Muy propio de la democracia en Suiza, se propuso recientemente a decisión del pueblo una iniciativa según la cual se definía un tope máximo de relación de los salarios mensuales en cada compañía entre el monto del presidente de la misma y el empleado con la menor remuneración.
La propuesta era de 12 a 1. Si fuese el caso colombiano y el trabajador con el menor salario ganase el mínimo, significaría que el presidente de la compañía máximo podría tener un sueldo de aproximadamente $7 millones mensuales. Dicha propuesta fue derrotada con un voto contrario del 60%.
Una primera aproximación deja dudas sobre la idea por varias razones. No es claro cómo se define la relación óptima; tampoco se sabe qué efecto puede darse, de adoptarse dicha medida, en la calidad del talento directivo, menos aún si ello puede dar lugar a una emigración del talento directivo del país que adopta la medida a otras naciones. Sin embargo plantea un tema de fondo: el problema de la inequidad en nuestra sociedad capitalista.
La propuesta deja en evidencia exageraciones que se suceden en muchas organizaciones en donde dicha relación es incluso superior a 200. Eso significaría en Colombia un ejecutivo que gana más de 120 millones mensuales versus trabajadores de salario mínimo. Situación que a todas luces es inconcebible.
Coincide este análisis con el trabajo del profesor Robert Wade de la London School of Economics, quien ha venido estudiando los costos de la inequidad en la democracia y el propio sistema capitalista. El académico demuestra, con cifras de los países más desarrollados del mundo, que el 1% más rico de la población de cada país se está llevando casi el 30% del ingreso total de la nación y, más inquietante aún, que dicho porcentaje crece todos los días, aun en gobiernos como el de Obama, del que se esperaría todo lo contrario (de hecho, durante el gobierno Obama el 1% más rico de EE.UU. ha aumentado su participación en el ingreso total del país en más de un 95%, comparado con un 65% en el gobierno Bush). Lo anterior tiene un agravante y es que el sistema tiende a perpetuar la inequidad, por cuanto las preferencias de los más pudientes suelen definir la política pública.
Los riesgos de esta inequidad creciente son los de una fragilidad financiera y política, así como un deterioro en las posibilidades de movilidad social. Adicionalmente, los académicos han demostrado que a mayor inequidad, mayor polarización política.
Esta problemática se exacerba en un país que, como Colombia, ha estado siempre ubicado en los primeros lugares del ranquin mundial en materia de desigualdad e inequidad. Para abordar el tema y darle solución es urgente pensar en propuestas distintas como: más interés en el desempleo que en la inflación, considerar cuidadosamente los altos costos del sistema financiero y si el sistema arriesga lo suficiente, diseñar políticas que permitan un real ascenso y movilidad social intergeneracional, tomar medidas más efectivas para evitar burbujas inmobiliarias o del mercado de capitales, acordar incrementos anuales de los salarios mínimos por encima de la inflación, hablar más que de redistribución del ingreso de predistribución (antes de tributar o de que se realice el gasto público) y, finalmente, reducir la cultura de los grandes donantes a las campañas políticas (que pueden alterar perversamente el sentido de la política pública, v.g. la reforma a la salud).
La “locura” de los suizos ha llegado hasta proponer una suma fija mensual para todos los adultos del orden de US$2.000 por cuenta del Gobierno. Propuesta que sorprendentemente cuenta con el respaldo de la izquierda y de personas como Milton Friedman, en el entendido de que es una forma de cambiar el agotado Estado de bienestar que fracasó ya en Europa por uno en el que el subsidio es a la demanda, sin la burocracia de un Estado gigante e ineficiente.
Sea cual sea el camino a seguir por los suizos, creo que llaman la atención al mundo sobre el problema de la inequidad, que debiese estar de primero en la agenda de política económica internacional, y sin duda en la colombiana
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