No hay caso: los partidos políticos siguen manteniendo la prioridad de los votos sobre los requerimientos éticos. Y hay muchos botones de muestra.
El exsenador Javier Cáceres llegando a la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en septiembre de 2010. / Fiscalía
Que en Colombia no existe el “delito de sangre” o que las responsabilidades de tipo penal son individuales. Son las frases que se repiten cada vez que se avecina un proceso electoral —bien sea a nivel local, regional o nacional— y los medios de comunicación o las organizaciones que se dedican a vigilar dichos procesos comienzan a develar las relaciones familiares que uno u otro candidato tienen con dirigentes que hoy están detenidos o enfrentan procesos judiciales por nexos con grupos al margen de la ley, hechos de corrupción, lavado de activos e incluso homicidio y narcotráfico.
Y los comicios a Congreso de marzo de 2014 no son la excepción. Pese a los golpes de pecho y promesas de casi todos los partidos, en el sentido de que están atentos y no van a permitir que personas cuestionadas o sus parientes estén en sus listas porque “llegó la hora de limpiar la política”, en varias de ellas aparecen hijos, sobrinos, esposas o hermanos de exsenadores, exrepresentantes a la Cámara o exgobernadores, entre otros, que enfrentaron o enfrentan en la actualidad líos con la justicia.
Según un informe de Caracol Radio, se trata de Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo Ramos, exsenador y exgobernador de Antioquia detenido actualmente por parapolítica, quien busca una curul en el Senado por el Centro Democrático. Luz Stella Cáceres, hija de Javier Cáceres, condenado por vínculos con paramilitares, quien buscará Cámara de Representantes por Bolívar en el Partido Conservador. Y Nadia Blel Scaff, hija del exsenador Vicente Blel, condenado por parapolítica, quien aparece en la lista al Senado, también dentro del conservatismo.
Aparecen igualmente Óscar Villamizar, hijo de Alirio Villamizar, exsenador condenado por el llamado carrusel de las notarías, quien busca Cámara de Representantes en Santander por Opción Centro. Andrés Felipe García Zuccardi, hijo de los exsenadores Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica, y Juan José García, condenado por peculado por apropiación, quien aspira al Senado en el Partido de la U. Y José Luis Pinedo Campo, hijo de Miguel Pinedo, condenado por parapolítica, quien busca Cámara de Representantes en Atlántico a nombre de Cambio Radical.
Otros en la lista son Martha Curi, hija de Nicolás Curi, exalcalde de Cartagena condenado por celebración indebida de contratos, quien quiere ser senadora por el Partido Conservador. Su hijo, Javier Royo Curi, busca llegar a la Cámara de Representantes por Bolívar, también en la colectividad azul. Teresita García Romero, hermana de Álvaro García Romero, exsenador condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, aspira al Senado por Opción Ciudadana. Y Alejandro Ramírez, hijo del exsenador Ciro Ramírez, condenado por parapolítica, pretende ser representante por Boyacá en el conservatismo.
Si bien es cierto que los “delitos de sangre” no existen, de todas maneras vale la pena preguntarse por qué algunos partidos otorgan avales sin importar las dudas e incluso la mala imagen ante la opinión pública nacional. “La verdad es que uno de los efectos de que se esté ante la posibilidad del fin de la guerra es que cada quien se está jugando sus restos, como los nostálgicos de la parapolítica, que esperan sacar el 35% del Congreso, como plantea el uribismo”, dice la analista Claudia López.
En su concepto, la foto de los partidos para las elecciones de 2014 no va a ser muy novedosa: “Se quedan los clientelistas, los herederos de parapolíticos u otros delincuentes, más una que otra cara nueva para que puedan sacar pecho hablando de renovación o de limpieza de las listas. En el caso de los herederos de los parapolíticos, ellos se sienten como los amenazados de un reality. El tema de meterse en la guerra es desmovilizar a los que están en la guerra. El tema del posconflicto es de cambios de fondo, reformas, y lo que temen es que haya coaliciones verdaderas que logren cambios que ellos no han permitido”, agrega.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advierte que de todas maneras hay que dar un compás de espera para ver si el 9 de diciembre, fecha en que vencen las inscripciones a Congreso, son esos los inscritos. “Hay que hacer un acto de fe, pero de todas maneras la información que se ha revelado es útil, porque pone en alerta a los partidos en cosas que pueden ser obvias pero que les dan argumentos para negar avales. En estas elecciones, como en ninguna elección anterior, nos vamos a encontrar con nombres provenientes de personas que han sido investigadas, porque quienes están siendo investigados saben que una forma de evitar la visibilidad es no ir ellos, sino poner a sus herederos”, explica.
Según Barrios, aquellos políticos cuestionados aprendieron la lección: en pasados comicios se hicieron elegir, los reflectores se posaron sobre ellos y terminaron en la cárcel. “Entonces vieron que podían poner a sus familiares y no pasaba nada. La estructura electoral que habían montado era tan firme que aguantaba que no fueran ellos sino sus familiares, así generaran críticas en la opinión pública. Y una gran verdad: los partidos han mantenido la prioridad de los votos sobre los requerimientos éticos. Siguen primando las estructuras locales, hay personas que no han ocupado un cargo público, son inscritos y salen elegidos y no saben ni hacer leyes. Ese es el tema que están priorizando”.
Queda claro que si bien no se heredan los delitos, sí las estructuras electorales, es decir, ese poder que no quieren perder. Y vuelve la historia de cada cuatro años, cuando se elige Congreso: más que una carrera política, lo que basta es un apellido para llegar al Legislativo. Y eso que la lista revelada es sólo de familiares y no se incluyen aquellos que ya están en el Senado o la Cámara de representantes y buscan la reelección, ni los herederos políticos, aquellos ‘manzanillos’ que recogen las banderas de su líder emproblemado con el objetivo de seguir manejando contratos y burocracia en cada región. Así es la política colombiana.
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