Hay, por lo menos, dos formas de no hacer nada en el sector público.
La primera, ante la ocurrencia de graves crisis sociales, consiste en contentarse con la realización de sonoros anuncios de que se emprenderán grandes obras y se harán desembolsos billonarios. Cuando esto sucede, casi sin excepción, todo queda ahí. Después de los anuncios, tanto el público como los mismos gobernantes, aliviados de la obligación de hacer algo, quedan con la sensación de que se ha enfrentado la emergencia. Pronto la opinión pública, que se impresiona con la siguiente catástrofe, olvida la anterior y se prepara para recibir nuevos anuncios. Y así sucesivamente. Todo sigue más o menos igual.
La otra forma de no resolver un problema profundo es exigir y lograr que su solución revista la categoría de una reforma legal o, mejor, constitucional. De esta forma, las nuevas normas consagran, como derechos del ciudadano, la paz, el fin del hambre, la pobreza, la enfermedad o la desnutrición. Se les atribuyen poderes mágicos a esos ejercicios constitucionales y legales, como si pudieran, una vez decretados, transformar la realidad y lograr la redención de quienes sufren en este mundo.
El eslabón perdido, lo que hace falta para conectar los anuncios y los cambios constitucionales con la realidad de los ciudadanos, es la capacidad del Estado para realizar obras, proveer servicios y resolver los problemas de la gente. El recurso más escaso no es la plata, sino la gerencia, el poder de hacer que los discursos y las leyes se conviertan en realidad. Ejemplos de la falta de gerencia pública, en medio de abundancia de recursos, son los monumentales atrasos de los transmilenios; la parálisis en la construcción de carreteras en la década pasada; el torpe manejo del problema de las basuras en Bogotá; la eterna construcción del túnel de La Línea o el fallido aeropuerto de Palestina.
La falta de gerencia en el sector público tiene numerosas raíces. La más importante es la injerencia de los políticos, por hambre de votos o de plata, en la selección de puestos directivos (la quiebra de la salud se debe a que, por mucho tiempo, los puestos claves del Ministerio, la Superintendencia y las alcaldías fueron manejados con criterio de rapiña). Mientras que los cargos se sigan repartiendo sin consideración de las capacidades profesionales, los pomposos anuncios de los gobiernos y los cambios constitucionales y legales no pueden traducirse en la mejoría de la vida de la gente.
El otro factor que incide en la bajísima capacidad de ejecución del sector público consiste en la falta de incentivos para que buenos profesionales, aquellos con la mejor formación y experiencia, pasen de la academia y del sector privado al gobierno. Los bajos salarios, el acoso de los políticos y las entidades de control, además de la horrible tramitomanía, hacen que problemas muy complejos, que requieren la atención de personas de altísima formación, sean atendidos por personas inexpertas y sin mayor educación.
Mientras no se enfrente el problema de la paupérrima gerencia en el sector público, los políticos no tienen más remedio que seguir haciendo anuncios e iniciando reformas constitucionales y legales, aun a sabiendas de que es en vano. Mientras tanto crece la incredulidad de la gente en la capacidad del Estado y sus gobernantes para resolver sus problemas.
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