda vuelta entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga se va a parecer mucho a la segunda vuelta entre Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen. En el 2002, la izquierda francesa se presentó a las elecciones atomizada y con candidatos deslucidos. Contra todo pronóstico, Le Pen, el candidato de la extrema derecha francesa, les sacó ventaja a todos ellos y pasó a la siguiente ronda a enfrentarse con el Presidente-candidato Jacques Chirac. Aterrada por un posible triunfo de Le Pen, la izquierda y también la derecha concurrieron en masa a votar contra Le Pen. El resultado fue contundente: Chirac obtuvo cuatro veces más votos en la segunda vuelta que en la primera.
Ciertamente, Santos no es Chirac y Colombia no es Francia. Este país sigue derechizado y hay un sector considerable de la población bastante sensible a la retórica extremista de Uribe. Santos, además, tiene muy pocas realizaciones para mostrar y las que tiene, lo hacen mal candidato. Sólo bastaría mencionar, en relación con las primeras, la fallida reforma a la educación, la fallida reforma a la justicia, la pendiente reforma a la salud y la situación del agro. En relación con las segundas, uno puede decir de la inequitativa reforma tributaria y de la locomotora minera que son más males que bienes. Por todo esto yo votaré en blanco en la primera vuelta.
Sin embargo, considero que Santos es mucho mejor que Zuluaga, razón por la cual votaré por el Presidente-candidato en la segunda vuelta. Si el proceso de negociación con las FARC continúa al paso que va y si fructifica una negociación con el ELN, entonces es posible que el país supere por fin el conflicto armado que lo ha dividido y azotado durante tantos años.
No sólo yo pienso así. Antiguos uribistas han tomado distancia de un expresidente que con mucha frecuencia se deja ver como un líder energúmeno y falaz. Por esta razón, aunque a Uribe se le puede atribuir buena parte del éxito de Zuluaga, en la segunda vuelta también se le atribuirá buena parte de su desgracia.
Desde luego, Zuluaga ha ayudado él mismo a su ascenso y también ayudará su caída. Mientras Santos se rehusó a debatir, Zuluaga concurrió con los demás candidatos a los escenarios de debate a defender su programa. Ahora, sin embargo, lo que Zuluaga tiene que defender es su persona: tiene que defenderse de decir mentiras y, si las pruebas reveladas se validan, de haber participado de una conspiración para enlodar la campaña de su rival basada en el uso de información reservada.
Con una victoria de Santos, la Fiscalía y los tribunales tendrán un gran respaldo político para llevar a juicio a Uribe y a Zuluaga. Convertida la segunda vuelta en un plebiscito por la paz, el poder judicial puede asumir la tarea de procesar a quienes conspiran contra la negociación y contra las instituciones. No irán a la picota por sus convicciones sino por maniobras que a todas luces tienen un cariz mañoso y fraudulento.
No abogo aquí por un uso político de la justicia. No por retórica sino por convicción creo que Uribe y Zuluaga merecen un trato imparcial. Mas creo que la evidencia que está en el dominio público está toda en su contra y que con ella, en cualquier país decente, saldrían condenados. Creo también que la justicia necesita respaldo político para imponer sanciones a personas poderosas, lo cual es distinto de abogar por un uso político de la justicia.
Pienso que Santos no puede vacilar. Ha soportado incólume los torpedos del Procurador al proceso de paz porque éste ha sabido mantenerse dentro de la ley o por lo menos ha sabido guardar bien las apariencias. En cambio, Uribe y Zuluaga han demostrado que no escatimarán recurso alguno para minar todo intento de negociación. Por tanto, a Santos no le puede temblar la mano para respaldar la acción de la Fiscalía ni la de los tribunales. Estos deben, a su vez, garantizar la más plena transparencia y objetividad, lo cual quedaría patente si las investigaciones relativas a hechos denunciados por Uribe se adelantan con el mismo juicio.
En caso de que no hubiese investigación ni sanción judicial, no sólo Santos tendría que seguir lidiando con enemigos declarados de la paz. Los ciudadanos también tendríamos que hacerlo con gentes que, como Uribe y Zuluaga, creen que el Estado de Opinión está por encima del Estado de Derecho.
En caso de que no hubiese investigación ni sanción judicial, no sólo Santos tendría que seguir lidiando con enemigos declarados de la paz. Los ciudadanos también tendríamos que hacerlo con gentes que, como Uribe y Zuluaga, creen que el Estado de Opinión está por encima del Estado de Derecho.
Es bueno retomar aquí la tesis según la cual Uribe y Zuluaga son al proceso de paz en Colombia lo que Roberto D'Aubuisson fue al proceso de paz en El Salvador: sus enemigos declarados. Por tanto, no hay posibilidad de integrarlos al proceso de reconciliación. La forma en la cual Uribe y Zuluaga se han ido lanza en ristre contra su opositor y contra el proceso de paz, creo yo, le quita sustento a la tesis de León Valencia según la cual Uribe tenía que ser integrado como interlocutor.
Valga la pena recordar que D'Aubuisson fue el fundador del partido político del Presidente que negoció con el FMLN. Alfredo Cristiani representaba el ala moderada y modernizante de ARENA. Para firmar la paz con el FMLN, Cristiani excluyó a su ala más radical: la de Roberto D'Aubuisson. De acuerdo con un documento de la CIA desclasificado en 1993, allegados de D'Aubuisson estaban involucrados en un complot para matar a Cristiani y detener de ese modo el proceso de paz.
Uribe y Zuluaga no han llegado tan lejos, pero lo que se le atribuye ya es bastante grave. Ellos, empero, quieren presentarse como víctimas del mismo tipo de campaña que han desplegado contra su rival. Zuluaga, además, quiere hacernos creer que no está en contra del proceso de negociación sino de las condiciones en las cuales se realiza. Como lo ha dejado ver en sus entrevistas, si Zuluaga llegara la Presidencia le formuluaría a las FARC demandas que de antemano esta guerrilla rechazaría.
En todo ello hay una gran maniobra de ocultación de sus intenciones y de distorsión de los hechos. Se trata de las mismas maniobras que Uribe desplegó como Presidente y que ha desplegado como político activo después de dejar la Presidencia. No sobra insistir en el hecho de que la campaña de Uribe y Zuluaga, que involucra el uso de información reservada, tiene todos los visos de una conspiración contra las instituciones con ayuda de gente dentro de esas mismas instituciones. No podemos soslayar la forma en la cual el expresidente Uribe intentó sabotear las negociaciones de paz filtrando las coordenadas de la ubicación de varios guerrilleros que serían transportados a La Habana, hechos por los cuales ya fue denunciado ante la Fiscalía.
A este respecto, deberíamos tomar en cuenta la extraordinaria continuidad de los métodos atribuidos al Presidente Uribe y los atribuidos a su candidato a la Presidencia: chuzadas cuando estaban en el gobierno y chuzadas para llegar al gobierno. Todo lo cual no hace sino confirmar la convicción de quienes pensamos que la paz y la estabilidad institucional precisan de un remedio radical: del ostracismo de estos falaces y energúmenos líderes de la extrema derecha.
La sanción penal genera inhabilidades y, por lo tanto, es en la práctica equivalente a la sanción ateniense contra los poderosos que pudieran desequilibrar la democracia. Si esa sanción llega a prosperar, Uribe y Zuluaga probablemente se irían del país y asumirían desde su exilio el carácter de perseguidos y de mártires, como lo ha tratado de hacer sin éxito Luis Carlos Restrepo. Sin embargo, con una comunidad internacional volcada a favor de la paz, no encontrarían muchos lugares donde su vehemencia tuviese resonancia.
Sin duda, durante un tiempo seguirían teniendo eco entre sus áulicos y acólitos, varios de ellos con voto en el Senado y en la Cámara. Mas podría suceder que a estos se les redujera tanto el espacio político que tuvieran que moderarse y que lo hicieran tanto como para que la extrema derecha dejase de ser extrema.
Ese posible cambio dependería, en todo caso, de varios factores, incluidas las decisiones que se tomen en La Habana en las negociaciones con la guerrilla y de las decisiones que se tomen en Bogotá, donde está la sede del gobierno. Aquí es oportuno señalar que el ostracismo de los líderes más recalcitrantes de la extrema derecha precisa de un correspondiente ostracismo de aquellos de la extrema izquierda gravemente comprometidos en la planeación y comisión de crímenes atroces.
En un reciente artículo, Marta Ruiz llamó la atención sobre la detención de Gerry Adams, líder del Sinn Féin, uno de los arquitectos de la paz en Irlanda del Norte. Lo que hizo Ruiz en su columna fue poner en la palestra el entusiasmo de quienes creen que se puede hacer la paz haciendo caso omiso de los efectos que el conflicto armado ha tenido sobre las víctimas. En ese mismo texto, Ruiz recordó el carácter ejemplar de Joaquín Villalobos, antiguo líder del FMLN, quien aceptó la sanción de la Comisión de la Verdad de mantenerse excluido de la actividad política salvadoreña durante veinte años. A renglón seguido, Ruiz destacó que esto “no impidió que otros miembros del FMLN ocuparan cargos y curules y que ese movimiento llegara a la presidencia este año por segunda vez consecutiva, ahora en cabeza de un exguerrillero.”
Creo que es improbable que con sus actuales tesis las FARC o el ELN lleguen alguna vez al poder por la vía democrática. No obstante, la promesa del proceso de paz es esa: que tengan el espacio político en el cual puedan presentarse ante la ciudadanía como una alternativa política viable. Para ser alternativa, sin embargo, los líderes guerrilleros deberían seguir el ejemplo de Villalobos y darle paso a figuras que no tengan las manos tan sucias y tan manchadas.
Las encuestas de opinión son claras en mostrar una tendencia consolidada de apoyo al proceso de paz y, simultáneamente, de rechazo a que los líderes guerrilleros tengan asiento en el Congreso. Ese rechazo es la respuesta contundente a la arrogancia guerrillera en lo que concierne a la responsabilidad que les cabe por la crueldad con la que han actuado en muchas ocasiones. En este contexto, si el Presidente Santos se le midiera a arrinconar a la extrema derecha, porque eso le daría al país paz y estabilidad institucional, también tendría que ser bastante riguroso con la extrema izquierda. Creo que este país no aceptaría menos.
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