Las últimas para Congreso, las presidenciales del pasado domingo y la campaña que terminará el próximo 15 de junio con la segunda vuelta son un buen reflejo de muchos de los graves problemas estructurales que afectan al sistema político y electoral de nuestro país, de la forma de hacer política y de acceder al poder, pero también de la cultura política y las motivaciones que mueven a muchos ciudadanos al momento de votar.
Con relación a los primeros, uno de los más evidentes y preocupantes es la fragilidad de los partidos y movimientos políticos, que crecientemente construyen su fuerza electoral sobre los personalismos y el mesianismo a costa de su capacidad de representación a partir de propuestas programáticas. Muchos de sus dirigentes se destacan por su habilidad de emular a los camaleones, que cambian de color dependiendo de las condiciones ambientales. Son cambios que generan confusión, hacen que los ciudadanos pierdan confianza en los políticos y refuerza su desinterés en los asuntos públicos.
De otra parte, el clientelismo sigue siendo una de las características predominantes de la forma de hacer política y de acceder al poder. Si bien el régimen es esencialmente centralista y presidencialista, los caciques regionales son los que ponen una proporción importante de los votos, en muchos casos decisivos en las elecciones nacionales, y esto les da un gran poder de negociación a la hora de controlar las burocracias territoriales y de incidir en que las obras y los recursos lleguen a sus departamentos y municipios. Pero esto tiene un “precio”, que baja o sube según la importancia de lo que está en juego. Esto refleja grandes contradicciones de nuestra arquitectura institucional, además de los contrastes entre un país moderno, pujante, con una economía en crecimiento, y uno con grandes necesidades y desigualdades, con una débil presencia estatal y en ocasiones con fuerte y diversa presencia de actores relacionados con la ilegalidad. Estos, sumados a la impunidad y la lucha contra la corrupción, son algunos de los temas que se tienen que abordar en el posconflicto, y éste no da espera.
Pero lo anterior también pone de manifiesto las profundas diferencias entre un sector de la población que demanda cambios, que quiere transformar el ejercicio de la política, que está dispuesto a apostarle a la construcción de la paz, a reedificar nuestras instituciones, que reconoce que una negociación implica exigir, pero también estar dispuestos a ceder y a hacer concesiones. Y otro sector que sigue aferrado a la creencia de que la guerra es la única salida al conflicto, que en las negociaciones se impone la “ley del más fuerte” y que, amparado en el inmenso daño que la violencia les ha hecho a los colombianos, que nadie puede desconocer, prefiere sacrificar la institucionalidad —como ya se pretendió hacer en el pasado— antes que buscar salidas negociadas al conflicto. El modelo de Estado y el proyecto de país son los que están en juego en las próximas elecciones.
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