El gobierno colombiano debe aumentar a por lo menos 2.000 el número de inspectores laborales.
El Gobierno colombiano debe fortalecer la inspección laboral ampliando por lo menos a 2.000 el número de inspectores del trabajo, a los cuales debe vincular a la carrera administrativa e igualar sus salarios a los de los jueces laborales.
Esa es una de varias recomendaciones que hizo el belga Marc Leemans en su calidad de portavoz del Grupo de los Trabajadores, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que realiza su 103 Conferencia en Ginebra (Suiza).
A este encuentro, que se inició el 28 de mayo y finalizará el jueves de la semana próxima, asisten voceros de los trabajadores y empresarios colombianos. La vocería del Gobierno la lleva el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, José Noe Ríos.
Precisamente la inspección laboral ha sido el tema por el que ha sido fustigada a la administración de Juan Manuel Santos por parte de los presidentes de las tres centrales obreras acudieron a la Conferencia.
Según el presidente de la CUT, Alejandro Pedraza, Colombia apenas tiene 685 inspectores del trabajo, de los cuales, 586 son provisionales, sin un sistema de méritos, ni estabilidad y mal remunerados. De acuerdo con los estándares de la OIT, agregó, debería haber más de 2.000.
El Plan de Acción acordado por los presidentes Santos y Barack Obama para darle viabilidad a la vigencia del Tratado de Libre Comercio bilateral contempla, precisamente, el fortalecimiento de la inspección del trabajo, la defensa de los derechos de los trabajadores y de las libertades sindicales, entre otros aspectos, que los voceros de las centrales obreras aseguran que no se está cumpliendo a cabalidad.
Las quejas de los líderes laborales colombianos llevaron a Leemans a pedir, además de lo anterior, que mediante la concertación se establezca una política pública de inspección del trabajo con resultados y metas claras.
Igualmente, a que el Gobierno se comprometa a ampliar de manera significativa los recursos presupuestales para el ejercicio de las labores de inspección del trabajo, de manera que se garantice la imparcialidad y autoridad de los inspectores.
Para la implementación de estas propuestas, demandó el sindicalista belga, el Gobierno discutirá y acordará estas medidas en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y se realizará un seguimiento semestral, a partir de informes elaborados por el ministerio del Trabajo, en cada subcomisión departamental y en la Comisión Nacional de Concertación.
Además, dijo, debe tramitarse una ley que ordene la confidencialidad absoluta del origen de las quejas sobre violaciones de derechos laborales y sindicales por las empresas; sanciones disuasivas para casos de violación a la libertad sindical; recaudo de las multas a cargo de la Dian y participación de las organizaciones sindicales en las labores de inspección.
Redacción de Economía y Negocios
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