Los vientos de la paz están tomando fuerza. Se trata de acabar uno de los conflictos más largos en el mundo y que no tiene solución militar. Sin embargo, el debilitamiento militar de la insurgencia y sus mejores opciones de hacer política confluyen para que se hayan decidido a optar por una salida negociada, ya sin vuelta atrás.
En el primer punto del acuerdo sobre la cuestión agraria, el Gobierno ha propuesto algunas leyes que permiten la reparación de víctimas y restitución de tierras a los desplazados, aunque el Ministerio de Agricultura ha sido frenado efectivamente en todas las movidas progresistas que se emprendieron en su momento. La vía dual del desarrollo agrario que apoya una economía campesina, delimitada por áreas de reserva exclusivas para ella, pero que admite también la gran agricultura empresarial, no es una prioridad para el actual ministro, Rubén Darío Lizarralde. Su propuesta legislativa sobre baldíos beneficiaba exclusivamente a los inversionistas y desafiaba lo acordado en el primer punto de la negociación, por lo que tuvo que ser descarrilada tardíamente por el presidente.
El Estado colombiano ha logrado fortalecerse militarmente hasta el punto en que el Ministerio de Defensa apropia en 2013 $29,2 billones, equivalente a 4,2% del PIB; para dar una idea de su magnitud, es superior al 3,5% que se destina a la salud de cerca de 42 millones de ciudadanos. Es también la fuerza pública mayor del continente, pues gasta tres veces más que los países latinoamericanos, como proporción de su riqueza. No sólo eso, sino que el presupuesto militar se ha incrementado 27% en los dos últimos años, cuando el conflicto ha estado cediendo.
Uno de los dividendos de la paz es precisamente encausar gasto militar hacia fines civiles, aunque todo proceso es seguido por el surgimiento de grupos disidentes que no aceptan la negociación y también por un aumento de la criminalidad; por lo tanto, no se puede bajar de tajo el gasto en seguridad hasta superar estos factores de violencia, pero sí se debe comenzar a pensar y planificar una reducción del pie de fuerza y del gasto en armamento, algo que no aparece en el radar del Gobierno.
Es obvio que el posconflicto requiere de un gasto social fortalecido, en especial para dotar de bienes públicos a la agricultura y atender los millones de víctimas que ha legado el conflicto. Pero el Gobierno no ha hecho ningún plan al respecto. Por el contrario, adquirió un compromiso por voluntad propia, al hacer aprobar en 2011 la Ley 1473, o Regla Fiscal, que lo obliga a ajustar su gasto a un balance cada vez menos negativo de sus cuentas. La filosofía que la ilumina es reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, a pesar de que Colombia tiene un recaudo tributario de sólo 14,5% del PIB, menos de la mitad que el de Brasil o Chile. La reforma tributaria aprobada recientemente también reduce el impuesto a la renta que deben pagar las empresas, mientras que sus dueños siguen exentos de los dividendos que reciben, o sea que aumentó la desigualdad en virtud de la política fiscal. Ese es un huevito de Uribe que quedó bien protegido. En el marco fiscal de mediano plazo, el Gobierno hace la proyección de que el gasto del gobierno central reduce su participación en la riqueza nacional en más de 2 puntos del PIB, unos $16 billones, para 2017.
No hay pues a la vista ni menos cañones ni más mantequilla, ni tampoco menos desigualdad económica
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