Ha regresado al ruedo mediático la propuesta de una asamblea nacional constituyente como forma de refrendar el eventual éxito de los diálogos entre las Farc y el Gobierno, y también, por ahí derecho, de construir un nuevo Estado.
Y, claro, se justificaría un mecanismo que vuelva jurídica una voluntad política de tamaña índole y que cuente, a su vez, con la legitimidad puesta por los ciudadanos, que constituye nada menos que un parte de viabilidad.
Suena lógico en principio eso de pensar en una norma de normas que organice todo lo básico para el funcionamiento de una sociedad al final de un conflicto tan prolongado como el que hemos vivido: los valores y los derechos que la protegen, y la forma expedita de acceder a ellos. Las instituciones y sus roles y el espíritu que debe guiar la función de los servidores públicos. La misma incorporación sanadora de esa historia de guerra y de paz. En fin, la oportunidad de reformar la nueva norma fundamental.
En un escenario ideal todo esto suena bien: un pacto en el que salgan a relucir distintas visiones de la sociedad para lograr un acuerdo en el que “quepamos todos”, como tiende a repetirse por estos días. Sin embargo, en la realidad, un proceso de esta índole puede ser todo lo contrario: un instrumento ni tan noble ni tan pluralista, tanto menos cuando la propuesta parte en un ambiente de polarización exacerbada, donde los dueños de la palabra de cada extremo quieren una nueva Constitución para imponer razones e intereses muy particulares.
El país que hoy existe vive una realidad muy distinta a la de 1991: no es la misma sociedad que quería perdonar e incluir y que, finalmente, ayudó a concebir un instrumento amplio y flexible. Las marejadas que golpean a babor y a estribor el proceso de paz en curso dan cuenta más bien del deseo de imponer desde los extremos. ¿Queremos una herramienta hecha sobre la base de un debate irreconciliable entre esos extremos?
Pero además resulta dudosa la necesidad de ese nuevo acuerdo. No se trata de una carta de salvación, ni mucho menos. En primera medida, por esa fetichización absurda que en Colombia existe por el derecho, esa creencia, bastante refutada por cierto, de que las normas pueden solucionar, como por arte de birlibirloque, los agudos y hondos problemas sociales que acá existen. Testigos somos de que la maduración de la Constitución de 1991 (que sí ha generado cambios simbólicos y materiales trascendentales) ha sido lenta, ha costado cierto trabajo, ha tenido que enfrentarse a incontables obstáculos. Las normas con vocación de permanencia, y más una como la que nos rige, contemplativa de un Estado Social de Derecho amplio e incluyente, no deberían cambiarse de buenas a primeras.
Y no es necesario un acuerdo nuevo por una segunda razón mucho más poderosa, mucho más pragmática: en nuestra norma fundamental cabe el proceso de paz. Y cabe el posconflicto también, con todas sus aristas: antes de abrir la posibilidad de que lo ganado por la de 1991 se pierda en el marasmo de las votaciones y las discusiones y las imposiciones y los preacuerdos entre los políticos, bien valdría la pena llegar a un punto medio, a la introducción en nuestra Constitución de un capítulo particular de este episodio histórico y político particular, por las vías que ya lo permiten.
Con herramientas a la mano, usémoslas. Pronto. Y bien. Antes de echar todo por la borda. Abrir esa caja de Pandora de un proceso constituyente en estos tiempos tan convulsionados, en lugar de solidificar la paz, podría ser un incierto retroceso. Y no hay necesidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario