En estos días se han presentado al país varias iniciativas para reformar el sector rural, que desconocen propuestas similares hechas en el pasado y que, de cierta forma, duplican los esfuerzos que están realizando las diferentes instituciones.
De una parte el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció la creación de una Misión Rural, encabezada por José Antonio Ocampo e integrada por un competente grupo de expertos, con el fin de estructurar un portafolio de políticas públicas para el campo colombiano, cuyos resultados deberán ser la carta de navegación para el sector durante los próximos 20 años. Ojalá con esta misión no pase lo mismo que con la creada en 1998, con el mismo nombre, que realizó un estudio sobre ‘Colombia en transición: de la crisis a la convivencia. Una visión desde lo rural’, que no tuvo ningún desarrollo.
De otra, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó una propuesta que llamó un ‘revolcón’ institucional y conceptual, con base en tres mega metas para los próximos 10 años: 1) Lograr un crecimiento del PIB agropecuario mínimo del 5 por ciento anual. 2) Reducir a la mitad, la brecha de pobreza urbano-rural por ingreso. 3) Duplicar el área cultivada para llegar a 10 millones de hectáreas. Finalmente, están las propuestas acordadas en La Habana en el proceso de paz.
La iniciativa del Ministerio de Agricultura contiene también planes interesantes para el corto plazo, relacionados con el Pacto Agrario, el Censo Nacional Agropecuario, los Acuerdos Comerciales celebrados por Colombia, el Programa de Apoyo a la Competitividad y el papel de Ministerio en el posconflicto. Busca incrementar en los próximos cinco años, en 20 por ciento anual, las exportaciones a los países con los cuales se han celebrado convenios comerciales. Desarrollar un sistema de innovación que permita a los productores acceder a tecnologías de punta, y hacer que el Ministerio y sus entidades adscritas usen el 100 por ciento las tecnologías de la información. Muy importante es la propuesta de que se superen los subsidios indiscriminados que no generan impactos en el sector rural ni contribuyen a disminuir la pobreza extrema, para apostarle a aquellas políticas que impulsen el crecimiento y desarrollo integral del campo a través de la provisión de bienes y servicios públicos que mejoren la competitividad y productividad.
Para darle coherencia a estas iniciativas hay que pensar que la propuesta del Ministerio constituye un insumo a las propuestas acordadas en La Habana, las previstas en el Pacto Agrario y las que la Misión Rural identifique. Esas iniciativas no deben andar sueltas, sino que debería crearse una gran comisión del sector rural para coordinarlas y sus recomendaciones deberían formar parte del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
De otro lado, no esta por demás comentar la conveniencia de que exista una mayor coherencia en el Gobierno para presentar este tipo de propuestas y si la iniciativa la debe tener el Ministerio de Agricultura o el DNP. Este es un caso más que debe tenerse en cuenta en el proceso de análisis que se está realizando para definir los retos y cambios institucionales que se deben introducir a Planeación Nacional y a sus relaciones con los ministerios y las consejerías presidenciales.
Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
emece1960@yahoo.com
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